Salvo Bolivia y Cuba, la mayoría de discursos se centraron en atacar a Venezuela cuya participación fue vetada por el gobierno anfitrión.

“Esta cumbre nació muerta”. Así definió Marcelo Caruso, analista colombiano, a la VIII Cumbre de las Américas, celebrada en Lima el 13 y 14 de abril y que tuvo como tema principal “Gobernabilidad democrática frente a la corrupción”.

Con la asistencia de 34 delegaciones del continente, la cumbre se desarrolló sin la presencia del presidente venezolano Nicolás Maduro, vetado por el gobierno peruano, y del mandatario estadounidense Donald Trump, que el día de la inauguración anunció desde Washington el ataque a Siria, tras lo cual la cumbre prácticamente desapareció de las noticias. Tampoco participó el presidente ecuatoriano Lenín Moreno, quien tuvo que retornar a su país luego que se confirmara la muerte de tres periodistas ecuatorianos a manos de un grupo de disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

La reunión se llevó a cabo tras una crisis política en el Perú que terminó con la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski el 23 de marzo, siendo reemplazado por el vicepresidente Martín Vizcarra.

En el discurso de inauguración, Vizcarra hizo una convocatoria para “adoptar compromisos concretos contra la corrupción”.

“Hace exactamente tres semanas que asumí la Presidencia de la República en un contexto complejo que no es independiente de la temática que aquí trataremos. En esta crisis ha quedado claramente establecido que en el Perú, como en toda la región, la corrupción tiene enormes consecuencias sobre la gobernabilidad, el crecimiento económico y la calidad de vida de los ciudadanos”, dijo.

“Los estados del hemisferio hemos ensayado reformas en favor de la transparencia, la rendición de cuentas y la promoción de sistemas judiciales más independientes durante las últimas dos décadas, no obstante, una reciente ola de escándalos de corrupción ha develado que nuestros esfuerzos no han sido suficientes. Estamos en deuda con nuestros pueblos”, añadió.

Con varios mandatarios acusados de corrupción, incluyendo a Mauricio Macri (Argentina), Michel Temer (Brasil), Juan Manuel Santos (Colombia), Juan Orlando Hernández (Honduras), y el propio secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, difícilmente podía salir algún compromiso concreto de esta cumbre.

Es un evento “sólo para la foto”, como dijo un periodista, porque el documento final ya había sido negociado y aprobado con anticipación por las cancillerías de los países participantes.

La asistencia de delegaciones extraoficiales de Cuba y Venezuela empañó el evento oficial, a lo cual se sumó la colocación de banderolas en calles principales de la ciudad contra esos gobiernos.

Aunque no hubo presencia oficial de Venezuela, Cuba, que por segunda vez participaba en una Cumbre de las Américas (la primera fue en el 2015), estuvo representada por su canciller Bruno Rodríguez y el vicecanciller Rogelio Sierra.

Como parte del programa oficial, el 12 de abril se llevaron a cabo cuatro foros: Sociedad Civil, Jóvenes, Parlaméricas y Cumbre Empresarial.

Tanto en el foro de Jóvenes como de la Sociedad Civil, los organizadores excluyeron a los delegados oficiales de Cuba señalando que esos lugares ya habían sido ocupados por representantes de la disidencia cubana, lo cual generó un airado reclamo de los delegados cubanos que obligó a su inclusión en el evento.

También estuvieron presentes representantes de la oposición venezolana quienes reclamaron a gritos a parlamentarios peruanos de izquierda sobre su posición a favor del gobierno venezolano y de Nicolás Maduro.

“Se trató de una cumbre sin impacto alguno”, manifestó Caruso a ALAI. “El Compromiso de Lima, dado a conocer antes de que finalizara la cumbre, porque ya se había aprobado con anticipación, es un canto a la bandera porque las decisiones de este tipo de eventos no son vinculantes”.

Más allá de hacer llamados a la transparencia, realizar campañas públicas de concientización o promover códigos de conducta, el Compromiso de Lima no menciona medidas específicas para combatir la corrupción.

Ejemplo de ello es que sobre los flujos financieros ilícitos sólo menciona “fortalecer el marco internacional de cooperación jurídica e institucional para prevenir que los sistemas financieros de la región puedan ser utilizados para la transferencia y ocultación de fondos provenientes de actos de corrupción, incluyendo aquellos tipos penales contemplados en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción”, debido a que un gran número de naciones caribeñas, además de varios países del continente, son paraísos fiscales.

Según la Red de Justicia Fiscal, más de US$2 billones provenientes de la corrupción (sobornos), lavado de dinero (contrabando, tráfico de drogas, de armas, de personas, tala ilegal, etc.), y de los flujos comerciales de las grandes empresas (evasión y elusión fiscal, y facturación fraudulenta) han sido depositados en paraísos fiscales desde 1970. El escándalo de los Panama Papers, que estalló en abril del 2016, puso en evidencia cómo una empresa panameña fabricó empresas offshore en paraísos fiscales para lavar dinero y evadir impuestos.

El presidente boliviano Evo Morales fue el único mandatario que demandó medidas más concretas para combatir la corrupción, incluyendo la eliminación de los paraísos fiscales.

