La “corrupción” es un fenómeno que existe desde la época colonial. Naturalmente, en los distintos momentos o ciclos históricos cambian las circunstancias y sus expresiones.

En varias de sus obras, el precursor Eugenio Espejo (1747-1795) denunció la generalizada corrupción en la Audiencia de Quito del siglo XVIII. Otro ejemplo: el volumen IV de la Historia General de la República del Ecuador (1893) escrito por monseñor Federico González Suárez fue demoledor: comprobó la extendida relajación y corrupción en las distintas comunidades religiosas durante la colonia, de modo que las quejas contra la obra del célebre arzobispo llegaron hasta el Papa, incluyendo el pedido de excomunión. El arzobispo tuvo que defender seriamente su criterio histórico.

Pero vamos a la época republicana, es decir desde 1830, cuando Ecuador se funda como república al separarse definitivamente de la Gran Colombia soñada por Simón Bolívar. En los informes anuales de los ministros del Interior (gobierno) y de los de Hacienda (economía), puede encontrarse datos y denuncias constantes sobre la extendida corrupción en el país. Desde luego, el Estado era un botín para muchos gobiernos y también para quienes accedían a puestos claves, como las aduanas. Hasta nuestros días las aduanas han sido un botín, a pesar de los controles e institucionalidades logrados particularmente en la década pasada. El contrabando, las subfacturaciones o las sobrefacturaciones, las declaraciones fraudulentas, las coimas o el robo de cargas, están ligados a la historia aduanera. Ese comercio ilícito fue parte del origen y crecimiento de la oligarquía guayaquileña. El tema ha sido documentado por investigadores como Víctor Emilio Estrada.

Durante el primer siglo republicano, la principal fuente de ingresos para el Estado provino de los aranceles al comercio externo, así es que puede imaginarse la permanente estafa al erario nacional lograda con los delitos aduaneros impunes.

Ha sido de tal magnitud la corrupción aduanera, pública y privada, que Osvaldo Hurtado, antiguo académico, pinta, en Problemas de gobernabilidad de la democracia ecuatoriana (2005) tanto la acción colusoria para el contrabando, como el regionalismo contra las reformas aduaneras; y llega a una afirmación por demás elocuente: “Existen partidos políticos -dice- que no sólo están al servicio de intereses particulares sino que además operan como verdaderas mafias (PSC y PRE), conducta que parece no importar a sus numerosos seguidores, ya que en cada elección vuelven a entregarles generosamente sus votos en lugar de sancionarlos”. 

En los estancos públicos (productos “estatizados”: alcoholes, tabacos, fósforo, sal, pólvora), que rigieron hasta mediados del siglo XX, la corrupción era un mal a todas voces conocido e igualmente realizado por funcionarios y por empresarios o personas particulares que lucraron de vender fraudulentamente al Estado.

El mayor escándalo bancario, fruto de la corrupción privada, fue denunciado por Luis Napoleón Dillon en La crisis económico-financiera del Ecuador (1927), que demostró las jugosas sobreemisiones de billetes realizadas por los bancos privados durante la “época plutocrática” (1912-1925), un asunto de estafa al Estado y de burla a las leyes, que acabó cuando la Revolución Juliana (1925-1931) impuso los intereses nacionales, el intervencionismo estatal, la fiscalización a los bancos, multas y hasta prisión del más grande banquero de la época. Gracias a los julianos, nacieron instituciones como la Contraloría General de la Nación, la Superintendencia de Bancos, el Ministerio de Previsión Social y Trabajo, la Caja de Pensiones, así como el impuesto directo sobre las rentas (1928), constantemente eludido, evadido, boicoteado y cuestionado por las cámaras de la producción y las clases ricas, perjudicando al Estado. Hoy han conseguido “moratorias” y “exenciones tributarias” ¡¡hasta por 15 y 20 años!! Pero, además, ¿puede imaginarse las fortunas con fondos públicos durante el siglo en que no existió Contraloría? 

