Comienza el 2017 con claras señales sobre la orientación de la política económica en la Argentina.

Por un lado la necesidad de atraer inversiones en el sector energético, para resolver problemas de abastecimiento y si fuera posible, generar excedente para la exportación. El argumento esgrimido es el crecimiento económico y la perspectiva de generación de nuevos empleos, dicho en el marco de un ciclo de crecientes despidos y suspensiones. La realidad marcha a contramano del discurso oficial.

Por otro lado, se anticipa la captura de fondos en el mercado financiero mundial y local para cubrir necesidades de endeudamiento público que hagan sostenibles el programa económico y político en año electoral. Desnuda las necesidades de financiar al capitalismo local con fondos externos, que al no ingresar vía inversiones productivas se reitera el mecanismo del endeudamiento público.

Inversiones energéticas

La situación energética en la Argentina motoriza uno de los principales objetivos del gobierno, que apunta a atraer inversores externos para explotar hidrocarburos no convencionales y avanzar en la diversificación de la matriz energética, eólica y nuclear, entre otras.

Para ello necesita ofrecer ventajas a las transnacionales de la energía con potencialidad de inversión en el país. El interés compartido entre Empresas y Estado apunta al acceso a los bienes comunes a costa del saqueo y la depredación; y a la flexibilización salarial y laboral para achicar el costo de producción y evitar el conflicto social propiciado por los trabajadores de la energía en defensa de sus derechos.

El tema fue claro en el cambio del año con el conflicto de Nucleoeléctrica y el sindicato de la Energía de Zárate. Los trabajadores de Luz y Fuerza de Zárate ingresaron en conflicto el 30/12/16 con la central nuclear de Atucha de la empresa Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA). En solicitada pública denuncian los trabajadores el desconocimiento de una trayectoria histórica de la organización sindical por 29 años y señalan que “hubo “cambios” de “camiseta” pero no de política. Muy por el contrario, la política de exclusión, discriminación y otras yerbas, se agudizó con esta nueva gestión de gobierno y empresaria”.[1]

Los nuevos funcionarios son los mismos de arrastre del gobierno anterior, que sienten el apoyo a la gestión desde la impunidad de la orientación pro-mercado, explícita en el gobierno Macri.

Por su parte, la continuidad y profundización de la política energética se manifiesta en las renovadas expectativas que genera el yacimiento Vaca Muerta, segundo reservorio mundial de shale gas y el cuarto en shale oil, afectado por la baja del precio internacional y por ende, necesitado de políticas de flexibilización laboral y reducción del costo de producción. Es un proceso que viene negociándose durante los últimos meses entre la Nación, las Provincias petroleras, las empresas transnacionales y los sindicatos.

El sueño de Vaca Muerta, como gran reservorio de hidrocarburos no convencionales y el fracking como método de extracción necesitan de la reducción de costos laborales para acercar la ecuación rentable para las empresas transnacionales presentes en los yacimientos y especialmente a quienes se quieren atraer al mismo. Es el camino del acuerdo Chevron e YPF durante la gestión anterior.

Con el acuerdo arribado en la Patagonia, el gobierno logra una plataforma de reconversión regresiva de los convenios colectivos, que resulta muy favorable para los empresarios y sus expectativas de ganancias. Sienta antecedentes para otras ramas de la actividad económica y no solo del petróleo o la energía.

Al respecto, dice José Rigane, Secretario General de la FeTERA (Federación de Trabajadores de la Argentina en la CTA Autónoma) que estos acuerdos  “apuntan a reducir el salario petrolero, la punta de lanza de la reforma es ir por las condiciones laborales y el objetivo es flexibilizar aún más el trabajo y habilitar el camino a la renta extraordinaria de las empresas.” Continúa señalando que “Macri y las principales empresas petroleras como YPF, PAE, Total impulsan una fuerte modificación al Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) para Vaca Muerta con el objetivo de mejorar la “productividad” empresaria reduciendo “costos laborales” y ejemplifica con la pretensión de eliminar “remuneraciones adicionales”,  “baja de personal en equipos de perforación (reduciendo a la mitad cada equipo, que pasará de 24 a 12 trabajadores aprox.)”, “recorte del salario básico” ; “habilitar la “multifuncionalidad”, entre varios aspectos que manifiestan la intencionalidad de la complicidad del gobierno y las empresas por reducir el  costo laboral.[2]

Recordemos que la estrategia del gobierno Macri apunta a la modificación regresiva de los convenios colectivos de trabajo, a la reducción del costo salarial y en general a contener el conflicto y subordinar a la fuerza de trabajo a las necesidades del capital.

