Las transnacionales aumentan su poder y beneficios gracias a mecanismos como los acuerdos de comercio e inversión; los acuerdos permiten la explotación de recursos y personas; las personas buscan otros lugares donde vivir. Profesor en la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), investigador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) - Paz con Dignidad y activista en Ongi Etorri Errefuxiatuak, Juan Hernández Zubizarreta argumenta en esta entrevista la necesidad de desobedecer las leyes que vulneran los derechos humanos. A las personas que huyen de lo que este sistema provoca “vamos a seguir llevándolas a vivir a nuestras casas, se pueda o no”.

– ¿Por qué deben preocuparnos los tratados de comercio e inversión que se pretenden firmar?

– Porque atentan directamente contra la democracia. Privatizan el poder legislativo y el judicial. Apuntalan un modelo económico capitalista y patriarcal, profundamente injusto, que atropella los derechos de las mayorías sociales.

– En ciertos ámbitos se escucha hablar cada vez más de colapso civilizatorio, ecofascismo y necropolítica. ¿Definen estos términos el momento actual?

– Estas tres categorías nos dicen que el capitalismo ha decidido que sobra gente en el mundo: quien no consume y quien no produce no sirve. Se elimina. Es así de cruel.

La explotación es un término clásico, utilizado por el marxismo, que está tomando fórmulas muy agudizadas. En nuestros países hablamos de precarización, de incremento de las relaciones laborales informales y de trabajadores y trabajadoras pobres. A esto hay que añadir las discriminaciones extra que sufren las mujeres en el mercado de trabajo e incorporar la división sexual del trabajo y las cadenas de cuidados. El capitalismo sabe que tiene dificultades para reproducirse, pero los ricos quieren mantener su tasa de beneficios. Es un beneficio que en Derecho llamamos “enriquecimiento injusto”, claramente ilegal, pero, si quieren mantenerlo, los mecanismos de apropiación de la plusvalía tienen que crecer.

La acumulación por desposesión se une a la explotación. Las transnacionales penetran en los territorios para hacerse con todo tipo de recursos naturales y se echa a la gente. El tercer elemento es la necropolítica. Es dejar morir. Se deja morir a las personas en el Mediterráneo, en el Sahara… Necropolítica es que las patrullas fronterizas de Estados Unidos rompan los bidones de agua que las ONG dejan en el desierto de Arizona para que las personas migrantes no mueran de sed.

– ¿Cómo están vinculados los desplazamientos y los acuerdos de comercio e inversión?

– Cuando se habla de desplazamientos forzados, muchas personas se preguntan cómo atender a la gente y cuáles tienen que ser las políticas en frontera. Es lógico. Sin embargo, se habla poco del porqué. Se da por hecho que vienen voluntariamente, pero tenemos que ver las causas, los motivos de las biografías del horror y de las travesías terribles. Una de las múltiples razones son los acuerdos de comercio, los mecanismos que afianzan políticas comerciales y de inversión de la UE para que las transnacionales aumenten sus beneficios.

Establecen reglas en contratos asimétricos, por ejemplo, Unión Europea con distintos países africanos, que provocan que estos países no puedan establecer políticas propias de desarrollo y de comercio. Desequilibran, desestructuran las sociedades y provocan pobreza. Las transnacionales en África se están haciendo con extensiones inmensas de terreno, a muy largo plazo, por muy poco dinero, lo que hace que los campesinos y campesinas sean expulsados de sus tierras. Si son mujeres, son todavía más expulsadas, porque normalmente trabajan la tierra pero no tienen su titularidad.

– ¿Por qué las instituciones ponen tanto empeño en distinguir entre migraciones voluntarias, desplazamientos forzados o la llamada “crisis de los refugiados”?

– Cuando hablan de crisis, mienten. Decir crisis da la sensación de algo que de repente ha ocurrido, pero saben perfectamente que con un tipo de políticas comerciales, con las prácticas de las transnacionales, es imposible que no se produzcan desplazamientos, porque la gente quiere vivir. Las personas, aunque mueran de sed, aunque mueran en el Mediterráneo, aunque se corten sus manos y sus pies en las vallas de Melilla, aunque mueran en el desierto del Sahara, siguen saliendo. ¿Por qué? Hay que analizar todo: el modelo económico, las prácticas de las empresas, la política neocolonial… Como dice Yayo Herro, si pusiéramos fronteras no a las personas sino a los recursos naturales, la gente de la Unión Europea no durábamos nada. Nos íbamos a ahogar en nuestros residuos y no iban a llegar los recursos naturales, moriríamos de frío, de sed; no tenemos nada.

