A poco más de dos semanas de la elección presidencial y legislativa del 1 de julio, crece la tensión en México, marcada por altos niveles de violencia -113 asesinatos de candidatos-, la guerra sucia mediática, los ataques de la oligarquía local y trasnacional al candidato de centroizquierda, las repetidas violaciones a la ley electoral y las jugadas del aparato estatal para impedir que Andrés Manuel López Obrador llegue al poder.

Nada nuevo aportó el tercer debate entre los cuatro candidatos a la presidencia, en el Gran Museo del Mundo Maya en Mérida, Yucatán, el martes 12, que tuvo la misma dinámica de los dos anteriores: los opositores del centroizquierdista López Obrador, quien va cómodo liderando las encuestas de opinión, fueron en patota a tratar de matarlo políticamente.

Con el crecimiento económico, desigualdad, pobreza, educación, ciencia y tecnología, y salud y desarrollo sustentable como pretexto, a sabiendas de que era la última oportunidad, el cruce de imputaciones sobre corrupción de los contendientes se ubicó como temática. Un tema donde el mismo gobierno participa activamente, ya que optó el 7 de junio por la vieja tradición del “videoescándalo político”.

No fue para incriminar a López Obrador, sino que, por sus ya conocidas maniobras de lavado de dinero, atacó al candidato de la derecha más conservadora, Ricardo Anaya, segundo en las encuestas con 24% en la intención de voto, abanderado de la coalición “Por México al Frente” por los partidos PAN-PRD-MC.

La difusión de un audio y un video sobre el lavado de dinero por parte de Anaya en su negocio de compraventas inmobiliarias en parques industriales de Querétaro, puso en aprietos al candidato del PAN. Pero Anaya devolvió el golpe (con otro canallesco) y afirmó que López Obrador, "ya pactó" con el PRI la impunidad a corruptos a cambio de que la presidencia se incline a su favor en el proceso electoral en curso.

López Obrador respondió que sí ha realizado pactos y acuerdo, pero con movimientos sociales y organizaciones populares, que dieron lugar a la construcción de un amplio acuerdo de unidad - Juntos Haremos Historia- para emprender la transformación del país, que se extendió a partidos políticos como el PES y el PT: un frente amplio plural, pluriclasista, diverso, heterogéneo.

De esa alianza ampliada derivó una propuesta de gabinete en la que hay personas con experiencia en la administración pública, juristas, dirigentes sociales e intelectuales en estricta paridad de género, de todas las edades y procedentes de varios partidos, corrientes, ideologías y sectores.

El Proyecto de Nación 2018-2024 (proyecto18.mx) es un documento elaborado con el propósito de ser el embrión de un nuevo pacto social para un país que se ha quedado sin él. También el candidato oficialista José Antonio Meade presentó El México que merecemos (en mayo último), un discurso lleno de promesas, mientras Anaya no salió de propuestas que supuestamente pudieran captar votos, sin profundidad o seriedad.

Todo vale para no perder el poder

 Para José Luis Ríos Vera esta nueva ofensiva del gobierno de Enrique Peña Nieto guarda dos cartas bajo la manga: pulverizar a Ricardo Anaya para buscar sumarle sus votos a su propio candidato, José Antonio Meade, de la coalición “Todos Por México” (PRI-PVEM-NA), en tercer lugar con una intención de voto del 20%, y obligarlo (bajo la amenaza judicial) a firmar un pacto oligárquico de facto que supone su renuncia a la postulación en favor del bloque en el poder, para así poder imponerse al centroizquierdista López Obrador.    

Pero le queda otra carta bajo la manga a Peña Nieto y el Partido Revolucionario Institucional si fallara esta maniobra de cancelar la alianza sistémica entre el PRI y el PAN, sustento del auge neoliberal de los últimos 30 años: el fraude que tantas veces utilizó el PRI.

Mientras, la clase empresarial guarda silencio, tras la presión hecha a los trabajadores de sus compañías para que no sumen su voto al candidato centroizquierdista, en espera del accionar del gobierno y sus instituciones, en un marco de crisis de legitimidad, inestabilidad política, endurecimiento autoritario, militarización, agotamiento de la democracia formal, explotación de los trabajadores, pobreza alimentaria y escasas condiciones de protección y seguridad laboral.

Sin duda, este panorama explica por sí sólo la permanencia de López Obrador como el favorito absoluto de los electores, con un discurso en contra de la dinámica neoliberal en la conducción del Estado y la política económica y social, bases de un conflicto de clase profundo que aqueja a México desde hace décadas.

Y explica, asimismo, la desesperación de un poder fáctico, adueñado de México por un siglo, que ve amenazado su poder, y está dispuesto a no perder sus privilegios. El tiempo se acaba: ¿Hasta dónde llegará para impedir que López Obrador llegue a la Presidencia?

Gerardo Villagrán del Corral

Antropólogo y economista mexicano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)