Se cumplen dos años de la firma final de los acuerdos entre los dirigentes de las Farc y el gobierno de Juan Manuel Santos. Se elaboran y publican diversos balances del “proceso” en cuanto a cumplimiento y avance de los diferentes compromisos adquiridos por las partes firmantes y se reflexiona sobre el impacto de ese hecho para la sociedad colombiana.

Para algunos es algo histórico mientras para otros es una farsa. Para unos fue una decisión soberana del gobierno colombiano y para otros fue una imposición del gran capital global. Calificar ese suceso es tan difícil que hasta los mismos dirigentes de la guerrilla están divididos frente a la interpretación de los hechos anteriores y subsiguientes a la firma.

“Cada quien califica la fiesta según como le haya ido” reza el dicho popular. Lo que queda en nuestro imaginario es que se desmovilizó y desarmó a una parte de la “guerrillerada” fariana pero las causas de la existencia de grupos armados ilegales siguen vivas y vigentes. El narcotráfico está allí y muy poca gente realmente está interesada en acabarlo.

Se vaticinaba que al desaparecer las Farc como actor político armado se iba a terminar la estigmatización y persecución de los dirigentes sociales acusados de ser colaboradores de la guerrilla. No ocurrió así. Lo real es que, empezando por Petro, candidato presidencial y hoy senador, el acoso, cacería y asesinato de líderes de oposición continúa con saña y rencor.

Al contrario, la muerte física y virtual acecha a los dirigentes de la oposición democrática, mucho más ahora que las fuerzas políticas del establecimiento oligárquico se encuentran a la defensiva ante las aparición de múltiples pruebas que los comprometen a todos con la corrupción sistémica y los muestran como lo que realmente son: mandaderos y sirvientes de los grandes potentados capitalistas.

Duque y Uribe en el gobierno lograron entender que la concertación de la “paz” con las Farc era una de las condiciones para que la llamada “comunidad internacional”, entre ella la OCDE, admitiera a Colombia en ese “foro económico” que es una especie de “para-Estado global”. Así, la decisión del gobierno colombiano no era totalmente soberana y autónoma.

Ahora, en las evaluaciones y reflexiones que nos interesa hacer pensando en el futuro, se puede apreciar que la dirigencia de las Farc era consciente de esa realidad global y nacional y, por ello, aceptaron la imposición de las llamadas “líneas rojas”, o sea, la condición de que la negociación y los acuerdos no afectarían la esencia del sistema económico ni la estructura del régimen político vigente.

Aceptaron esas condiciones creyendo que el proceso de paz desencadenaría un movimiento social capaz de romper las limitaciones impuestas por el gobierno. Pero, los comandantes farianos calcularon mal. No se generó ese gran movimiento y la casta dominante logró su objetivo con un costo mínimo. Es la misma ilusión que tiene el Eln sin que exista razón alguna para pensar que su proceso vaya a ser diferente al de las Farc.

Es evidente que el conjunto de la población aspira a la paz pero muy poca gente estaba dispuesta a movilizarse al lado de las Farc para obtener las metas que esa organización pretendía lograr. Es más, la mayoría de sus “conquistas formales” (acuerdos firmados) no están –como lo ha demostrado la vida– apoyadas por un gran movimiento social y político.

La oligarquía global jugó a tres bandas y jugó bien. Santos convencía a las Farc con expertos negociadores, algunos conscientes de su papel de comodines y otros convencidos que el Estado cumpliría. Uribe jugaba desde el campo contrario para servir de contrapeso. Y la “comunidad internacional” presionaba desde afuera –como lo sigue haciendo– para posar de pacifistas y democráticos cuando en realidad solo les interesan las condiciones de inversión que requieren sus empresas. Todos ellos sabían cuál era el objetivo y el negocio.

Pero el topo sigue cavando y avanzando. Es indudable que ha sido muy positivo para nuestro pueblo que el fantasma de una guerrilla comunista triunfante haya desaparecido del imaginario colectivo. Por tanto, la evaluación no debe girar alrededor de la falsa creencia de que las armas eran la herramienta ideal para obligar al gobierno a cumplir los acuerdos firmados. No, por allí no es el asunto. La lucha armada guerrillera había sido instrumentalizada por el gran capital y dentro de esa lógica no había ninguna salida.

El terreno para el protagonismo de la sociedad está despejado. Las fuerzas sociales que requieren el verdadero cambio vienen reaccionando. Colombia por fin se encamina hacia una verdadera democratización, no como resultado de la negociación con las clases dominantes sino por efecto del avance consciente de amplios sectores populares que van entendiendo que solo la fuerza de su organización y movilización es la única garantía para construir una verdadera y efectiva justicia social.

Hay que aprender de lo ocurrido en los países de Sudamérica con los gobiernos progresistas. Ya no se trata solo de elegir un gobierno o presidente para administrar el Estado de la burguesía financiera. Sin renunciar a dicha tarea (ojalá corrigiendo muchas cosas) tenemos que apropiarnos de la calle y, paralelamente, construir “desde abajo” formas creativas de auto-gobiernos y de organizaciones sociales que implementen con absoluta autonomía nuevas formas de gestión económica y cultural de los recursos que tenemos en nuestras manos y que por falta de claridad cedemos de manera insulsa al capital financiero.

El “proceso de paz” debe ser evaluado desde “afuera” sin encerrarnos en su dinámica burocrática y aislada. Debemos estar atentos a lo que ocurre en la sociedad en su conjunto teniendo en cuenta que sin proponérselo la oligarquía ayudó a despejar el horizonte y los resultados están a la vista: el pueblo avanza y las castas dominantes retroceden. Eso es lo importante.

Popayán, 29 de noviembre de 2018

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