La teoría planteada por la geopolítica de la seguridad se refiere a la mejora de los indicadores de estatalidad del Estado y también a las determinaciones que el territorio ejerce sobre las personas y las comunidades, liberándolas de la presión criminalizadora del Estado y construyendo una ética territorial de derechos. Es sabido que la seguridad tiene dos dimensiones, la dimensión objetiva y tangible, de la que normalmente existen indicadores cuantificables; y la dimensión subjetiva, vinculada a percepciones sobre la posibilidad o riesgo de ser víctima de algún delito y que por su misma razón de ser es difícil de cuantificar.

Los diversos niveles de criminalidad, entendidos como mediciones estadísticas de conductas observables, son un dato objetivo, al igual que otras variables contextuales como la vulnerabilidad social, la falta de vínculos familiares, las agresiones no delictivas o la incertidumbre frente al futuro. La percepción de inseguridad es el aspecto opuesto, referido a cómo se construye subjetivamente la realidad, en base a información, propaganda e ideología. La brecha entre ambas dimensiones se profundiza en las sociedades latinoamericanas, con una población que se siente crecientemente insegura en contextos de inseguridad cambiantes. La seguridad no se refiere simplemente a indicadores de crímenes, sus consecuencias, su contexto y sus percepciones, sino que va mucho más allá de estas variables objetivas y subjetivas, abarcando una problemática compleja, amplia y multidimensional.

Esto implica la necesidad de establecer una diferencia entre la política criminal, que siempre trabaja con el delito, y las políticas de seguridad que tienen un ámbito de acción, especialmente en lo preventivo o disuasivo, que puede estar vinculado a conductas no calificadas como delitos. Lo que llamamos fenómeno criminal o criminalidad no es una realidad natural sino el entrecruzamiento de fenómenos culturales (conflictividad) y políticas estatales (procesos criminales).

Desde la vieja escuela clásica de César Beccaria hasta hoy se ha colocado al orden y la ley como sinónimos y como paradigmas dominantes del funcionamiento de una sociedad a la que se terminó denominando Estado de derecho. Según esta visión, todo conflicto implicaba un "desorden", una anormalidad, convirtiendo al fenómeno criminal en una desviación social o un desequilibrio del orden social. En consecuencia toda política de seguridad debe buscar el restablecimiento del "orden" perdido. Mediante esta concepción la criminología clásica y positivista justifican el nacimiento moderno de las fuerzas policiales como encarnación del monopolio legítimo de la violencia. Esta ecuación, llena de falsedades, sustentó con mucha simpleza e ineficacia las políticas de seguridad, suponiendo que la sociedad es ordenada y que la normalidad es un bien universal, afirmaciones que la geopolítica de la seguridad desmiente.

La idea de orden es una utopía autoritaria imposible, porque el conflicto es inherente a la sociedad. En algunas sociedades modernas la idea de orden comenzó a ser reemplazada paulatinamente por el concepto de gestión de la conflictividad entendiendo que el cambio y el conflicto no son conductas desviadas en un sistema "normal" sino que son comportamientos habituales dentro de las disparidades asimétricas y contradictorias propias del sistema.

La gestión de la conflictividad es un paradigma alternativo que percibe al conflicto como un componente natural de la sociedad y pretende disminuir la presión hacia la violencia y evitar el predominio (institucional) del más fuerte, comprendiendo que detrás de un delito siempre hay una problemática de naturaleza social. Esta preferencia por la solución pacífica de los conflictos y la atención a la base social del delito, es un enfoque atemperado y positivo, pero no se aleja del paradigma de la ley y el delito como preocupaciones centrales de seguridad.

Las pobres políticas de seguridad se nutren de los déficits de producción teórico-estratégica en seguridad, que implementan esas políticas desde el derecho penal, con una visión penal-militarista todavía predominante en los programas de formación policial y en las carreras universitarias de seguridad con fuerte énfasis penalista. Según esta visión, nos enfrentamos a casos ya previstos por la legislación penal, que merecen una respuesta dada por la justicia mediante la aplicación de la sanción prevista en la ley penal. Esta falsa idea que entiende que la seguridad es una subdisciplina derivada del derecho, como hasta hace poco entendió que era la política, no acepta todavía su fracaso y no está abierta a escuchar las soluciones.

La criminología, autodenominada como una disciplina en constante ampliación, ha transitado hacia el nuevo paradigma de la criminología critica, que se enfoca en el estudio de las estructuras sociales donde se produce el delito aunque la criminología operativa, en manos de los detentadores del sistema penal, no ha modificado sus estándares corporativos.

