Introducción

En el marco de la globalización neoliberal del presente siglo y de un mundo estructuralmente desigual -donde cada vez se incrementan más los flujos migratorios de carácter internacional-, este trabajo aborda los actuales procesos de migración centroamericana no documentada que transitan por México con el objetivo de llegar a Estados Unidos (EU). Para ello, se revisaron diversos informes de organizaciones no gubernamentales mexicanas e internacionales, estudios de instituciones académicas y documentos de instituciones del gobierno mexicano. Este artículo argumenta que, debido a que miles de migrantes centroamericanos del triángulo norte salen de sus países de origen por causas ajenas a su voluntad, se trata de un proceso de migración forzada marcada por la violencia y la exclusión socioeconómica –falta de empleo, trabajos mal remunerados, aumento de la pobreza, encarecimiento del costo de vida-. Por ello, en este trabajo se abordan, tanto las causas y los adversos contextos de los lugares de origen de estos centroamericanos –de El Salvador, Guatemala y Honduras-, como los espacios de tránsito en el sur México donde se violan los derechos humanos de estos migrantes.

La migración centroamericana como proceso de movilidad

El objetivo del presente trabajo es abordar la movilidad contemporánea de centenas de miles de centroamericanos del triángulo norte (El Salvador, Honduras y Guatemala) sin documentos migratorios y en tránsito por México como un proceso de migración forzada de carácter transfronterizo e irregular, en donde los migrantes están expuestos a diversas violencias y vejaciones –tanto en sus lugares de origen en sus países en Centroamérica, como en los espacios de tránsito en México y los lugares de destino en EU-.

Para ello y dada la complejidad del fenómeno social a estudiar, se recurrirán a tres tipos de fuentes. (1) Por un lado, los recientes informes y diagnósticos de organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales con un amplio trabajo con migrantes en tránsito por México y procesos de violencia, como los casos de Médicos Sin Fronteras (MSF) con su informe Forzados a huir del triángulo norte de Centroamérica: una crisis humanitaria olvidada (2017) y de la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (REDODEM), con su informe  Migración en Tránsito por México: rostros de una crisis humanitaria internacional (2016). Estos dos informes serán de relevancia para el presente trabajo por dos motivos. En primer término, porque abordan los complicados y hostiles contextos de los lugares de origen de estos centroamericanos y permiten hacer una lectura en términos de migración forzada, pensando en que los migrantes no eligen irse, sino que se ven obligados a huir. Así mismo estos informes dan cuenta de los procesos de violencia –en los lugares de origen en sus países y en el tránsito por México- a que se ven expuestos los centroamericanos durante sus trayectorias migratorias.

(2) Por otra parte, están los trabajos académicos que han abordado el tema en los últimos años y que han enfatizado las relaciones entre procesos de migración irregular, la falta de condiciones de desarrollo socio material y violencia (Ley y Peña, 2016; Instituto Tecnológico Autónomo de México, 2014; García y Villafuerte, 2014; Castillo, 2016b y 2017).

(3) Finalmente y en el tenor de reconstruir los contextos nacionales y regionales, también se recurrirá a datos y documentos de instituciones oficiales mexicanas como el Consejo Nacional de Población (CONAPO) y de organizaciones internacionales como la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Cabe señalar que se concibe la migración como variados procesos de movilidad espacial de población –entre fronteras internas, estatales, nacionales e internacionales-, donde diversos grupos humanos, con miras a resolver distintas necesidades, experimentan procesos de relocalización (Gregory et al., 2009) y de cambio en el origen, tránsito y destino (Castillo, 2016). De particular relevancia para el presente trabajo son las conceptualizaciones en torno a la migración forzada como aquella que concibe que los migrantes salen de sus lugares de origen por factores y condiciones –económicas, de violencia, medioambientales- ajenas a su voluntad y fuera de su control, situaciones que están relacionadas con la carencia estructural y sistemática de derechos humanos y sociales en los lugares de origen (Castles, 2003; Gzesh, 2008).

