Por todo el planeta proliferan nuevas Zonas Económicas Especiales (ZEE) que proporcionan espacios de libertad total al movimiento del capital trasnacional, al cual se le otorgan grandes facilidades fiscales, aduaneras, logísticas, garantías de acceso a bienes naturales comunes estratégicos -como el agua, la energía solar y eólica, el petróleo y el gas- y de explotación de mano de obra local a cambio de salarios muy inferiores a los que se proporcionan en los países sedes de las firmas.

De la misma forma dichas zonas se establecen en Vietnam, Myanmar, Laos, India y Sri Lanka, que en países de África como Mozambique, Nigeria. etc. En el caso de América Latina su avance es impresionante.

Países como Colombia, Nicaragua o República Dominicana han apostado al establecimiento de empresas en su territorio cediendo buena parte de su soberanía nacional y la disminución de sus ingresos fiscales, a cambio de que parte de su clase económica dominante forme parte como socio minoritario de algunos de los emprendimientos que se realizan.

En una de las ZEE más importantes de Uruguay, los trabajadores ganan tres veces menos que los procedentes de las naciones de origen de la inversión extranjera. En Brasil los habitantes de Manaos –una zona construida por el régimen cívico-militar- tienen el índice de desarrollo humano más bajo de las ciudades más pobladas de ese país. Pero el modelo se expande y continúa.

Tan sólo en América Latina son más de 10 mil empresas las que se han instalado ya en ZEE, número similar a los corporativos mayoritariamente chinos que se encuentran en África.

El salario promedio dichas zonas es de 1,080 dólares (EU) muy por debajo de los salarios que se pagan en los países europeos, Canadá o Estados Unidos. En el caso de Costa Rica y Dominicana las ZEE representan el 47% y el 57% de las exportaciones, respectivamente, lo que muestra la localización corporativa en detrimento de la formación de cadenas productivas que favorezcan el mercado y el empleo nacional. Esto se evidencia con el siguiente dato: el promedio de aporte de las ZEE de América Latina al PIB regional es de tan sólo el 5.8%, destacando el caso de Nicaragua con el 12% como aportación al PIB.

Ello es relevante porque dichas Zonas se construyen con base a grandes subsidios y financiamientos que adquieren los gobiernos nacionales. Con base al endeudamiento o el uso del presupuesto nacional, mucha de la infraestructura mundial se construye para favorecer el funcionamiento de estos espacios en detrimento de las necesidades nacionales de educación, salud, empleo, seguridad, entre otras.

Dichas zonas forman parte del proceso de reestructuración capitalista mundial que inicio en los 70’s del siglo XX pasado y que hace frente a la caída de rentabilidad del capitalismo. La instrumentación de política neoliberales que favorecieron la flexibilización laboral, la desregulación económica y el libre flujo de capitales a nivel planetario, tienen como contraparte el proceso de expansión geográfica del capital trasnacional que requiere la apropiación territorial de espacios para incrementar su rentabilidad con el acceso de reservas de recursos estratégicos, nueva infraestructura logística y la especulación inmobiliaria. Así de poco más de 100 ZEE que existían en los 80´s, hoy hablamos de más de 2 mil que operan en el planeta y que se expanden anualmente.

Gran parte de ese crecimiento de las ZEE se ha realizado sobre tierras que pertenecieron a grupos campesinos e indígenas dedicados a labores agrícolas, ganaderas o de pesca. Su instrumentación ha formado parte de las reconfiguraciones territoriales que ha impulsado esta fase capitalista. El discurso colonialista construye la idea de los espacios campesinos como lugares “atrasados”, “subdesarrollados”, “de personas en subsistencia” y esa narrativa colonial lo mismo resuena en México como en el resto de América Latina, Asia o África. El sistema moderno-colonial continúa así su estrategia de conquista y de saqueo a nivel planetario utilizando recurrentemente la idea del “desarrollo”.

Grandes resistencias a las ZEE se dan en muchas partes, así, los pescadores de Nyanmar se niegan a convertir su laguna en uno de los puertos más importantes de la estrategia One Belt, One Road del gobierno chino; conflictos por tierras invaden la India y abarcan desde zonas cercanas a Nueva Delhi hasta los litorales del océano Indico y en México las comunidades indígenas de Oaxaca se amparan y luchan contra el establecimiento de la Zona Económica Especial de Salina Cruz y la construcción del corredor multimodal del Istmo de Tehuantepec.

El caso de la India es relevante ya que los campesinos han sido despojados de manera brutal de sus tierras para favorecer la llegada de inversionistas privados, lo que ha provocado grandes movilizaciones campesinas por la defensa de la tierra y por la devolución de las tierras expropiadas por el Estado. Ellos han denunciado que muchas de las tierras para dichas zonas no se utilizaron finalmente en la puesta de fábricas u otros tipos de emprendimientos sino para la especulación inmobiliaria.

