Desde hace varias décadas, cada cierto tiempo estalla en Colombia un escándalo sobre interceptaciones, conocidas popularmente como chuzadas. El último ocurrió el 4 de agosto cuando la Fiscalía anunció haber desmantelado una organización de espionaje ilegal conformada por una hacker, militares y policías retirados que, por la cantidad de sus víctimas, de al menos mil personas, posiblemente se trata de la red más grande descubierta en la historia del país.

La revista Semana señala que la lista de empresas y personas particulares que acudieron los servicios ilegales es amplia y variada: desde industriales que querían conocer los movimientos de sus rivales, también empresarios que ordenaron seguimientos a sus empleados para saber qué hacían y con quién hablaba. Aún más grave es el caso de políticos locales que necesitaban chuzar a los fiscales que los investigaban o delincuentes que necesitaban saber sobre la ubicación y los planes de la fuerza pública. Estos son tan solo algunas de las ofertas de servicios de la red.

Esa investigación terminó destapada, en parte, por una tragedia: la muerte del equipo periodístico del diario El Comercio ordenada por alias Guacho, un antisocial que actúa en la frontera con Ecuador, que los secuestró el 26 de marzo y el 13 de abril hubo pruebas de su asesinato, aunque sus cuerpos solo aparecieron el 22 de junio. Para las autoridades ecuatorianas el caso se volvió una prioridad.

Mientras, la macabra historia protagonizada por una banda de policías activos y retirados, autollamados Los Magníficos, dedicados a cometer secuestros en el departamento de Antioquia (la zona de influencia del ex presidente Álvaro Uribe), puso en jaque a una ciudadanía que poco cree en las fuerzas de seguridad, caso que aún deja muchos interrogantes sobre quiénes son los jefes.

Esperanza, Uribe y la CIA

Desde hace más de 20 años, el sistema Esperanza ha protagonizado tanto grandes redadas contra el crimen como escándalos judiciales y políticos, como las operaciones contra el secretariado de las Farc y la intercepción de comunicaciones, muchas de las investigaciones y los complots que marcaron la historia reciente del país se fraguaron al interior de las salas que componen esta red de inteligencia operada por la Fiscalía.

Esperanza salió del anonimato últimamente por las interceptaciones de Juan Monsalve, en medio de una investigación que involucra al expresidente Álvaro Uribe Vélez por la fabricación de testigos falsos, en un caso que relaciona al exmandatario con la presunta conformación de grupos paramilitares en Antioquia. Extrañamente, el contenido de al menos diez llamadas clave en el proceso no quedó registrado por supuestas fallas en el sistema. Por petición de la Corte Suprema de Justicia hace dos semanas, la Fiscalía investigará si alguien lo manipuló.

Los antecedentes del sistema de interceptaciones de la Fiscalía se remontan a la década de 1990, cuando comenzó a funcionar auspiciado por los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido, pero su actual estructura data de 2005. Según el informe ‘Un Estado en la sombra’ de Privacy International (PI), una ONG británica dedicada a “vigilar las invasiones de la privacidad por parte de gobiernos y corporaciones”, entonces se estructuró un convenio interadministrativo para que la Fiscalía, la Policía y la desaparecida Dirección Administrativa de Seguridad (DAS) operaran el sistema.

“Esperanza permite a la Fiscalía conectarse a los servidores de los proveedores para recibir y descomponer en paquetes información de llamadas en tiempo real, a fin de transmitirla a una sala central de monitoreo”, explica PI. Esa señal llega a las salas de monitoreo, donde los investigadores la procesan y la analizan. Las escuchas, sin embargo, solo debieran tener lugar bajo el control de la Fiscalía, aun cuando cuenta con 30 salas desde las que opera el sistema, cinco de ellas “especiales” para “misiones más complejas”.

Durante años Esperanza pasó desapercibida, pero ahora por cuenta del caso del expresidente Uribe y la reciente red de espionaje descubierta vuelve de nuevo a la picota. Cada una de las salas tiene un coordinador, un objetivo especial, casos específicos a cargo, ciertos cupos de interceptación y determinados investigadores para operarlos. Por ejemplo, la sala Gris, una de las especiales, disponía de 440 cupos de interceptación para apoyar la Central de Inteligencia y Contrainteligencia Militar (Cime) del Ejército. Todo eso con el patrocinio de la CIA.

En 2014 desde esa sala estalló uno de los mayores escándalos: por al menos 100 escuchas que los militares –y no los agentes del CTI, como indica la norma– habrían llevado a cabo irregularmente contra dirigentes políticos e incluso contra altos miembros de la fuerza pública. Las revelaciones condujeron a la clausura de la sala Gris. En 2009 ya había estado en el ojo del huracán por el espionaje ilegal desde el desaparecido DAS, interceptando ilegalmente a magistrados, periodistas y políticos de la oposición. El escándalo, conocido como las chuzadas del DAS, concluyó con el cierre de esa agencia de inteligencia en noviembre de 2011, tras una investigación de más de dos años.

Ecuatorianos secuestrados

El 4 de mayo, los jefes de la Secretaría de Inteligencia de Ecuador recibieron un particular ofrecimiento. Un teniente coronel retirado del Ejército colombiano, Jorge Humberto Salinas (con 26 años de servicios en los organismos de inteligencia), los contactó y les ofreció los servicios de su empresa JHS, comandada por el mayor general de la Policía Humberto Guatibonza,

La Fiscalía citó a Guatibonza para que explique su relación con la red de interceptaciones ilegales. El fiscal del caso afirmó que tiene en su poder varias conversaciones entre el oficial y los detenidos. Salinas entregó a los ecuatorianos algunos informes que detallaban los avances y los pormenores de las acciones que la Fiscalía, el Ejército y la Policía de Colombia adelantaban contra Guacho y sus hombres, datos confidenciales bastante relevantes.

Las autoridades ecuatorianas optaron por contarle a la Fiscalía colombiana lo que había ocurrido y éstos, tras analizar los datos, descubrieron que el nombre y la empresa del coronel Salinas estaban relacionados en otra investigación por un tema de contrabando en la frontera. Cuando unieron las dos investigaciones, surgió uno de los puntos de partida del escándalo y un juez permitió interceptar las líneas celulares de Salinas.

Salinas se llevó a trabajar en JHS a dos compañeros también retirados, el coronel Carlos Pérez y el mayor Luis Quiroga, hoy capturados por la fiscalía, junto a María Alicia Pinzón -quien también habría prestado sus servicios a una red de inteligencia del Comando General de las Fuerzas Militares- , la ‘hacker’ de la red, a quienes se acusó de utilización ilícita de redes de comunicaciones agravada, acceso abusivo a un sistema informático agravado y violación de datos personales agravados, ya que se dedicaron a “obtener ilegalmente información reservada de políticos, empresas, integrantes de la fuerza pública, parejas, funcionarios judiciales y de la Fiscalía, para venderla a terceros interesados”.

En la página web de la empresa promocionaban servicios de asesoría “en seguridad física y electrónica, y se especializaban en investigaciones en el campo de la inteligencia empresarial, filtración de información, hurto, extorsión, secuestro, delitos informáticos, ataques cibernéticos y piratería terrestre, junto a su aliada estratégica, la firma Humberto Guatibonza Consultoría (HGC), de propiedad del general policial retirado.

Pero el portafolio de servicio incluía datos de procesos judiciales, contramedidas empresariales (intercepción de las comunicaciones de sus empleados con el fin de descubrir conductas de los mismos, que incluían correos electrónicos, celulares y WhatsApp, localizaciones (vendían la ubicación en tiempo real de sus víctimas localizando los pines de los celulares, sábanas y contactos (relación de las llamadas entrantes y salientes con los respectivos números; y análisis para determinar relaciones basadas en el cruce de números telefónicos), además de seguimientos y hackeo de correos y teléfonos celulares para descubrir problemas de infidelidad entre parejas.

Durante meses, relata el informe, la Fiscalía escuchó las conversaciones de Salinas, lo que permitió a los investigadores recopilar centenares de horas de comprometedoras evidencia sobre el modus operandi de la red, sus socios y sus clientes. En redes sociales y algunos medios varios de los capturados e involucrados en el caso han dicho que se trata de un montaje y que la Fiscalía los persigue, pese al arsenal de evidencias amplio y contundente.

