Colombia atraviesa por una coyuntura particularmente compleja dado que al tiempo que se avanza en el proceso de desmovilización y reincorporación de las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, con múltiples obstáculos tanto con la lenta marcha de los proyectos de reincorporación económica, pero también porque se ciernen sobre el proceso múltiples obstáculos, el primero de los cuales es de naturaleza política derivado de dos hechos que marcan sus dificultades.

La victoria pírrica, por apenas 50 mil votos, pero victoria al fin y al cabo de los sectores de la derecha opuestos al proceso de negociación que obtuvieron en el plebiscito del 2 de octubre de 2106 y más recientemente el triunfo del candidato de la derecha, Iván Duque Márquez, en las elecciones del 17 de junio del presente año, generan un entorno político adverso al proceso. De allí nacen muchas de las talanqueras y de los obstáculos que enfrenta el proceso. La oposición a la puesta en marcha del conjunto de los acuerdos y la poca fluidez de los mismos estriba precisamente en la oposición activa de estos sectores que se sienten apalancados en estos dos hechos políticos que si bien no les da para hacer trizas los acuerdos como lo propuso uno de los líderes de este sector, si les alcanza para obstruir, para retardar y para intentar reformar los acuerdos que si bien están blindados jurídicamente y goza de una amplia legitimidad internacional, en el plano interno sigue siendo objeto de controversias cotidianas.

A ello se suma la cercanía y en muchos temas el respaldo activo del gobierno norteamericano de Donald Trump, que afecta los acuerdos en dos puntos sensibles y decisivos. Pasamos de un entorno de respaldo a los acuerdos bajo la administración de Obama a un entorno de exigencias e imposiciones facilitadas por la cercanía tanto ideológica como programática del bloque de la derecha uribista con la derecha norteamericana representada en el gobierno de Trump.

En primer lugar está la política frente a las drogas de uso ilícito. Tanto la derecha norteamericana como la derecha colombiana comparten la política prohibicionista en sus versiones más extremas, aquella que impone, por ejemplo, tanto la criminalización de los campesinos cultivadores de las plantas de coca como de amapola que son las materias primas para la producción del clorhidrato de cocaína como de la base de la heroína, como también la criminalización de los consumidores. De allí nacen políticas completamente equivocadas como la propuesta ya ensayada y puesta en marcha durante los últimos veinte años de las fumigaciones aéreas con glifosato, herbicida altamente contaminante y peligroso para la salud de las personas expuestas al mismo.

Estamos apenas a días que el gobierno del presidente Iván Duque anuncie el reinicio de las fumigaciones ahora con la utilización de drones, se dice que para focalizar mejor las aspersiones aéreas. Con ello se limita enormemente uno de los punto del acuerdo de paz con las FARC-EP que privilegiaba la sustitución concertada y voluntaria con la condición de poner en marcha un proceso de sustitución de cultivos, redistribución de la tierra que beneficiara a unas 150 mil familias que viven en Colombia del cultivo de hoja de coca y en menor medida de látex de amapola. Todo ello se ve facilitado por la exigencia por parte de la administración de Trump de reducir el área de cultivos de coca que según UNDOC, la Oficina de las Naciones Unidas que monitorea los cultivos de uso ilícito en Colombia, ésta área ha llegado en el año 2017 a una extensión de 171.000 hectáreas con un incremento del 17% puesto que en el año 2016 se habían registrado 146.000 hectáreas.

El gobierno norteamericano exige al gobierno de Colombia medidas urgentes para la disminución de las áreas cultivadas. Un argumento cierto que se esgrime por parte de los impulsores de la erradicación forzada de estos cultivos es que ellos aumentaron por las expectativas de los campesinos que creyeron en las bondades de la sustitución de los cultivos ilícitos de coca y aumentaron las siembras aumentando por consiguiente las áreas de cultivo. El otro argumento no es completamente cierto y es que aumentaron porque el gobierno de Santos (2010-2018) abandonó las fumigaciones como el principal instrumento para controlar y disminuir las áreas cultivadas con coca.

La verdad es que la lentitud para la puesta en marcha del programa de sustitución concertada así como la ineficacia de las fuerzas del Estado para ejercer dominio territorial en los lugares en que ejercía dominio militar las guerrillas de las FARC-EP y en que se encuentran la mayor parte de estos cultivos, produjo no solo el aumento de los cultivos en éstas áreas sino la llegada de otros actores ilegales como las llamadas bandas criminales ligadas al narcotráfico como los grupos paramilitares aliados con los carteles mexicanos y en algunas zonas la presencia del Ejército de Liberación Nacional, ELN. Allí se concentra hoy la disputa territorial y el asesinato del 56% del total de los líderes asesinados después de la firma de los acuerdos de paz en noviembre de 2016, que sobrepasa la cifra de 370. Estos líderes apoyan el programa de sustitución de cultivos a la que se oponen los actores armados ilegales que luchan por consolidar su dominio armado sobre el territorio.