La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados es el mecanismo jurídico que tiene la Unión Europea para estas cuestiones. Sus protocolos están ratificados por los gobiernos, son de obligado cumplimiento, pero no se está cumpliendo, los gobiernos están cometiendo actos ilegales. Esto contrasta con lo aplicados que son, como buenos alumnos, en cuanto a los acuerdos de comercio, el pago de la deuda, el rescate de la banca… Hay que recordar lo que le hicieron al pueblo griego, hay que recordar la Troika.

Por otro lado, la Convención no cubre todos los desplazamientos forzados. Se sitúan en una ficción: los desplazamientos por causas económicas son… porque quieren. Pero no, las causas son económicas, huyen de la miseria, de los efectos de los acuerdos de comercio, de la persecución por motivos de género. Hay un vacío legal, un limbo normativo, entre las leyes de extranjería y el refugio.

Habría que estudiarlo, pero se podría modificar la Convención de Ginebra y aumentar las causas, quizás, por ejemplo, por cuestión de sexo, orientación sexual, por la miseria, en toda su expresión, o, incluso, por el cambio climático.

– Pero si todavía se pone en cuestión continuamente el cambio climático, veo difícil que se incluya a refugiados y refugiadas ambientales.

– Si tu modelo de desarrollo da lugar al calentamiento global y provoca tierras muertas, crecimiento de los ríos, que la gente pierda su entorno, su hábitat, y, por tanto, se desplace… En realidad, estamos en un momento crítico desde un punto de vista jurídico también. Se están “suprimiendo derechos”, pero, sobre todo, se está dando un paso más, se está decidiendo quién es titular de derechos humanos y quién no. Es un retroceso brutal.

Los ministros lo dicen, aunque sea de manera indirecta: “si en el Mediterráneo se producen rescates, viene más gente”. El gran delito de Helena Maleno, a quien se acusa de crimen de tráfico de personas, es que está atendiendo llamadas de seres humanos angustiados porque van a naufragar. Están diciendo: “que no vengan” y, si vienen, “vamos a dejarles morir, porque ya no van a venir tantos”. Un verdadero disparate. La sociedad está narcotizada. Me recuerda al nazismo, imagino que habría gente alemana que no era partidaria de los campos de concentración pero que miraba para otro lado.

– Antes hablabas de que si aquí tuviésemos que hacernos cargo de nuestros propios residuos, esto se rompería. ¿Crees que va a tener algún efecto la declaración de China de no seguir importando grandes cantidades de basura?

– Puede ser un juego de la geopolítica. Su modelo combina sesgos del antiguo comunismo con un modelo económico muy agresivo. ¡Tendría que ser un cambio de rumbo de 360 grados! Creo que lanza órdagos a Europa y Estados Unidos para pactar la coexistencia económica, ante la agresividad sobre todo de Trump.

– En Europa hablamos de cambio climático, sostenibilidad, bienestar animal y alimentación sana. La Unión manda un mensaje a la ciudadanía y negocia lo contrario. ¿Es también un juego?

– Venden un espacio de democracia, derechos humanos, protección del medio ambiente y consumo saludable, con valores que universalizar por la vía de los acuerdos de comercio a otras partes del planeta… Es la tesis de la derecha e incluso de la socialdemocracia, como se vio en los debates del CETA.

Los acuerdos de comercio se sostienen en todo lo contrario. El que se está firmando con México es asimétrico. Los daños más profundos van contra la sociedad mexicana y los beneficios son para la oligarquía mexicana y, sobre todo, para las transnacionales europeas. Si analizas un tratado más “horizontal”, como lo que preveíamos con el TTIP, o como el que se ha firmado con Canadá, los beneficiarios son las transnacionales y las clases dominantes canadienses y europeas, a costa del pueblo canadiense y del europeo.

Esto quiere decir que los “derechos clásicos” del estado de bienestar, que ya están muy quebrados por políticas internas, van a quebrarse más. El sistema legislativo y judicial queda profundamente privatizado, por lo que se avanza hacia una expresión muy utilizada pero muy gráfica: la mercantilización de la vida.

