Dos suspirantes a la candidatura por el Revolucionario Institucional para despachar en Los Pinos, tuvieron un miércoles 22 de agudos contrastes. Mientras José Antonio Meade fue colmado de elogios desmedidos por Luis Videgaray, el gurú de Enrique Peña, frente a los embajadores acreditados en México –algunos de los cuales se quejaban de recibir citatorios sin cuidar tiempos y formas–, Miguel Ángel Osorio fue cuestionado con severidad por senadores de los partidos Acción, Morena, Del Trabajo y De la Revolución Democrática, tan democrático que resuelven a puñetazos diferencias en la capital del país.

Octubre fue el peor mes por el número de homicidios y la violencia padecida desde que se cuantifican, los últimos 20 años, y la ocasión insustituible para exhibir el fracaso indudable del gobierno de Peña Nieto. Fracaso que no debiera alegrar a sus adversarios políticos porque el daño es para todos, incluso para los que viven con escolta, como lo evidencia el asesinato de Adolfo Lagos, funcionario de Televisa. Aunque el revés es de un gobierno que estimó suficiente con desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública, más trabajo de inteligencia, coordinación institucional, disminución (relativa) del escándalo mediático sobre la violencia y el “sometimiento” de los agentes estadunidenses a una ventanilla.

El hecho es que esa política funcionó bien durante 2013-15, como recordó Osorio Chong a los legisladores, pero lo hizo para recriminarles que no la apoyaron, en lugar de invitarlos a revisar juntos qué falló y sigue fallando pese a la muy cuantiosa inversión en seguridad pública y los espléndidos negocios que al amparo de ella realizan empresarios (Carlos Slim) y políticos (Genaro García Luna).

Recursos abundantes durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña, pero que no cambiaron la terca realidad: 600 municipios no cuentan con corporación policial, de las mil 800 agrupaciones existentes la mitad tiene menos de 20 elementos; 40 por ciento de sus integrantes ganan menos de 4 mil 600 pesos mensuales, y en su mayoría no reciben el equipamiento, la capacitación y las condiciones laborales que requieren. ¿Y lo invertido a dónde fue a parar? ¿A los bolsillos de cuáles empresarios y gobernantes? Es sabido que las cárceles federales que se publicitaron como “modelo” son un nido de corrupción.

En los años de baja notable de los homicidios dolosos, el titular de Gobernación se vanagloriaba de éxitos sin precedente “en la historia de la humanidad” y hasta hoy asume que “una situación muy compleja” obliga a la “corresponsabilidad entre poderes y órganos de gobierno”.

Para el hidalguense de Pachuca que corroboró que no es el elegido de EPN, el gobierno cuenta con diagnósticos precisos sobre las corporaciones policiacas. Muy bien, pero el problema más que de diagnósticos es de políticas, ni siquiera de leyes como la de seguridad pública y la del mando único que exigió a los senadores aprobar.

A un año de que Peña haga maletas con más pena que gloria, pese a mejorar en respaldo ciudadano (El Universal, 22-XI-17), hay tiempo para revisar la política de seguridad pública que critica hasta Guillermo Valdés –el encuestador de Calderón en 2006, improvisado como director del Cisen y ahora especialista en seguridad–; todavía es posible construir lo que MAO llamó “corresponsabilidad entre poderes y órganos de gobierno”, como condición insoslayable para que los programas no sean de coyuntura, sino de mediano plazo hasta convertirlos en políticas de Estado.

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