Un fallo político

La Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de los literales h y j del Acto Legislativo 01 de 2016, con lo cual limitó la vía rápida o fast track, para el trámite de los actos legislativos y de las leyes mediante las cuales se implemente jurídicamente el acuerdo firmado entre el Estado y las FARC o cualquier acuerdo posterior y además, autorizó la modificación de los acuerdos por el Congreso de la República. Este fallo reduce el compromiso institucional del Estado a una responsabilidad del Gobierno. Con esa decisión, jurídicamente ni la Rama Judicial, ni el Congreso están obligados a acatar el acuerdo.

Este que es un fallo político, encubre su legitimidad en el “respeto a la legalidad”, en la “defensa de la democracia” y en el acatamiento a la “separación de los poderes”, desconociendo que la paz democrática es un derecho suprajurídico de la sociedad, la condición para garantizar la totalidad de los derechos fundamentales y que en esa medida el acuerdo de paz es un acontecimiento de excepción que se coloca por encima de la juridicidad vigente.

Esto nos reafirma que para la defensa del poder la clase dominante no tiene límites institucionales, y es por ello evidente que estamos ante un fallo político, que muestra para esa decisión, una tendencia favorable a los sectores más reaccionarios de la clase dominante, de quienes se oponen a la solución negociada de la paz y a los acuerdos firmados con la insurgencia. Si esto se convierte en una relación estable de fuerzas al interior de la Corte, la paz se pone en grave peligro porque los acuerdos quedan ad referéndum del Congreso, y posteriormente de esa tendencia de la Corte en sus fallos de revisión. Esto sería la negación de la paz negociada.

Esta decisión tiene implicaciones graves, porque reduce un acuerdo con el Estado a un acuerdo con el Gobierno; porque constituye un incumplimiento a los acuerdos por parte del Estado, que le resta confianza a las negociaciones de paz; y porque  busca complicar la implementación del acuerdo suscrito con las FARC y empantanar temas como el desarrollo institucional del acuerdo sobre reforma agraria, que tanto preocupa a la ultraderecha o la participación, democratización y saneamiento de la política.

Esta decisión muestra, que a pesar de que el acuerdo no compromete estructuralmente el modelo económico, político, social, militar e internacional, no es un compromiso del Estado, porque no hay al respecto unidad política de la clase dominante. Los enemigos extremos de la paz, de la negociación política del conflicto armado, del acuerdo de paz suscrito y de su implementación, los enemigos internos y externos de cualquier apertura democrática que afecte el statu quo de la dominación, con el monopolio de la propiedad de la tierra y el enriquecimiento logrado con la guerra, actuarán siempre y en donde puedan para obstaculizar la implementación del acuerdo de paz.

Ante la falta de compromiso del Estado con la paz, la implementación del acuerdo se convierte en un hecho político, que depende de las relaciones de fuerza en el Congreso y de la voluntad del gobierno para implementar el acuerdo.  La implementación jurídica del acuerdo se torna así en un proceso inestable. La izquierda es una minoría marginal en el parlamento, en el que el sector liberal de la clase dominante, bajo los métodos tradicionales de la corrupción y el clientelismo, mantiene el control del manejo del Congreso, y el fallo que la Corte Constitucional quiso que fuera una decisión estructural, permanente y de efectos inmediatos, se vuelve una decisión política de manejo de las mayorías del Congreso, hasta cuando esté vigente la implementación jurídica de los acuerdos de paz, se mantengan las relaciones de fuerza entre las dos derechas y el gobierno con su naturaleza vacilante y conciliadora, conserve la voluntad política de cumplir e implementar los acuerdos.

La paz se construye en la lucha de clases

Este fallo y muchos otros obstáculos van a ser el empedrado por el que tiene que transitar la implementación del acuerdo y la construcción de la paz democrática. No hay proceso de paz que se construya sin las tensiones y confrontaciones coyunturales y estratégicas propias de la disputa de clases por el poder.  Eso lo sabíamos de antemano, comenzando por las FARC. La ultraderecha se opondrá permanentemente a la implementación del acuerdo y para la derecha liberal, el acuerdo se limita al desarme, porque lo estiman útil para la consolidación del neoliberalismo y para encontrar mejores oportunidades para los negocios de las multinacionales y del gran capital; todo esto en el marco de la dominación neocolonial, del pacto estratégico de la dependencia como condición para prolongar la dominación política.

El acuerdo, en cuanto responde al interés de un sector de la clase dominante que se mueve entre sus naturales vacilaciones de clase y las presiones políticas de la ultraderecha, aún no se ha incumplido en lo sustancial.  Las dificultades en la implementación del acuerdo expresan una dura confrontación por la hegemonía política entre las dos derechas, ninguna de las cuales acepta reformas a la estructura del régimen. En este marco se juega la implementación de los acuerdos. En las disputas internas de la clase dominante no está en juego la paz democrática, sino el tire y afloje para el estrechamiento del acuerdo de paz suscrito. Pero no son estas contradicciones las que definen y marcan el futuro del acuerdo y del proceso de construcción de la paz.