Uno de los ejes reflexivos de la categoría de migración forzada es que los migrantes no dejan sus comunidades de origen por voluntad o decisión propia, sino que, en el contexto de adversas situaciones de vida de diversa índole, se ven forzados a salir de sus hogares por causas externas/ajenas a ellos, dejando todo detrás en aras de conservar su integridad física, poder sobrevivir y resolver las necesidades vitales y sociales del migrante y su familia (Gzesh, 2008). De manera paralela, el uso de una perspectiva de migración forzada también supone reflexiones en torno a cómo, en su condición de desplazados por razones ajenas a su decisión, los migrantes no tienen las garantías por parte de los Estados nacionales -de origen, tránsito y destino- de que sus derechos humanos sean respetados y ejercidos sin limitaciones, independientemente de la ciudadanía que tengan (Gzesh, 2008). En ese tenor uno de los rasgos fundamentales de los derechos humanos es su aplicabilidad de manera genérica y universal en todo el orbe, sin importar la nacionalidad, sexo, género, creencia religiosa, condición migratoria y apariencia física de las personas en procesos migratorios.

Estos abordajes tienen la pertinencia de establecer relaciones de múltiple determinación entre migración, las condiciones de vida de los migrantes antes de migrar, así como con procesos externos –desastres naturales, conflictos- y la ausencia del ejercicio de ciertos marcos jurídicos internacionales y nacionales –de los países de origen, tránsito y destino-. Esto permitirá poner particular énfasis en la explicitación de las causas y adversos contextos que obligan a los migrantes centroamericanos del triángulo norte a salir/huir de sus localidades. Pero también hace posible comprender cómo, debido a su situación migratoria irregular y a las condiciones de las rutas por las que se desplazan, los centroamericanos en tránsito por México son más vulnerables a sufrir distintas vejaciones y actos de violencia –por parte de variados grupos e instituciones-.

La migración en el contexto de un mundo global y desigual

Las migraciones han estado presentes a lo largo de la existencia del género humano en el planeta. En este tenor, es conveniente recordar que varios de los procesos económicos, políticos y demográficos de los últimos siglos –la invasión colonial europea, el surgimiento y expansión del capitalismo, la conformación de los Estados nacionales, la urbanización, la industrialización y las guerras mundiales del siglo XX- han estado relacionados a complejas y masivas dinámicas de movilidad humana en muy diversas latitudes del orbe (Castles y Miller, 2008: 283). No obstante, en el marco de las reformas estructurales de carácter neoliberal de varios países del norte y sur globales, desde hace varias décadas los procesos migratorios internacionales se han incrementado de manera sostenida y notoria en diversas regiones del mundo (Castles, 2008; Márquez y Delgado, 2012; Castillo, 2014 y 2016a; Robinson y Santos, 2014; Sassen, 2006). De los 172 millones de migrantes internacionales que había en el año 2000 –y que representaban el 2.8% de la población mundial-, se pasó a 243.7 millones para el 2015 –comprendiendo el 3.3% de la población mundial- (CONAPO, 2015 y 2017).

Este incremento está relacionado a los procesos de expansión del capitalismo neoliberal a nivel global, así como a sus efectos sociopolíticos y económicos en los países desarrollados y en vías de desarrollo. El deterioro del aparato productivo de los países en desarrollado y las crisis económicas nacionales e internacionales propiciaron el crecimiento de amplios sectores de población en condiciones de precariedad socioeconómica y con una alta necesidad de empleos mejor remunerados (Castillo, 2016a). En el marco de la internacionalización y transnacionalización de los procesos productivos, estos grupos migraron y se insertaron en cadenas productivas y mercados laborales precarizados de los países desarrollados. De manera que los migrantes fungen como fuerza de trabajo barata, flexible y vulnerable de carácter transnacional-transfronteriza (Castles, 2008; Márquez y Delgado, 2012; Delgado et al., 2009; Castillo, 2014)

Ahora bien, un rubro que cobra especial relevancia es aquel que se relaciona a procesos de migración forzada y que remite a disputas geopolíticas, intervencionismo político y militar, conflictos bélicos y contextos generalizados de violencia y de violaciones a derechos humanos. Sobre todo pensando que los desplazamientos forzados –y su concomitante número de pérdida de vidas humanas- también han mostrado una alza en los últimos años y remiten a claras situaciones de crisis humanitarias como el conflicto sirio, los refugiados palestinos, los africanos en su intento de cruzar el mar mediterráneo y los migrantes centroamericanos entre otros (REDODEM, 2016; Missing Migrant Project, 2017). En este contexto, para 2014 la ACNUR registró 59.5 millones de desplazados forzados y un año después la cifra se incrementó en más de 5 millones, llagando a 65.3 millones para el 2015 (ACNUR, 2016).

Dimensiones de la migración centroamericana en México

Las cifras sobre el número de centroamericanos sin documentos en migración en tránsito por México –para llegar a EU-, varían dependiendo de las instituciones y organizaciones nacionales e internacionales involucradas. No obstante, la coincidencia es que se trata de un fenómeno social muy complejo, de dimensiones masivas, que desde hace años involucra a centenas de miles de personas. La Unidad de Política Migratoria de la Secretoria de Gobernación del Estado mexicano calculó que en 2015 hubo 300 mil centroamericanos en tránsito –de los cuales se detuvieron casi 200 mil y deportaron casi 140 mil- (Martínez, 2016). Por su parte la ACNUR en 2016 apuntó que desde hace años hay un estimado anual de aproximadamente medio millón de centroamericanos (ACNUR; 2017). Debido a que también son parte de los procesos de migración forzada y violación de derechos humanos, los datos previos habría que vincularlos también con el número de migrantes muertos y desaparecidos en el transcurso de esta peligrosa ruta migratoria. De acuerdo al Missing Migrant Project y en consonancia con la tendencia a la alza de centroamericanos en tránsito por México, el número de migrantes muertos y desaparecidos ha venido incrementándose en los últimos años, tanto a nivel mundial, como a nivel de las regiones de Centroamérica y Norteamérica (Missing Migrant Project, 2017). Para el 2014 habían muerto 111 migrantes en Centroamérica y 307 en la frontera México-EU, y para el 2016 esto datos se elevaron a 180 decesos de migrantes en Centroamérica y a 402 en la frontera México-EU (Missing Migrant Project, 2017).

Como puede observarse, dada la cantidad de personas en desplazamiento forzado y el número de muertes, la migración de centroamericanos es una crisis de carácter humanitaria en la que México está involucrado en tanto su condición de país de tránsito (Castillo, 2016b y 2017). En este tenor, es conveniente recordar que varios de los hechos de violencia y exclusión del país de los últimos años han estado vinculados con esta migración. Dos de los casos más visibles mediáticamente fueron la Masacre de varias decenas de migrantes en San Fernando Tamaulipas a manos del crimen organizado en 2010 y la crisis de los menores migrantes centroamericanos no acompañados en la frontera México-EU en el verano de 2014. En ambos casos hubo claras violaciones a los marcos jurídicos nacionales e internacionales, y se hizo patente que las autoridades mexicanas y diversas instituciones oficiales fueron incapaces de garantizar a estos centroamericanos los derechos fundamentales a la vida, la integridad física y a la solicitud de asilo. En este sentido y antes de proseguir es preciso indagar algunos de las características de esta migración.

