Uno de los más recurrentes errores que cometen los políticos profesionales es subestimar la inteligencia de los ciudadanos y tratarlos como menores de edad, e incluso como analfabetos políticos.

Lo anterior es ineludible establecerlo para abordar la declaración de Peña Nieto a los colegas de la fuente, al concluir un acto con la Asociación Nacional de Ingenieros Civiles ante los que valoró el Pacto por México que hace cinco años “inició una nueva era en la construcción de grandes obras, modernos proyectos de ingeniería”. Pacto que no sólo no sacó al país del “crecimiento mediocre de la economía” (Luis Videgaray, dixit) que padece desde 1983, sino que contó con la participación decidida de Ricardo Anaya, entonces coordinador de la bancada panista en la Cámara de Diputados, para que aprobaran las iniciativas de ley que recibían de sus líderes partidistas. Razón por la cual se ganó el mote de Niño Maravilla entre la elite tricolor.

El maravilloso niño pasó en cinco años a ser joven y ahora candidato presidencial del dividido Partido Acción Nacional y enfrentado a Peña Nieto hasta el punto de amenazarlo al responder a pregunta expresa de un reportero:

“–¿Lo metería a la cárcel?” A lo que respondió el muy exitoso empresario: “–Si se demuestra que él cometió actos graves de corrupción, por supuesto que sí; ya estuvo bueno de que haya intocables en nuestro país. Aquí el que la haya hecho la tendrá que pagar y esto incluye al presidente Enrique Peña Nieto”. Abundó para mayor inquietud del grupo gobernante, sobre todo los que no disfrutarán del fuero de una diputación o senaduría que buscan desesperados, que “de ganar la elección serán una fiscalía autónoma y una comisión de la verdad con asistencia internacional, las encargadas de investigar casos como el de la Casa Blanca, el socavón en el Paso Exprés a Cuernavaca y el desvío de recursos en las secretarías de Desarrollo Social y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, cuando eran encabezadas por Rosario Robles Berlanga y José Antonio Meade” (La Jornada, 6-III-18).

La escalada discursiva de Anaya Cortés dejó atrás la oferta que hizo en julio de 2017 a Enrique Ochoa, el presidente del Revolucionario Institucional, de quedarse quieto y callado ante los desmanes electorales cometidos en la elección del estado de México a cambio de la gubernatura de Coahuila. Cuentan que la respuesta de Peña a Ochoa fue “¡Mándalo a la chingada!”

El hecho es que después de titubear, EPN regresó para responder a los reporteros que “la única participación que tendré en este proceso electoral será el 1 de julio, cuando vaya a ejercer mi derecho a votar”. Gracias a los dioses que no interviene, imagínese usted si lo hiciera como todo México del círculo rojo lo sabe. Y aún pidió que “no se enganchen tampoco los medios de comunicación”, como si el oligopolio mediático mexicano fuera el sueco o noruego.

Resulta pertinente que al señor que le hacen fama de “mandar al diablo (sus) las instituciones”, sea el que ahora llame a las partes en conflicto político-electoral por el segundo lugar en las preferencias, con la Procuraduría y Hacienda como actores de primera línea, a que cuiden la paz social porque “esto no es un pleito de niños… Es un pleito de mafia”.

Todo indica que no le falta razón a Andrés Manuel López Obrador cuando declinó celebrarlo, como sería propio de un político cortoplacista y les pidió “no hacerse daño” porque “el país ya tiene bastante con la violencia de los grupos criminales como para abonar a la inestabilidad con la violencia política”.

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