Santos y su Gobierno perdieron otro año de cara al medio ambiente y en relación con las poblaciones afectadas. Pero sí lo ganaron a favor de las transnacionales.

En todo análisis, es preciso tener muy claro que los largos gobiernos de Uribe y Santos, impulsaron al máximo el neoliberalismo salvaje. En consecuencia, durante quince años, entregaron nuestros recursos minero-energéticos y el medio ambiente, a las transnacionales. Santos fue ministro de Uribe. Desde entonces, se supone, ya conocía la cuestión. El gobierno Uribe entregó cerca de 9.800 (nueve mil títulos minero-energéticos), y con ellos, 7.300.000 has (siete millones trescientas mil hectáreas) de territorio. Uribe nunca ha criticado al Gobierno Santos en el tema de la megaminería, que viene de su gobierno. Esa realidad-cuestión-problema los une. Uribe nunca ha defendido las consultas populares.

A título de ejemplo, cito las cifras que El Espectador publicó de las hectáreas entregadas en títulos mineros, en algunos departamentos: Antioquia, 1.088.575; Bolívar, 478.043; Tolima, 414,043; Cundinamarca, 383.711; Boyacá, 373.697; Cesar, 381.029; Chocó, 339,991 has. Cajamarca, para citar un municipio emblemático, tiene 32 títulos mineros. Los organizadores de la consulta popular en Pijao, Quindío, se alarmaron al saber que existen 23 títulos mineros que cubren el 80% de su territorio. “90 % del país tiene solicitudes de exploración’: Luis Montenegro. Experto en protección del territorio dice que resultados de consultas sobre minería son vinculantes” (El Tiempo, 14 de julio de 2017).

Estas cifras explican el porqué de la toma de conciencia de la población, en diferentes municipios, y sus levantamientos a favor de sus territorios y de su propio medio ambiente. Algunos medios han publicitado la cifra de 45 municipios que despertaron y descubrieron en la consulta popular su mejor mecanismo de participación popular, porque se trata de un instrumento constitucional. Pero no han publicado el listado completo.

Han sido realizadas 9 (nueve) consultas muy exitosas, ganadas por encima del 96% de votos en contra de la megaminería en sus territorios. Como también las votaciones en 12 concejos municipales a favor del territorio y sus riquezas, y en contra de la extracción mega minera.

Siete municipios se quedaron sin consulta popular, luego de haber sido aprobadas, cumplidos los requisitos de Ley: Pasca (Cund), Granada y Macarena (Meta), El Peñón (Santander), Córdoba (Quindío), Pensilvania (Caldas), Yopal (capital de Casanare), porque el Gobierno Santos les negó el presupuesto, invocando falta de recursos. ¡Qué mentira tan grande y cínica, cuando han sobreabundado los dineros para la “mermelada”!

Ante el levantamiento popular anti minero-energético, el Gobierno Santos ha respondido violando la Constitución y la legislación.

Veamos algunos hechos protuberantes:

1. Se ha opuesto radicalmente a la convocatoria de las consultas populares, es decir, ha negado la democracia de participación ciudadana genuinamente popular. La ciudadanía de los municipios ha tomado decisiones luego de largos procesos de concientización, investigación y organización, que han permitido una real participación democrática directa. No representativa. En esa oposición Santos ha utilizado falsos argumentos, particularmente en dos congresos nacionales del ramo de la minería. Como Cajamarca se convirtió en el municipio emblemático en la defensa del territorio y del agua y avanzaba la preparación de la consulta popular, no dudó en enviar ministros a convencer al alcalde y a los concejales de “la ilegalidad” de sus decisiones. Y lo logró bajo su primer periodo presidencial. Inclusive, el entonces vicepresidente Vargas Lleras viajó a presionar al Concejo Municipal de Espinal, cuyos miembros eran mayoritariamente de su partido político, Cambio Radical.

En esa coyuntura se debatía la necesidad de convocar consultas en seis municipios tolimenses, incluyendo Ibagué, Espinal, Cajamarca, Coello…, porque el proyecto de Anglogold Ashanti (AGA), de extracción de oro en La Colosa, perjudicaría a esos municipios, no sólo por la escasez de agua por la destrucción de las montañas, sino porque llevarían roca para moler, usando el agua y dejando montañas de escombros infectados...