Características de la migración forzada centroamericana

La migración centroamericana presenta una serie de rasgos específicos. Se trata de una migración no documenta –o irregular-, de tránsito –para el caso de México y considerando que el destino es EU-, de tipo internacional, con un eminente carácter forzado y laboral –el migrante se ve obligado a salir y además se acumula la necesidad de trabajo- (Ley y Peña, 2016; Instituto Tecnológico Autónomo de México, 2014; García y Villafuerte, 2014). No obstante, despendiendo del país de origen en cuestión, ciertas causas tienen mayor peso que otras. Por ejemplo, en lo referente a los contextos de violencia, los casos más acentuados son Honduras –con altos índices de criminalidad y asesinato- y El Salvador –con las pandillas Mara Salvatrucha (MS) y Mara Barrio 18 (M18)-. En lo que respecta a los impactos de desastres naturales para propiciar procesos de migración forzada, en Guatemala y El Salvador tienen mayor relevancia. En lo tocante a la acentuación de la precariedad de las condiciones materiales de vida –relacionadas con la pobreza, las crisis económicas y el encarecimiento de la vida-, los casos guatemalteco y salvadoreño son más visibles.

Se trata además de un proceso de movilidad transfronterizo que no es nuevo y cuenta con una historia de décadas, cuyos antecedentes se ubican en la década de 1990 en el contexto de posconflictos bélicos –de Guatemala y El Salvador- y que desde hace años tiene dimensiones masivas e involucra a decenas de miles de personas –de diversos sectores sociodemográficos previamente vulnerables y excluidos- (Ley y Peña, 2016; Instituto Tecnológico Autónomo de México, 2014; García y Villafuerte, 2014). Sin duda los contextos de violencia en los lugares de origen es algo que cobra una relevancia especial en el caso de la migración centroamericana. Cabe precisar que esto también se manifiesta de manera específica y diferenciada, mientras la violencia en Honduras se debe a altos índices de criminalidad y asesinato, en el caso de El Salvador esto se relaciona con la presencia y accionar de pandillas como la MS y la M18.

No obstante, expresión de lo señalado en términos regionales fue que en el triángulo norte de Centroamérica han sido asesinadas aproximadamente 150 mil personas en la última década y que las cifras de asesinatos para el año 2015 de los tres principales países expulsores de migrantes eran alarmantes (MSF, 2017). En El Salvador hubo 6,650 asesinatos en el 2015, en Honduras fueron 8,035 y Guatemala tuvo 4,778; esto posicionó a El Salvador y Honduras en el 4to y 1er lugar –respectivamente- de la lista de los países con mayores tasas de asesinados (MSF, 2017).

En este contexto, ciertos estudios han señalado que los niveles de violencia son tan altos, profundos y generalizados en ciertas zonas del triángulo norte de Centroamérica que su situación es similar a la que se vive en un conflicto bélico (MSF, 2017: 8). Así mismo conviene señalar que el número de centroamericanos que solicitan asilo y han sido repatriados/deportados por las autoridades mexicanas se ha incrementado notoriamente –se calcula que entre 2010 y 2014 el número de deportados centroamericanos creció en aproximadamente 50 % (CONAPO, 2015)-.

Los planteamientos sobre migración forzada de Gzesh (2008) y Castles (2003 y 2008), nos permiten avanzar en explorar como en el caso de los centroamericanos se trata de personas que son desplazados por razones más allá de la voluntad de los migrantes y en adversas condiciones de una compleja ausencia de derechos y bajísimos niveles de desarrollo socio material. Una forma fundamental de abordar este proceso es enfatizar que la gente no sale de sus comunidades por gusto, sino que se ve forzada a huir por diversas causas –medioambientales, de seguridad frente a la violencia y económicas-. No se trata de dinámicas lineales, mono causales y unidireccionales. Por el contrario, son complejos contextos de origen con diversas aristas que pueden involucrar condiciones de carácter económico, medioambiental, político y de seguridad en los procesos de expulsión masiva de personas del triángulo norte de Centroamérica (Ley y Peña, 2016; Instituto Tecnológico Autónomo de México, 2014; García y Villafuerte, 2014); REDODEM, 2016). No obstante, la violencia es algo que, en diversas medidas e intensidades, está presente a lo largo de todas las rutas migratorias de los deslazados del triángulo norte de Centroamérica (MSF, 2017); distintas formas de violencia se determinan y relación entre los lugares de origen, tránsito y destino de los migrantes.

