A 61 días y un lindo amanecer para los comicios legislativos (Consejos Legislativos y Concejos Municipales) y presidenciales en el país, he venido develando por partes la estrategia de la derecha fascista de cara a los comicios del 20MAY2018. En la entrega anterior comentábamos el escenario de crisis y colapso, hoy lo haremos referidos al quiebre de la autoridad y fractura en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), lo cual, a mi criterio, se extiende a los órganos de prevención y seguridad ciudadana.

Es importante recordar que todas estas acciones se dan, en el contexto del endurecimiento de las presiones internacionales y de lobby internacional contra Venezuela, a raíz de las designaciones de Mike Pompeo y Gina Haspel, como Secretario de Estado y directora de la CIA, respectivamente. Amén de la designación de Todd Robinson como encargado de negocios y responsable de la embajada de EE.UU. en Venezuela, con claras instrucciones de utilizar dicha instancia dentro de los planes desestabilizadores contra la Patria de Bolívar y Hugo Chávez.

Evidentemente, en las últimas semanas hemos podido observar el incremento de todo un conjunto de operaciones psicológicas dirigidas a un sector reaccionario dentro de la FANB, a objeto de que se insubordine y rebele en contra de su Comandante en Jefe. Esto a propósito de recientes decisiones adoptadas por el presidente Nicolás Maduro sobre degradación y baja a un grupo de altos oficiales, en estricto cumplimiento a las disposiciones legales, constitucionales y reglamentarias, por atentar contra la dignidad y el decoro del pueblo en armas.

Tales operaciones psicológicas han contado con el impulso de un conjunto de operadores legitimadores de las mismas: Rocío San Miguel, el padre José Palmar, Sebastiana Barraéz, en su momento Rex Tillerson, Marco Rubio, Hebert García Plaza), quienes en coordinación con conglomerados comunicacionales y mediáticos a nivel internacional, buscan legitimar la percepción de “crisis militar en Venezuela”. Además de la referida decisión adoptada por el Primer Mandatario Nacional y Comandante en Jefe de la FANB, hay que agregar las recientes detenciones de 9 oficiales sindicatos de participar en tales planes conspirativos, y del ex ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, M/G Miguel Rodríguez Torres.

Asimismo, parte de esta campaña ha sido mostrar la fotografía de Raúl Baduel desde su sitio de reclusión totalmente desaliñado y en supuesto ayuno, como parte de la promoción de supuesta violación de derechos humanos en Venezuela. Esto como parte de la campaña antes mencionada.

Esta misma campaña ha estado dirigida igualmente a los mandos de los diferentes cuerpos de seguridad ciudadana. Esto por las evidentes participaciones de algunos de sus efectivos en las agresiones multiformes que hemos recibido en los últimos años en el país.

En un extraordinario artículo escrito por Juan Aristiguieta, nos advierte como en los últimos meses se observa el agravamiento y deterioro total del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales  y Criminalísticas (CICPC), institución que se vendía como una de las más “moralistas y profesionales”. Indica Aristiguieta que a finales de 2017 y lo que va de 2018, en medios y redes digitales, destaca innumerables hechos y acciones desplegadas por funcionarios de este cuerpo policial, que deja mucho que desear si se toman en cuenta las expectativas de la población con lo que debe ser la actitud y accionar que debería tener un cuerpo de seguridad en el marco de una Revolución Socialista.

Manifiesta Aristiguieta, que desde el CICPC han nacido grupos apátridas, conspiradores, incluso vendrían conformando células terroristas que operan contra la Revolución Bolivariana. Para muestra, un botón, el terrorista y agente del Mossad israelí Oscar Pérez conformo una de esas células con funcionarios de dicho cuerpo policial que utilizaron armas de la República, equipos y logística del cuerpo policial contra la Patria, como sucedió en junio del año pasado donde bombardearon con granadas la sede del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz y la sede del Tribunal Supremo de Justicia, quienes no conformes con el lanzamiento de estas granadas, efectuaron ráfagas de disparos contra dichas instalaciones, incluso contra un preescolar, sin importar a los niños y niñas que pudieron haber asesinado.

En ese orden de ideas, estos mercenarios habrían logrado captar a funcionarios dentro del CICPC, que hoy en día seguirían operando contra líderes sociales, contra funcionarios del Estado que llevan seguimiento e investigaciones de casos a las conspiraciones dentro del CICPC. Tal es el caso reciente de ciertos hechos y acciones que funcionarios del referido cuerpo policial vienen ejecutando de forma parapolicial contra funcionarios de fuerzas de acciones especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES) como venganza ante la neutralización de la célula terrorista de Pérez y sus secuaces. Al parecer, los infiltrados dentro del CICPC habrían declarado objetivo al FAES, por haber logrado desarticular esta peligrosa célula terrorista, manifestó Aristiguieta.

Asimismo advirtió este analista, que hace pocos días habría operado una de las células terroristas que existirían dentro del CICPC, se habrían llevado a cabo ciertos ataques y asaltos a fuertes militares y policiales. Ahí tenemos los casos del Fuerte Paramacay y del Comando de la Guardia Nacional Bolivariana en Los Teques, donde estos mercenarios lograron robarse un significativo número de armas (Fusiles AK 103, granadas, pistolas y municiones) con las cuales orquestan un plan militar contrarrevolucionario contra el Gobierno Nacional. Estos sectores contarían con importantes apoyos de los sectores burgueses, quienes han puesto a sus órdenes un grupo de reporteros y periodistas de distintos medios digitales como Caraota Digital, La Patilla, Agárrate, Runrunes, El Pitazo, Dólar Today, que se encargarían de montar los falsos positivos y las campañas de difamación contra sus potenciales objetivos. Así como también tergiversar y manipular las informaciones y acciones de estos grupos terroristas y posicionar matrices a favor de éstos. Ocultan que su verdadera intención es que optan por una acción violenta para derrocar al gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro.

De acuerdo a fuentes extraoficiales que manejaría Aristiguieta, después del exitoso procedimiento del FAES en EL Junquito, se habrían continuado acciones de inteligencia a fin de dar con las otras células terroristas infiltradas en el CICPC y del armamento robado en las operaciones denunciadas párrafos más arriba. Esto llevó a un procedimiento en la UD 5 de Caricuao, donde el FAES logra neutralizar a un funcionario activo del CICPC, quien se encontraría acompañado de dos pranes de Tocorón sumamente peligrosos. Lo más relevante y delicado, indica Aristiguieta, es la incautación de un fusil de los que robó Pérez, lo cual debería disparar las alarmas en vista de que las armas robadas aún no incautadas estarían en manos de estas células terroristas dentro del CICPC.

Al verse descubiertas estas células, habrían emprendido una especie de reacción. Asimismo destaca Aristiguieta, que el pasado 12 de marzo, en horas del mediodía, funcionarios del CICPC pretendieron desplegar una acción contra un sub director del FAES en la avenida Sucre de Catia, donde habrían destruido su apartamento y golpeado a su madre, lo cual movilizó unidades del FAES en apoyo de su compañero, evitando que estos detectives del CICPC consumarán su objetivo de “neutralizar” a este funcionario FAES, lo que habría originado una grave situación CICPC-FAES que casi termina en muertes. Tal situación, indudablemente fue aprovechada por la oposición y los operadores comunicacionales y mediáticos antes señalados.

Fuentes diversas señalan que durante esta situación habría hecho presencia, uno de los jefes de secuestro del CICPC, Carlos García, el Jefe de Homicidios, Daniel Álvarez y la jefa de drogas, Jennifer Blanco, quienes evitaron que el evento pasará a mayores.

Asimismo sostiene Aristiguieta en sus investigaciones las implicaciones de funcionarios del CICPC en secuestros en la ciudad de Caracas, donde obtendrían grandes sumas de dinero en dólares para financiar actos terroristas. Las complicidades de estos funcionarios sería lo que habría posibilitado que Pérez permaneciera prófugo durante tanto tiempo. Por esa razón, el CICPC no habría participado en la Operación de El Junquito, por el temor de fuga de informaciones, y por ende, del grupo terrorista liderado por Pérez.

