El capitalismo es una especie de telón de fondo sobre el cual se mueve la corrupción.  El ansia por la riqueza, el deseo por las ganancias a cualquier coste, el interés por acumular recursos o el sueño por ascender en la escala social hasta la cúspide de los millonarios, son factores que actúan sobre las individualidades humanas, tentándolas a buscar esa “comodidad” de la riqueza en forma lícita o ilícita.

De hecho, el propio capitalismo tiene mecanismos de enriquecimiento legitimados tanto socialmente como por las leyes: apropiación del plusvalor generado por los trabajadores en el proceso productivo, especulación monetaria y de bolsa, cobro de intereses sobre dinero ajeno, reventa de mercancías con valores superiores, inversiones en paraísos fiscales, captación de recursos públicos para fines privados, negociados con el Estado, etc.

Trayectoria histórica

En América Latina no solo cuentan los mecanismos capitalistas de acumulación de valor, sino toda una trayectoria histórica de acumulación originaria, que nació en la época colonial y que se proyectó incluso hasta bien entrado el siglo XX.

Una vez realizada la independencia, las repúblicas latinoamericanas del siglo XIX e inicios del XX estuvieron sujetas al dominio oligárquico.  En esas condiciones, el Estado no jugó un papel regulador.  En Ecuador, esta primera época republicana también se caracterizó por la ausencia de impuestos directos a las clases propietarias, porque los mayores ingresos al fisco provinieron de los impuestos indirectos.  Los únicos impuestos directos fueron el tributo de indios y el diezmo.

Con la Revolución Juliana y sus gobiernos (1925-1931), por primera vez en la historia el Estado pasó a ejercer funciones económicas, se convirtieron en obligaciones públicas las políticas sociales y laborales (nace el derecho social) y se inauguró el sistema tributario directo con la introducción del impuesto sobre las rentas y otro sobre los rendimientos del capital (ganancias).

Desde entonces, la elusión y la evasión tributarias han sido una constante.  Durante el siglo XX e inicios del XXI los intentos por consolidar capacidades estatales y un régimen tributario progresivo y efectivo en los impuestos directos como el de rentas han chocado con las reacciones de sectores privados que consideran a tales impuestos como confiscatorios y excesivos.  En las décadas de 1960 y 1970, incluso eran atacados de “comunistas”.

Hoy, cuando el mundo ha avanzado en los principios de redistribución de la riqueza, ha tomado conciencia sobre la necesidad de fortalecer las capacidades estatales y se tiene clara la acción socialmente benéfica de los impuestos directos, podemos contar con estudios nacionales e internacionales sobre los impactos de la evasión y la elusión tributarias, que son otros tantos mecanismos de corrupción contemporáneos.

A nivel mundial, el famoso libro de Thomas Piketty El Capital en el Siglo XXI (2013) demostró que desde la década de 1980, el aperturismo neoliberal agravó la concentración de la riqueza y aumentó la desigualdad social, a tal punto que los multimillonarios apenas representan al 1% de la población mundial.

En el ámbito latinoamericano, los estudios de la CEPAL sobre sistemas fiscales y tributarios en la región demuestran que, entre 2002-2015, las fortunas crecieron 21% anual; y que hasta 2014, el 10% más rico había amasado el 71% de la riqueza, aunque su tasa impositiva media solo equivale al 5% de sus ingresos.

También demostró la CEPAL que en América Latina la media de recaudación tributaria es del 20% del PIB, la tasa impositiva apenas es del 2,3%, mientras en Europa es del 13,3%, y que perduran la evasión y elusión de impuestos, tanto como la fuga de capitales a paraísos fiscales.  Por cierto, Ecuador no llega a esa media, aunque las elites económicas persisten en hablar de “excesiva” carga tributaria.

De acuerdo con los informes del Servicio de Rentas Internas (SRI), para 2017 hay 215 grupos económicos en Ecuador, pero la presión fiscal del impuesto a la renta sobre ellos es de apenas el 2,29%, y adeudan U$ 2.260 millones al Estado; son U$ 655 millones de perjuicio al fisco por empresas fantasmas; U$ 4.700 millones salieron a paraísos fiscales; mientras en aduanas el perjuicio por facturas falsas es casi de $ 2.000 millones.  También hay 15.719 contribuyentes que han utilizado comprobantes de venta emitidos por 512 empresas fantasmas.  El monto de transacciones realizadas por estas empresas con sus clientes asciende a U$ 2.100 millones, generando un perjuicio al fisco de U$ 655 millones en Impuesto a la Renta e Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Enfrentar la corrupción privada

Frente a esta escandalosa corrupción privada, en medio de la galopante “descorreización” del Estado y de la sociedad que se vive en estos nuevos tiempos, los medios de comunicación de mayor impacto en la colectividad no han prestado sus espacios para denunciar, analizar u opinar sobre esas realidades detectadas por el SRI.  Ha importado y es magnificada, en cambio, la corrupción pública que, sin duda, genera más motivos políticos y conmociona a la sociedad por involucrar incluso a funcionarios de alto nivel, como ha sido el escándalo de Odebrecht, cuyo monto llega a los U$ 33,5 millones en pagos, una cifra que, a su vez, se queda corta frente a los montos de los fraudes al fisco por evasión y elusión tributarias del sector privado.

Junto al esfuerzo nacional por combatir la corrupción pública, es necesario que el Estado institucionalice políticas más firmes y enérgicas para igualmente combatir la corrupción privada.  Requiere no solo decisión política e institucionalidad pública, sino gobiernos que quieran imponer el interés nacional y estatal sobre los intereses privados y el rentismo empresarial.

La estafa al fisco por burlar las obligaciones en el pago de impuestos y especialmente el de las rentas, impide la provisión amplia y de calidad de servicios públicos.  Pero también será necesario, en países como los latinoamericanos, crear en el futuro inmediato un nuevo esquema tributario sobre patrimonios, herencias y riquezas, a fin de consolidar la equidad y la responsabilidad social de las elites económicas.

- Juan J. Paz y Miño Cepeda es historiador ecuatoriano.