El énfasis de cuáles son las causas más frecuentes de esta migración forzada varía dependiendo de la fuente en cuestión. No obstante, dado que el informe Migración en Tránsito por México: rostros de una crisis humanitaria internacional de la REDODEM contempla una visión más integral de lectura de la migración y los contextos en los que se origina –en términos de sujetos, espacios, procesos- (REDODEM, 2016), elegimos privilegiar su abordaje. No obstante, la mayoría de los estudios coinciden en señalar que son tres las principales causas de esta migración: económicas, medio ambientales y los contextos de violencia (Instituto Tecnológico Autónomo de México, 2014; García y Villafuerte, 2014; REDODEM, 2016; MSF, 2017).

La principal causa para migrar es de carácter económico y remite a una amplia gama de procesos como el desempleo, bajos salarios y encarecimiento de la canasta básica y del costo de vida en general (García y Villafuerte, 2014). En estos tres países del triángulo norte de Centroamérica, pero en especial en Honduras y Guatemala y debido, tanto a las reformas estructurales del modelo económico neoliberal, como a crisis de carácter internacional, los niveles de pobreza, desempleo y falta de oportunidades laborales se han acentuado de manera notoria (García y Villafuerte, 2014). De este modo, más de la mitad de los migrantes salieron de sus localidades por estas motivaciones (REDODEM, 2012: 72).

La segunda tiene que ver con los impactos de las catástrofes naturales y medioambientales y refiere a las repercusiones de eventos tan amplios como derrumbes, deslaves, inundaciones por huracanes, plagas, desertificaciones, sequias (REDODEM, 2012: 73). Por ejemplo, en este tenor es sabido que los huracanes Micht (1998) y Stan (2005) tuvieron impactos desastrosos en la región y causaron cuantiosas pérdidas humanas y materiales (García y Villafuerte, 2014).

La tercera causa remite a los contextos generalizados de violencia, persecución y amenazas del crimen organizado y pandillas –como la Mara Salvatrucha 13 y Barrio 18- (REDODEM, 2012: 74; MSF, 2017). Como han señalado estudios recientes, hay una relación clara entre algunos de los departamentos con mayores procesos de expulsión de migrantes y los altos índices de violencia de dichos lugares (REDODEM, 2012: 36-45). Así mismo, dependiendo del país de origen, el papel que juega la violencia como detonante de la migración puede ser más acentuado o no. Por ejemplo, de acuerdo a estudios recientes, los contextos de violencia generalizada parecen ser más agudos y drásticos en Honduras y El Salvador, que en Guatemala (MSF, 2017: 10).

No obstante, conviene señalar que, independientemente de cuál(es) haya(n) sido la(s) causa(s) de la migración, los centroamericanos una vez que están en las rutas migratorias más frecuentadas están expuestos a diversas amenazas y peligros (Castillo, 2016b y 2017).

En lo que respecta a las características sociodemográficas de los migrantes centroamericanos, diversas fuentes coinciden en señalar que, sin negar una considerable presencia de mujeres y menores de edad, el mayor número de migrantes son hombres jóvenes en edad laboral, con pocos años de escolaridad y provenientes principalmente de El Salvador, Honduras, Guatemala (REDODEM, 2016; MSF, 2017; CONAPO, 2015 y 2017). En 2015 la red de albergues de la REDODEM recibió a 30,321 migrantes en sus distintos albergues y casas a lo largo del territorio nacional. El 89.14% de los migrantes eran hombres y el 10.79% mujeres (REDODEM, 2016). Por orden de mayor dimensión demográfica los principales lugares de origen de los migrantes eran Honduras con 17,852 personas, El Salvador con 5,322 y Guatemala 3,851 (REDODEM, 2016).

