Una fiscal dictaminó en contra del acuerdo homologado por Macri con su familia. Es por las deudas de Socma con el Estado por la fallida privatización del Correo. Como bien recordaba Néstor Kirchner en 2007: “Mauricio, que es Macri”.

“Estalló el verano” suele ser el título de Crónica TV para llamar la atención sobre alguna noticia de amores y playas marplatenses. Esta vez puede ser utilizado para llamar la atención del lector sobre el escándalo (uno más y van...) generado por el gobierno de Mauricio Macri, en relación a las decisiones que toma y que afectan a las cuentas públicas y la ética de esa función, además de las consecuencias negativas que tienen en la población.

Es que el 8 de febrero se supo por investigación y nota de Ari Lijalad en el portal “Nuestras Voces” que “Macri le perdonó a su familia más de 70.000 millones de pesos de la deuda de Correo Argentino con el Estado. Se trata de la antigua deuda de esta empresa de la familia Macri, que lleva más de 15 años empantanada en los tribunales. Durante ese lapso, el Estado Nacional rechazó distintas propuestas de pago de Correo Argentino por considerarlas abusivas. Pero ahora, con Macri en el poder, el Estado aceptó una quita del 98,82 por ciento de la deuda y podrán terminar de pagar recién en 2033”.

Semejante noticia estalló como una bomba, aún cuando es bien conocida la habilidad de la familia presidencial por hacer negocios y enriquecerse a costa del Estado, léase de 42 millones de argentinos, con millones de pesos o la moneda que fuere. El estallido fue tan potente que ni siquiera el blindaje mediático de Clarín y La Nación pudo silenciarlo ni tampoco salvar a la figura de las heridas políticas y esquirlas que atravesaron esa coraza habitualmente hermética.

El periodista Lijalad no pertenece al Estado Islámico ni al ISIS. Tampoco la fiscal denunciante, Gabriela Boquín, es integrante de Justicia Legítima, como le pareció oportuno aclarar al día siguiente a Hugo Alconada Mon en “La Nación”. Es ni más ni menos que la Fiscal General ante la Cámara Comercial y -eso sí- ocupa el cargo que antes de ser Procuradora General tenía Alejandra Gils Carbó. Esta sigue siendo tan odiada por el macrismo que antes de saberse de este escándalo ya habían vuelto los movimientos oficialistas para tratar de hacerla renunciar de la Procuraduría.

Fue Boquín la que en un dictamen de 64 páginas y otra ampliación más fundamentó su pedido a la Cámara para que rechace el acuerdo al que llegaron funcionarios del gobierno nacional con Socma-Sideco Americana, controlada por el grupo Macri y ex concesionaria del Correo Argentino entre 1997 y 2003. La fiscal aseguró que el acuerdo era “abusivo”, que no implicaba pago sino una “condonación de la deuda” del 98,8 por ciento, con un perjuicio para el Estado de 4.277 millones de pesos.

Denuncia muy grave

Por más que las líneas de defensa del macrismo quisieron en primer lugar deslizar sospechas sobre la militancia de Boquín en Justicia Legítima y en supuesta obediencia a Gils Carbó, lo cierto es que la denuncia puede ser evaluada como sólida y bien fundada. Así la han valorado especialistas en la materia, ex jueces y analistas, además de una parte del periodismo crítico del actual estado de cosas, sobre todo el que publica en Tiempo Argentino, Página/12, LA ARENA y trabaja en Radio 10 y C5N, entre no muchos otros.

El mismo Alconada Mon, que lo hace en “Gaceta Ganadera”, en este caso y en otros, como la investigación de los Panamá Papers, ha tenido una óptica que podría llamarse independiente. Seguramente no debe haber sido del agrado de Marcos Peña Braun y su jefe.

La fiscal no hizo sus cuentas dinerarias en soledad o mal asesorada. Su dictamen se basó en los estudios de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero de las Investigaciones (DAFI), dependiente del Ministerio Público. Así fue que fijó la deuda original de las Macri en 292,8 millones de pesos-dólares en el año 2001. Si se aceptara lo acordado por ambas partes en junio del año pasado, suscripto por Juan Mocoroa, funcionario de tercera línea del ministerio de Comunicaciones que ocupa Oscar Aguad, se estaría aceptando una quita de 4.277 millones de pesos. Eso, llevado hasta marzo de 2033, cuando se terminaría de abonar la deuda en la propuesta empresaria, significaría una quita de 70.163 millones de pesos.

A contramano de esas evidencias, el hasta hoy ignoto Mocoroa mintió a dos radios que “no le perdonamos ni un mango a Macri, nada, ni siquiera los intereses”. Su jefe Aguad quiso mostrarse amplio y dijo que organizaría una reunión con los opositores para atender sus requerimientos y aclarar sus dudas. Si ese convite para la próxima semana tenía el objetivo de disuadir las denuncias judiciales, ya fracasó. Es que la dupla de Nuevo Encuentro (Martín Sabbatella y Gabriela Cerutti) primereó con una denuncia ante el juzgado de Ariel Lijo y los diputados del Frente para la Victoria (Héctor Recalde y otros) hicieron otra ante Rodolfo Canicoba Corral.

