En Costa Rica, la renegociación de la “reforma fiscal” presentada por el actual gobierno de Carlos Alvarado (23 de agosto, 2018), había sido sometida a la Asamblea Legislativa como proyecto de Ley por el expresidente Luis G. Solís mediante el expediente 20.580 (noviembre, 2017). Este proyecto que ya cuenta con modificaciones pretende responder a un inmanejable déficit fiscal, que según apreciaciones de Luis Paulino Vargas (investigador del CIDCE de la Universidad Estatal a Distancia), tiene su origen aproximadamente en el año 2009, en el marco de la crisis hipotecaria de los Estados Unidos en el 2007 que desató un proceso de turbulencia financiera global.

No obstante, las evidencian muestran que el problema es de larga data, tiene su raíz en una deuda interna acumulada que no comenzó con las dos últimas administraciones, comenzó con los escandalosos desfalcos y desviaciones multimillonarias de fondos públicos sin rastro en instituciones estatales, durante los años ochenta, noventa y en los últimos 15 años del siglo XXI, que han enriquecido a empresarios y a la clase política (Banco Anglo, CODESA, FODESAF, Fondo de Compensación Social, el Caso Caja-Fischel por el que se condenó al expresidente Calderón Fournier a 5 años de Prisión; el caso de las Reaseguradoras que involucra al expresidente Miguel A. Rodríguez; y más recientemente, el caso del Cementazo que se destapó en el año 2017 e involucra a funcionarios del Banco de Costa Rica y Poder Judicial por un crédito injustificable de 35 millones de dólares). A lo anterior se suma, un historial de evasiones fiscales significativas o no pago de obligaciones patronales al Seguro Social, amnistías fiscales y una serie de privilegios extra-salariales que privilegian a altos jerarcas o funcionarios públicos.

La falta de una respuesta factible y aceptable de los poderes ejecutivo y legislativo ante los excesos del gasto gubernamental sin un respaldo de ingresos, que señala una indiscutible responsabilidad histórica del bipartidismo (PLN Y PUSC) --sin dispensar la responsabilidad que pudiera atribuirse al PAC (2014-2018)--, ha llegado a generar una situación de insolvencia financiera, que de no resolverse adecuadamente, coloca al país al borde de una crisis económica, que en el peor escenario podría derivar en una recesión, no obstante, en su primera etapa acelera y profundiza un deterioro económico con inevitables impactos sobre los ingresos de la población (marginada, de más bajos recursos), según han reconocido públicamente los principales jerarcas del Banco Central en la revisión del Programa Macroeconómico 2018-2019 (La Nación, 23 de julio).

El anuncio de la reforma fiscal en cuestión, popularmente llamada “combo fiscal”, provocó una inmediata y amplia reacción social principalmente de los trabajadores del sector público que se muestran en primera instancia, como los más directamente afectados. Pero igualmente ha generado la reacción de otros sectores sociales que no necesariamente responden al detonante (reforma fiscal) sino a un contexto de conflicto y descontento latente, como son los casos de Puntarenas y Limón. En ese sentido, además de la clase media representada en el grueso de las y los trabajadores públicos, el impacto se extiende a trabajadores del sector privado, al sector productivo del agro y otros sectores, y pone de relieve que, la pretendida reforma fiscal promueve impactos económicos desiguales (inequitativos) y efectos colaterales socio geográficos diferenciados que activan o podrían activar potenciales núcleos de conflicto de diversa naturaleza.

Uno de los núcleos de conflicto que ocupa la atención de este artículo, son las acciones de violencia desatadas por diversos grupos en la Provincia de Limón en días pasados y la respuesta policial del Estado. Dicho sea de paso, pocas veces visto, el Ministerio de Seguridad lanzó un despliegue policial fulminante, cercano a lo militar (con carros blindados, helicóptero, armas de guerra y varios cientos de policías con vestimenta y protección de primera línea) que le permitió controlar el levantamiento en menos de tres días. En términos de seguridad interna, la efectividad de la ofensiva evidencia el alto nivel de inversión y entrenamiento especial, lo cual explica por qué, según datos del Atlas Comparativo de la Defensa de América Latina, en el 2016 Costa Rica presentaba un gasto en seguridad mayor que la suma de todos los demás países centroamericanos con ejército. Eufemísticamente se podría decir que Costa Rica no es un país militarizado sino “politarizado”. No se omite decir, que, con excepciones como la represión desmedida hacia estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR), hasta ahora la respuesta policial a la protesta social ha sido relativamente proporcional. Sin embargo, ese hecho, no exime la criminalización de la protesta, la cual parece estar operando principalmente por vía administrativa mediante intimidaciones y amenazas a los huelguistas sobre sanciones y despidos.

Retomando Limón, la asonada de violencia social en el centro de la Provincia, remite a protestas callejeras en las que se combinó el cierre de vías, la quema de camiones, barricadas y actos de saqueo, parece configurar una nueva y compleja forma de respuesta social similar a la que vivió Nicaragua durante tres meses y cuyo fenómeno podría designarse o conceptualizarse como un tipo de “revueltas difusas” en contexto de conflicto social, que se entremezclan con las luchas sociales auténticas (de motivaciones claras y direccionadas) a las cuales resultan desnaturalizando, con la capacidad de crear climas de miedo y confrontación sin medida. No obstante, debe advertirse, que esas “revueltas difusas” no deben confundirse con acciones o movimientos revolucionarios, históricamente protagonizados por la izquierda.

Arrestos luego de los saqueos en Limón

Intentando un caracterización, en el caso de Limón se observa que, al movimiento huelguístico de naturaleza clasista se le vino a sumar, por un lado, un apoyo social que surge del legítimo descontento de la población limonense por abandono del Estado, por exclusión social y desempleo histórico, mientras, por otra parte, ambas dinámicas se cruzan con dos interferencias ajenas a las preocupaciones y demandas que motivan la huelga y parecen ser producto más bien de realidades de descomposición social en la región caribeña. La primera de esas interferencias es, el accionar de grupos excluidos que albergan delincuencia común, quienes aprovechan el clímax de la protesta política para volcar su resentimiento anti sistémico en los saqueos de comercios (lo que Marx define como lumpen proletariado carente de conciencia de clase); la segunda, refiere a la presencia de elementos del crimen organizado vinculado al narcotráfico que buscan consolidar su control territorial y cuya participación no pareciera haber trascendido probablemente porque el escenario de violencia fue sofocado de inmediato.

Fuera de la particularidad señalada para Limón, valga intentar una brevísima caracterización sociológica de los actores que protagonizan la protesta huelguística en contra del paquete de “reforma fiscal” a nivel nacional. La primera observación es que estamos ante un conflicto de clases, un conflicto entre clases sociales que se dirime en los espacios del poder político. La segunda observación es que, los intereses de la clase empresarial (industrial, comercial o agropecuaria) coinciden o se confabulan con una parte de la clase política en el poder, aunque ésta última no es homogénea y se muestra dividida según su apoyo a la reforma y su simpatía o rechazo al movimiento huelguístico. La tercera observación es que una vez más en esta coyuntura (después de las recientes elecciones) se hace manifiesto que el grueso de la clase media trabajadora vinculada laboralmente al Estado, es la clase beligerante, aunque fraccionada con respecto a la clase media alta que está en la mira de los salarios y pensiones de lujo.

M.Sc. Byron Barillas Girón (Sociólogo)

Profesor Universitario de la Universidad de Costa Rica y la Universidad Estatal a Distancia

bbarillas@gmail.com