Con la puesta en marcha nuevamente de la erradicación forzada como política del Estado colombiano para enfrentar el aumento de los cultivos de uso ilícito languidecerá el programa de sustitución de cultivos que por su naturaleza es lento y requiere de enormes recursos económicos que el gobierno de Duque señala que no tiene. Volveremos a las mismas políticas con los mismos resultados. El fortalecimiento del prohibicionismo que en Colombia se verá reforzado con la persecución a los consumidores y a la ilegalización de la dosis personal. En este aspecto ya ha sido publicado un proyecto de decreto para el decomiso de sustancias psicoactivas. Nuevamente se persigue a los dos eslabones más débiles de la cadena, los campesinos cultivadores de las materias primas a quienes se criminaliza y también a los consumidores. Todo ello a pesar del fracaso de ambas políticas que ha sido documentado prolijamente en todo el planeta.

El segundo factor se relaciona con la amenaza de la extradición de líderes de la guerrilla de las FARC-EP solicitados por la justicia norteamericana. El caso más notable es el de Jesús Santrich, detenido por órdenes de un juez norteamericano con supuestas pruebas de que habría estado comprometido en la negociación para el envío de un alijo de 10 toneladas de cocaína a los Estados Unidos. El proceso después de múltiples debates y de la activa participación del fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez aliado incondicional de los Estados Unidos y enemigo de los acuerdos de Paz, finalmente aterrizó en la Jurisdicción Especial de Paz que deberá tomar una decisión en los próximos dos meses. Esta amenaza genera incertidumbre en la dirigencia de las FARC ahora convertidas en partido político. Por ello 9 dirigentes de la antigua guerrilla abandonaron sus esquemas de seguridad y no se sabe a ciencia cierta en dónde se encuentran. Uno de los nueve es precisamente Iván Márquez, jefe de las negociaciones por parte de las FARC, quien había sido elegido al Senado de la República en las pasadas elecciones del 11 de marzo cargo del cual no se posesionó, inicialmente se dirigió a una de las zonas de reincorporación y posteriormente abandonó dicho territorio.

Esta inseguridad y el acceso al gobierno de Iván Duque aumentan la incertidumbre y son un factor para el fortalecimiento de las disidencias armadas de las FARC, que se han fortalecido. El manejo del gobierno aunque prudente no ha sido activo para brindar condiciones de seguridad a la dirigencia de las FARC-EP que mayoritariamente se mantiene en los acuerdos y viene cumpliendo sus compromisos como lo ha certificado la Misión de las Naciones Unidas que hace el seguimiento y el monitoreo del proceso. Pero esa misma Misión en su más reciente informe ha señalado sus preocupaciones por la inseguridad jurídica y el lento avance de los Acuerdos principalmente en materia de reinserción económica de los excombatientes.

La ofensiva reformista de la derecha

En este contexto la derecha avanza en pretender la aprobación de una agenda legislativa regresiva que tiene como propósito central a mi juicio poner obstáculos legales al avance de las fuerzas democráticas que han presentado un significativo avance en los últimos años pero principalmente en las elecciones parlamentarias de marzo del presente año y en las elecciones presidenciales del mes de mayo en primera vuelta y en junio en su segunda vuelta. No me detendré en los detalles ahora pues para ello habrá tiempo en las próximas semanas en la medida en que avance su trámite en el Congreso de la República.

Digamos sucintamente que en materia económica el gobierno plantea ahondar hasta dónde la coyuntura lo permita en la profundización del modelo neoliberal. Más impuestos a la clase media ya agobiada por una reforma tributaria que en el año 2016 elevó del 16 al 19% el impuesto a las ventas o al llamado valor agregado que como se sabe es altamente regresivo; ahora el gobierno pretende grabar los productos básicos de la canasta familiar hasta ahora excluidos de dicho impuesto o que apenas están grabados con el 5%; rebaja de los impuestos a las grandes empresas; limitación a las consultas previas para profundizar en la explotación de los recursos naturales que se encuentran en territorios o afectan a las comunidades indígenas y afrodescendientes y limitaciones a las consultas populares mecanismo al que han recurrido las comunidades locales para oponerse con éxito a la minería en sus territorios y a la defensa de su vocación agrícola y al agua; puesta en marcha de la tecnología del fracking para la explotación de hidrocarburos. Es una agenda agresiva que seguramente contará no solo con la oposición de los sectores alternativos en el Congreso en dónde el gobierno trabaja a marchas aceleradas para garantizar solidas mayorías que aún no tiene, también se enfrentará a la resistencia de los movimientos populares y en general de los movimientos sociales que seguramente como en el pasado se levantaran para oponerse a estas políticas que los afectan.

En el plano institucional el gobierno también pretende avanzar con dos propuestas de reformas que han presentado al Congreso de la República. Una reforma política y una reforma a la justicia. El tercer paquete lo impuso la dinámica social de la consulta anticorrupción, allí simplemente el gobierno se sumó a última hora y los nueve proyectos que resumen las propuestas respaldadas por 11.7 millones de colombianos ya han sido presentados al Congreso de la República y ya han iniciado su trámite sin que su futuro este plenamente garantizado.

