Del análisis del sociólogo se puede concluir que las propuestas del uribismo apuntan a desarticular la estructura de las FARC para truncar su posibilidad de convertirse en movimiento político.

En el desarrollo del III Encuentro de Pensamiento Latinoamericano, realizado en Medellín entre el 5 y 6 de octubre, el periodista, sociólogo y escritor colombiano, Alfredo Molano Bravo, analizó algunas de las propuestas hechas por el senador Álvaro Uribe Vélez, líder del Centro Democrático, para renegociar el acuerdo de La Habana entre el Gobierno colombiano y las FARC.

Molano habló en el auditorio de la Universidad Autónoma Latinoamericana (Unaula)  ante 200 personas, entre estudiantes universitarios y de secundaria, campesinos, líderes sociales y docentes, que asistieron al evento convocado por el Instituto Popular de Capacitación (IPC) y ese claustro universitario.

El sociólogo, que ha dedicado su labor al estudio de los conflictos sociales en Colombia, principalmente de las minorías campesinas, hizo un análisis del cual se puede concluir que las propuestas del uribismo apuntan a desarticular la estructura de las FARC para truncar su posibilidad de convertirse en movimiento político.

Refiriéndose al asunto de la tierra, Molano planteó que bajo el argumento de impedir la expropiación, lo que realmente busca el uribismo es evitar que haya un cobro progresivo de impuestos sobre los millones de hectáreas de tierra que han acumulado terratenientes durante años.

Luego de que el NO, promovido principalmente por el Centro Democrático, se impusiera en las urnas con una estrecha mayoría de 53.894 votos[i] rechazando el acuerdo de paz y dejando en el limbo el cierre del proceso con las FARC tras 52 años de conflicto armado, este es el panorama que tiene Alfredo Molano “sobre lo que sucedió —con el triunfo del NO— y sobre lo que significa ese enroque de las diferentes fuerzas”.

En lo concerniente a la entrega de bienes y a las Zonas de Reserva Campesina, el sociólogo habló con profundidad y con la autoridad que le ha dado su conocimiento sobre la historia del conflicto armado y de los conflictos sociales en el campo colombiano.

1. “El primero es cárcel para los delitos atroces. Y dice textualmente: no son suficientes acciones restaurativas, sino penas efectivas de prisión”

Esos delitos atroces, además de algún guerrillero que pillaron por ahí secuestrando a un señor o asesinando a una persona, están concentrados en los comandantes; en el secretariado y en el estado mayor. Eso significaría que no solamente serían condenados a cárcel efectiva sino que ese hecho impediría su participación política. Lo cual quiere decir que a estas personas por delitos atroces, de lesa humanidad o de guerra, los separarían de sus bases, mientras que los guerrilleros rasos seguirían amnistiados. Es decir, de lo que trata este punto es romper la unidad de la guerrilla, que vital es para esa organización, porque si la guerrilla va a hacer política necesita de esa estructura que ha venido siendo el centro de su actividad político militar. Si la rompe se le disuelve el partido. Naturalmente si a los jefes los llevan presos, las bases quedan sueltas, desorganizadas, sin oportunidades de agruparse políticamente.

Entonces yo creo que difícilmente ese tema se negocie, porque la oportunidad de esa guerrilla de conformarse como partido queda inmediatamente anulada por ese punto.

Una referencia rápida sobre este asunto, fue la insurrección del 9 de abril que no logró avanzar políticamente porque le quitaron la cabeza —con el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán—, y naturalmente la cabeza era un caudillo. Aquí no hay un caudillo, aquí hay 17 miembros del secretariado que son las cabezas políticas de una organización política. Sí ese vínculo no se permite, las posibilidades de que haya transformación de guerrilla en partido me parecen imposibles.

2. Elegibilidad política

El uribismo se opone a que los señalados de crímenes de lesa humanidad sean elegidos a cargos de elección popular. Es lo que he venido diciendo: la comandancia, estado mayor y su gente vinculada a la guerrilla y condenada por delitos de lesa humanidad no tienen elegibilidad política. Eso naturalmente las FARC no lo van a aceptar. Eso es simplemente romper la función del acuerdo.

3. Entrega de bienes

Mucho se ha especulado con esa entrega de bienes. Naturalmente la guerrilla no vive de préstamos bancarios, sino que tiene que apelar al delito para conseguirse lo necesario para financiar las armas, los uniformes, la comida de la gente, y todas esas cosas cotidianas. La guerra tiene esa condición, la logística, y la guerra rompe todos los marcos legales. Por lo tanto en la guerra pueden ser condenables muchas cosas pero, en el marco de ésta, un asalto bancario, un secuestro, es un operativo.