Santos desconoció la Constitución y la legislación (dos leyes estatuarias, en 1995 y 2015, favorables a la participación ciudadana), desobedeció sentencias recientes de la Corte Constitucional (ejemplo, T445/16) a favor de la participación de los municipios en las decisiones sobre sus territorios y mostró su talante de clase, al desconocer las deliberaciones de los pequeños municipios.

2. Resultados de las 9 consultas populares, desconocidos por Santos y su Gobierno

1. Piedras, Tolima, el 28 de julio de 2013, NO 99.2%

2. Tauramena, Casanare, 15 dicbre, 2013, NO, 96.8%.

3. Cabrera, Cund, 26 Febrero, 2017, NO. 98.5%,

4. Cajamarca, Tolima, 26 marzo de 2017, NO, 97.2%,

5. Cumaral, Meta, 4 de Junio de 2017, NO, 97.4%,

6. Arbeláez, Cund, 9 de Julio, 2017, NO 98.5%

7. Pijao, Quindío, 9 de Julio de 2017, NO, 97.76%

8. Jesús María, Sant. Sur, 17sepbre 2017, NO, 97.05%

9. Sucre, Sant. Sur, 1 de octbre de 2017, NO, 98.21%

Además, ha criticado las decisiones autónomas de los concejos municipales, que votaron acuerdos contra proyectos minero-energéticos y de explotación de hidrocarburos en sus territorios, en Antioquia y Huila.

En Huila, 15 municipios aprobaron acuerdos: Pitalito, Timaná, Acevedo, Oporapa, El Agrado, San Agustín, Iquira… En Antioquia, dos concejos: Támesis (28 de mayo) y Jericó, dijeron NO, este año de 2017. En el año 2012, varios municipios del suroeste de Antioquia le apostaron a la definición de Acuerdos Municipales que le apuntaban a este mismo objetivo. Municipios como Támesis, Jardín, Urrao, Caicedo, entre otros, emprendieron acciones jurídicas para blindar el territorio de megaproyectos inconsultos que han generado fuertes conflictos sobre la definición de los usos del suelo, la autonomía de las entidades territoriales y la participación social”… En carta abierta a concejales, alcaldes y organizaciones del Suroeste de Antioquia, el COA o Cinturón Occidental Ambiental, manifestaba: “En Antioquia hay mucha preocupación en los municipios de Caramanta, Támesis, Pueblorrico, Santa Bárbara, Jardín, Tarso, Betulia, Ciudad Bolívar y Valparaíso”.

3. El Gobierno nacional es el dueño absoluto del subsuelo, y por ende puede declarar de interés nacional, áreas estratégicas mineras. Santos, para reafirmar su poder total sobre el Medio Ambiente y luego cederlo a las multinacionales, se inventó el seudo-argumento según el cual el Gobierno nacional, y más concretamente el Presidente, decide en dueño absoluto sobre el uso del subsuelo, plasmó su “locura” en el decreto 934 de 2013. Afortunadamente la Corte Constitucional bajó a Santos de las nubes, negando las áreas estratégicas mineras (T-766 de 2015) y afirmando los derechos de los municipios para prohibir la minería en su territorio (T-445 de 2016).

4. El presupuesto nacional no alcanza para pagar las consultas populares. Como las explicaciones presidenciales y gubernamentales contra la participación ciudadana directa fueron derrotadas, se les ocurrió el diabólico argumento de la falta de presupuesto. No hay dinero para las consultas populares pero el Gobierno acaba de malgastar cuarenta mil millones de pesos en la consulta nacional para escogencia del candidato liberal a la presidencia, para las elecciones del 2018. ¡¡¡Votaron solamente 700.000 personas!!! Santos NO levantó el más mínimo argumento para frenar ese despilfarro. Pero contra las consultas populares sí ha encontrado falsos argumentos, las ha criticado, las ha calumniado y las ha frenado.

Santos, por medio de su ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, prohibió las consultas populares por la falta de dinero en el erario público, pero ha malgastado millonadas en el super-crecimiento de la nómina de funcionarios. Según un radio-escucha en diálogo con la emisora Doble W, el miércoles 22 de noviembre, entre las 7 y las 8 de la mañana, Santos ha crecido la burocracia estatal en más de 19.000 funcionarios, todos muy bien remunerados. Esa ha sido una de las formas de repartir “mermelada”, a manos llenas. Sin olvidar, obvio, la “mermelada” copiosa con la cual ha super untado a congresistas y politiqueros.