De acuerdo a cortes etarios, los migrantes se dividían de la siguiente manera: el 53.69% (16,278 personas) tenían entre 18 y 30 años; el 24.9% (7,551 individuos) tenían entre 31 y 40 años; el 8 % (2,451 personas) tenía de 41 a 50 años; y el grupo más reducido con 6.5 % (1,969 personas) eran menores de edad y tenían edades entre los 11 y los 17 años (REDODEM, 2016). Conforme al estado civil se observó la siguiente composición: la mayoría eran solteros (14,970), después estaban aquellos en unión libre (6,727) y finalmente los casados (3,683) (REDODEM, 2016).

Hasta antes de la llegada de Trump a la presidencia de EU, la gran mayoría de estos migrantes centroamericanos veían a México como lugar de tránsito, debido a que el destino deseado era EU –por la notoria diferencia salarial de ganar dólares-. Si bien, una vez iniciada la presidencia de Trump en EU pareció disminuir un poco el flujo de migrantes centroamericanos en situación irregular, posteriormente esta tendencia se revirtió y se volvió a las tendencias presentadas para 2016.

Migración centroamericana, derechos humanos y política migratoria

El patrón migratorio de los centroamericanos está marcado por las diversas situaciones de violencia y exclusión socioeconómica, tanto en sus países, como en su paso por el territorio mexicano y en el destino en EU. No obstante, es preciso reconocer las especificidades en términos de procesos de exclusión y carencia de derechos en cada una de las distintas etapas migratorias -origen, tránsito y destino-.

(1) En los lugares de origen las adversas condiciones de vida están relacionadas con la falta de desarrollo socioeconómico y de seguridad en contextos de violencia generalizada y desastres naturales. Resalta la falta de derechos sociales que den respuesta a demandas tan básicas como empleo, seguridad social, mejores salarios, integridad y seguridad física. Son estos escenarios de acentuada precariedad los que explican la salida/expulsión de los migrantes (Castillo, 2016b).

(2) El tránsito por México se caracteriza por la vulnerabilidad y exclusión de los centroamericanos debido a su situación migratoria irregular. Esto se suma a una situación estructural y generalizada en México donde no hay garantía del ejercicio de los marcos jurídicos y, a semejanza de otros grupos sociales en situaciones precarias, los migrantes sufren en carne propia la ausencia del respeto de los derechos humanos. Particularmente destaca la carencia de tres derechos indispensables para cualquier centroamericano en migración irregular por México: acceso a solicitud y trámites de refugio/exilio en tanto migrantes forzados, asistencia jurídica y médica en su condición de sujetos vulnerables y potencialmente agraviados, y respeto a la integridad física y moral como personas en tránsito –independientemente de su situación migratoria y de si tienen o no documentos migratorios- (Castillo, 2016b y 2017).

(3) Finalmente, aquellos contados migrantes que, tras una larga travesía de numerosos obstáculos y peligros, logran arribar a EU, tendrían que tener derecho a no ser víctimas de explotación laboral, ni de exclusión social. Lo que significaría, entre otros varios derechos, acceso a un salario justo, a seguridad social.

Ahora bien, en lo que concierne a la postura del Estado mexicano y su política migratoria en relación con los centroamericanos sin documentos la situación es complicada y contradictoria. Por un lado, el gobierno mexicano ha ratificado y suscrito diversos iniciativas y políticas internacionales de respeto irrestricto a los derechos humanos. Pero, por otro lado y en los hechos, la política migratoria y fronteriza –particularmente en el sur del país-, lejos de un enfoque de seguridad humana se ha caracterizado por un énfasis en la seguridad nacional, el cierre de fronteras y la criminalización de los migrantes sin documentos (Castillo, 2016b y 2017). De hecho, la aprobación en 2014 del Programa Integral Frontera Sur sólo ha venido a acentuar esta postura (REDODEM, 2016). De manera que, los centroamericanos, en lugar de ser visto como personas desplazadas de manera forzada de sus lugares de origen y con claras necesidades de refugio y asistencia, son percibidos como transgresores de la ley y delincuentes (Castillo, 2016b y 2017).