También el 12 de marzo, habría aparecido asesinado en extrañas circunstancias un agente del FAES en Coche. De acuerdo al portal Runrunes, el funcionario habría sido asesinado y tildado por funcionarios del CICPC como “líder de banda”, lo que constituiría un falso positivo abonado en el terreno mediático para su posterior aniquilamiento físico y satanización a través de redes a la orden de estas bandas criminales infiltradas.

Señala Aristiguieta como alguno de los actores legitimadores de esta campaña a Román Camacho, Pablesya Ostos, Davinson Rojas, Elyangelica González, Jesús Medina, Jenny Oropeza, Altagracia Anzola.

Es importante destacar que toda esta campaña que denuncia Juan Aristiguieta se da en el marco de los recientes anuncios formulados por el M/G y ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol del descenso de las cifras de criminalidad en el país, y en especial en el estado más inseguro como lo ha sido Miranda. Además del impulso de refundación tanto del CICPC como de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el despliegue de los Cuadrantes de Paz, además de ir hacia la Policía Comunal y de proximidad como lo ordena nuestra Constitución y el resto del ordenamiento jurídico venezolano vigente.

En ese orden de ideas, organismos estatales han logrado hasta ahora desmontar el Golpe de Estado que estaba en marcha, en el que participaban militares de oposición y algunos efectivos de este cuerpo policial, todos ellos subordinados por la oposición venezolana y los poderes del imperio estadounidense.

Esto lo habría manifestado el periodista y analista político José Vicente Rangel, quien ha denunciado el reciente entramado subversivo dirigido desde la Casa Blanca.

Aseveró Rangel que mientras más información exista, habrá mayor garantía de la defensa del orden constitucional y aseguró que Venezuela cuenta con un pueblo claro ante la amenaza que existe.

El analista político adelantó que los militares detenidos están suministrando en la investigación valiosa información fundamental que revela las conexiones con gobiernos en el exterior y participación de figuras de la oposición en dicho plan desestabilizador.

Por otra parte, explicó que las autoridades gubernamentales han detectado un fuerte incremento de actividad de la CIA y la DEA en el país. ¿Primeras medidas de Pompeo y Haspel previa a la asunción de sus nuevos cargos? Me preguntó.

Rangel alertó que la CIA y la DEA habrían contactado a familiares de los militares implicados en los planes conspirativos, presuntamente para recopilar información que se perfilaría a facilitar la realización de actividades subversivas.

Por último, desde hace varias semanas se ha venido observando el despliegue de toda una campaña por parte de conglomerados mediáticos internacionales y operadores mediáticos nacionales sobre el “descenso de nuestra producción petrolera”. Al respecto, la abogada y constituyente María Alejandra Díaz, habría advertido sobre la reducción de 500 mil barriles de la producción petrolera venezolana, lo que constituirían acciones de sabotaje por parte de grupos infiltrados en PDVSA, preludio de las medidas de embargo petrolero y confiscaciones a cargamentos y activos de nuestra industria petrolera por parte del gobierno estadounidense, a fin de endurecer la actual situación en Venezuela.

En ese sentido, es importante señalar que todo aquel que nos anuncia un Golpe de Estado inminente al país, es porque maneja algún tipo de información, sensible y muy cierta de los planes que ya se están poniendo en práctica para ello, sin descartar los habladores de pendejadas, que tampoco debemos descartar, abundan en esta tierra.

De manera que nuestros servicios de seguridad e inteligencia deben escudriñar este tipo de anuncios. Es parte de lo que se busca, de cara a afectar la estabilidad y tranquilidad de nuestro pueblo.

Juan Martorano

Abogado, activista por los Derechos Humanos, militante revolucionario y de la Red Nacional de Tuiter@s Socialistas

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