“Si se meten con Chinchilla, se meten con la Macchi”

Juan Jiménez Mayor

El fraude electoral cometido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) contra el partido Alianza Opositora contra la Dictadura y su candidato presidencial Salvador Nasralla, se trata de justificar y legalizar por todos los medios posibles. Uno de ellos es el conteo de actas en poder del TSE (“la puercada”) sin comparación con las que tienen los partidos de oposición y los cuadernillos, avalando los resultados las organizaciones de sociedad civil afines al gobierno y con el acompañamiento de las OEA, UE y la Embajada Americana. Otro es declarar sin lugar las impugnaciones presentadas por el Partido Liberal y la Alianza Opositora, que cuestionan al propio TSE y la conducta y parcialismo de su magistrado presidente, David Matamoros Batson. Pero también destaca una campaña de difamación y calumnia contra Salvador Nasralla, por llamar al pueblo a la toma de calles y conjuntamente con Manuel Zelaya Rosales, instaurar un modelo socialista en Honduras al estilo de Venezuela y Bolivia.

Sobre esto último el Ingeniero Salvador Nasralla ha manifestado públicamente que no es enemigo de la libre empresa y, por tanto, va a apoyar la iniciativa privada y políticas de incentivos para su desarrollo, en especial de las micro y pequeñas empresas; sin embargo, considera que dentro de las propuestas del Partido Libertad y Refundación  (LIBRE), que coordina Mel Zelaya, existen propuestas que deben rescatarse como el apoyo directo a los pequeños campesinos y campesinas con el bono tecnológico, el aumento del subsidio a la energía eléctrica a abonados que consumen menos de 150 kilovatios/hora, ajuste en la fórmula de importación de combustibles en una coyuntura de alza en los precios del petróleo, flexibilidad de la tasa de cambio y uso de gran parte de dichos recursos por parte del gobierno para mantener y apoyar una Policía Militar represiva contra el pueblo.

Hay que recordar que Salvador Nasralla, es graduado de la Universidad Católica de Chile, utilizada por los neoliberales para expandir su modelo aplicado inicialmente en dicho país después del Golpe de Estado a Salvador Allende; Nasralla está más cerca del neoliberalismo que del socialismo democrático, y eso al parecer, le cuesta entenderlo a Heide Fulton, encargada de negocios de la Embajada de EEUU en Honduras. Lo que sí es evidente, es que no tiene “cola que le pise”, o sea que tiene las manos limpias en un país donde la corrupción es una política de Estado.

Mientras el TSE busca el día y la hora más adecuado para declarar ganador a JOH, a lo mejor en las primeras horas del 24 de diciembre, han aparecido los distractores del fraude electoral.

La Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH), de la OEA, que fue creada para apoyar al gobierno en la lucha contra la corrupción en Honduras, después de que miles de jóvenes indignados marcharon por las calles exigiendo llevar a juicio y meter a la cárcel a los culpables del saqueo de los fondos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), estimado en más de 6,500 millones de lempiras, da señales vida y descubre una red de diputados corruptos. No obstante, a diferencia de la CICIG en Guatemala, la MACCIH no tiene facultades para llevar a los Tribunales de Justicia a los infractores, simplemente sirve de apoyo a las instituciones encargadas de perseguir el delito y acusar a estos. En el caso del IHSS, los juicios avanzan lentamente, hay muchos prófugos, otros siguen de cerca en sus casas de habilitación el juicio, y todavía no hay ningún pez grande preso.

La denuncia de la MACCIH refiere a la existencia de una Red de Diputados del Congreso Nacional, que fueron acusados por la Fiscalía General por supuesta malversación de caudales públicos, por un monto de 1.8 millones de lempiras manejados por la Asociación Nacional de Productores Industriales de Barrios y Colonia de Honduras (ANPIBCH), que recibió transferencias de fondos de la Secretaria de Finanzas (SEFIN) y emitió cheques a favor de los implicados. Tanto fue la bulla que se hizo, que, al parecer, los acusados se dieron a la fuga, y la MACCIH se quedó con los “colochos hechos”, ya que la juez que lleva el caso los citó para el 28 de diciembre de 2017. Algo curioso, no solo el bajo monto del dinero malversado, sino que tres (3) de los diputados pertenecen al Partido Vamos, un partido desmembrado de la Democracia Cristiana (DC), que tiene un representante en el TSE electoral y avala el fraude electoral, y los otros dos (2) al Partido Liberal y Partido Libre.

 ¿Y los diputados del Partido Nacional?, es la pregunta que le hace el pueblo hondureño a la MACCIH, más aun, cuando ha trascendido que un familiar del diputado más votado de Francisco Morazán por dicho Partido, manejó fondos por más de 300 millones de lempiras para proyectos de compensación social, una de las políticas del gobierno apoyadas por el FMI por más de 5,000 millones de lempiras. La prensa habla que más de 100 diputados están siendo investigados por el uso de estos recursos que forman parte del fondo de desarrollo departamental creado por el Congreso de la Republica para que los diputados realicen obras en sus municipios a favor de los más necesitados; sin embargo, contrario al pasado que era manejado por el propio Congreso, hoy lo maneja el gobierno de la Republica.

El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) agarró fuerza, y volvió a denunciar que la ex primera Dama de la Nación (2010-2013), Rosa de Lobo, cobró un cheque por 13 millones de lempiras, siendo fondos públicos, por lo que la Fiscalía debe actuar, y la acusada debe presentar los documentos del caso.

Estas acciones están siendo utilizadas para desviar la atención de los problemas que genera la crisis política, y la eventual declaratoria de JOH como presidente, en tanto la prensa mediática y tarifada ha cubierto todos los espacios de la noticia. Sin embargo, la Alianza Opositora no desmaya y sigue en lucha, convocando a un Paro Cívico Nacional contra el Fraude Electoral para el día viernes 15 de diciembre de 2017.

Tegucigalpa, DC, 14 de diciembre de 2017