Al ingresar hace unos días en la residencia del embajador uruguayo en Lima con el favor de la noche para pedir asilo, Alan García Pérez ha alegado una inexistente persecución política. En realidad está huyendo de la justicia, que acababa de imponerle un impedimento de salida del país por los próximos 18 meses, fundado sobre indicios y pruebas crecientes de su participación en varios actos de corrupción.

Después de una desdeñosa primera reacción, característica de su arrogancia: –“Para mí no es ningún castigo ni deshonor poder estar permanentemente en mi patria”- sintiendo acercarse el ruido de grilletes de la prisión preventiva, ha preferido, domingo 18 de noviembre, el cómodo refugio de la extraterritorialidad. En su fuga nocturna, el dos veces presidente tuvo seguramente unos flashbacks de su primer asilo diplomático, cuando, hace 26 años, tuvo que refugiarse en la embajada de Colombia para ponerse a salvo del autogolpe de Fujimori.

El 5 de abril de 1992, el autócrata japonés no parecía bromear: disolución del Parlamento (entonces bicameral), intervención del poder judicial, control y censura a la prensa y toda la información, represión, cárcel y secuestros de los opositores, tanques en las calles.

Primeros escándalos, primer asilo

Después de su primera desastrosa presidencia (1985-1990), Alan García, quien había devastado la economía nacional llevando la inflación a más del 4,600 por ciento y provocado un severo desabastecimiento de productos básicos, se salvó por un pelo de los descubrimientos de una comisión investigadora cuando esta encontró fuertes irregularidades en la compra (y parcial reventa) de 14 aviones Mirage que provocó la “pérdida” de 250 millones de dólares.

El intermediario de esta transacción, operada sin el conocimiento y el consenso de Francia -el país productor- había sido el BCCI de Londres, un banco especializado en falsificar documentación referente a ventas de armas. El BCCI (Bank of Credit and Commerce International), que fue uno de los principales bancos internacionales en las décadas de 1970 y 1980, llegó a operar en 78 países, tenía más de 400 sucursales y un activo superior a 2 billones de dólares, llegando a ser el 7º mayor banco privado del mundo, quebró en 1991, resultando asociado a diversas actividades delictivas, en particular al blanqueo de dinero del narcotráfico. Además de ser acusado por el fiscal de Nueva York de haber orquestado una estafa colosal en perjuicio de sus propios inversionistas, resultó que el BCCI –conocido a posteriori como el banco favorito de la mafia italiana- “convenció” a las autoridades peruanas (aparentemente el presidente y el gerente general del Banco Central del Perú), con un soborno de 3 millones de dólares, a depositar hasta un cuarto de las reservas de las nación en sus arcas.

Otro escándalo que salpicó la primera presidencia de García -¿otra punta de iceberg?- es el proyecto del tren eléctrico de Lima, por el cual el consorcio italiano Tralima, a través del emprendedor Sergio Siragusa, pagó las coimas al completo pero ejecutó solo una décima parte de la obra. En este caso, los sobornos beneficiaron tanto el presidente peruano cuanto el primer ministro italiano Bettino Craxi, quien en consecuencia de la operación Mani Pulite, que descubrió en Italia una extensa red de corrupción, tuvo que refugiarse en Tunisia, donde murió en el 2000. Craxi y García han tenido en común un periodo de preminencia en las respectivas escenas políticas y el abandono de los ideales socialistas por dedicarse al enriquecimiento personal con cualquier medio. ​

Alan García, aunque perseguido en 1995 por una orden de captura emitida por la Interpol, logró sortear las graves acusaciones de enriquecimiento ilícito, dando prueba desde entonces de un blindaje judicial a prueba de bomba. De hecho, es desde su primera presidencia que, gracias a unos oportunos nombramientos de jueces, el Apra, el histórico partido hoy moribundo que había llevado García al poder, se garantiza el control de puestos claves en el poder judicial.

En 1992, el autogolpe de Alberto Fujimori, que trata de justificarse como un remedio amargo a una desastrosa situación política y económica dejada por el gobierno anterior, le cae a Alan García como anillo al dedo: puede decirse víctima de una persecución y represión que en realidad alcanza gran parte de la sociedad y jugar así al clandestino. Sus hagiógrafos cuentan que, en las primeras horas del golpe, tuvo que esconderse en un tanque del agua (supuestamente vacío) para evitar su captura y detención. Luego de dos meses a salto de mata, García logra internarse en la embajada de Colombia y obtener el asilo gracias a la intervención directa del presidente César Gaviria, quien le pone a disposición para su traslado el avión presidencial. Fujimori, con tanto de quitarse una pulga mayúscula de encima, no encuentra objeción en concederle el salvoconducto.

De Colombia, cuyo gobierno rechazó los pedidos de extradición provenientes de la justicia peruana, García pasa a vivir en Francia, donde quedará hasta la fuga de Fujimori a Japón (y su famosa renuncia vía fax) en noviembre del 2000. Luego de asegurarse que los delitos que se le habían imputado ya eran prescritos, Alan García deja su exilio dorado y regresa al Perú en enero del 2001 para candidatearse en las elecciones de aquel año. Derrotado entonces por Alejandro Toledo, logra pero triunfar en las siguientes elecciones presidenciales de 2006, demostrando la impresionante amnesia del electorado peruano, que parece haber olvidado por completo, además de su fallido quinquenio presidencial, la matanza de los penales limeños (San Juan Lurigancho, El Frontón y Santa Bárbara).