Santos ha guardado silencio en los últimos tres-cuatro meses pero puso en acción a su Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, quien afirmó: “Nos comprometemos a proponerle al Congreso para que se legisle sobre el tema de las consultas populares. No puede ser que los intereses de unas minorías muy pequeñas, un concejo municipal, se impongan sobre las necesidades de toda una sociedad. Eso tenemos que arreglarlo de una forma que sea garantista que haya participación y que los proyectos estén bien socializados con las comunidades, pero que no haya actores con poder de veto sobre los proyectos que necesita el país", dijo Cárdenas, según El Espectador, del primero de agosto de 2017).

Pero fue más lejos. En el mes de octubre promulgó un decreto afirmando que no había dinero y que cada municipio debía pagar su propia consulta popular. El decreto fue publicitado por la Registraduría Nacional, para frenar la consulta en el municipio de Granada (Meta), apenas cinco días antes de la consulta, programada para el 22 de octubre. Decreto que cumplen a su acomodo y antojo, porque el Alcalde de Córdoba, Quindío, consiguió el dinero para los gastos der la consulta, pero la Registraduría se negó a organizarla.

En columna en El Tiempo, del 14-07-2017, Alfonso Cuéllar, titulaba: “Idiotas útiles”. El auge de las consultas mineras y petroleras es una señal de subdesarrollo. Hay que dejar de comer tanto cuento”.

5. En la defensa a ultranza de la megaminería no hay que olvidar el papel jugado por la serie de ministros de Minas y Petróleos y del Medio Ambiente, así como a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). En siete años, seis ministros en cada ramo. Casi un ministro por año. Eso no es serio. Eso se llama vulgar politiquería.

Germán Arce (Minas), no ha perdido la oportunidad de ir lanza en ristre contra las consultas populares. Hasta seleccionó cien municipios para entregarles donaciones para sus proyectos, a condición de apoyar la megaminería.

MinMinas entregó incentivo a la producción a 100 municipios productores (LA REPÚBLICA, Jueves, 28 de septiembre de 2017).

…. El Ministerio de Minas y Energía entregó hoy el incentivo a la producción a 100 municipios productores de hidrocarburos y minerales de 19 departamentos. “Este año se entregaron recursos por $172.100 millones, los cuales serán destinados a financiar proyectos sociales, económicos y ambientales ya priorizados y viabilizados por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión de cada municipio (Ocad)”, explicó el ministro Germán Arce. La entrega de los recursos se llevó a cabo en Bogotá…Es importante recordar que, desde 2015, el MinMinas otorga este incentivo a los territorios donde se realizan actividades de exploración y explotación de hidrocarburos y minerales.

El Ministro del Medio Ambiente, Luis Gilberto Murillo, afrocolombiano, nacido en Chocó, un departamento golpeado por la super pobreza, el racismo, el olvido discriminatorio estatal, las guerrillas, los paramilitares, el narcotráfico, la desforestación y con el río Atrato envenenado por mercurio y otros metales, a ese Chocó le dio la espalda, por acción y por omisión, así como le ha dado la espalada al Medio Ambiente.

Murillo no ha levantado una verdadera defensa del Medio Ambiente. Le interesaron más las glorias del poder, que la defensa real de la Madre Tierra, a lo largo y ancho del país.

Es necesario tener en cuenta el lobby permanente de Santiago Ángel Urdinola, Director de la Asociación Nacional de Minería, siempre en contra de las consultas populares.

“Los inversionistas creen que la situación está pasando de castaño oscuro y sostienen que las industrias extractivas están quedando en jaque. Ante la gravedad de los hechos, la Andi y siete gremios del sector, entre ellos la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), la Asociación Colombiana de Minería (ACM), Naturgas, Acolgén, Andesco, Andeg y Asocodis, le pidieron al gobierno, al Congreso, a las cortes, a los jueces, a los alcaldes y a los gobernadores trabajar de manera más coordinada para garantizar reglas de juego claras” (SEMANA, 03-04-2017).

6. Bajo los gobiernos Uribe-Santos, cuatro casos de defensa y protección del Medio Ambiente han tenido particular resonancia nacional e internacional: La Colosa-Cajamarca, La Represa El Quimbo (Huila), Santurbán (santanderes) y la explotación de carbón, en Guajira y Cesar.