Para los demócratas comprometidos con las transformaciones sociales, la construcción de la paz con justicia social se juega es en el marco de la lucha de clases en la que el régimen acude en forma permanente al incumplimiento, al engaño, la demagogia, la represión, la violencia y al uso de todos los instrumentos y aparatos de control y represión del Estado y de sometimiento ideológico, político y cultural de la población. Como recordatorio están las respuestas oficiales a la lucha del pueblo de Buenaventura. Para derrotar las políticas y procedimientos de las derechas, para buscar la hegemonía democrática, no hay duda que hoy, por el actual marco de la correlación de fuerzas, la lucha política abierta y de masas es el camino para responder a la violencia, para crecer, enfrentar y debilitar a las derechas.

Esa disputa está mediatizada por la coyuntura electoral del 2018, en lo presidencial y parlamentario, con un desgaste muy grande de la imagen del presidente y una dispersión política del amplio espectro de la ultraderecha. Ni Santos, ni Uribe manejan o controlan la situación. Las dos alas de la derecha se mueven, nutridas por la corrupción, en un complejo mapa de fuerzas regadas en sus caricaturas de partidos, en el aparato del Estado, en los sectores sociales y empresariales, en las iglesias y las fuerzas armadas, con un control férreo de los medios de comunicación que les han permitido intoxicar de mentiras la información, crear, utilizar, manipular y envenenar amplios sectores de la opinión.

Las Cortes y en general la rama judicial, con el breve período de excepción de la Corte Constitucional en sus primeros ocho años de existencia, siempre han estado controladas por los sectores más conservadores de la clase dominante.

El régimen imperante, que es la negación de la democracia, no está dispuesto a la construcción de democracia, a tolerar la apertura política, a permitir la participación directa de la sociedad, ni la construcción y consolidación de un proyecto político democrático. Por eso para el acuerdo del Colón cobraron como precio impedir la participación, con carácter decisorio, de los hombres y mujeres del campo, que había sido convenida en el acuerdo de la Habana. Los avances democráticos significativos hay que hacerlos en contra de la clase dominante. Hay que hacerlos con el peso de la organización y la movilización popular.

Los acuerdos de paz, o más exactamente de desarme, están en peligro más que por el incumplimiento de la derecha liberal, por el peso de la ultraderecha y por la debilidad del campo democrático.

De otro lado, la correlación de fuerzas en la globalización neoliberal, se mide hoy con mayor peso en el plano internacional y no puede cabernos ninguna duda que el imperio juega con la estrategia de las dos derechas y estará al lado del bando que gane la mayor relación de fuerzas.

Un sendero para la unidad

En este mapa político, hay que preguntarse ¿cuál puede ser el papel y las posibilidades de la izquierda y del conjunto del campo democrático en esta coyuntura de la paz?

La respuesta política a la actitud de la clase dominante no es y no puede ser otra que la UNIDAD DEL CAMPO DEMOCRÁTICO. Con la unidad, el espacio democrático del país puede jugar en una estrategia de poder de mediano plazo y puede ser competitiva en la próxima contienda electoral. De lo contrario, por sustracción de materia, seguirá abonándole el terreno a la hegemonía de la derecha en sus dos facciones, las cuales en su condición de clase le tienen miedo y pavor a la participación, a la democracia directa.

Este es un momento en el que hay que saber combinar la más amplia radicalidad en las luchas sociales y políticas por la exigencia de derechos, comenzando por el derecho a la paz, con la unidad política, aún electoral, que es táctica pero también estratégica, para impedir un retroceso mayor en los acuerdos logrados.

 Hoy la realidad reclama la unidad estratégica, la unidad sin exclusiones, sobre unos ejes fundamentales de la programática democrática que le den coherencia y solidez al acuerdo; y reclama también, la unidad para respaldar el acuerdo con las FARC y la continuidad de las conversaciones con el ELN; la unidad para defender los derechos y libertades ciudadanas y para arrancar reivindicaciones para los trabajadores y el pueblo, para promover su movilización, formación y organización social y política; y la unidad para la coyuntura electoral.

Se necesita la unidad en un solo PROYECTO POLÍTICO ESTRATÉGICO (PPE) que sobre unos ejes programáticos comunes, dispute la hegemonía a las derechas; la unidad estratégica que le dé perspectiva de poder a la acción conjunta en el desarrollo de las diferentes coyunturas, que amarre la acción coyuntural a la perspectiva de gobierno y de poder del campo democrático. No basta la unidad de acción en las coyunturas, porque éstas terminarán desgastándose en su propia condición momentánea y en los intereses particulares de cada colectivo por el énfasis de su propia visión e interés particular.

