El Congreso de Estados Unidos acaba de aprobar 35 millones de dólares de su presupuesto nacional, destinado a fabricar la “democracia” en Cuba y Venezuela, con el cual pagarán a sus asalariados y las campañas de terror mediático, a fin de hacerle creer al mundo que en esos países hay opositores “independientes” y se “violan” los derechos humanos.

Claro: de no existir ese dinero tampoco existirían los llamados disidentes que alimentan a los medios hegemónicos con tantas falsedades (fake news), rumores, especulaciones, mentiras.

Hoy el sistema capitalista, monitoreado desde Washington, aspira a desmontar los estados, las identidades nacionales, las instituciones republicanas y la política representativa, abandonando a la ciudadanía a ser mero objeto de esas políticas.

El senador Marco Rubio, presidente del Subcomité para el Hemisferio Occidental del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, furibundo anticubano y guionista y financista de la oposición radical venezolana, logró la aprobación de 20 millones de dólares para promover la “democracia” en Venezuela y 15 millones para el mismo “fin” en Cuba, pese a que el Departamento de Estado había solicitado al Congreso solo nueve y diez millones, respectivamente.

En el caso cubano se aprobaron otro 29 millones de dólares para la Oficina de Transmisiones a Cuba, destinados a Radio y TV Martí, a pesar que jamás su señal se ha podido escuchar ni ver en la Isla.

Nicaragua, país donde Washington insiste en derrocar al presidente Daniel Ortega, también fue “favorecido” con cinco millones para “promover” la democracia y fabricar la “sociedad civil”, que se suma a los presupuestos de la Usaid y la Ned, organizaciones ejecutoras de los planes desestabilizadores, que incluyen 125 mil dólares para el Observatorio de Derechos Humanos, y 119 mil para “promover la participación ciudadana en la responsabilidad local”.

Otros 85 mil dólares están destinados a ONGs de derechos humanos, 55 mil para “construir” ciudadanía democrática, 95 mil para impulsar la “libertad de expresión del artista independiente”, 55 mil para promover el cine independiente, 23,5 mil para promover la libertad de prensa, 220 mil para el Diario de Cuba, 225 mil para CubaNet News, 110 mil para apoyar al periodismo “independiente y 60 mil para el Instituto Prensa y Sociedad.

Asimismo con 230 mil dólares se apoyará a sindicatos independientes y la empresa libre, 100 mil para “educar” a los activistas juveniles cubanos sobre la democracia y las habilidades de liderazgo, 140 mil en promover informes comunitarios, 68 mil en promover ideas democráticas y participación ciudadana, 66,7 mil para apoyar la libertad religiosa y construir puentes dentro de la sociedad civil.

Bloqueo y ahogo financiero

No son pocos los que aseguran que Cuba justifica sus errores con la guerra económica total que le aplica Estados Unidos, emiten opiniones y proponen cambios idílicos para que la economía de la isla avance. Pero, ¿cómo un inversionista extranjero puede hacer transacciones financieras con Cuba, si cada vez más, la OFAC refuerza su persecución contra los bancos que se atreven a efectuarlas?, pregunta El Heraldo.

En 2015 Deutsche Bank fue multado por EEUU con 258 millones de dólares por haber ejecutado trasferencias cubanas. La persecución es implacable. En 2017, el holandés ING Bank, se negó a transferir 60 mil euros de la Asociación de Amistad alemana RFA-Cuba, destinado a familias damnificadas por el huracán Irma y en 2012 recibió una sanción de 619 millones de dólares por realizar transacciones con Cuba y el Departamento del Tesoro lo obligó a romper relaciones comerciales con la Isla.

La multinacional sueca, Ericsson, especializada en las telecomunicaciones, tuvo que pagar una multa de 1,75 millones de dólares por reparar, mediante su filial basada en Panamá, equipos cubanos de un valor de 320 mil dólares. En julio 2012, el Departamento del Tesoro multó en 1,35 millones de dólares, a la empresa estadounidense Great Western Malting Co. por vender entre agosto 2006 y marzo 2009, cebada a Cuba a través de sus filiales extranjeras.

La guerra financiera pretende ahogar la economía cubana, siguiendo las recomendaciones de Lester Mallory, sub secretario de Estado para el hemisferio occidental, en abril de 1960: “Debe utilizarse prontamente cualquier medio concebible para debilitar la vida económica de Cuba. Negarle dinero y suministros para disminuir los salarios reales y monetarios, a fin de causar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno”.

La ley Helms-Burton, sanciona a los inversionistas foráneos, los coacciona y condena, colocándolos en una posición de indefensión en sus negocios. En mayo del 2014, multaron al banco francés BNP Paribas, con 10 mil millones de dólares, cifra record en la historia, por violar las leyes del bloqueo. El gobierno francés negoció con la Casa Blanca y obtuvo una rebaja de 8 mil 834 millones de dólares.

El banco alemán Commerzbank, en marzo 2015 tuvo que pagar una multa de mil 196 millones de euros, por realizar transacciones con empresas cubanas. En el 2014, los bancos franceses Société Géneral y Crédit Agricole, la banca italiana UniCredit y la alemana Deutsche Bank, corrieron la misma suerte que los bancos antes mencionados.

Empresas de Alemania como, Siemens, Daimler y Deutsche Telekom recibieron amenazas de Estados Unidos por hacer contratos con empresas de Cuba. Los dos mayores bancos de Suiza, Union Bank of Switzerland (UBS) y Credit Suisse, desde el 2005 fueron obligados a terminar las transacciones con Cuba, después de recibir amenazas de Estados Unidos.

Las contribuciones de Cuba a los organismos multilaterales también son sometidas a esa cacería. Cuba se vio impedida y obstaculizada de pagar sus cuotas desde 2004. En el 2006 le fue casi imposible liquidar el pago a la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y a la Organización Meteorológica Mundial (OMM), con sede en Ginebra, debido a la negativa del Banco suizo UBS, de recibir transferencias desde Cuba.

El gobierno de Estados Unido decidió una vez más tener relaciones diplomáticas formales con Cuba, pero la mayoría de las restricciones económicas y comerciales impuestas desde los años 60 del siglo pasado, no han llegado a su fin. Pero la injerencia estadounidense en los asuntos internos de Cuba no finaliza y ahora el Congreso destina más millones de dólares para desestabilizar a la isla.

Elmer Pineda dos Santos

Periodista cubano asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)