Saltemos a los tiempos contemporáneos. Desde 1979 hasta hoy, durante la época de gobiernos constitucionales más larga en la vida del país, se han sucedido 14 presidentes. Los escándalos de corrupción han estado presentes en todo momento. Cito solo varios casos durante algunos gobiernos: “sucretización” de deudas privadas y caso Santay (O. Hurtado, 1981-1984); resucretización, recolectores de basura, Ecuahospital, tráfico con vehículos robados, negociados en Enac, IEOS, Comisión de Tránsito del Guayas, robos en bodegas de autoridad portuaria, créditos y fondos fraudulentos extraídos del Banco Central (L. Febres Cordero, 1984-1988); caso “flores y miel” (S. Durán Ballén, 1992-1996); un semestre de corrupción galopante, hasta que una impresionante revuelta ciudadana expulsó de la presidencia a A. Bucaram (1996-1997), gesta recordada en una placa que se halla en el muro de la Catedral de Quito; “salvatajes” bancarios y feriado (J. Mahuad, 1998-2000); dolarización, privatizaciones, caso OCP, renegociación de la deuda externa (G. Noboa, 2000-2003); nepotismo y coimas (L. Gutiérrez, 2003-2005), etc. etc. Por cierto, todos los gobiernos hablaron del combate a la corrupción y algunos hasta crearon entidades destinadas a perseguirla.

El gobierno de Lenín Moreno ha “descubierto” una serie de casos de corrupción ocurridos en el gobierno de Rafael Correa (2007-2017). Desde luego, nadie va a justificar ni a defender los casos de corrupción que ciertamente han existido y sobre los cuales hay que movilizar las leyes y el sistema de justicia. Pero también es evidente que en el camino de la “descorreización” solo se ha privilegiado la corrupción pública y no la privada, que aparece como inexistente, cuando se sabe bien que tras todo “pago indebido” a un funcionario hay quien lo ejecutó y se benefició de la acción solicitada. En ese marco, resultan débiles las acciones intentadas contra la reciente colusión entre bancos y aseguradoras para “cobros indebidos” a los clientes. Según el diario gubernamental El Telégrafo, se resolvieron (hasta el 24 de octubre) solo 50.808 denuncias, con devolución de 1.2 millones de dólares por parte de la banca (https://bit.ly/2OhuNWa).

En otro momento, L. Febres Cordero creó una oficina especializada para perseguir a O. Hurtado y sus funcionarios. Pero lo inédito de la época presente con respecto a cualquier pasado histórico es que se atribuye al “correísmo” toda la corrupción existente en el país; y, sobre todo, para hacer gala de la “descorreización”, se juntan acciones de gobierno, medios de comunicación privados concentradores de la opinión y el direccionamiento ideológico, elites empresariales, una serie de funcionarios de altas instituciones encaramados en la persecución económica y política, y hasta ciertos jueces, fiscales o abogados, que se esfuerzan por interpretar y alargar las leyes al servicio de los nuevos poderes en el Estado.

Pero, el mismo Hurtado, en otro de sus best seller titulado Las costumbres de los ecuatorianos (2007) afirma que Ecuador tiene una “sociedad permisiva”, en la cual los fondos públicos han servido para enriquecerse; que, además del contrabando, otra forma de corrupción es la transferencia gratuita a particulares de recursos del Banco Central y otras instituciones (por ejemplo -añado- los “salvatajes” bancarios y el feriado de 1999 o las remisiones y exenciones tributarias de 2018); que existen una serie de formas de corrupción privada (las describe en su libro); y que todo ello ha servido para que, desde 1996, Ecuador figure entre los países más corruptos del mundo en los índices de Transparencia Internacional. 

En la línea argumental de este expresidente de la república, hoy altamente considerado en los círculos de las derechas políticas y los empresarios, se comprenderá que la “corrupción” durante la Revolución Ciudadana no logró ser abatida, por ser un problema estructural en el país. Supongo que ya llegará el turno para saber sobre ella en el tiempo presente. 

En todo caso, a un país “afamado” por la corrupción, es difícil que despegue la tan anhelada inversión. Para comprender lo que ocurre con esas inversiones sirve el reciente libro de la Cepal, Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2018. Evolución de la inversión en América Latina y el Caribe: hechos estilizados, determinantes y desafíos de política (https://bit.ly/2JwUXU5), en el que incluso se verifica que la inversión extranjera en Ecuador está “rezagada”, además de que una serie de indicadores económicos y sociales están debilitados, en contraste con la década pasada.

Ecuador, lunes 4 de noviembre de 2018

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