Asesinatos y masacres diarias, parecidas a las que están ocurriendo hoy en medio de un complejo y accidentado proceso de paz, fueron los mismos que desataron la resistencia campesina a la violencia institucional durante los años 40 del siglo pasado y el alzamiento armado guerrillero en la década de los años 60.

El pasado 27 de enero de 2018 dos sicarios asesinaron al líder popular Temistocles Machado, uno de los líderes más comprometidos con la defensa de su territorio y de su comunidad, en su mayoría desplazada luego de la masacre paramilitar del Naya en los años 90. Temistocles asumió un papel dirigente en la organización del paro cívico de Buenaventura del año pasado, por eso fue asesinado.

No son hechos casuales, como afirman el matrimonio del Fiscal Martínez Neira y el Mindefensa Luis Carlos Villegas. Desde enero de 2016 han sido asesinados 250 líderes sociales; el Defensor del Pueblo ha dicho que es “un fenómeno criminal contra la paz"; la mayoría de ellos eran campesinos, también indígenas, afros; tienen un denominador común: han sido perseguidos por el Estado, desplazados, víctimas del despojo de tierras; los nuevos re-victimizados, los marginados de siempre.

¿Quiénes están detrás del asesinato de líderes sociales?, ¿por qué los están asesinando?

Desde que se conoció el Acuerdo de Paz de la Habana en el que se crean las circunscripciones espaciales de paz, que establecen 16 curules adicionales, ocupadas por las víctimas del conflicto armado de los territorios más golpeados por la violencia y marginados de la participación política, se originó una reacción violenta desde esa derecha aristocrática y fanática que durante años ha monopolizado el Parlamento y que no admite curules vecinas ocupadas por los pobres del país. Vargas Lleras, de Cambio Radical, la bancada parlamentaria y Fernando Londoño, Director del Centro Democrático, anunciaron una guerra abierta contra la participación política de la población de territorios marginados.

Dicho y hecho: se arreciaron los asesinatos selectivos de aquellos líderes regionales que potencialmente podrían ser los candidatos a ocupar esas curules. Es un ritual macabro, sistemático, fríamente calculado, agenciado desde las curules de esa parte de las castas medievales, latifundistas y ganaderos, que durante centurias han mantenido al Estado atrapado, rehén; porque de ahí han derivado sus privilegios.

El establecimiento mantiene todo un entramado criminal que es funcional al statu quo; los para-políticos encarcelados reciclan su poder parlamentario a través de sus esposas, hermanos o hijos; el paramilitarismo se reactivó ahora camuflado en “Clanes del Golfo”, “Los Trizas”, “Urabeños”, etc. La fuerza pública no ha sido des-paramilitarizada; viola los derechos humanos, agrede a comunidades del Catatumbo, Tumaco, bombardea cabildos indígenas en el Chocó. Alberto José Mejía, Comandante de las fuerzas militares, esgrime desafiante su “Plan Militar Victoria”, el objetivo militar son las poblaciones inconformes por la inseguridad, la falta de servicios públicos, de salud, de empleo.

¿Y la justicia? Se dirige desde el poderoso emporio Grupo AVAL, su objetivo principal es archivar 15 mil procesos por financiación de las masacres del paramilitarismo, que cursan en la fiscalía contra los colegas del magnate Sarmiento Angulo, contra paramilitares y militares. Para eso colocaron como Fiscal a Martínez Neira, abogado del grupo Aval.

Si no se des-activa el para-Estado, se judicializan las trampas marciales de la ultraderecha y se decide un cese de las hostilidades oficiales contra la población, la paz se reducirá a una historieta de ciencia ficción leída desde Oslo.