La criminología ha demostrado ser consistente, centrando sus estudios en el crimen y en la acumulación cuantitativa de casos y personas, abrumando con estadísticas policiales, judiciales, encuestas de victimización, etc. Con el advenimiento de la seguridad ciudadana se han sumado los mapas del delito y sus indicadores. 

Coincidimos con Alberto Binder cuando afirma que una buena parte de la criminalidad urbana común gira alrededor de regularidades sociales que responden a lógicas de mercado más que a una sumatoria de conductas individuales. Una lógica de mercado implica un circuito comercial institucionalizado e interinstitucional, jerarquías, reglas de juego, rutinas operativas estandarizadas, un sistema de rotación de liderazgos y cierto control territorial. Cuando este escenario deja de percibirse económicamente y se lo analiza desde el punto de vista político, cada elemento supone estatalidad, constituyendo una perspectiva propia de la geopolítica de la seguridad.

Los mercados así conformados son variados: mercado de vehículos sustraídos y repuestos; mercado de mercadería sustraída a granel. Piratería del asfalto; mercados de metales (cables, alcantarillas, etc.); mercado minorista de objetos sustraídos (relojes, celulares, radios, etc.); mercado de ganado, cuatrerismo, abigeato; mercado de armas de guerras y explosivos; mercado de armas comunes; mercado de venenos y drogas; mercado de personas emigrantes; mercado de pornografía y prostitución infantil; mercado de explotación sexual de adultos; mercado de flora protegida o en extinción; mercado de fauna protegida o en extinción; mercado de objeto y marcas falsificadas; mercado de objetos y software al margen de las patentes y los derechos de autor; mercado de apuesta y juego clandestino; mercado de influencias y sobornos. Financiamiento de la actividad política (obras públicas, contratos del Estado, etc.); mercado financiero y lavado de dinero; mercado laboral clandestino. Explotación. Servidumbre y esclavitud; mercado del aborto y de la manipulación genética; mercado de órganos; mercado clandestino de servicios profesionales (asesoramiento impositivo, legal, etc. en tanto forman parte de la actividad ilícita); mercado de objetos culturales protegidos o de valor histórico.

En un universo definido en términos de mercados políticos, policías y fiscales se encuentran inmersos y perdidos en un "caos" estratégico, persiguiendo individuos que cometen delitos en vez de organizaciones que ejecutan procesos.

La mirada de la política criminal y de la criminología, clásica o crítica, busca distinguir una aguja en un mar de agujas. La geopolítica de la seguridad, en cambio, varía el enfoque y mira al Estado, la sede de la totalidad. Su inteligencia y su acopio de información rastrea y reconstruye el circuito territorial completo sancionando al mismo tiempo la baja estatalidad del Estado y la alta estatalidad del crimen.

Miguel Ángel Barrios

Profesor en Historia y Magister en Sociología. Doctor en Educación. Doctor en Ciencia Política.

Ha escrito obras de investigación entre las que se destacan "Diccionario Latinoamericano de Seguridad y Geopolítica” (Director), “Consejo Suramericano de Defensa. Desafíos geopolíticos y perspectivas continentales” y "Seguridad Ciudadana: de lo municipal a lo continental".

Profesor de Geoestrategia en la Licenciatura en Seguridad de la Universidad de Morón  y creador de la Cátedra de Seguridad Ciudadana en la Universidad del Salvador, Buenos Aires. Dicta Seminarios y cursos en Academias Policiales de América Latina y es Consultor en Políticas Publicas de Seguridad.

Coautor con Norberto Emmerich de "Geopolítica de la Seguridad en América Latina”, que publicara Editorial Biblos próximamente.

Norberto Emmerich

Doctor en Ciencia Política y Licenciado en Relaciones Internacionales.

Ha escrito "Una teoría política para el narcotráfico", "Geopolítica del Narcotráfico en América Latina” y "Narcos en Buenos Aires: el caso de la Villa 31".

Profesor de “Seguridad Ciudadana” y "Política Criminal” en la Licenciatura en Seguridad y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Méjico.

Fue Decano del Centro de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales, Quito, Ecuador y Coordinador General de Investigaciones de la misma Universidad.

Coautor de "Geopolítica de la Seguridad en América Latina” junto a Miguel Angel Barrios, que publicara próximamente la Editorial Biblos de Buenos Aires.