Las últimas encuestas en Colombia sobre la favorabilidad o aprobación del gobierno de Iván Duque muestran una caída dramática en estos índices de aprobación. La encuesta de Invamer Gallup publicada este 16 de noviembre registra una aprobación de apenas el 27,2%  de los encuestados. La desaprobación supera el 70% de los entrevistados. En regiones como el suroccidente del país la tasa de desaprobación de Duque es del 74,5% mientras en Bogotá es del 71,3%.  Según esta misma firma en septiembre del presente año Duque presentaba una aprobación del 53,8%, un 32,5% la desaprobaba y un 13,7% no respondió en esa encuesta a esta pregunta.

En otra encuesta también publicada en este mes de noviembre, la realizada por la firma Cifras y Conceptos la imagen favorable de Duque y la aprobación de su gobierno era del 33% con una imagen desfavorable del 65% apenas a 100 días de haber iniciado su gobierno. Ambas encuestas muestran una caída muy alta en la aprobación de la gestión de Duque al frente de la presidencia de la República.

La caída de Duque en las encuetas arrastra también hacia abajo a Uribe. En ésta última encuesta la imagen favorable del presidente eterno, como lo llama Duque, cae al 34% mientras que el 65% de los encuestados tiene una imagen negativa de Uribe.

La caída de Duque en los índices de aprobación de su gestión al frente de la presidencia de la República se relaciona no con problemas de comunicación como tratan de mostrarlo algunos comentaristas sino con los contenidos y el estilo frívolo de su gobierno. Tres hechos a mi juicio empujan hacia abajo la aprobación de su gobierno. En primer lugar la presentación de una reforma tributaria con la que buscaba recaudar cerca de 4.500 millones de dólares gravando el 80% de los productos básicos de la canasta familiar  mientras buscaba al mismo tiempo reducir del 33 al 30% el impuesto a la renta que pagan las empresas. La típica receta neoliberal de gravar a las clases populares para trasladar los beneficios a los empresarios con el espejismo de aumentar la generación de empleo que como todos sabemos no se cumple. Como lo muestra un reciente texto de Paul Krugman la rebaja de los impuestos en los Estados Unidos a los empresarios no generó ningún empleo, la mayor parte de esos recursos fueron dirigidos a la compra de acciones y no a la generación de empleo.

Con esta propuesta Duque literalmente se echó en contra a la opinión pública agravada por el hecho de que en campaña había ofrecido una rebaja de impuestos y un aumento de los salarios. La mentira tiene patas cortas diría Antonio Gramsci y aquí el aserto se cumple inexorablemente.

Un segundo hecho está relacionado con el manejo que ha dado al paro de los estudiantes de las universidades públicas que lleva más de un mes durante el cual se han desarrollado cuatro grandes movilizaciones. Hasta el momento Duque no se ha reunido con los líderes de la protesta. Las negociaciones ahora nuevamente interrumpidas han estado en manos de la ministra de educación María Victoria Angulo. La crisis en el financiamiento de la educación pública universitaria es  dramática. Se requieren recursos de corto plazo por una suma de 3,2 billones de pesos y una inversión en infraestructura de unos 15 billones pues las sedes se están cayendo literalmente. Los anuncios  de recursos para la educación pública de un poco más de 2 billones de pesos no han acallado las protestas estudiantiles. Duque se ha negado a recibir directamente a los estudiantes y estos se niegan a levantar la protesta. Si bien el problema del financiamiento de la educación pública superior no es ocasionada por este gobierno el manejo que éste la ha dado no es percibido como adecuado por parte de la ciudadanía que mayoritariamente respalda el movimiento estudiantil al cual consideran justo.

Un tercer elemento es el de la lucha contra la corrupción. En todas las encuestas los problemas que más preocupan a los ciudadanos es el de la corrupción, seguido de la salud y la educación. Inicialmente Duque se desmarcó de su mentor y líder, Álvaro Uribe que se opuso abiertamente a la consulta anticorrupción que nació de una iniciativa ciudadana y que logró un respaldo de 11,7 millones de ciudadanos. Si bien no alcanzó el umbral este amplio respaldo ciudadano movió a Duque, que voto la consulta, a realizar una cumbre política con todos los partidos políticos con representación en el Congreso en que se comprometió a impulsar los proyectos de ley para materializar los siete mandatos ciudadanos contenidos en la consulta popular.

Y en efecto, con la presencia de Duque estos proyectos fueron radicados en el mes de septiembre en el Congreso de la República. Duque se comprometió a enviar al Congreso un mensaje de urgencia para que los proyectos tuvieran prioridad en su trámite en el Congreso. Ese mensaje de urgencia no llegó sino hasta mediados de noviembre de forma tardía. La mayor parte de los proyectos se hundieron o han sido negados con la activa participación de su bancada, la del Centro Democrático. La opinión pública no ve liderazgo del Gobierno de Duque en su trámite. Además Duque nombra en su gobierno a personajes ligados a la corrupción como el haber nombrado a Alejandro Ordoñez Maldonado como embajador ante la OEA quien fue sancionada con la pérdida del cargo de Procurador General de la Nación por hechos de corrupción ligados a su nombramiento o el respaldo que dio a su ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla quien utilizó su cargo para promover una reforma constitucional de la cual ya como exministro se aprovechó para montar un negocio que dejo quebrados a 119 municipios, con créditos para la construcción de acueductos municipales. Duque y sus amigos en el Congreso se emplearon a fondo para negar una moción de censura que se tramito en la Cámara de Representantes. Carrasquilla sigue en el ministerio y es además quien propone gravar con IVA al 80% de los productos básicos de la canasta familiar. Su aprobación en las encuestas es apenas del 16% mientras que su desaprobación es del 84%.

Todo ello muestra una desconexión de Duque con las prioridades de los ciudadanos que es lo que tiene a su gobierno con esos altos índices de desaprobación. De modo que si quisiera reconectarse con esa opinión que hoy le da la espalda tendría que cambiar el contenido de su agenda y traicionar así sea en parte a quienes lo apoyaron para llegar a la presidencia de la República. Esta última posibilidad la veo poco probable.

Una paz enredada a dos años de la firma

También inciden otros factores en esa baja aprobación de Duque y uno de ellos es el manejo que le ha dado a los Acuerdos de Paz y a las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Con respecto al tema de los acuerdos con las FARC el 65% de los ciudadanos encuestados estiman que los acuerdos van mal. No puede ser de otra manera cuando desde el Congreso el propio Uribe encabeza hasta ahora los fallidos intentos por modificar de manera unilateral los acuerdos. Intentaron desde la pasada legislatura con el respaldo del entonces electo presidente Duque excluir a los militares responsables de delitos de lesa humanidad y de crímenes de guerra de la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, creando dentro de la misma unas salas especiales para promover la impunidad.

Esa ley se encuentra demandada ante la Corte Constitucional que deberá pronunciarse antes de que termine este año. En su implementación Uribe y su bancada con el respaldo de un sector de Cambio Radical presentó un proyecto de Acto Legislativo que finalmente terminó en un acuerdo con parte de la oposición para nombrar 14 nuevos magistrados que se integrarían a los 38 magistrados que actualmente conforman la JEP. Este proyecto acaba de hundirse en el Congreso como también se hundió la aprobación del Acto legislativo que creaba 16 circunscripciones para las víctimas en aquellos 172 municipios en que se desarrolló con mayor intensidad el conflicto armado del  Estado con las FARC. A la par la Senadora uribista María Fernanda Cabal presentaba un proyecto de ley que reformaba la ley 1448/2011 que establece el marco jurídico para la restitución de las tierras que fueron arrebatadas a los campesinos en medio del conflicto armado. Este proyecto tampoco ha sido aprobado. Pero de fondo lo que se observa es la animadversión del Gobierno con el acuerdo final suscrito por el Estado con las FARC para su desarme, que aún en medio de las dificultades se mantiene, por la voluntad de las FARC pese a los incumplimientos del gobierno. Hasta la fecha ya van 84 excombatientes de las FARC asesinados. Esta perfidia del gobierno la percibe la opinión pública que ve como el acuerdo de paz languidece. Por lo demás, el gobierno nombra funcionarios en altas entidades del Estado encargadas de llevar adelante los acuerdos que se han opuesto a los mismos de manera pública.

Y finalmente, mientras en las encuestas el 62% de los ciudadanos opina que se deben mantener las negociaciones con el ELN para terminar el conflicto armado, el gobierno ha congelado la mesa de negociaciones exigiendo al ELN para reanudarla el cese de todas las operaciones militares y el cese y devolución de los secuestrados, que esta guerrilla se ha negado a aceptar. No hay pues una sintonía tampoco en este terreno entre el gobierno de Duque y la opinión pública.

Son éstas a mi juicio las verdaderas razones del bajo nivel de aprobación de la ciudadanía a la gestión de Duque al frente de la presidencia de la República. Los problemas para su gobierno aumentan pues la mayor parte de los partidos, incluido el propio Centro Democrático, se han negado hasta ahora a respaldar sus proyectos en el Congreso de la República. Sus proyectadas reformas política y de la justicia también están prácticamente, y por fortuna, hundidas.

Pedro Santana Rodríguez

Director Revista Sur

https://www.sur.org.co/colombia-duque-cae-en-picada/