En el año 2016, el gobierno federal mexicano anunció la puesta en marcha de Zonas Económicas Especiales (ZEE), para responder plenamente a los intereses de las corporaciones transnacionales y de la clase capitalista trasnacional.

La creación de Zonas Económicas Especiales (ZEE) busca colonizar en la lógica del capitalismo, regiones o territorios ricos en bienes comunes naturales y con disponibilidad de obra abundante. Ello responde también a la búsqueda de ganancia de las grandes empresas trasnacionales que requieren reducir sus costos laborales, garantizar el acceso a materias primas y huir de legislaciones ambientales más regulatorias de algunos países.

En todo el proceso de ejecución de estas zonas toma relevancia la definición por parte del gobierno mexicano y las agencias internacionales de la región sur-sureste mexicana como un espacio económicamente atrasado y desconectado de los ámbitos internacionales.

Para los funcionarios gubernamentales y empresarios, la vida campesina e indígena que se da en el sureste de México no es valorada. Sin embargo, ella es relevante, ya que aporta buena parte de la producción de alimentos de nuestro país, una cultura viva que se expresa en la diversidad lingüística, la gastronomía, las fiestas populares y a lo que se suman también los servicios eco sistémicos que tienen que ver con la generación de agua, la captura de bióxido de carbono y las reservas ecológicas más importantes de biodiversidad de México y de importancia estratégica en el hemisferio norte.

Dicha región tan sólo alberga a 19 de los 50 ríos principales de México donde destacan los ríos Grijalva, Usumacinta, Papaloapan, Pánuco y Coatzacoalcos. Las Regiones Hidrológicas Prioritarias que ha delimitado la CONABIO se encuentran en los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Guerrero, Oaxaca y Michoacán donde la propiedad agraria es fundamentalmente social.

Entidades federativas donde se planean las Zonas Económicas Especiales como Puebla, Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán también poseen lo que la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) ha denominado como las montañas más importantes del país; se trata principalmente de enormes fuentes de agua dulce, que son la base de diversos socio-ecosistemas y que proporcionan abasto de agua potable a miles de localidades rurales y ciudades.

La región del sur-sureste de México proporciona el 70% de la biodiversidad de América Septentrional (el 80% de la biodiversidad de todo México), posee el 69% del agua dulce disponible del país y proporciona el 99% de los hidrocarburos. Existen alrededor de 93 especies cultivadas de origen americano que figuran en las estadísticas oficiales, de las cuales el 90% se encuentran en esta región sur-sureste.

Nuestro país es así un mosaico multicultural y geográfico donde destacan las comunidades indígenas y campesinas como guardianes de las áreas de mayor riqueza natural en plena confrontación con actores gubernamentales, empresariales y trasnacionales que promueven el otorgamiento de concesiones a favor de corporaciones privadas que realizan actividades extractivas de agua, minería, gas, petróleo o turismo, entre otras.

Tan importante es la región sur-sureste que las rondas 0,1, 2 y 3 de la apertura energética de México, se hace por encima de 5980 localidades indígenas de los estados de Chiapas, Puebla, Tabasco y Veracruz que son los posesionarios de la tierra y por tanto, dueños originales del petróleo que subyace en las entrañas de la tierra. Los datos hablan de que casi 3.5 millones de hectáreas de ejidos y comunidades agrarias están dentro de las áreas de exploración y extracción de hidrocarburos.

Así mismo, 18.5 millones de hectáreas, un poco más del 50% de las áreas concesionadas a las empresas mineras en México están en territorios que pertenecen a 8,334 ejidos y comunidades agrarias, donde habitan 411, 941 habitantes de pueblos indígenas en zonas mineras.

El sur-sureste de México es así un espacio de interés geo-estratégico para las corporaciones mundiales ya que cuenta con importantes niveles de riqueza natural (agua, hidrocarburos fósiles, minerales y biodiversidad). Ello hace de dicho espacio un territorio en disputa entre la racionalista capitalista y la racionalidad indígena y campesina.

