El domingo 22 de abril, la Alianza GANAR, conformada por el Partido Liberal y el Frente Guazú que lidera Fernando Lugo, se medirá con el favorito candidato del Partido Colorado, Mario Abdo Benítez, con supremacía financiera y de ocupación de los tres poderes del Estado a través del actual mandatario Horacio Cartes.

En un clima enardecido por la pelea por cargos, en ausencia de programas de rescate social y de candidatos de calidad, se da en la alianza opositora la inversión de papeles: a diferencia del 2008 un liberal, Efraín Alegre, encabeza la fórmula presidencial y Leo Rubin va de vice en representación de la corriente de Fernando Lugo.

Las encuestas que manejan los medios hegemónicos de comunicación, ponen al oficialista Partido Colorado (54 %) por delante de la Alianza GANAR (30 %) en la intención de voto en las elecciones presidenciales. En el Senado, Cartes obtendría el mayor porcentaje en intención de votos con 26,8%, sobre la lista del Partido Liberal con Blas Lanzoni (15,9 %) y la del Frente Guasú, con Fernando Lugo (15,5 %).

Más allá de las encuestas, los estudios revelan que la gente no vota porque consideran que su voto no cambiará las cosas; su poder para realizar cambios en la política es limitado. Con un panorama de desinterés generalizado por la política de una ciudadanía mayoritariamente joven, un escenario de crecimiento de la abstención no es descartable.

 En cuatro años de gobierno, Horacio Cartes, impulsor de la incursión en el país de capitales privados extranjeros, sin importar su origen y planes de inversión, endeudó al país en más de siete mil millones de dólares, con intereses a pagar semestralmente, lo que difícilmente pueda ser respetado. El 31 de marzo de 2017, la represión violenta a manos del gobierno de Cartes contra ciudadanos movilizados contra la enmienda constitucional para permitir la reelección presidencial, se saldó con la vida del joven liberal Rodrigo Quintana, la quema del Congreso.

Mientras el oficialismo evita los debates, GANAR moviliza al electorado inconforme con la gestión de Cartes y el Partido Colorado, contra la corrupción endémica y la impunidad latente que dificulta cambios profundos en el sistema político.

Y para colmo de males, la narcopolítica se ha instalado financiando a numerosos candidatos en todos los niveles institucionales, en particular a los aspirantes a ocupar curules en ambas cámaras y también en el Parlasur.

El analista José Antonio Vera señala que el desplazamiento de las Fuerzas Armadas, de la trilogía que desde la mitad del siglo pasado acaparó el poder en Paraguay (junto al Partido Colorado y al sector empresarial), quizás sea el fenómeno político más relevante en los últimos cinco años.,

Si bien ha sido marginado de la dirección del poder fáctico sigue siendo útil al modelo imperante, y su jerarquía está satisfecha por integrar las Fuerzas de Tareas Conjuntas (FTC), que tiene por misión “combatir la guerrilla y el narcotráfico”, tarea que solo ha agravado la corrupción interna de la institución, enriqueciendo a la mayor parte de los altos oficiales, comprometidos en prácticas de contrabando.

Traducido, esto significa reforzar la represión del campesinado y de las luchas populares, en un territorio de 400 mil kilómetros cuadrados deforestado, y con muchas desigualdades sociales y lacerante injusticia.

Las FTC, asesorada por expertos de EEUU, Israel y Colombia, militarmente son un fracaso pero con un costo financiero exorbitante, que deja sin presupuesto para atacar los acuciantes problemas de la salud pública, la educación laica, un transporte urbano calamitoso, un desempleo creciente, el 40% de la población en situación de pobreza y un tercio en extrema miseria, frente al autismo del universo copartidario.

Preocupan en Paraguay los acuerdos suscriptos por el Pentágono con los gobiernos de Argentina y Brasil, para instalar una base en la Triple Frontera con Paraguay, relanzando la Doctrina de Seguridad Nacional que desde 1964 oficializó la irrupción de las tiranías cívico-militares que asolaron la región durante tres décadas. Hoy no necesitan generales, tienen civiles a tono como Cartes, Michel Temer, Mauricio Macri o Sebastián Piñera.

Desde hace más de una década se habla de guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), supuestamente atrincherado en las zonas nororientales, sojeras y ganaderas, próximas a Brasil. Pero la policía y los medios hegemónicos la culpan de todos los delitos de cualquier banda delictiva. Pero jamás se ha dado un enfrentamiento armado con el Ejército, ni se conoce un documento oficial con su fundamentación ideológica.

Las supuestas acciones ilícitas del EPP sirven de argumento para que paramilitares asesinen campesinos, y el gobierno ordene arrasar humildes rancheríos de las familias de labriegos, forzando su abandono del campo en beneficio de los grandes grupos transnacionales del agronegocio.

Pero lo cierto es que FTC no han impedido secuestros y extorsiones de empresarios rurales, ni el narcotráfico, que tiene a Asunción como uno de sus escenarios de muertes, al igual que las ciudades fronterizas con Brasil, invadidas por paramilitares contratados por la mafia.

Celso Guanipa Castro

Periodista y politólogo paraguayo, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)