En esos cuatro casos, el apoyo a las transnacionales ha sido total: Anglogold Ashanti (AGA), EMGESA-ENEL, MINESA (Emiratos Árabes). Carbones de Colombia, Guajira y Cesar (DRUMMOND-GLENCORE).

7. Santos abrió grandes las puertas al capital transnacional. En sus viajes internacionales se ha reunido con cientos de empresarios y les ha ofrecido muchas garantías. En diferentes eventos y discursos, la invitación al capital extranjero para invertir en Colombia, ha sido una constante. El agravante no está en la invitación en sí misma, sino en la cantidad de prebendas que se les ofrece: entregarles la información necesaria para invertir, atención de primera clase cuando toquen las puertas del país, bajos de impuestos, entrega de muy pocas regalías, salida de ganancias sin control, oídos sordos a las quejas y reclamos de la poblaciones víctimas e inseguridad jurídica para de los trabajadores…

Habrá seguridad jurídica para las transnacionales a costa de la inseguridad jurídica para la vida de las poblaciones e inseguridad jurídica para oponerse a la destrucción del Medio Ambiente…

Las multinacionales de Canadá siguen reinando. Hay 28 empresas en acción en el país. Es preciso recordar que Canadá fue el protagonista en la elaboración del Código de Minas de 2001, convertido en la Ley 685. Canadienses compraron las empresas de energía de Boyacá y de Bogotá.

DIAN revisará exenciones tributarias a empresas mineras por orden del Consejo de Estado

Por: Noticiascaracol.com (21 DE NOVIEMBRE DE 2017).

Más de 13 billones de pesos en impuestos se habrían dejado de pagar desde 2005, según demandantes. El senador Jorge Robledo, adicionalmente, pidió que las autoridades investiguen las razones detrás de esos beneficios. “Aquí estamos hablando de un daño al patrimonio público bien grande y cabe también que la procuraduría y la contraloría se pongan al tanto de lo que haya pasado”, declaró el legislador. “Los colombianos habíamos podido ahorrarnos las dos últimas reformas tributarias si este tipo de atribuciones no se las hubiese tomado la DIAN en su momento”, dijo Álvaro Pardo, uno de los demandantes…

8. Santos viajó a Dubái para vender Santurbán por 1.045 millones de dólares.

“A Santos lo recordaremos por dejarnos sin agua”: Alcalde de Bucaramanga.

Cinco preguntas del Alcalde Rodolfo Hernández al Presidente Santos:

1. Señor Presidente, si usted fuera santandereano, si su familia, sus hijos, sus nietos y toda su descendencia viniera de esta región ¿Seguiría el proyecto de Minesa?

2. Desde el año 2010, el Banco Mundial advirtió, según estudios en Perú, que la pérdida en agua sería del 18 al 21% y en Colombia del 30%, esto sin minería. Bucaramanga ya está en el límite del índice de la escasez, esto sin minería ¿Se justifica dañarla con los residuos de la minería y perjudicar a dos y medio millones de colombianos de las áreas metropolitanas de Bucaramanga y Cúcuta?

3. Señor Presidente ¿Cómo va a permitir usted la explotación por parte de los jeques árabes en Santurbán, sin tener certeza del comportamiento del agua bajo tierra y poniendo en riesgo que se afecte la capa vegetal o que se seque el páramo?

4. ¿Cómo puede usted ignorar a 130.000 personas que marcharon en contra de la mega minería en Santurbán? ¿Considera usted que esta tal marcha no existió?

5. ¿Por qué prometió la explotación de Minesa en Santurbán, a tan solo una semana después de publicada la sentencia de la Corte Constitucional que tumba la delimitación del páramo y exige realmente un proceso participativo y cuya extensión no puede ser inferior a la anterior?¿A caso usted está por encima de las altas cortes?

En la segunda semana de noviembre, el presidente Juan Manuel Santos visitó Abu Dabi. Tras reunirse con el príncipe heredero, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, jeque de los Emiratos Árabes Unidos, anunció su principal objetivo: había conseguido que le donaran US$45 millones para impulsar el posconflicto. Al poco tiempo se supo que los árabes también habían logrado darle un empujón a sus intereses: invertirían US$1.000 millones en el proyecto con el que la empresa MINESA busca explotar 9 millones de onzas oro en cercanías del páramo de Santurbán.