Punto de esa estrategia trasnacional de dominio de los territorios es la puesta en marcha de las Zonas Económicas Especiales. Las empresas que llegan encuentran facilidades fiscales, aduaneras, logísticas y los apoyos del gobierno federal, lo que en los hechos se configura en un subsidio del gobierno mexicano a grandes corporativos.

Algunas de las empresas que recibirán subvenciones del gobierno de México son el grupo Wal-Mart, Arcelor Mittal, Waterside Energy, Braskem-Idesa, Enagas, Pacific LNG, Southwestern Energy, Tag Pipelines, Bachoco, Nestlé, Maeller Maersk, Neumann.

Por ejemplo Wal-Mart de México y Centroamérica plantea instalarse en las Zonas Económicas Especiales de Puerto Chiapas, Coatzacoalcos y Lázaro Cárdenas. En cada una de ellas con objetivos distintos. Chiapas en la lógica de abastecimiento y dominio del mercado centroamericano, Coatzacoalcos para el sureste y la llegada de mercancías del Atlántico y Lázaro Cárdenas para todo el Bajío y Valle de México y la llegada de mercancías procedentes de Asia.

Tan sólo el año pasado Wal-Mart tuvo ventas brutas por 569 mil 367 millones de pesos superior a los 528 mil 571 millones de pesos logrados en el 2016. Realizo un pago de impuestos en 2017 por 10 mil 900 millones de pesos que se verían reducidos notablemente con su instalación en tres zonas económicas especiales y las deducciones fiscales que promueve el gobierno mexicano.

Wal-Mart estuvo implicada en pagos de sobornos a funcionarios públicos mexicanos por 24 millones de dólares para construir una bodega en Teotihuacán por encima del patrimonio cultural y los derechos indígenas. Así mismo es señalada por el maltrato a sus empleados, especialmente mujeres. Alrededor de 1 millón 600 mil mujeres empleadas de Wal-Mart tomaron acciones legales contra la trasnacional y fueron a juicio por discriminación sexual y abusos ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos siendo la demanda colectiva más grande contra una corporación en la historia.

A ello se suma la movilización en mayo de 2017 de cientos de trabajadores de Wal-Mart México contra esa empresa, por haberles negado el reparto de utilidades, dichas movilizaciones fueron en los estados de Michoacán, Puebla y Oaxaca principalmente.

Otra de las empresas que recibirá apoyos gubernamentales es el grupo BRASKEM –IDESA que se instalará en la Zona Económica Especial de Coatzacoalcos gracias a las facilidades fiscales que implementa el gobierno mexicano. Su historia es particular, en 2010 se unen los corporativos Braskem de Brasil e Idesa de México y crean el mayor productor de resinas termoplásticas de toda América, todo ello con base el proyecto “Etileno XXI” que construyo el complejo petroquímico de polietileno en Nanchital de Lázaro Cárdenas en Veracruz. La inversión fue de 5 mil 200 millones de dólares y tan sólo en 2016 se tuvo una producción anual de 1 millón 50 mil toneladas de polietileno de alta y baja densidad. La asociación Braskem Idesa es controlada por Braskem con el 75% de la participación, mientras que Idesa tiene el otro 25%. Braskem Idesa tiene desde 2009 un contrato para que Pemex le suministre 66,000 barriles diarios de etanol durante 20 años para su producción, según la Auditoria Superior de la Federación esto le ha significado a Pemex pérdidas por 1 900 millones de pesos, al proporcionarle dicho producto por debajo del precio de mercado. Lo cierto es que dicha empresa esta envuelta en casos de corrupción que involucran a Odebrecht, Pemex y a los presidentes de México: Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Por ello, Braskem acordó pagar unas multas en Brasil y Estados Unidos para zanjar los cargos que apuntaban a que planificó con uno de sus principales accionistas, Odebrecht SA, sobornar a políticos y ejecutivos en Brasil.