Y es que esta nueva fase capitalista es profundamente depredadora de la naturaleza, ya que en el proceso de expansión geográfica las corporaciones requieren la construcción de infraestructuras como puertos, aeropuertos, hidrovías, gasoductos, refinerías, ciudades y nuevos mercados. Esos nuevos espacios territoriales se abren casi siempre de manera violenta al movimiento de capital, lo que explica dos cosas también importantes: la ruptura metabólica que implica este proceso con los cambios ambientales graves que estamos viviendo y como ello lleva a los conflictos socioambientales donde las empresas recurren a nivel planetario al asesinato y criminalización de los defensores de la vida y el territorio.

Con dichas zonas se crean nuevas geografías del capital que hace posible que surjan nuevos “polos de desarrollo” que en los hechos es un nuevo discurso de conquista territorial. Así ZEE chinas como Shantou o Xiamen que tan solo medían 1 km² y 2.5 km² respectivamente en diez años de funcionamiento aumentaron a más de 52 km² y 132 km² ocasionando grandes flujos migratorios y grandes impactos socioambientales.

En el caso mexicano lo más sorprendente es la ausencia de información y de debate público sobre lo que significa la puesta en marcha de estas Zonas Económicas Especiales las cuales fueron anunciadas desde el año 2016.

Ya fueron decretadas las zonas de Puerto Chiapas, Salina Cruz, Lázaro Cárdenas, Coatzacoalcos y Puerto Progreso, en todas ellas se delimita un área geográfica que va de 1700 a 8263 hectáreas cada una, -en total más de 25 mil hectáreas-, donde se crean excepciones jurídicas al entorno nacional y se otorgan facilidades fiscales, aduanales y logísticas para los corporativos similares a las que otorgan países de América Latina como Jamaica, Dominicana o Panamá.

Para el impulso de las ZEE se utiliza la financiarización de la economía mundial, así como instrumentos financieros como las alianzas público privadas, las FIBRAS, los CKD´s se han convertido en puntales de esta iniciativa.

El 19 de diciembre del año pasado Enrique Peña Nieto afirmó que el 30% de la Inversión Extranjera Directa estimada para el 2018 provendrá de proyectos dirigidos a las ZEE, el monto no es menor ya que hablamos de más de 6 mil 260 millones de dólares.

En declaración de la Autoridad Federal de las ZEE de la SHCP se señala que antes de las elecciones todas las empresas tendrán los permisos para instalarse e iniciar sus operaciones, a ello se suma un marco jurídico que blinda sus operaciones a nivel federal, estatal y municipal.

Con base a información de la Comisión Intersecretarial del gobierno federal para impulso a las ZEE, entre los inversionistas que van a llegar destacan grandes corporativos que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, el New York Exchange, en bolsas europeas y de Brasil y que tienen ingresos de cientos de miles de millones de dólares. De esta forma se observa un claro subsidio del gobierno mexicano al capital trasnacional.

Algunas de ellas son el grupo Walmart, Arcelor Mittal, Waterside Energy, Braskem-Idesa, Enagas, Pacific LNG, Southwestern Energy, Tag Pipelines, Bachoco, Nestle, Maeller Maersk, Neumann, entre otras. Muchas de ellas envueltas en tráficos de influencia y corrupción con escándalos en México u otros países como es el caso Odebrecth donde algunas de las empresas se han visto involucradas. También hay empresas que han cometido violaciones a las leyes ambientales de sus países de origen y que ahora ven la oportunidad de instalarse en México, como es el caso de las petroleras -Southwest Energy y Pacific LNG- que mediante el fracking quieren obtener gas esquisto. Existe el caso también de la empresa Neumann que despojó tierras a campesinos en África y tuvo que intervenir la Unión Europea para resarcir el daño e impartir justicia y que piensa instalarse en puerto Chiapas.

El poder de estas corporaciones trasnacionales es relevante, algunas de ellas como la acerera Arcellor Mittal -instalada ya en Lázaro Cárdenas-, fue mencionada recurrentemente en Inglaterra por participar en intentos de sobornos del ministro Tony Blair.

En los hechos estas Zonas Económicas Especiales traerán consigo un conjunto de transformaciones socioterritoriales con la consiguiente construcción de infraestructura que impactará de manera creciente en la dinámica extractivista de las entidades. Lo cual, probablemente, generará empleo precario pero a costa de la pérdida de un modo de vida, de una forma de ser de los pueblos indígenas y los campesinos de esta zona y sobre todo de un deterioro innegable de la naturaleza. Nuevas resistencias vendrán con fuerza también en México.

Agustín Ávila Romero

Economista de la UNAM. Profesor Visitante IESA-Brasil

agustinavila@yahoo.com