Una matanza infame

Esta hecatombe ocurrió en junio de 1986, cuando cerca de 300 reclusos que se habían amotinado para atraer la atención de la prensa internacional, llegada a Lima para cubrir la Internacional Socialista, fueron exterminados con armas de guerra y ajusticiados aun después de rendirse. Solo el presidente de la república, en calidad de comandante supremo de las fuerzas armadas, puede haber dado una orden de tal gravedad, quizá peor que la misma matanza de Tlatelolco (México, 1968), si se considera que los reclusos, aun sospechosos de militar o simpatizar por Sendero Luminoso, se encontraban bajo la custodia del Estado. Sin embargo, Alan García nunca ha pagado por este crimen infame y, al igual que por otros delitos de su autoría, siempre ha encontrado quien se sacrificara en su lugar, en este caso su fiel viceministro del interior Agustín Mantilla, fallecido en 2015 llevándose a la tumba una culpa no suya.

La segunda presidencia de Caballo Loco –el apodo que sus detractores le han endilgado- ve a un Alan García ya muy ducho en las artes de coimas, sobornos y cohechos. Cuestionado sobre el origen de su fortuna, contesta con una locución tan histórica como el “veni, vidi, vici” de Julio César: “¡La plata viene sola!” y a quien se refiere a su paso por el poder como un sembradío y cosecha de corrupción, increpa con su ego inflado: “¡Pruébenlo, imbéciles!”

Irónicamente, ha llegado la hora de las pruebas, gracias a la avalancha iniciada por el caso Odebrecht y todas las otras alcantarillas destapadas en los últimos años pero desestimadas en su momento, como los más de cinco mil “narcoindultos”, o sea reducciones de pena a narcotraficantes sentenciados, al precio de diez mil dólares por cada año de descuento. Sobre este delito, el religioso Alan García ha tenido el cinismo de declarar: “Cada una de estas concesiones las hice pidiendo el consejo de Dios”.

En esta fase histórica que vive el Perú, se está disolviendo el blindaje de una clase política corrupta y de sus cómplices en el poder judicial, hasta alcanzar a los últimos cinco presidentes electos y muchos otros exponentes de la clase política, gracias a un puñado de jóvenes jueces y fiscales valientes e incorruptibles, quienes están conduciendo una revolución moralizadora. Hostigada desde una resistencia interna de las instituciones más contaminadas, mas apoyada por la fuerte ola de indignación de la sociedad civil e impulsada por los descubrimientos de un valioso sector de la prensa investigativa, esta verdadera revolución desnuda, en estos días, los intentos pueriles del Apra y del fujimorismo de denunciar una supuesta persecución política o un inexistente golpe de estado.

Coadyuvando el proceso moralizador en acto, el presidente Martín Vizcarra ha convocado a un referéndum para el 9 de diciembre que propone importantes modificaciones institucionales, un severo control de las campañas electorales y la renovación de los máximos órganos y mecanismos judiciales. Para entonces la cuestión del asilo a Alan García, última playa de una impunidad que se creía hasta ayer invulnerable, debería ya estar resuelta.

¿Será que quien en Uruguay va a decidir sobre el otorgamiento del asilo tendrá en cuenta no solo las actuales acusaciones concernientes actos de corrupción sino posibles futuras imputaciones como la matanza de Bagua, conocida como “el Baguazo” del junio de 2009, donde murieron 23 policías y un número imprecisado de nativos amazónicos por “órdenes superiores”? Esta agresión innecesaria fue la única respuesta que Alan García supo dar a la justa lucha de los pueblos amazónicos en defensa de su propio hábitat, luego de haberlos ultrajado con el epíteto racista de “perro del hortelano”, por “no comer ni dejar comer” los recursos de la Amazonía, revelando así una concepción ecocida y etnocida del progreso. Seguramente no se considerará la última prepotencia sobre los limeños cuando, antes de dejar su segunda presidencia, García ha impuesto, en contra de todas las opiniones ciudadanas, la construcción de un horrible Cristo gigantesco en la costa de la capital, aduciendo que era un regalo de Odebrecht. Por ser una fea copia del Redentor del Corcovado, el monumento ha sido bautizado por el humor popular como “el Cristo de lo Robado”.

En esta última semana, mientras los congresistas de varios partidos peruanos viajaban a Uruguay tratando de influenciar una decisión sobre la concesión del asilo a Alan García, el presidente Tabaré Vázquez, cuyo primer mandato coincidió cronológicamente con la segunda presidencia de García, ha declarado que analizará el pedido “el tiempo que será necesario” y ha precisado que la decisión final compite a él y su canciller. Aunque hayan sido contemporáneos en la presidencia, Tabaré Vázquez y Alan García están hoy en los dos extremos de la popularidad: el primero, con un 76 por ciento de aprobación, es el más popular de los presidentes latinoamericanos, mientras el segundo llega apenas a un dígito y cosecha un repudio generalizado.

Cabe recordar el íncipit del 18 de Brumario de Luis Bonaparte: “La historia ocurre dos veces: la primera vez como una gran tragedia y la segunda como una miserable farsa”, con la salvedad de que la gran tragedia (el autogolpe del 5 de abril de 1992, que motivó el primer pedido de asilo del expresidente) fue compartida por todo el pueblo peruano, mientras la segunda es del solo Alan García.