Los migrantes, la tipología de los delitos y los lugares de las violencias

Debido a la composición que previamente describimos de esta migración, los principales destinatarios de la violencia son hombres jóvenes de quince años y más y originarios de Honduras, El Salvador y Guatemala (REDODEM, 2016). Esto no quiere decir que las mujeres y niños no sean víctimas de delitos y agresiones de diverso tipo. Por el contrario, es sabido y documentado que las formas de violencia hacia estos grupos vulnerables tienen otras intensidades y manifestaciones específicas –como el tráfico de personas, abusos sexuales, etc.- (REDODEM, 2016; MSF, 2017; Castillo, 2016b y 2017). En este sentido, MSF destaca que en una encuesta realizada a casi medio millar de migrantes en distintos albergues del centro y sur del país, registraron que casi un tercio de las mujeres habían sufrido abusos sexuales en el transcurso de su trayectoria migratoria; y de estas víctimas de abuso sexual, poco más de la mitad habían sido violadas, y el resto padeció otro tipo de vejaciones sexuales como la desnudez forzada (MSF, 2017: 5).

Respecto al tipo de crímenes de que pueden ser víctimas los centroamericanos en su paso por México el espectro es amplio. Abarca desde el robo, extorsión, lesiones, secuestro, abuso de autoridad, amenazas, intimidación, soborno, hasta otro tipo de crímenes más graves donde ya se ponen en juego la vida e integridad física de los migrantes, como son los casos de abuso sexual, amenazas, homicidio, intimidación, soborno, tráfico de personas, violación sexual (REDODEM, 2016). No obstante, según la REDODEM los delitos más comunes son el robo –que es el más frecuente por un amplio margen-, la extorsión, lesiones y el secuestro (REDODEM, 2016).

De acuerdo a datos recabados en los últimos años, quienes cometen estos crímenes son grupos del crimen organizado y pandillas -con poco más del 45% de los delitos-, posteriormente están diversas autoridades y fuerzas de seguridad mexicanas -con poco más del 40%-, y finalmente personas particulares -con aproximadamente el 12% de los crímenes cometidos- (REDODEM, 2016). Así mismo, hay una compleja relación entre el tipo de delito cometido y los autores del crimen. No obstante, el robo y la extorsión son crímenes que cometen tanto los grupos del crimen organizado, como las autoridades y los particulares. Es también de destacar que, en el transcurso de los últimos años, se ha observado que los actos delictivos y de violencia contra los migrantes no se han reducido (MSF, 2017).

Una situación particularmente grave y alarmante es que uno de los principales responsables de los delitos contra los migrantes sean autoridades del Estado mexicano. Sobre todo pensando en que ellos son quienes tendrían que velar por el cumplimiento de los marcos jurídicos nacionales que protegen y garantizan la seguridad de todas las personas –sin importar su condición migratoria, su ciudadanía y su origen étnico y/o nacional- (Castillo, 2016b). En este sentido una reflexión importante es destacar que, ciertas instituciones y autoridades del Estado mexicano, no sólo no velan por el ejercicio de los derechos fundamentales –como la integridad física y el respecto a la vida-, sino que además se han vuelto un actor/componente clave para entender la configuración de la construcción social de estos adversos escenarios y espacios sociales, donde los migrantes centroamericanos en su tránsito por México están en claras condiciones de riesgo y vulnerabilidad social (Castillo, 2016b y 2017).

Aunado a lo anterior, es conveniente señalar algunos rasgos de la espacialidad de violencia en la migración irregular centroamericana en tránsito por México. Los actos de violencia y los delitos hacia estos migrantes no ocurren de manera homogénea en todo el territorio mexicano. Por el contrario, se focalizan y concentran en ciertos puntos de las regiones sur y centro del país, sobre todo pensando la forma en la que se conformaron las rutas migratorias en relación a ciertos factores geográficos y socioeconómicos específicos –como el trazo y diseño de las rutas del tren de sur a norte-; recuérdese que el uso del tren, la bestia, ha sido una de las principales estrategias para que los centroamericanos sin documentos se desplacen.

