A los 16 colegas asesinados en 2016, de un total de 259 homicidios de 1983 a la fecha en México, el país más peligroso de toda la aldea para ejercer el periodismo.

Durante el primer discurso pronunciado en 2017, de los muchos, demasiados que aún nos esperan, el titular del Ejecutivo federal jura que “como presidente comprendo la molestia y el enojo que hay entre la población en general y entre distintos sectores de nuestra sociedad. Comparto el fastidio que acompaña la aplicación de esta medida”, el alza del precio de las gasolinas.

Desconozco si de algo sirve a los gobernados que Enrique Peña también está molesto y hasta fastidiado por una decisión que él tomó al incluirla en la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio 2017, que se votó en octubre y contiene la liberalización del precio de las gasolinas, proyecto que diseñó como secretario de Hacienda Luis Videgaray y fue aprobado por todos o una parte de los integrantes de los grupos parlamentarios, con la excepción del Movimiento Regeneración Nacional, y que en compacto bloque no sólo lo rechazaron sino advirtieron de las consecuencias económicas y sociales que el país apenas empieza a padecer. El oligopolio mediático lo presentó como el gran éxito parlamentario, pero como siempre ahora finge olvidarlo.

La confesión presidencial recuerda al entonces gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, encabezando una marcha contra la violencia y por la seguridad  pública (28-III-2010), para exigir “paz y tranquilidad”, por las que estaba obligado a trabajar el hoy indiciado por diversas corruptelas, pero sin pisar la cárcel que tanto prometió el gobernador “independiente” Jaime Rodríguez.

El primer mandatario no fue colocado en Los Pinos por el electorado con buenas, regulares y pésimas prácticas electorales, para “dar el avión” a los afectados por las alzas de las gasolinas, diésel, gas, electricidad y la cadena de repercusiones que acumulará. Está allí, como él mismo dice, para no tolerar “abusos como pueden ser alzas injustificadas de productos, pero tampoco excesos de quienes, amparándose en la inconformidad social por el incremento en el precio de la gasolina, cometan tropelías”.

Actos vandálicos y pillerías de bandas improvisadas o bien organizadas de asaltantes motorizados y hasta con camionetas de lujo, que la institucional Rayuela (La Jornada, 5-I) valora que “Cada minuto se hace más evidente que los saqueos están organizados milimétricamente. ¿Quién está detrás? ¿Qué buscan?”

Cierto es que los saqueos no tienen relación con las expresiones de protesta, por lo demás localizadas y pequeñas por desgracia, salvo el propósito perverso de aprovecharlas para beneficio personal. Tampoco puede descartarse que los robos perpetrados en el contexto de las movilizaciones sociales tengan como objetivo desvirtuarlas ante la opinión pública. Y por supuesto, que los jueces que abundan en las redes sociales y en las calles, los atribuyen al gobierno, los partidos políticos, en particular a Morena, entre otros.

Una obligación ineludible de las poco eficaces y corrompidas autoridades ministeriales es investigar, ahora que tienen a un millar de detenidos (la mitad en el estado de México, donde Eruviel Ávila ya solicitó el auxilio de la Policía Federal), quiénes están detrás de los saqueos, porque es cándido suponer que un inexistente desabasto alimentario severo y la pobreza extrema provocan el asalto a cadenas comerciales, cuando lo robado son equipos de cómputo, modernos teléfonos móviles y pantallas de plasma gigantes.

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