En los allanamientos a las sedes de las empresas y viviendas en Bogotá, Cali e Ipiales, los agentes del CTI no solo encontraron gran cantidad de computadores y dispositivos electrónicos, sino también cuadernos y libretas en los que consignaban las ‘misiones’ así como los nombres de quienes los contrataron y las víctimas. Archivos con nombres como Granga, Carreño, Cafeteritos, Acacías y Guatibonza hacen parte de ese material que analiza la Fiscalía.

Ante el juez, la Fiscalía reveló una lista de clientes de la amplia red que incluye servidores públicos y políticos que los buscaban para que, por medio de esas actividades non sanctas, averiguaran sobre rivales y procesos en su contra. Empresas de todo tipo de actividades, desde transporte y bancos hasta ingenios azucareros, también acudieron a esta red para encargarle investigar, seguir o monitorear las actividades de sus empleados o directivos. La Fiscalía reveló, además, que esas interceptaciones ilegales también afectaron a integrantes de la fuerza pública y fiscales, lo que resulta inquietante.

Durante la audiencia el fiscal reveló varias conversaciones como prueba de la forma en que los integrantes de la banda acudían a sus contactos en el Ejército y la propia Fiscalía para sus fines ilícitos. Tras las capturas de Salinas y sus socios, Guatibonza anunció que se presentaría a la Fiscalía, pero no acudió. Su nombre apareció en la investigación de una banda de policías activos y retirados, conocidos como los Magníficos, capturados recientemente y señalados de realizar millonarios secuestros en Antioquia

Mary, la ‘hacker’, y sus dos patrones

La Fiscalía descubrió en sus pesquisas varios hechos graves e inquietantes sobre la forma como la red de interceptaciones operaba y conseguía la información. Está documentado que pagaron a integrantes del Gaula (de la Dirección Antisecuestro y Antiextorsión de la Policía Nacional ) y otras unidades policiales para que mediante engaños incluyeran líneas de celular para interceptarlas a través de diferentes salas del llamado sistema Esperanza, la plataforma clave para las interceptaciones y la lucha contra las organizaciones criminales en el país .

Una de las columnas vertebrales de la red era de María Alicia Pinzón, alias Mary, de 42 años, quien trabajó en el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como ingeniera y que vivía en Ipiales, Nariño. Los investigadores la describen como una “genio y una mente brillante en temas tecnológicos”. Tenía la habilidad de sustraer información de cuentas de correo y hackear en tiempo real las conversaciones de aplicaciones como WhatsApp y Telegram, y conseguir la localización exacta del portador de un celular y recuperar el contenido de conversaciones.

Pinzón no solo será clave para establecer responsabilidades en este caso. Según la revista Semana, hasta hace relativamente poco Mary realizó este mismo tipo de trabajos de interceptación ilegal para la Regional de Inteligencia Militar Estratégica Conjunta (Rimec), adscrita al Comando General de las Fuerzas Militares. La publicación había revelado en abril cómo varios millones de pesos de gastos reservados en esa y otras unidades terminaron desviados para operaciones poco claras.

Los peritos informáticos del CTI trabajan para desencriptar los elementos incautados y establecer con certeza el número e identidad de las víctimas de esta red. El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, anunció que las pesquisas se extenderán no solo contra quienes ofrecían este tipo de servicios ilegales, sino también contra aquellas personas y empresas que los contrataron. Aún falta por descubrir muchos secretos de esta red de espionaje ilegal.

Según la Fiscalía, estas son algunas de las acciones ilegales que cobraba la banda de interceptaciones desarticulada. Los precios por esas actividades iban desde 700.000 (232 dólares) hasta 6 millones de pesos (dos mil dólares) mensuales según el tipo de servicio. Entre ellos se destacan el espionaje industrial (empresas que les pedían monitorear a los empleados de la competencia con el fin de lograr ventajas comerciales), y la información clasificada y confidencial de la fuerza pública y agencias de inteligencia, cedida o hackeada para venderla como informes propios.

Camilo Rengifo Marín

Economista y docente universitario colombiano, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)