Además de señalar que “el verdadero desafío está en desmontar el sistema en el que prospera la corrupción, el capitalismo”, el mandatario insistió en que “debemos discutir sobre las estructuras de la corrupción, desde donde se alimenta, quien la tolera y la promueve cuales son los mecanismos incluso constitucionalizados ilegales que son fuente o de guarida de dinero corrupto”.

“En tanto no se emprendan acciones concretas para eliminar los denominados paraísos fiscales, en tanto que no existan controles internacionales eficaces y transparentes a las empresas transnacionales, que en muchos casos promueven y fomentan la corrupción y la violación de los derechos humanos, en tanto no se materialice una genuina transformación del sistema financiero que promueve la especulación y alimentan la inmoral acumulación de la riqueza en manos de un pequeño grupo de individuos, todo lo que se diga en la Cumbre será insuficiente”, dijo.

“En tanto no suprimamos el secreto bancario que aprovechan los delincuentes para el lavado de dinero en tanto no democraticemos y convirtamos a instituciones como el FMI en servidores del bien común y no en instrumentos de sometimiento nada de los que digamos en esta cumbre será suficiente”, agregó.

Pero difícilmente se podrá avanzar en la lucha contra la corrupción cuando la propia OEA, y particularmente su secretario general Luis Almagro —excanciller de Uruguay durante el gobierno del presidente José Mujica (2010-2015), quien asumió la secretaría general de la OEA en mayo del 2015—, tiene graves acusaciones de malversación de fondos.

El abogado peruano Julio Arbizu y el juez penal chileno Daniel Urrutia denunciaron en el marco de la Cumbre de los Pueblos —encuentro de los movimientos sociales latinoamericanos y caribeños que se realizó paralelamente a la cumbre oficial—, la desviación de fondos de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), instalada en noviembre del 2015 como una propuesta de acompañamiento y combate a la corrupción que emergió a raíz de las protestas por el desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

Alrededor de US$200 millones del IHSS destinados para la compra de medicamentos e insumos y pagos de pensiones de vejez e invalidez fueron desviados a cuentas privadas, y parte de ese dinero pasó a manos del gobernante Partido Nacional para financiar la campaña electoral del 2013 del presidente Juan Orlando Hernández. Hernández fue reelegido en diciembre del año pasado para un segundo mandato pese a que la Constitución prohíbe la reelección y que fue el motivo del derrocamiento del expresidente Manuel Zelaya en el 2009, a pesar de que Zelaya sólo propuso un referéndum sobre el tema.

Almagro eligió a Juan Jiménez Mayor, exembajador del Perú ante la OEA y que había sido ministro del Justicia y primer ministro durante el gobierno de Ollanta Humala (2011-2016), para encabezar la MACCIH. Arbizu, exprocurador anticorrupción, y Urrutia fueron llamados para participar en este esfuerzo.

La MACCIH desde un principio tuvo dos frentes que encarar: uno era la propia OEA y otro el aparato estatal hondureño plagado por la corrupción.

“En la OEA no se hace nada sin la aprobación del secretario general quien está en connivencia con el presidente de Honduras. Almagro no entregó los fondos para que la misión funcione adecuadamente”, dijo Arbizu. “La MACCIH tenía un presupuesto de US$15 millones solventado con contribuciones de los países. Ese dinero nunca llegó a la misión”.

En febrero pasado, Jiménez Mayor renunció a la MACCIH luego que Almagro enviara una carta a Hernández señalando la necesidad de fortalecer la misión a pesar de haber tenido los recursos y plena libertad de acción. En su carta de renuncia, Jiménez Mayor denunció que Almagro se negó a recibirlo en Washington para discutir la marcha de la MACCIH.

Además de señalar los avances en la lucha contra la corrupción durante su gestión, Jiménez Mayor denunció falta de recursos y de autonomía administrativa así como la existencia de personal pagado con fondos de la MACCIH que trabaja en Washington, sin que se supiera cuáles eran sus funciones.

“La misión nació con partida de defunción. No hay seriedad en el tratamiento contra la corrupción”, agregó Arbizu, quien junto con Urrutia manifestaron haber recibido amenazas tras su salida de la MACCIH.

El 13 de abril Almagro anunció la designación del brasileño Luiz Antonio Guimarães Marrey, exfiscal general de São Paulo, como nuevo vocero de la MACCIH en reemplazo de Jiménez Mayor.

Tanto Arbizu como Urrutia manifestaron a ALAI su temor sobre posibles cambios a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

“La CIDH y la Corte IDH han mantenido su independencia, pero está pendiendo de un hilo”, dijeron. “La gestión de Almagro está siendo totalmente nociva para la institución”.

Almagro es parte importante de la ofensiva conservadora del continente contra Venezuela que se evidenció con el veto a la presencia de Maduro en la cumbre oficial, la participación de opositores cubanos y venezolanos en los espacios oficiales, y en los discursos de los presidentes en la línea de EEUU, de crítica al gobierno de Maduro sin posibilidad de respuesta.

La Cumbre de los Pueblos, en la que participaron sindicatos, organizaciones indígenas y sociales y partidos de izquierda de América Latina, concluyó con una declaración en la que denuncia “la contraofensiva del poder imperial que trata de borrar los avances democráticos y de inclusión social que han promovido los gobiernos progresistas en esta última década y media”, a la vez que plantea “avanzar en la articulación social para enfrentar al modelo neoliberal en el continente”.

Cecilia Remón

Periodista peruana