Bajo cualquier denominación, el camino a la construcción de ese proyecto pasa hoy por la creación de UN FRENTE AMPLIO de la izquierda y de los demás sectores políticos, organizaciones sociales, pueblos indígenas, comunidades negras e intelectuales del campo democrático, montado sobre el principio innegociable de que la construcción del proyecto político se identifica con la movilización, formación, organización y empoderamiento popular desde los territorios y dinámicas sociales y con una actitud ética de transparencia y de compromiso colectivo.

Se necesita la VOLUNTAD POLÍTICA DE UNIDAD, expresa y de compromiso práctico de todos los sectores. Se necesita lo que discutió el seminario del 17 y 18 de abril: un TALLER NACIONAL PROGRAMÁTICO, que pase en su preparación por un proceso de talleres regionales y sectoriales, que consensue los ejes programáticos para la unidad. Se necesita el INSTRUMENTO que, desde abajo, ponga en marcha esa política de unidad de lo programático, de sus desarrollos políticos y de los planes de acción coyunturales.

Se necesita un CONGRESO NACIONAL DE UNIDAD que con la representatividad de todo el campo democrático y popular legitime el compromiso y la voluntad de la marcha hacia ser gobierno, al mismo tiempo que construimos el poder popular desde los territorios y sectores sociales.

Necesitamos la unidad, sin reclamar por ahora - ya el proceso dirá hacia delante que es lo más conveniente - la disolución de los espacios convergentes. Se trata de la acción conjunta guiada por un mismo programa básico, unos ejes tácticos comunes y unas reglas de juego para la unidad. Una unidad en la que todos se reconozcan y respeten, en la que  emulen ética y sanamente  y ganen terreno y reconocimiento los diferentes espacios convergentes y de esta manera configuren las  relaciones y correlaciones dentro del espacio de unidad.

Si las decenas de miles de militantes que se mueven en los diferentes procesos políticos y en los distintos territorios y sectores sociales actuaran de manera convergente en torno a unos  valores programáticos, políticos y éticos fundamentales y comunes, se lograría de una manera eficaz avanzar en el cambio de la correlación de fuerzas; en la participación, autonomía, creatividad y riqueza popular; en la articulación democrática de gran parte de  las capas medias de la población; en la vinculación política democrática de las grandes mayorías nacionales, “apáticas”, “indiferentes” a sus propios  intereses democráticos o manipuladas por los instrumentos y las políticas del régimen; y se estaría previniendo que la coyuntura histórica de la paz, como sucedió antes, termine dilapidada al servicio  de visiones e intereses caudillistas, grupistas o parlamentaristas.

Esto que puede sonar a fantasía, ingenuidad o voluntarismo, es hoy una necesidad imperiosa para sacar los dividendos políticos de los acuerdos de desarme y de la solución negociada y para dar un salto político en una coyuntura irrepetible, que marca la acción política después de más de cincuenta años de guerra. Es apenas lo justo y necesario, lo consecuente, lo revolucionario para enfrentar al imperio y sus élites en todo el mundo y particularmente en nuestra patria grande de la América Latina.

La ausencia de una acertada política de unidad democrática le dejará libre el campo a la disputa por la hegemonía de las dos derechas y lo más probable es que en esa disputa, a un mediano plazo, por el interés geopolítico que representa Colombia para los intereses estadounidenses, y con el respaldo del presidente Trump, termine imponiéndose la ultraderecha como carta para contener y someter la dinámica progresista Latinoamericana.

Finalmente, hay que destacar que la próxima contienda electoral es muy importante para el futuro de los acuerdos de paz y para la solución negociada del conflicto armado. Si se impone la ultraderecha, sabemos que se van a torpedear, congelar, dilatar y desvirtuar tanto la solución negociada, como la implementación del acuerdo y las conversaciones de paz.  Por ello es muy importante que la izquierda y los demás sectores del campo democrático actúen unidos en la próxima elección para buscar ir a la segunda vuelta. Si la izquierda se une puede incidir en grandes espacios del campo democrático, ir a la segunda vuelta y levantarse, sobre la base de unos acuerdos programáticos y políticos, como opción para liderar el próximo gobierno. Sabemos que desafortunadamente parece muy difícil conciliar las cuatro o más corrientes visibles que hoy se mueven en el terreno electoral de la izquierda, pero en función de la estrategia democrática es necesario hacer todos los esfuerzos posibles. De no lograrse superar estas dificultades, el terreno quedará libre para la disputa entre las dos derechas en la segunda vuelta. Si resulta insuperable la división de la izquierda para la primera vuelta, las mayorías de las izquierda no pueden levantar la abstención, ni caer en el pantano de la libertad del voto, sino que en ese caso tienen que asumir una actitud comprometida y beligerante del lado de la paz. Aquí se estaría abriendo paso la posibilidad de una coalición que garantice desde la primera vuelta y sobre un acuerdo programático y de gobernabilidad, un gobierno para darle continuidad a la implementación del acuerdo de paz con las FARC y a las conversaciones con el ELN.

Bogotá D.C., 1 de junio de 2017