En Colombia estamos atravesando por un período de crisis política y judicial que siempre ha estado en el fondo de nuestros principales problemas que nos ha conducido a tener una de las sociedades más desiguales e inequitativas del planeta y no solo de la región latinoamericana. La concentración de la propiedad con una tasa próxima al 0.58 en el coeficiente de Gini y en materia de propiedad agraria en un 0.87, nos indican que las políticas públicas puestas en marcha han dado estos resultados y son un fracaso desde el punto de vista de construir una sociedad democrática con importantes niveles de inclusión y justicia social. Es allí que tiene origen el conflicto social y armado que se desplegó en una buena parte del país en los últimos 53 años y del cual tratamos de salir mediante la negociación política ya culminada con las FARC-EP desde el punto de vista del componente militar y que avanza en medio de la incertidumbre en la Mesa de Negociaciones en Quito entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional, ELN,  que de culminar exitosamente permitiría un cierre de la confrontación armada no así del conflicto social que tiene otros niveles y formas de expresión como los paros cívicos, las protestas laborales, las mingas y paros agrarios, y en general, variadas formas de protesta y movilización que se expresan en vigorosos movimiento sociales que se han realizado aún en medio de la confrontación armada.

El Acuerdo Final suscrito entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, contiene una serie de propuestas que apuntan a la resolución de algunos de los problemas pendientes en la agenda para la construcción de una democracia más incluyente y con mayores niveles de legitimidad. Eso lo entendemos quienes creemos que se requieren un conjunto de reformas y políticas públicas que asuman la tarea de lograr una sociedad política más transparente y menos permeada por el uso de los recursos públicos para mantener el régimen de privilegios y de exclusión social; que aún sin proponerse una profunda reforma de la tenencia de la tierra por lo menos aboque una redistribución parcial de la propiedad agraria en beneficio de la inmensa masa de campesinos sin tierra o que ocupan terrenos de la nación en que no se ha legalizado debidamente su propiedad. Justamente la conformación de un Fondo de Tierras para la Paz con el propósito de redistribuir 3 millones de hectáreas entre millones de campesinos sin tierra y que formalice la propiedad de otros 7 millones de hectáreas camina en la dirección acertada de disminuir la irritante concentración de la propiedad en que 2.500 propietarios son dueños del 52% de la tierra productiva. Pero contra esas propuestas se ha levantado una férrea oposición desde los componentes políticos e institucionales del régimen que defienden a capa y espada el statu quo existente.

En materia política el Acuerdo Final plantea la necesidad de abocar reformas que tengan como propósito la profundización de la democracia en primer término sacando las armas de la política, avanzando en la construcción de una sociedad más pluralista para lo cual se requiere “La revisión y modernización de la organización y del régimen electoral (que) debe propiciar una mayor participación  de la ciudadanía en el proceso electoral. Una mayor participación electoral requiere adicionalmente de medidas incluyentes que faciliten el ejercicio de ese derecho, especialmente en zonas apartadas o afectadas por el conflicto y el abandono, teniendo en cuenta las dificultades específicas de las mujeres que habitan dichas zonas para el ejercicio de este derecho”. (Punto 2 del Acuerdo Final).

Para implementar estos acuerdos se implementaron principalmente cuatro mecanismos. En primer lugar un mecanismo de discusión con todos los partidos políticos que fueron invitados a participar  y concertar el proyecto hoy convertido en Ley Estatutaria de un Estatuto de la Oposición tal como lo ordenaba la Constitución de 1991 en su artículo 112 que en los 26 años anteriores no fue desarrollado. Aún con sus limitaciones por ejemplo el de no incluir a los organismos de control en el nivel nacional y en el nivel territorial, es un instrumento que servirá para construir un Estado más incluyente y respetuoso de los derechos de la oposición política.

