Quienes controlan el poder del Estado generalmente operan al margen de la opinión de la gente, es decir, sin su consenso y sin tomar en cuenta sus decisiones y sus posibles deliberaciones, a la cual asigna un papel siempre secundario y accesorio, sólo útil a la hora de requerir su legitimación a través del voto. La soberanía popular así “delegada” se convierte en un arma a esgrimir en contra de su depositario originario, no importa cuánto se afirme en constituciones y leyes, y cuán grande resulte la reacción negativa de los ciudadanos ante lo que estiman injusto o, en su defecto, necesario. Esto tiende a agudizarse y a generar mayores contradicciones, a medida que la lógica capitalista supera toda expectativa democrática de los sectores subalternos o subordinados.

En este caso, los gobiernos -como elementos visibles de los Estados- terminan adoptando como suyos los intereses y los lineamientos de las corporaciones capitalistas, sobre todo, transnacionales, gran parte de las cuales se han apoderado de territorios ricos en agua, minerales y biodiversidad, sin atender los reclamos legítimos de los pueblos originarios y campesinos que los habitan desde largo tiempo.

Esta situación, común en una porción creciente de naciones, de la cual no escapan Estados Unidos ni Europa, pone en entredicho la legitimidad de aquellos que ejercen el poder en nombre del pueblo; cosa que se trata de minimizar mediante el uso de las atribuciones y las normativas oficiales vigentes. Si esto último no funciona del todo, entonces se recurre a los métodos represivos acostumbrados.

“La discusión sobre la problemática de los nuevos actores, espacios y discursos en el terreno de lo político -refiere Rigoberto Lanz en su artículo ‘Soberanía del sujeto frente al Estado’, publicado en 1988- pasa por dilucidar la naturaleza del Estado mismo, es decir, el contenido básico de relaciones de poder que no pueden ser leídas objetivamente como simple ‘contexto’ de lo regional, de lo social o cualquier otra figura de análisis sociopolítico”. No se trata de trazar como máxima meta la sustitución simple de un gobierno. En ello habría que incluir las relaciones sociales, el discurso y la movilidad políticos, la distribución interna de funciones del Estado, las relaciones de poder, la base jurídica, los aparatos militar, policíaco, educativo, cultural, religioso y comunicacional; las formas de representación, el rol de los partidos políticos, los valores y, en general, todo aquello que justifique el orden civilizatorio imperante, presentándolo como algo natural, inevitable e inmodificable.

Por esto mismo, la capacidad de los sectores populares para generar y asegurar nuevas fórmulas organizativas que destaquen y refuercen su participación y protagonismo tiene que rebasar la ideología dominante, haciéndola totalmente prescindible. Recurriendo de nuevo a Lanz, “la búsqueda de formas participativas reales en la dirección de los micro-espacios societales (pues ‘La Sociedad’ es una metáfora que designa arbitrariamente relaciones, planos y procesos contradictorios), pasa por una distancia -brutal o sutil- respecto a los aparatos de Estado, las corporaciones y los partidos. Estas instancias reproducen una misma lógica burocrática, la misma racionalidad instrumental. Calibrar una iniciativa de transformaciones -de la envergadura que fuera- es ante todo ponderar su capacidad real para impugnar la lógica burocrática del Estado, las corporaciones y los partidos. Cualquier intención de cambio en la escena política tropieza irreversiblemente con esta lógica”. Toda actitud y proceder estáticos, conservadores y/o convencionales, estarán de antemano en abierta oposición a tal propósito. Ello conlleva, además, la adopción y profundización de una nueva subjetividad -antiautoritaria, antipatriarcal, anticapitalista, antiimperialista y, de manera especial, hondamente ecologista-, producto de la batalla teórico-cultural que ha de acompañar las diversas transformaciones por emprenderse. Todo en un marco de horizontalidad policéntrica, sin prevalencias clasistas o sectarias que lo impida.

La pluralidad de organizaciones y enfoques que se derive de esta nueva realidad debe asegurar la participación y el protagonismo de una ciudadanía activa. Para asegurarla y concretarla son necesarios (valga la redundancia) la participación y el protagonismo de las personas, indistintamente de su condición socioeconómica; la igualdad de su voto en la toma de decisiones -tanto en lo que respecta a las instituciones públicas, gremios y partidos políticos como en relación con sus propias organizaciones autogestionarias; una comprobación adecuada de la información compartida, lo que exige no solamente información sino también educación, crítica y autocrítica, responsabilidad (horizontal, vertical y societal); además de demandas como expresión de las solicitudes institucionales y no institucionales que tengan a bien hacer las personas y movimientos populares.