Lo relevante es que diversos medios de comunicación dan cuenta de cómo Braskem, la filial de petroquímica de Odebrecht, acompañó “de tiempo completo” la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012, de acuerdo con Carlos Fadigas, quien en aquellos días era el director de la compañía y que confeso en la operación Lava Jato. Braskem intervino durante los días de la campaña presidencial con tres transferencias por 1.5 millones de dólares a la empresa Latin América Asia Capital, afincada en Islas Vírgenes, que ha sido vinculada por delatores o testigos protegidos en Brasil con Emilio Lozoya Austin, quien se desempeñaba como coordinador de Vinculación Internacional del candidato del PRI y el resto es historia conocida. BRASKEM-IDESA tuvo ganancias superiores a los 600 millones de dólares el primer trimestre de 2017 y recibirá grandes apoyos gubernamentales para instalarse en la ZEE.

La española ENAGAS se instalará en Salina Cruz como parte de la estrategia de construcción de gasoductos donde participará esta empresa, junto con Pacific LNG y TagPipelines. Participará en la construcción de los gasoductos que unen el Istmo de Tehuantepec y enlazaran a Salina Cruz con Tapachula en un negocio de miles de millones de dólares.

Enagas es una empresa de matriz española y es la principal operadora de Gas Natural de dicha nación, tiene terminales de Gas Natural Licuado en México, España y Chile y ha sido la encargada de construir y operar gasoductos y estaciones de comprensión en España, Suecia, México, Perú, Italia, Albania y Grecia. El 27% de su capital es de origen español y el restante de otras partes del mundo. Sus ingresos totales fueron de 1 384 millones de euros en el año 2017.

En México esta empresa fue la encargada de la construcción de la Estación de Compresión de Soto La Marina, la terminal de GNL de Altamira y del gasoducto Morelos que abarca 172 kilómetros. La construcción de este gasoducto y gran negocio de ENAGAS genero un conflicto en comunidades de Puebla, Tlaxcala y Morelos, el gobierno de Puebla encabezado por Rafael Moreno Valle en aquellos momentos y de Graco Ramírez en Morelos, iniciaron pesquisas judiciales contra dirigentes sociales y operativos policiacos violentos contra las comunidades que se oponen a la obra.

Destaca también que nahuas y comunidades de Atlixco lograron un amparo de la justicia federal hasta el 2017- que implica la cancelación de este megaproyecto energético por no cumplirse la consulta libre, previa e informada a los pueblos indígenas. El Proyecto Integral Morelos (PIM) lleva años inoperantes, luego que inició de manera forzada su construcción por los estados de Morelos–Puebla y Tlaxcala. Esto a raíz de la interposición de 15 amparos en contra del gasoducto y la termoeléctrica en Huexca por parte de 22 comunidades ejidales, y la especulación de megaproyectos energéticos. Enagas va ahora por la construcción de los gasoductos sobre el Istmo de Tehuantepec y la zona costa de Chiapas utilizando las facilidades de la Zona Económica Especial de Salina Cruz.

Todas estas empresas -junto con aquellas anotadas arriba- piensan instalarse en las ZEE y en conjunto marcan un flujo de inversión extranjera extraordinaria para México de más de 6 mil 260 millones de dólares.

Ello muestra un mirar estratégico y de apropiación del capital trasnacional sobre los grandes bienes naturales del sureste de México, pero a los cuales seguramente se le opondrán grandes resistencias a su paso, grandes luchas de campesinos e indígenas vienen en México.

da lógica de abastecimiento y dominiodes luchas de campesinos e indigena ste de ME y que en conjunto marcan un flujo de inversim

Agustín Ávila Romero

Economista de la UNAM, Profesor Visitante en IESA, Brasil.

agustinavila@yahoo.com