Nueva deuda pública

Dadas las incertidumbres del mercado financiero mundial ante la próxima asunción de Donald Trump y la previsible suba de la tasa de interés, el gobierno salió a tomar deuda pública en el comienzo del año.

La información del Ministro de Finanzas destaca una operación de préstamo con 6 bancos privados transnacionales (Santander, BBVA Francés, Citibank, Deutsche Bank, HSBC y el J.P. Morgan) a una tasa de 3,8% y por 6.000 millones dólares. Se anuncian también nuevas licitaciones de bonos por 7.000 millones de dólares antes de finalizar enero. Todo para anticipar cobertura de necesidades financieras del año.

Se festeja el acceso del país al mercado mundial de créditos y se escamotea el crecimiento de la hipoteca sobre los recursos fiscales y las reservas internacionales. Argentina encabeza el ranking de tomadores de deuda en el mundo y lo hace sobre la base de la baja relación de la deuda sobre el PBI, que pese al elevado endeudamiento bajo la gestión Macri, se estima alcanzará el 58% para este año.

Durante años hemos sostenido la necesidad de investigar la deuda y mientras tanto suspender los pagos, ya que la hipoteca de la deuda se construyó en ciclos de endeudamiento que se recrean sistemáticamente desde su origen reciente en tiempos de la dictadura genocida (1976-1983) y la década de la convertibilidad (1991-2001); y otros periodos de cancelaciones parciales y renegociaciones (todos los turnos presidenciales renegociaron vencimientos de deuda) que solo sirven para retomar una política de beneficio a los acreedores y condena al país a cancelar deuda contra las necesidades de la población.

El argumento del gobierno Macri para asumir nueva deuda es el bajo nivel de endeudamiento del país, lo que hace posible la nueva inserción en el mercado financiero mundial, máxime luego de arreglar la demanda legal ante la justicia de EEUU. El Juez de Nueva York, Thomas Griesa desestimó acciones contra la Argentina luego de la oferta y cancelaciones a acreedores en conflictos, los fondos buitres, en homenaje a la voluntad de pago de la Argentina.

Con endeudamiento o desendeudamiento, los favorecidos son siempre los acreedores externos y grandes especuladores, resignando cuantiosos recursos para tender necesidades sociales insatisfechas. Pueden leerse expresiones pronunciadas por la ex Presidente CFK (2007-2011 y 2011-2015) en donde se señalaba que “En estos 12 años, hemos pagado entre deuda a tenedores de títulos privados y organismos multilaterales de crédito, 145 mil millones de dólares sin acceder a financiamiento externo, con trabajo y esfuerzo de todos los argentinos.”[3]

Son declaraciones en simultáneo a la retomada de la senda del endeudamiento, siendo emblemáticos en ese sentido el acuerdo con el Club de París y la cancelación de la expropiación parcial de YPF a REPSOL. Argentina retomó la senda del endeudamiento en simultáneo con los problemas de crecimiento de los últimos años, agravado en la coyuntura recesiva bajo la gestión Macri.

Contra la dependencia, alternativa popular

El país no puede funcionar sin el ingreso de divisas y ante la ausencia de inversiones se acude a los préstamos. Ambos mecanismos, las inversiones o el endeudamiento son formas de recreación de la dependencia y subordinación del orden local al capitalismo mundial.

Resulta necesario confrontar la actual ofensiva del poder hegemónico en la Argentina que al profundizar la dependencia, potencia la depredación de los bienes comunes y genera condiciones de mayor precariedad y explotación de la fuerza de trabajo.

La realidad demuestra que la ofensiva se consolida en tanto no se generen condiciones sociales de masividad y conciencia para construir alternativa política más allá de la crítica al gobierno actual, lo que requiere confrontar con el orden capitalista.

Buenos Aires, 13 de enero de 2017

[1] Solicitada del Sindicato de Luz y Fuerza de Zárate en: http://www.fetera.org.ar/index.php/8-gremiales/1595-luz-y-fuerza-zarate-solicitada-no-toleraremos-mentiras-ni-agresiones (consultada el 13/01/2017)

[2] La FeTERA rechaza la flexibilización salarial de Macri, en: http://www.fetera.org.ar/index.php/8-gremiales/1599-la-fetera-rechaza-la-flexibilizacion-laboral-de-macri (consultada el 13/01/2017)

[3] La cancelación del Boden 2015 es un hito más en la política de desendeudamiento argentino. OCTUBRE 6, 2015; en: http://www.cfkargentina.com/hoy-la-argentina-ha-cerrado-el-ultimo-capitulo-del-gran-endeudamiento-argentino-%E2%80%AA%E2%80%8Eboden-2015%E2%80%AC/ (consultado el 13/01/2017)

- Julio C. Gambina es Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP