No hay salida para la cuestión crucial de la crisis brasileña en el remiendo electoral que la prensa llama “reforma política”.  Se trata de un conjunto de artificios cuyo objetivo es asegurar que nada cambie, o sea, que los de arriba permanezcan mandando en desmedro de los intereses de los de abajo.

Lejos de ser una alternativa al caos de hoy, la falsa “reforma” lo que hará es profundizar la crisis de representatividad, socavando aún más el desaliento nacional.  Según una investigación del instituto Ipsos recientemente divulgada, el 95% de la población brasileña no se identifica con sus gobernantes.  Mientras los músicos tocan y las parejas bailan, el Titanic va en dirección a su naufragio.

Lo que presenciamos en Brasilia, con el inefable protagonismo de un Congreso ilegítimo en movimiento de autodefensa -defensa, protección y renovación de mandatos que en su mayoría abrumadora fueron mal adquiridos y son mal ejercidos- es una trampa, una farsa, una comedia de mal gusto, diríamos, si sus efectos no fueran trágicos y amenazadores.  Y el peor de todos los males es la degradación de los poderes, de los tres participantes activos de la obra colectiva de destrucción del proyecto Brasil; la construcción de un país desarrollado, democrático, libre de la miseria y promotor de la igualdad social.

La crisis de nuestros días, después de casi 13 años de afirmación nacional, renueva en nuestro pueblo el viejo temor: ¿será que Brasil está definitivamente condenado a jamás salir bien?  Esta crisis es la más grande, la más profunda y perseverante y canalla de toda la historia republicana, que conoció dos dictaduras y varios gobiernos autoritarios.  Permea todos los espacios de la vida nacional, comenzando por los resquicios de la economía y la política hasta alcanzar -y he aquí el indicador de su mayor perversidad- el plano ideológico con el asesinato de la esperanza.

De esta manera, se agrava el complejo de inferioridad.

El colectivo que hoy nos gobierna -la coalición formada por el Ejecutivo, el Judicial, el Legislativo, por los medios de comunicación hegemónicos, por las Fiespes de la vida y por el sistema financiero- apuesta al desaliento de las grandes masas que fomenta para así tener las manos libres en el proceso bien pensado, bien planificado y bien aplicado de destrucción nacional, desmontando las bases de nuestro desarrollo, lo que implica la renuncia al futuro.

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, cada uno con su míster (no hay inocentes en esta miseria), van contribuyendo a la profundización de la crisis política que se desborda en un impase institucional.

Se está descomponiendo pieza por pieza a Petrobras.  Se está vendiendo sus activos en la cuenca de las almas a los competidores multinacionales, y brevemente volveremos a la condición de grandes importadores de derivados de petróleo y petroquímicos.  El BNDES no será privatizado, pero ya se está minando su papel como inductor de desarrollo, su razón de ser.  Así se explica el empeño en igualar la tasa de intereses de sus préstamos a la de la banca privada.  La investigación científica y las inversiones en innovación (¡en lo que estamos tan atrasados!) fueron reducidas a cero, las becas concedidas por CNP y Capes están bajo amenaza de terminar en septiembre y las universidades públicas sufren un régimen de penuria que llega a instituciones fundamentales como la Finep y la Fiocruz.  “El gobierno tiene prisa” por lo que acelera la venta de la lotería de la Caixa Econômica, la Casa de la Moneda y el aeropuerto de Congonhas, el más rentable de todos.  En conjunto, son 57 proyectos de privatización.  Y -para la alegría justificada de O Globo y del Estadão – ya se anuncia la privatizacón de Eletrobrás, con sus depósitos, después de iniciado el proceso con Chesf y Cemig, que llevará consigo a Light.  El tal del “mercado” dice el Estadão del día 23, prevé una subida del 178% en el precio de la cuenta de luz.

 Ese desmontaje del sistema eléctrico brasileño, al lado de la paralización de las obras de Angra-3, dificultará aún más la recuperación industrial y puede constituirse en una amenaza a la seguridad nacional tan grave como la paralización de la construcción de nuestros submarinos sin los cuales, nuestra costa (7.491 km) permanecerá desguarnecida, atizando aventureros.  Las tierras indígenas, objeto de expropiación, están siendo abiertas a la minería y a las áreas fronterizas entregadas a la especulación internacional.  Todo eso constituye apenas la punta de un profundo iceberg.

¿Qué otras tragedias podemos esperar si este gobierno, corrupto y de lesa patria, no es detenido? 

Peligrosamente para la democracia, la desmoralización de los poderes de la República continúa con un Congreso que legisla de espaldas a la población mirando por delante sólo sus intereses personales y negociados, y un Poder Judicial -lerdo en los juicios- que interfiere en la marcha de la política, avanza sobre la competencia del Legislativo (por ejemplo, “legislando” en materia electoral) y es acusado de parcialidad política y desvíos éticos, como el usufructo de privilegios antirrepublicanos.  ¿Puede haber mayor miseria que un pueblo que no pueda confiar en su justicia?  ¿Qué decir de un STF cuyo símbolo más significativo delante de la opinión pública es el aún ministro Gilmar Mendes; desenvuelto empresario, conferencista, viajero, organizador de simposios y coloquios, abogado de la defensa y asesor legislativo de Michel Temer, el presidente denunciado y juzgado en el TSE por su abogado?

Entre un viaje y otro, entre una conferencia y otra para empresarios y redacciones de los grandes periódicos, el ministro pasó por Brasilia y en 24 horas concedió dos habeas corpus a los dirigentes de la mafia que controla -mediante corrupción ostensiva- el sistema de buses de Rio de Janeiro.  No habría nada que registrar si el ministro no fuese padrino de matrimonio de Beatriz Barata (hija de uno de los presos pícaros) con Francisco Feitosa Filho, sobrino de Guiomar Feitosa Mendes, esposa del ministro (Estado de S. Paulo, 19.8.17).

Gilmar Mendes, que dictó en apenas 48 horas dos habeas corpus en favor de Daniel Dantas, también concedió el beneficio al presidiario Eike Batista.  Nuevamente, no habría nada que registrar, si el ex billonario -ahora acusado- no estuviese siendo defendido por el buffet de Sérgio Bermudes, donde trabaja la Dra. Guiomar, esposa del ministro. 

 El ministro, que parece guiar el STF (a juzgar por el silencio estrepitoso de sus colegas), acostumbra prejuzgar en la anticipación de votos y decisiones, reveladoras de su parcialidad.  Lamentablemente no es el único que actúa así.  Recientemente, en una entrevista en el Estadão repercutida con entusiasmo por toda la prensa, el juez Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, presidente del Tribunal Regional Federal de la 4ª Región, la instancia que juzgará los recursos de Lula, consideró “impecable” la sentencia del juez Moro.

A pesar de que su arrogancia casi siempre desborda en agresión verbal, que ya llegó a varios colegas, el ministro todos los días en los periódicos es ensalzado como una estrella pop, tiene mucho prestigio en la Casa.  Acaba de sugerir, sugerencias que fueron aceptadas por la presidente del STF, los nombres de tres abogados para que integren el TSE.  No habría nada que registrar, tan sólo el hecho de que los eventualmente nuevos ministros son profesores de la empresa de enseñanza privada de la cual el ministro es socio.  Se diría que el comportamiento poco ortodoxo y nada republicano del actual presidente del TSE es un caso aislado.  Ocurre, sin embargo, que con su silencio, el STF se está solidarizando con su ministro, sus actos y su discurso.  La Corte, que se deja degradar, infelizmente no entendió aún que será juzgada por la historia.

El mismo STF que se hace de la vista gorda ante tanta infracción a las leyes y al Código de Ética de la Magistratura, profesa un activismo procesal-político sin amparo constitucional.  El STF hace política mediante la administración de pedidos de vista que se eternizan (como el de Gilmar Mendes, siempre él, en el juzgamiento de la Acción de Inconstitucionalidad interpuesta por el Consejo Federal de la Orden de Abogados de Brasil contra el financiamiento de las elecciones por empresas).  El plenario del STF hace de la vista gorda a la industria de concesión de mandamientos judiciales y otras decisiones monocráticas que se derivan del conflicto de sentencias, la revisión de la jurisprudencia a cada persona juzgada, agravando la inseguridad jurídica.  El STF hace política en la organización de la pauta de los juicios.  Mientras corren aceleradamente y aceleradamente son concedidos los pedidos de habeas corpus de los amigos de la Casa, duerme en los cajones el pedido de libertad interpuesto por el almirante Othon Luiz Pinheiro da Silva, uno de los científicos nucleares más importantes de este país.  Éste, acometido por un melanoma, se pudre en prisión, sin tratamiento médico.  De esta manera, el STF crea y aplica la pena de muerte, de la forma menos piadosa posible.

Lo grave es la sensación de desamparo que se apodera de la ciudadanía, frente a un Poder que se jacta de su postura olímpica, pero que es acusado de desvíos éticos y privilegios fuera de lugar en una República (salarios por encima del techo constitucional, comisión por esto y aquello y gratificaciones por “exceso de trabajo”).  El Consejo Nacional de Justicia (CNJ) determinó que los tribunales regionales de trabajo paguen a sus jueces una gratificación por “sobrecarga de procesos”, lo que puede elevar el salario de cada uno hasta en 9.141 reales.

El Ministerio Público Federal le sigue los pasos: en 2015 gastó 2.2 millones de reales en viáticos concedidos a los procuradores que actúan en el Lava Jato en Curitiba.  Mandamientos judiciales del ministro Luiz Fux autorizaron el pago de auxilio-vivienda a jueces y procuradores, beneficio que ya costó 4,5 billones de reales.  Esos mandamientos judiciales están, hace tres años, esperando que la presidencia las programe para su juzgamiento.  No juzgar, sin embargo, es una de las maneras que tiene el STF para intervenir en el pleito.  Fue así que el STF respaldó la interpelación a la presidente Dilma Rousseff, al no juzgar el mandamiento judicial concedido por Gilmar Mendes (siempre él, ¿por qué?) prohibiendo, sin base constitucional, la nominación del ex presidente Lula para la Jefatura de la Casa Civil.

 Éste es el juego de la casa grande, dueña y señora desde la colonización, ejerciendo su imperio sobre el país y su gente.  Ésta es su historia y su protagonismo.  La voluntad de los de arriba sólo cesará cuando los de abajo tomen conciencia de esa dominación y, organizados, reviertan el proceso. 

- Roberto Amaral es escritor e ex-ministro de Ciencia y Tecnología

Traducción: Sandra Aliaga

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