¿La guerrilla liberal cómo comenzó a funcionar? Con aportes de la gente, pero con aportes de trabajo. Estoy hablando de los años cincuenta, de la guerrilla del Tolima, del suroccidente de Cundinamarca, del Sumapaz. Ellos se financiaban con aportes de la gente, básicamente trabajo, fundamentalmente fríjoles, maíz, vacas, gallinas, a veces dinero.

Pero en la medida que la guerrilla se va consolidando va generando que esos aportes, pueden ser voluntarios u obligatorios, se conviertan en impuestos, en tributos. Y es lógico, en la medida en que una guerrilla va creciendo y consolidando territorio, tiene dos condiciones para sobrevivir en esos territorios: 1. El monopolio de las armas; ahí no se permite otro actor armado 2. Y el monopolio de los tributos. Esto hablando en las lógicas de la guerra

A partir de los años setenta y cinco, el Ejército comenzó a crecer financiado y empujado por Estados Unidos. En la medida en que se fortaleció el Ejército, la guerrilla tuvo que buscar nuevas fuentes de financiación mucho más grandes e importantes. Por mucho tiempo fue el secuestro, el robo de bancos, el robo de ganado, hasta que salió la coca.

La coca tuvo el mismo papel que cumplió el café, es decir, la coca resolvió todos los problemas para los campesinos; les dio crédito, les dio un mercado seguro, les facilitó el transporte, es decir, todo lo que los campesinos habían pedido desde los años veinte la coca se los dio en dos o tres años. Por fin, con la coca, el trabajo campesino tuvo rentabilidad y esa rentabilidad fue tangible, invertían en casas, en un carro, en ganado, y eso naturalmente generó que la guerrilla tributara más.

Y si la coca es la actividad fundamental pues a la coca llegan —las FARC—, y ponen lo que se llamó durante mucho tiempo el gramaje, que no era solamente cobrado a los productores de hoja y a los que hacían la base de coca, sino también a los que llegaban a comprar esa base. Y no solo a quienes la comerciaban, también a quienes se beneficiaban de esa economía: a los comerciantes, a los transportadores, a los terratenientes, a los intermediarios. Eso se extendió por todas partes porque todos tenían que ver con la coca. Estoy hablando de zonas como Guaviare, Magdalena Medio, Catatumbo. Ahí donde la coca comenzó a funcionar.

Pero también hay que decirlo, la coca y esos impuestos beneficiaron a todo el mundo: el Ejército y la Policía cobraban por dejar pasar la coca, pero también los jueces, los partidos políticos. Así que esa bonanza fue generalizada, no fue solo para la guerrilla, y todos se beneficiaron de eso.

Pero la lógica general de los tributos está vinculada al fortalecimiento militar, por lo tanto no es una cosa de acumulación personal. En el comienzo, en el sur del Tolima en los años cincuenta, se concentró buena parte de la resistencia Liberal contra el partido Conservador. Eran liberales comunes y corrientes. En ese movimiento guerrillero comenzaron a surgir tendencias, unos más vinculados a la dirección nacional del Partido Liberal y otros más acaudillados y al Partido Comunista. Marulanda entendió que buena parte del éxito militar de la guerrilla radicaba en la propiedad de las armas. Los liberales decían: “las armas que le agarremos a la Policía y el Ejército son armas que pertenecen al que las cogió y son armas privadas. Así que un comandante que cogía varias armas pues podía multiplicar su poder de comandante, algo así como un clientelismo armado”. Pero Marulanda y Prías Alape, que fue otro de los comandantes, dijeron: “no, las armas no son de la persona que las coge, las armas son del movimiento político”. Esa es una diferencia grandísima.

Con esto quiero decir que todo este trabajo de financiación tributaria no tenía un destino distinto que el fortalecimiento militar del movimiento guerrillero, no era una cuestión de bolsillo del comandante.

Los comandantes no hacían piscinas. Aunque aparentemente se dice que “Jojoy” tenía 200 mil hectáreas en Caquetá. Pues claro, podría tener usufructo pero no tenía ninguna propiedad sobre esas 200 mil hectáreas, eso es estúpido, ningún comandante puede tener propiedad en una zona con papeles a su hombre.

Yo no dudo que hubiera comandantes que tuvieran su propia finca, su propia lancha y su propia tienda, pero la política general no era esa, la política general era conseguir esos recursos para financiar la guerra.