Para Boquin se trata de “una propuesta que resulta abusiva, irrazonable y ruinosa para los intereses de la comunidad”. Por las mismas razones, lo acordado por el ministerio de Comunicaciones fue excelente, capitalizadora y pletórica de recursos monetarios para Socma-Sideco, léase Franco, Mauricio Macri y la parentela.

Ahora, la Cámara de Apelaciones en lo Comercial tendrá que fallar sobre lo dispuesto por la fiscal. La lupa del país está posada allí.

El acuerdo ruinoso para el Estado respecto a la deuda de los Macri por el Correo Argentino no es la primera ni será la última jugada para beneficiar a la familia presidencial. Recientemente el presidente habilitó por decreto a que los padres de funcionarios públicos pudieran ser parte del blanqueo de capitales, cosa vedada por la flamante ley del Congreso. Franco Macri, como se sabe, es un especialista en el dudoso oficio de radicar inversiones y bienes en “paraísos fiscales”, como las 50 firmas off-shore que investiga el fiscal Federico Delgado.

El escándalo de coimas pagadas por Odebrecht también salpicó por vía doble al presidente. Primero se supo que dicha empresa era socia de Iecsa, de Angelo Calcaterra, en el soterramiento del ramal Sarmiento, obra de 45.000 millones de pesos. Y luego, que Leonardo Meirelles, comisionista de Odebrecht, había girado casi 600.000 dólares al amigo del presidente, Gustavo Arribas, actual titular de la AFI, a una cuenta bancaria en Suiza, desde otra de Hong Kong.

El íntimo amigo Nicolás Caputo fue beneficiado con obra pública: el primero en enero de 2016 y el segundo en mismo año de 2017, por 797 millones de pesos y 513 millones, respectivamente. Es el “hermano de la vida” y socio del presidente que, cuando éste fue jefe de gobierno de la CABA, había obtenido contratos por 1.200 millones de la misma moneda.

La preferencia por negocios en beneficio propio, su familia y su círculo de amistades es una constante en Mauricio Macri, un ADN que arranca en Franco y le ha permitido acumular tantas fortunas como para posicionarse entre los 20 grupos económicos más poderosos del país. Si sigue así y continúa gobernando, cuando culmine su mandato puede haber escalado algunos peldaños de esa tabla.

El escándalo del Correo no debe servir sólo para sacar la obvia conclusión sobre las mañas empresarias del actual jefe de Estado. Está bien comenzar por allí, pero también hay que subrayar que en ese afán, o afano, no trepida en vulnerar empresas que pertenecían al Estado y tenían un rol estratégico en las comunicaciones y vínculo nacional, como el Correo oficial o estatal. Ni siquiera esa institución, que ya existía cuando nacía nuestra patria, con sus postas y correos, planos y caminos, de tiempos sanmartinianos, pudo salvarse de la angurria privatizadora y vaciadora de los Macri, con 11 mil despidos de trabajadores y visto bueno del burócrata Ramón Baldassini (Foecyt).

Ese vaciamiento, concretado en 2001 e ingresado en forma de concurso y quiebra dos años más tarde, fue tarea de Macri y el Banco de Galicia, de Eduardo Escasany, su socio menor en ese delito. Como siempre, la Patria Contratista y la Patria Financiera, “juntas a la par”, en una pareja opuesta a la enamorada que pintaba Pappo en su canción.

El presidente Néstor Kirchner vaciló en 2003 y 2004 en reestatizar el Correo, igual que Guillermo Moreno. Dictó dos decretos de 180 días prorrogables para luego volver a privatizarlo, cosa que no pudo y finalmente no quiso. Además de sus muchas medidas positivas y contrarias al neoliberalismo, al final lo reestatizó. Y en el balotaje de la campaña porteña de junio de 2007, al respaldar a Daniel Filmus contra el candidato del PRO, dijo el santacruceño: “Pero claro, seguro que Mauricio no sabe lo que pasó con el Correo Argentino, pero Mauricio es Macri”.

Muchos argentinos padecieron de amnesia en noviembre de 2015 y aún lo están pagando, respecto a la economía nacional. Conviene recordar a Néstor: “Mauricio, que es Macri”. Lástima que se dejó de lado su advertencia, quien dijo sabiamente en esa ocasión: “hay que tener buena memoria y como Presidente tengo la obligación de decirles lo que uno piensa, porque después del espejismo vienen los dolores de cabeza”. De cabeza, columna, corazón, pulmones, huesos, rodilla y también de bolsillo.

http://www.laarena.com.ar/opinion-a-recordar-la-justa-advertencia-de-kirchner-mauricio-que-es-macri-1115261-111.html