Un segundo mecanismo fue la creación de una Misión Electoral Especial, MEE,  que debería abocar el tema de la reforma electoral y el financiamiento de las campañas y de los partidos políticos que fue conformada de manera independiente y rindió su informe el pasado mes de abril y que comprendió tres ejes fundamentales: una propuesta de reforma al diseño institucional electoral en la que propuso la creación de una Corte Electoral como máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral; un Consejo Electoral Colombiano como autoridad administrativa, estos organismos deberían ser conformados atendiendo a los criterios de autonomía e independencia de los partidos políticos a quienes debe vigilar y sobre los cuáles ejerce autoridad de Estado y propuso mantener  con algunas modificaciones la Registraduría Nacional del Estado Civil con funciones técnicas, logísticas y administrativas en los  procesos electorales así como el registro e identificación de los ciudadanos y de los habitantes del territorio colombiano.  Así mismo propuso una ambiciosa reforma política y electoral en que la principal propuesta consistió en la adopción de un sistema de circunscripciones territoriales para la elección de la Cámara de Representantes con 173 representes (hoy se eligen 167) de los cuales 104 deberían ser elegidos por distritos uninominales y 69 como se eligen hoy por listas plurinominales. También contemplaba mejorar sustancialmente la representación de las mujeres con un 40% de cuota para ellas en la mira de lograr en el futuro la paridad en las listas y en las elegidas. Así mismo proponía la eliminación de las listas abiertas o con voto preferente y en cambio establecer el sistema de listas cerradas y bloqueadas en donde el elector vota por la lista que el partido político conforma y asigna el orden de la misma. Estas listas deberían ser conformadas mediante mecanismos democráticos internos en los partidos.

Estas son las  propuestas de la MEE, que eran las más importantes y que han desaparecido prácticamente del proyecto de Acto legislativo que se tramita actualmente en el Congreso por la vía rápida, o fast track. Sobre ello volveremos más adelante. Un tercer componente de la propuesta que era la parte más conservadora de la propuesta se relacionaba con la financiación de los Partidos y de las campañas electorales en que se proponía mantener el financiamiento mixto de las campañas electorales. El cambio más significativo es que la propuesta establecía el mecanismo de financiamiento preponderantemente estatal. Dejaba  el financiamiento privado de las elecciones no así de los Partidos Políticos pero tampoco establece límites para ello.

Un tercer mecanismo buscaba la creación de 16 circunscripciones especiales de Paz para los 167 municipios en los cuáles se desplegó con mayor intensidad el conflicto armado. Este proyecto hace tránsito en el Congreso también por la vía rápida que no lo ha sido tanto pues se encuentra pendiente de la aprobación de su articulado en el Congreso de la República. Estas circunscripciones especiales tendrán una duración de ocho años.

Finalmente el cuarto mecanismo que avanza en su revisión de constitucionalidad en la Corte Constitucional se ocupa exclusivamente de brindar condiciones y definir las reglas del juego, los incentivos y las garantías para la incorporación política de las FARC-EP como organización política legal. Esta parte del Acuerdo ha sido ya aprobada en diversos mecanismos legales y constitucionales por el Congreso de la República  y como se señaló se encuentra pendiente de revisión por parte de la Corte Constitucional.

Una reforma política limitada y aún incierta

Como ya lo hemos examinado en estas mismas páginas se encuentra en debate el proyecto de reforma política que presentó el gobierno y que recibió ponencia en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes que se estructura en 22 artículos que se adicionarán a la Constitución Política y que contempla básicamente tres aspectos centrales: (1) Una reforma al diseño institucional de las autoridades electorales, (2) reformas en materia de financiación de la actividad política y que se ocupa principalmente de establecer mecanismos de control al financiamiento ilegal y a la violación de los topes de gastos de las campañas políticas, y (3) modificación al régimen de los partidos políticos. Así mismo se contemplan cambios en el régimen de incompatibilidad de los congresistas y se proponen reformas al régimen de pérdida de investidura.

En cuanto al tema de las autoridades electorales el proyecto plantea la eliminación del inoperante y politiquero Consejo Nacional Electoral, CNE, que es un organismo integrado por 9 consejeros que son elegidos por el Congreso de la República precisamente como autoridad administrativa para que los vigile y eventualmente sancione, cosa que no ocurre. Bajo sus narices hoy se sabe por el escándalo de actos de corrupción propiciados por la firma brasilera Odebrecht se financiaron ilegalmente las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos en el año 2010 que como se sabe ya precluyeron en cuanto en Colombia cesa toda responsabilidad después de cuatro años de la ocurrencia de hechos ilegales y de ello no se percató el CNE y están a punto de prescribir también los hechos relacionados y ya comprobados de financiamiento  ilegal por esa misma firma brasilera de las elecciones de 2014 que comprometen a las campañas nuevamente de Juan Manuel Santos y del uribista oposicionista, Oscar Iván Zuluaga.

Y frente a esta realidad ¿qué plantea la reforma propuesta?  Pues simplemente que se reforme el Consejo Nacional Electoral que recogiendo parcial y amañadamente las propuestas de la Misión Electoral, MEE, ahora se llamará Consejo Electoral Colombiano que como aspecto positivo estaría dotado de funciones de policía judicial para investigar y sancionar delitos electorales, eso está bien, aunque es incompleto pues debería dotársele de reales instrumentos de investigación de los cuales además de este no se contempla en el proyecto de reforma. Pero el conejazo mayor a la propuesta de la MEE está en los organismos que elegirían a los 9 integrantes del Consejo Electoral Colombiano. Tres serían nombrados por el presidente de la República, tres serían elegidos por el Congreso de la República y solo tres por los presidentes de las Altas Cortes, es decir, que dos tercios de los nueve tendrían origen en instancias políticas negando de tajo la propuesta de la MEE que proponía eliminar en la elección de las autoridades electorales las instancias políticas pues acertadamente en su diagnóstico planteó que buen parte de la inoperancia e impunidad que reina en materia de responsabilidad política y control de males como la infiltración de dineros de la criminalidad y del empresariado en las campañas políticas, se debe a la forma como los partidos mantienen el férreo control por la vía del nombramiento de los organismos y autoridades electorales. Mientras no se quiebre de tajo esa injerencia seguiremos en las mismas. Y eso es lo que proponen tanto el Gobierno como los partidos en el Congreso de la República.

Ahora bien la suerte misma del proyecto no está clara pues se han presentado más de 150 proposiciones sustitutivas o de reforma de lo que plantea el informe de ponencia. El proyecto fue presentado el día 10 de agosto y hasta ahora solo se han votado 3 de los 22 artículos del proyecto. Se negó el primer artículo del proyecto que buscaba hacer vigente la Convención Americana de los Derechos Humanos que establece que ninguna autoridad elegida popularmente puede ser sancionada por autoridad distinta a un juez de la Republica. En Colombia la  Procuraduría General de la Nación puede sancionar aún con la pérdida de la investidura por motivos disciplinarios a funcionarios públicos electos popularmente y la Contraloría puede sancionar fiscalmente a estos mismos funcionarios. La Procuraduría y la Contraloría se opusieron e hicieron un lobbying muy eficaz para no perder ese poder. En el proyecto de la Misión Electoral, MEE,  este problema se resolvía eficazmente con el establecimiento de la Corte Electoral. En la Cámara finalmente este artículo fue negado con lo cual las cosas quedan como están que se han prestado a arbitrariedades como la destitución del Alcalde de Bogotá Gustavo Petro por el arbitrario procurador que después fue destituido por el Consejo de Estado y hoy es flamante precandidato, Alejandro Ordoñez Maldonado.

Se han aprobado igualmente dos artículos los artículos 2 y 3 de la ponencia referentes a la posibilidad de uso de medios digitales para apoyar iniciativas ciudadanas y a la forma de conformación de los partidos y movimientos políticos y sus procesos de democracia interna. Pero los artículos que de alguna manera son importantes como la eliminación del Consejo Nacional Electoral, CNE, la creación del Consejo Electoral Colombiano, CEC, y su elección siguen en debate dado que organismos que integraron la Misión Electoral Especial y otros integrantes de la misma se han pronunciado en contra de la propuesta que ya comentamos. Los otros puntos de la polémica como el del financiamiento y los controles al mismo aún no han sido abordados para su negación o aprobación.

En resumen la propuesta de la Misión Electoral Especial, MEE, fue archivada en sus aspectos esenciales y con ella la posibilidad de una reforma política integral en la perspectiva contemplada en los Acuerdos de La Habana que no es nada distinta a crear un sistema electoral garantista, transparente y con dientes para conformar un sistema electoral más democrático. Hay en el devenir democrático de Colombia tres asuntos bloqueados que tocan con los acuerdos de La Habana y que han chocado con inamovibles defendidos a capa y espada por el régimen tradicionalista que nos gobierna y que nos oprime. El bloqueo de reformas políticas para una real apertura democrática. El bloqueo a una verdadera reforma a la justicia, y finalmente, el bloqueo a una reforma social. Por ello cada vez crece más la propuesta de buscar como salida a estos bloqueos la necesidad de una Constituyente que los afronte. El debate está abierto.

Bogotá agosto 24 de 2017.

Pedro Santana Rodríguez

Director Revista Sur

https://www.sur.org.co/crisis-y-reforma-politica-insuficiente/