Y eso es “por arriba”. En 2008, “por abajo”, la Unión Europea inicia un retroceso de derechos normativos muy fuerte. Se ha visto cómo las reformas constitucionales han colocado en el vértice de la pirámide el no endeudamiento, el pago de la deuda, el rescate de la banca…

– Incluso a las personas más concienciadas les resulta imposible hacer un seguimiento de los textos, los anexos, lo que se va negociando… ¿Qué pueden hacer los movimientos sociales para no desesperar?

– Una de sus herramientas de dominación y explotación es la opacidad, la complejidad, para que la gente quede fuera y crea que no va con ella. No hemos conseguido trasladar del todo la importancia de estos acuerdos, quizás porque es de una dificultad altísima. Tampoco tenemos en Europa, por lo menos en Euskal Herria, las lógicas de la educación popular de América Latina, la traducción de los textos para que la gente los pueda digerir. Hay que equilibrar el rigor y concretar de manera sencilla. Además, los acuerdos tienen detrás miles de abogados y abogadas redactándolos y quienes estamos estudiándolos aquí somos muy pocas personas.

– En este desafío, ¿crees que los llamados “gobiernos del cambio” pueden hacer algo o están atrapados?

– Si hablamos de América Latina hay que evaluar qué le ha ocurrido a Venezuela, Ecuador y Bolivia. Más allá de las dificultades internas, han tenido problemas desde el principio. Suelo llamarlo “la armadura jurídica y económica de la dominación”. Consiguen expulsar a gobernantes neoliberales, pero heredan la armadura, que va desde la deuda hasta los tribunales arbitrales o los acuerdos de comercio. Cuando, por ejemplo, Evo Morales trataba de renegociar con Repsol los acuerdos de comercio e inversión, se le echaban encima el Gobierno español y los medios de comunicación.

Hay un choque de legitimidades. Jurídicamente, los acuerdos de comercio chocan con los derechos humanos. Algunos gobiernos se han ido desprendiendo de parte de la armadura, pero están muy pegados al extractivismo y eso no les permite deshacerse de la misma. Que Ecuador firme de nuevo un acuerdo de comercio con la UE, ¿significa que volvemos a la armadura?

En cuanto a nuestro país, sí creo que hay posibilidad de hacer cosas, no creo en un determinismo total. Pero para que se consiga algo tiene que haber confrontación y desobediencia.

– Se están logrando algunos avances en algunos ayuntamientos sobre, por ejemplo, remunicipalización de agua.

– Sí, es un tema clave. Cuanto más se haga ahora, mejor. Cuando entre en vigor el acuerdo con Canadá, con las empresas canadienses va a haber pelea. Cuanto más vayamos apuntalando la gestión pública, mejor.

Esto está vinculado a la desobediencia también. Las leyes hay que cumplirlas, pero si no vulneran derechos humanos. Con respecto a los desplazamientos forzados, me parece muy importante la idea socrática de que me preocupe lo que le pasa al otro, esté lejos o esté fuera. Creo que hay que rescatar la parte humanitaria y, a la vez, unirla a la denuncia.

Muchos de los que estamos en este movimiento con las personas desplazadas vamos a desobedecer. Lo que no hagan las autoridades lo vamos a hacer nosotras y nosotros. Vamos a empadronar gente en casa, se pueda o no; vamos a seguir llevando a estas personas en coches, se pueda o no; vamos a seguir llevándolas a vivir a nuestras casas, se pueda o no. Vamos a hacer todo lo posible para que esa gente viva dignamente. ¿Esto supone criminalizarte? Creo que hay ya 48 procesos abiertos en la Unión Europea.

– Crece la desobediencia.

– Sí, y además están empezando a criminalizarla. Cuanta más desobedicencia, más represión. Pero la desobediencia no es, como dicen algunos tertulianos, “dejo de pagar impuestos”, es algo mucho más fuerte. El feminismo lo sabe, las sufragistas, el racismo. El lema de muchas personas que estamos en los desplazamientos forzados es: “desobedecemos normas injustas para obedecer las normas de derechos humanos”.

Andrea Gago Menor coordina Pueblos – Revista de Información y Debate.

Artículo publicado en el nº76 de Pueblos – Revista de Información y Debate, primer cuatrimestre de 2018, monográfico “Tratados comerciales, ofensiva contra nuestras vidas”, coordinado con el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad.

http://www.revistapueblos.org/blog/2018/03/13/juan-hernandez-zubizarreta-profesor-investigador-y-activista-en-ongi-etorri-errefuxiatuak-se-esta-decidiendo-quien-es-titular-de-derechos-humanos-y-quien-no/