Los 45 millones, supuestamente son un aporte de los árabes para la paz, pero los recuperarán rápidamente por los descuentos y grandes ventajas que tienen todos los contratos con las transnacionales, bajos en impuestos, en menos regalías… Una buena parte se perderán en la corrupción y en el pago de elevados salarios y honorarios para la enorme burocracia que se ha inventado Santos para “construir” la paz.

En éste como en otros contratos nacionales e internacionales no se puede dejar de pensar en otros “Odebrecht”. Se producirán a menor escala… Pero se producen. Se debe poner en acción la “malicia indígena” porque siempre habrá lobby. Y los lobby valen dólares. “No se da puntada sin dedal”, se afirma desde antaño en el gremio de la costura…

Con el viaje de Santos a vender Santurbán, éste se ha convertido ya en el nuevo ícono ambiental, hacia el cual se deben dirigir las miradas críticas nacionales. Afortunadamente la Corte Constitucional exigió una nueva delimitación del Páramo de Santurbán, porque se hizo sin participación de los habitantes de la región.

Este Gobierno, por medio de la ANLA (Autoridad Nacional para las Licencias Ambientales) negó la solicitud de organizar una Audiencia pública en Bucaramanga, relacionada con Santurbán, ciudad que fue testigo de la marcha de ciento treinta mil personas, el 6 de octubre. “Anla niega audiencia pública en Bucaramanga por proyecto en Santurbán. El Alcalde solicitó la participación ciudadana durante trámite de la licencia ambiental de Minesa (El Tiempo, 25 de oct-2017).

Y posiblemente ANLA hará lo mismo cuando llegue la petición de Hidroituango. ANLA organizó una audiencia pública en Garzón, Huila, en noviembre del año pasado. Las quejas contra EMGESA y la hidroeléctrica El Quimbo fueron abundantes. Estuvo presente el Ministro del Medio Ambiente, el Gilberto Murillo. ANLA prometió el veredicto final, dos meses después. Se tomó más tiempo y no tomó NINGUNA decisión favorable a las víctimas, como personas y familias y tampoco a favor de los siete municipios afectados. La Audiencia pública no sirvió para nada. En reciente viaje a Quibdó se me comentó que durante las dos gobernaciones que ejerció Murillo en el departamento, creció la corrupción. Y lo confirma el gran paro cívico de este año.

El viaje a Santos a Dubai ha quedado en entredicho ante dos hechos posteriores:

A. “Investigan a compañía árabe Minesa por presunto daño ambiental”

“… La Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) abrió un proceso de investigación contra Minesa, compañía árabe que está detrás de una licencia ambiental para explotar oro en zonas vecinas al páramo de Santurbán, por el presunto incumplimiento a la normatividad ambiental y afectación de recursos naturales en la etapa de exploración en su momento en el túnel El Gigante, en jurisdicción del municipio de California, en Santander. Juan Manuel Pinzón, asesor técnico de la dirección de la CDMB, indicó que la investigación busca precisar el daño ambiental que se pudo dar por la apertura del túnel, el cual fue construido por AUX Colombia, empresa que vendió el derecho minero a Minesa, multinacional de propiedad del fondo de inversión y desarrollo Mubadala, del emirato de Abu Dhabi”... (EL TIEMPO, 22 de noviembre de 2017)

B. “La delimitación de Santurbán se mantiene por un año': Minambiente. La Corte Constitucional derogó la resolución que había delimitado este ecosistema estratégico. “…El fallo de la Corte Constitucional que tumba la resolución que delimitó el páramo de Santurbán, un ecosistema que surte de agua a más de 2,5 millones de personas, puso a tambalear a la opinión pública. El Tribunal le dio un plazo de un año al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para emitir una nueva resolución, esta vez con “un procedimiento previo, amplio, participativo, eficaz y deliberativo”, al considerar que no hubo la suficiente concertación con los distintos sectores implicados”… (EL TIEMPO, 08 de noviembre 2017 ).

Jorge Castellanos, en artículo de la Revista del Sur, del 21 de noviembre de 2017, informa: “El pasado 9 de noviembre se conoció públicamente en Santander la sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional, en el trámite de la Acción de tutela contra la resolución 2090 de diciembre de 2014 del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, quedando sin efecto la delimitación del páramo de Santurbán.