La configuración de la distribución de los delitos y actos de violencia contra los migrantes muestra un panorama particular orientado hacia el sur y la frontera con Guatemala. De acuerdo a datos de la REDODEM, Chiapas concentra el 49.88% de los crímenes contra los migrantes, Veracruz tiene el 15.45%, Oaxaca el 13.01% y Tabasco tiene el 4.35%, el resto de distribuye en otros puntos de las rutas migratorias que se ubican en el centro y norte del país (REDODEM, 2016). Particularmente Chiapas muestra una tendencia hacia la alza en la acumulación de delitos contra migrantes (REDODEM, 2016), esto probablemente esté relacionado con su condición fronteriza y con que tiene 18 municipios que son parte estratégica del Programa Integral Frontera Sur. De modo que puede pensarse en que los lugares de la violencia se sobreponen y articulan con las rutas de tránsito de los migrantes centroamericanos irregulares en su paso por México, en un claro proceso de concentración en el sur y en las zonas de frontera internacional con Centroamérica.

Reflexiones finales

Como se mostró en este trabajo, en razón de que centenas de miles de centroamericanos se ven obligados a salir de sus países de procedencia sin documentos migratorios por causas ajenas a su control (Castles, 2003; Gzesh, 2008), la migración centroamericana en tránsito por México tiene un carácter forzado y está determinada por la exclusión, la falta de desarrollo y la violencia. La construcción de espacios de violencia en el tránsito de los migrantes está relacionada con la presencia de actores sociales diversos –grupos del crimen organizado, autoridades de gobierno, particulares-, así como con las relaciones desiguales y de poder que éstos ejercen sobre los centroamericanos. Además, en el contexto de su situación migratoria irregular en su paso por el territorio mexicano, estos migrantes experimentan la falta de protección y vulnerabilidad, así como la ausencia del respeto a sus derechos humanos y sociales. No obstante, también es cierto que estos centroamericanos ya desde sus lugares de origen vivían en condiciones de vulnerabilidad y exclusión.

En su paso por México particularmente destaca la falta de garantías que padecen los centroamericanos para que, aún sin documentos migratorios, sean cumplidos sus derechos humanos a la integridad física, al asilo y refugio. En este contexto, la violencia no sólo se funda en la posibilidad de que alguien ejerza una agresión sobre estos migrantes, sino también en la estructural falta del ejercicio de la ley –por parte del gobierno mexicano- y en la constante presencia de la impunidad. De este modo, el abordaje de la génesis y los responsables de la violencia tendría también que considerar como el Estado permite y fomenta la libertad de acción y operación de los grupos de la delincuencia organizada y particulares. Pero además puntualizar que ciertos sectores de las autoridades gubernamentales también son agresores y ejecutantes de delitos contra los centroamericanos. En este contexto, el Estado falla claramente en cumplir con uno de sus propósitos fundamentales que es el ejercicio de la ley y la seguridad e integridad física –tanto de sus ciudadanos, como de aquellos que están dentro del territorio nacional, independientemente de su condición migratoria-.

A lo anterior habría que sumar que el Estado mexicano ve y trata a los centroamericanos más como “transgresores de la ley”, que como migrantes forzados con derecho y necesidad de refugio y asistencia humanitaria. Estos complejos escenarios de violencia y agresión contra los migrantes no cambiaran mientras la política migratoria mexicana sólo se enfoque desde un eje de seguridad nacional, que ha conllevado al cierre y militarización de la frontera sur y a la criminalización del migrante. Hace falta un eje distinto en la política hacia la frontera sur y los migrantes; se requiere una perspectiva basada en el interés por la seguridad humana.

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Una versión inicial y más extensa de este trabajo se publicó en la Revista Vínculos, Núm 12, U de G, 2018.

Guillermo Castillo Ramírez es profesor de licenciatura y posgrado de la UNAM

http://unam.academia.edu/GuillermoCastilloRamirez 
https://www.researchgate.net/profile/Guillermo_Castillo_Ramirez