Ahora, la guerrilla negociaba no solo con los impuestos de cualquier tipo: coca, transporte de cerveza o ganadería. Pero el que la guerrilla tuviera una contabilidad de recursos y que pudiera el Estado simplemente echarle mano a eso para reparar a las víctimas me parece utópico. La guerrilla no lleva una contabilidad central como una empresa, sino que un comandante da un golpe o cobra unos tributos, pasa una parte al secretariado y la otra parte la usa.

Así que yo no sé cómo llegarán a saber cuáles son los bienes que tiene la guerrilla. Yo tengo la sensación, es personal, que ese monto fue negociado, es decir que hace parte de una negociación política y no de una contabilidad. No es que el Gobierno pueda hacer los cálculos de cuánto recibían por tributos y cuánto gastaban.

Así que esa es una figura más, pero no es una realidad posible de establecer. Hay investigaciones por un lado y por otro. Pero tengo muchas dudas. Y si esos fondos existieran la guerrilla no los empeñaría, porque si quieren transformarse en partido político naturalmente necesitan de esos recursos para poder dar ese paso.

4. El siguiente punto, dice este señor Uribe, es la conexidad con Rebelión

Es decir, la tesis central es que el delito de narcotráfico tiene conexidad con rebelión, o sea que la rebelión subsume el narcotráfico. La guerrilla tiene delitos de narcotráfico pero porque esos recursos están vinculados a la guerra. Esa conexidad es la que establece el acuerdo y que se ha establecido en muchas otras guerras. Ese es un recurso jurídico válido en las guerras.

Pero al desconocerse la conexidad, y al quedar el narcotráfico como un delito autónomo, hace susceptible de que esos comandantes, que tengan que ver con eso, sean extraditados. Y  naturalmente la guerrilla no va a aceptar que sus comandantes terminen acompañando a Simón Trinidad en cárceles de Colorado. Eso se cae de su peso, esto tampoco lo van a aceptar, no sé cuál pueda ser la negociación ahí.

5. Por último, pide el señor Uribe, que en el acuerdo quede que no se expropiarán tierras privadas y que no se crearán nuevas Zonas de Reserva Campesina

Eso es lo que Uribe llama el respeto de la iniciativa privada y es una cosa que sale de la relación con los empresarios. En primer lugar, la expropiación de tierras en Colombia no existe, nunca ha existido. En el caso más extremo y radical ha sido una expropiación por vía administrativa, con jueces y con pago de la tierra. La otra posibilidad existe en la Constitución y no en el acuerdo que se hizo con las FARC, y es un punto que desde el año treinta y seis se está peleando.

Pero es que ese punto de la expropiación —que plantea Uribe—, hace referencia a otras cosas. De los 114 millones de hectáreas en Colombia hay 45 millones de hectáreas en ganadería de las cuales 25 millones son ganaderías extensivas, es decir, tierras ociosas. En el mejor de los casos rastrojeras. Y eso viene de la ley del treinta y seis, la cual dice que una tierra que tuviera algún tipo de trabajo no sería susceptible de expropiación. Por eso el alma de salvamento contra la ley 200 de 1936 era tener algún tipo de trabajo en esa tierra, y ese tipo de trabajo se demostraba tumbando monte y metiendo dos vacas. En esas 45 millones de hectáreas hay 20 millones de cabezas de ganado. Esas son las tierras que serían susceptibles de expropiar formalmente en la Constitución de hoy, no en el acuerdo.

Ahora, ¿qué probabilidades hay de que un Gobierno se atreva a dar ese paso político? Ninguna. Lo que ellos temen es un impuesto progresivo a las tierras, un impuesto diferencial. Es decir, que las tierras más grandes y más ociosas paguen más, de tal manera que el impuesto las obligue a ser trabajadas. No la expropiación. Es meterlas al mercado. Y es lo que no quieren. Siguen queriendo es que la tierra sea la alcancía del capital. Es decir, una cosa que se tiene por si acaso, que se valoriza por sí sola, que se valoriza sin trabajo, que se valoriza por la ley de las rentas diferenciales.

Ese es el cuento, el cuento es el miedo que le tienen al impuesto predial. Y ese impuesto predial está vinculado al catastro que en Colombia es débil, mal hecho, tramposo y superficial. Prácticamente no hay catastro. El 60% de las tierras con ocupación no tienen registro notarial ni en las oficinas de registro. Tienen escritura pero no registro. Y naturalmente eso impide cobrar impuestos.

Entonces el catastro, con todos los nuevos instrumentos tecnológicos, puede ser levantado de una manera más técnica y rápida, y eso es algo que naturalmente no les conviene a los latifundistas: “que les midan la tierra, les pidan los títulos y les cobren impuesto… Eso es demasiada desvergüenza del Gobierno”. Y tratan de sabotear los catastros por todos lados. La idea del saboteo al catastro es el saboteo a las obligaciones tributarias con la intención de mantener la tierra como alcancía del capital.

Ahora, lo de las reservas campesinas es un tiro que si me pega muy cerca porque he estado detrás de esa figura.  Las reservas campesinas son una figura legal de la Ley 160 de 1994. En Colombia hay seis reservas campesinas: una en Sumapaz, otra en Calamar, otra en Magdalena Medio, otra en Catatumbo, otra en Cuembí y otra en El Pato Balsillas.

La idea de esa figura es que no es una propiedad colectiva, no es una propiedad inalienable, no es una propiedad con las mismas categorías del resguardo o el consejo comunitario. La idea de las reservas campesinas es que haya un territorio determinado donde no pueda haber acumulación de tierras. O sea, los campesinos tienen su parcela, una unidad agrícola familiar, pero un campesino no puede comprar otras parcelas para hacer una hacienda e ir desplazando a los otros campesinos, como es la lógica de acumulación en otras zonas, donde el campesino se arruina rápidamente, esa tierra la compra un comerciante y como todos los campesinos entran en crisis económica al mismo tiempo, pues los comerciantes van comprando y haciendo grandes haciendas.

Entonces lo que las reservas campesinas quieren hacer es paralizar ese proceso y que todos los campesinos puedan defender su Unidad Agrícola Familiar, naturalmente apelando a la financiación estatal.

Es decir, las ZRC impiden que en esas zonas el latifundio crezca a expensas de la propiedad. No es otra cosa, no son retaguardias de la guerrilla como lo quiso mostrar el Ejército. Son simplemente un recurso para defender la economía campesina que es también una cultura campesina, porque los campesinos tienen una cultura propia. Así como los resguardos indígenas defienden la propiedad de la tierra de los indígenas, o la Ley 70 de las comunidades negras defiende los ancestros territoriales, las ZRC también lo que defienden una economía y una cultura específica, en este caso la campesina.

Esas ZRC fueron financiadas originalmente por el Banco Mundial, ustedes se imaginan el Banco Mundial que es la joya del capitalismo, la lógica del capital, financiando unas reservas campesinas… ¿Qué peligro pueden entonces representar las ZRC para el gran capital? Pues ninguno, simplemente lo que defienden es un tipo de propiedad, cultura y actividad.

Pero Uribe paralizó ese proceso. En primer lugar rompió ese vínculo del Banco Mundial con las ZRC, y en segundo lugar comenzó a quitarles a esas zonas la personería jurídica, y finalmente las prohibió, prácticamente.

Uno de los primeros actos de Juan Manuel Santos cuando se posesionó como presidente fue permitir la reunión de la zona de reserva cerca de Barrancabermeja donde había una tradición de lucha por una ZRC desde hacía ya un tiempo.

De ahí cogió fuerza otra vez esa figura que llegó a la mesa de negociaciones de La Habana, ante la cual se presentaron 60 solicitudes de reserva campesina que son cerca de nueve millones de hectáreas. El acuerdo de La Habana aceptó la constitución de reservas campesinas hasta siete millones 600 mil hectáreas.

Eso es una cifra muy significativa. Si se logra que las ZRC tengan esa cantidad de hectáreas, se crea una fuerza económica y también política muy importante. A lo que le temen también el Gobierno y los partidos es a las circunscripciones especiales, porque la guerrilla también pidió que en esas ZRC pudiera haber unas elecciones particulares que pudieran darle más poder a esas zonas.

Así que ese punto también me parece dificilísimo de negociar con la guerrilla, porque digámoslo así, las FARC renunciaron al programa agrario del año 64 en favor de esa figura de ZRC, si eso se paraliza, todo el punto de tierras queda anulado.

Nota

    [i] Los datos de la Registraduría Nacional para las votaciones del Plebiscito por la Paz, dieron como ganador al NO con 6.431.376 frente a 6.377.482 de votos por el SÍ.

20 octubre, 2016

http://www.ipc.org.co/agenciadeprensa/index.php/2016/10/20/alfredo-molano-hablo-sobre-las-propuestas-del-uribismo-para-renegociar-los-acuerdos/