En materia política el gobierno presentó un proyecto sumamente limitado del cual se podrían destacar la propuesta de eliminar el voto preferente y el retorno a las listas cerradas con el propósito de fortalecer a los partidos políticos y la propuesta de primarias para la elección de los candidatos de los partidos a la cual deberían concurrir obligatoriamente. Unas reformas cosméticas a la autoridad electoral sin ir al fondo de los problemas de financiamiento ilegal de las elecciones, tampoco contempló la creación de una jurisdicción electoral, por el contrario el proyecto gubernamental busca dotar con mayores recursos al corrupto e ineficiente Consejo Nacional Electoral, CNE.

En el Congreso de la República el endeble proyecto del gobierno fue ampliado acertadamente en algunos aspectos pero nefasto en términos de profundización de la democracia. Los sectores de la derecha tradicional en Colombia nunca han estado de acuerdo con la decisión de la Constitución de 1991 de establecer la circunscripción nacional para la elección del Senado de la República, siempre han pretendido regresar a las circunscripciones territoriales.

La ponencia para primer debate en el Senado de la República propone la conformación de ocho regiones electorales para la elección de 70 de sus 102 integrantes, otros 30 integrantes serían elegidos en circunscripción nacional y dos como ya existe son elegidos por una circunscripción de los pueblos indígenas. Un estudio de la Misión de Observación Electoral, MOE, señala que de acuerdo con los resultados de las últimas elecciones esta propuesta favorecería aún más a los grandes partidos en detrimento de las minorías y de la oposición. En realidad lo que quieren es que como dice la MOE la oposición y las minorías desaparezcan. Ese parece ser el verdadero sentido de la propuesta por demás en contravía de los acuerdos de La Habana que buscaba una mayor apertura democrática, y pensar que el coordinador de ponentes, el senador Roy Barreras, fue uno de los negociadores de dichos acuerdos.

Pero donde más ampolla levantó la propuesta fue en el tema de las elecciones presidenciales. La ponencia propone que los candidatos de los partidos encabecen la lista al Senado de la circunscripción nacional y si esa lista saca la mitad más uno de los votos ese candidato sea el presidente de la República si no tuviere esa votación se enfrentarán en segunda vuelta las dos cabezas de las listas más votadas. Ese mismo sistema se aplicaría para la elección de gobernadores y alcaldes. Francamente no creo que esta propuesta tenga respaldo en el Congreso de la República. Lo que si se ve es un afán para tratar de detener el avance significativo de la izquierda y del centro en las últimas elecciones en que fueron mayoría en la primera vuelta. Solo los egos irresponsables y las decisiones sectarias de algunos de los integrantes de la Coalición Colombia, impidieron la unidad del centro izquierda y con ello la victoria en las elecciones presidenciales y esto nos trajo a la realidad actual de regresión antidemocrática.

Quizás el único elemento importante que se introdujo en la propuesta para primer debate fue la de crear una Tribunal Electoral Independiente como lo proponía la Misión Electoral Especial, MEE.

Y en materia de justicia la reforma es marcadamente regresiva pues limita el derecho de amparo que en Colombia denominamos Acción de Tutela. Precisamente esta misma semana la Corte Constitucional señaló que se había llegado a alcanzar 7 millones de tutelas desde que el mecanismo fue instaurado por la Constitución de 1991. Es el único mecanismo de justicia que funciona eficazmente y el proyecto del gobierno quiere limitarlo. El resto de la reforma es importante en algunos aspectos de la organización y gobierno de la rama judicial pero realmente inane para resolver la crisis judicial cuyos problemas están relacionados con la impunidad, la congestión judicial que se traduce en demoras desmedidas de los procesos en todas las jurisdicciones, corrupción en la rama, estos que son los problemas que afectan a los ciudadanos no son los contenidos del proyecto. La reforma se ocupa de problemas de la rama que no impactarán las demandas de pronta y debida justicia que reclaman los ciudadanos.

En ese debate estábamos cuando el Centro Democrático de Uribe este martes 25 de septiembre decidió presentar su propio proyecto de reforma a la Justicia. Una verdadera bomba no solo contra la rama judicial sino contra la propuesta de su propio gobierno. En dicho proyecto se propone acabar con las cuatro altas cortes que actualmente existen, y reemplazarlas por una sola Corte; regresar a la total inmunidad parlamentaria fuente de total impunidad en Colombia por lo cual fue reformada en la Constitución de 1991. La perla del uribismo dice que los parlamentarios solo podrán ser aprehendidos o llamados a juicio solo si lo autoriza la cámara a la que pertenece el parlamentario y si el parlamentario es aprehendido en flagrancia deberá ser puesto de inmediato a disposición de la corporación legislativa. Los lectores recordarán que el expresidente y actual senador Álvaro Uribe Vélez, ha sido citado a interrogatorio por parte de la Corte Suprema de Justicia en un proceso por manipulación de testigos, saquen ustedes sus propias conclusiones.

Bogotá septiembre 27 de 2018.

Pedro Santana Rodríguez

Director Revista Sur