Dicha tutela fue presentada por Julia Adriana Figueroa en calidad de representante legal de la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez y varios integrantes en representación de los miembros del Comité por la Defensa del Páramo de Santurbán contra el Ministerio de Ambiente. La sentencia curiosamente registra la fecha del treinta (30) de mayo de 2017. La Corte Constitucional seleccionó el expediente de la referencia para revisión, cuya ponencia por reparto le correspondió al Magistrado ALBERTO ROJAS”.

9.Santos se publicita como defensor del Medio Ambiente, pero de palabra. Muy poco en acción

En los casos concretos, ha estado del lado de las multinacionales, como en la tragedia de El Quimbo, La Colosa, Santurbán… Bajo los ojos cerrados de este gobierno ha sido creciente deforestación en el Chocó y en la Amazonía.

“Las carreteras están íntimamente relacionas con la degradación ambiental. A sus alrededores se concentra el mayor proceso de intervención sobre bosque registrado en Colombia. Entre los años 2000 y 2012, el Ideam descubrió que el 50 % de las pérdidas del bioma amazónico se encontraban a menos de dos kilómetros de una vía” (En Amazonía, una prueba decisiva, en El Espectador, 20 de spbre-2017.

“Colombia: las mafias de la deforestación en el Guaviare” (El Espectador, Antonio José Paz Cardona, 4 Julio 2017).

• Entre el 2012 y el 2015, las hectáreas de coca sembradas en el Guaviare pasaron de 3851 a 5423 hectáreas, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

• Las cifras de incautaciones de madera en Colombia son alarmantes. Entre enero y mayo de este año la policía incautó 36. 251 metros cúbicos de madera en el país.

En Colombia existen ocho grandes núcleos de deforestación. Según reportes del Instituto Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), allí se concentran la mayoría de alertas. Y el departamento más afectado por este fenómeno es el Guaviare, pues en su territorio se encuentran tres de las zonas más críticas. Todos sus municipios padecen por la tala indiscriminada de árboles…En el Guaviare se encuentran 3 de los 8 núcleos más grandes de deforestación en Colombia. En Guaviare el problema persiste e incluso aumenta en comparación con las mediciones del Ideam durante el 2016. El incremento en la deforestación se debe al desarrollo vial, a la ampliación de la frontera agropecuaria, al desbosque y siembra de pastos para la especulación de tierras, y a los cultivos de uso ilícito.

La deforestación ha impactado áreas de altísima biodiversidad: Neven Mimica, comisario europeo. El responsable de la Cooperación Internacional y el Desarrollo dio detalles de su viaje a Colombia y del alcance del compromiso internacional con el desarrollo rural en el “posconflicto” (Espectador, 22 de julio/2017.

10. Bajo los gobiernos de Uribe y de Santos creció la corrupción como jamás en la historia del país.

Basta con citar algunas palabras claves en este campo, recopiladas en “una pancarta”, en las caricaturas de VLADDO, en la Revista SEMANA, Agosto 27:

DNE, INVERCOLSA, Notarías, Cartel de la hemofilia, Corrupción en la Guajira, Juegos de Ibagué, SALUD-COOP, Carrusel de la Salud, CORFI-PACÍFICO, REFICAR-ECOPETROL, YIDIS-Política, Robo al Departamento de Córdoba, Caso Nule, Calzada a Girardot (y en otras regiones), ODEBRECHT, DIAN, DRAGACOL, Carrusel de las Pensiones… Y habría que añadir, entre otros: Agro Ingreso Seguro, Jueces y fiscales que se venden, Cartel de la Toga, robo de la alimentación de los niños en varios departamentos… El caso del super escándalo del Secretario de la Presidencia, Alfonso Prada, y el SENA. Sin olvidar “la mermelada”, untada a diestra y siniestra, etc., etc., etc…

Según la Contraloría General de la República, citada en la página 44, de la Revista Semana, de abril 8, de este año, la corrupción le cuesta a la población colombiana, la módica suma de 50 billones de pesos cada año. Es decir, ¡¡¡un billón de pesos por semana!!!. La corrupción se roba el 4% de Producto Interno Bruto (PIB), por año. Las instituciones de mayor riesgo de corrupción, según la ONG Transparencia por Colombia, son: Ejército Nacional (51.2%), Consejo Superior de la Judicatura (49.8%), Senado de la República (45.4%) y Cámara de Representantes (24.3%).

El 91% de los empresarios cree que algunos de ellos ofrecen sobornos.

Bogotá, D.C., 29 de noviembre de 2017

Héctor Alfonso Torres Rojas

Sociólogo