El pasado 11 de octubre del 2016, el Centro Internacional de Arreglo de Disputas entre Inversionista Extranjero y Estado (más conocido como CIADI o por sus siglas en inglés ICSID) rechazó las pretensiones contra El Salvador contenidas en la demanda interpuesta por la minera canadiense Pacific Rim en el 2008. En su decisión (ver texto completo en español y en inglés), los tres árbitros rechazaron todos los alegatos presentados inicialmente por Pacific Rim, empresa que luego fue transferida al consorcio australiano minero Oceana Gold, y que exigía a El Salvador un monto compensatorio de unos 300 millones de US$. En el comunicado oficial de El Salvador con fecha del 14 de octubre (ver texto completo reproducido al final de esta nota), las autoridades externaron que: "este caso nos deja un mensaje y nos recuerda que los Estados, y en este caso el Estado de El Salvador, están expuestos a este tipo de demandas multimillonarias. Por lo tanto, se debe trabajar en el fortalecimiento de la institucionalidad del país en defensa del medio ambiente". En esta nota leemos que: "Varios integrantes de comités ambientales fueron asesinados (Marcelo Rivera, Ramiro Rivera y Dora Alicia Sorto) y otros recibieron amenazas, como Francisco Pineda, activista contra Pacific Rim que recibió el Premio Medioambiental Goldman". Se reproduce al final de esta nota el comunicado oficial emitido por la empresa Oceana Gold desde Melbourne, Asutralia, con fecha del 14 de octubre (en inglés).

Se trata de una controversia que dio lugar a una fuerte movilización de entidades sociales en El Salvador y fuera de el, y que se originó cuando las autoridades de El Salvador optaron por suspender la minería química a cielo abierto en El Salvador, en el año 2008. Como es bien sabido, empresas mineras y Estados de América Latina están protagonizando en suelo nacional polémicas y escándalos políticos, y ante el CIADI, una sostenida batalla legal en los últimos años, cuyos últimos desarrollos a continuación se detallan brevemente:

- en abril del 2016, una empresa minera entabló una demanda contra Panamá (ver nota de este mimso blogo) por 268 millones de US$.

- desde el mes de marzo del 2016, Colombia, Estado que había logrado mantener una legislación en materia de arbitraje comercial que dificultaba el recurso al CIADI por parte del inversionista extranjero, enfrenta su primera demanda interpuesta por el consorcio minero suizo Glencore, la cual podría ser seguida de otras anunciadas por empresas mineras: varias empresas mineras han anunciado su intención de demandar a Colombia por unos 16.500 millones de US$ (ver nota), a raíz de un fallo de la Corte de Constitucionalidad de Colombia de febrero del 2016 que prohíbe la minería en los páramos colombianos (ver nota de El Espectador). La demanda registrada de Glencore el 16 de marzo del 2016 se denomina oficialmente en el CIADI: “Glencore International A.G. and C.I. Prodeco S.A. v. Republic of Colombia (ICSID Case No. ARB/16/6)”: esta demanda fue antecedida unas semanas antes por un foro público sobre el escándalo de Reficar en Colombia (ver nota de Semana). Un “informe sombre de sostenibilidad de las operaciones de Glencore en Colombia” producido por ONG colombianas detalla el tipo de operaciones de esta empresa suiza en Colombia.

- en el mes de febrero del 2014, Costa Rica fue demandada por la empresa minera canadiense Infinito Gold por un monto de 94 millones de US$, luego de decisiones de la justicia costarricense anulando los actos jurídicos sobre los que se sostenía este polémico proyecto minero ubicado en la remota localidad de Las Crucitas (ver nota publicada por la UNESCO en el 2011 y otra nota nuestra del 2015 publicada en Ius360, sobre solicitud de Costa Rica de suspender el procedimiento en el CIADI). El documental "El oro de los tontos" (Director: Pablo Ortega, 2011) reseña con humor y un estilo caricaturesco los diversos escándalos repetitivos que provocó en el mundo político y judicial costarricenses este proyecto minero (ver enlace a versión completa disponible en Youtube): dos profesores entrevistados en ese documental fueron demandados por presunta difamación por la empresa minera canadiense por un millón de US$ cada uno, siendo ambas demandas rechazadas por la justicia costarricense en el 2013. Actualmente, en América Latina, Costa Rica es el Estado con mayores demandas registradas ante el CIADI (cinco) después de Venezuela y Argentina. En el 2013 se había sugerido renegociar algunas cláusulas contenidas en tratados bilaterales de inversión (ver nota del Semanario Universidad).

- en este año 2016, el CIADI condenó a Venezuela a pagar más de 1.200 millones de US$ al consorcio minero ruso-canadiense Rusoso (ver nota de prensa). Según se lee en el laudo arbitral (ver texto completo), Venezuela fue condenada al pago de: "898. Rusoro claims an amount of USD 2.4 billion as compensation for Venezuela’s expropriation of Rusoro’s investment; plus USD 90 million for the Lost Cash Flows suffered as a consequence of the 2009 and 2010 Measures; and interest on these quantities. 899. The Tribunal concluded that - the proper compensation due to Rusoro for the unlawful expropriation of its investment in Venezuela amounts to USD 966,500,000 and that - the proper calculation of damages due to Rusoro for Venezuela’s breach of Paragraph 6 (d) of the Annex to the BIT amounts to USD 1,277,002. 900. Additionally the Tribunal decided to grant Rusoro interest on the amounts of compensation and damages (i.e. USD 967,777,002723), accrued between 16 September 2011 and the date of actual payment, calculated at the interest rate p.a. equal to USD LIBOR for one year deposits, plus a margin of 4%, with a minimum of 4% p.a, to be compounded annually /.../903. The Tribunal ordered the Bolivarian Republic to pay to Rusoro USD 3,302,500 as costs incurred in the present arbitration ".

- en abril del 2016, el CIADI ordenó a Venezuela el pago de un elevado monto a una empresa minera canadiense por la suspensión del proyecto minero en Las Cristinas: en esta ocasión, ordenó a Venezuela a indemnizarla por 1.386 millones de US$ (ver nota en este mismo blog). El proyecto de Las Cristinas en Venezuela y de Las Crucitas en Costa Rica eran los dos únicos proyectos de la empresa canadiense Vanessa Venture, luego trasladada a Infinito Gold.

Para algunas entidades sociales y expertos, así como un grupo de Estados cada vez más numeroso, el sistema del arbitraje de inversión es altamente cuestionable, en la medida en que está dando pié para demandas claramente abusivas por parte de inversionistas extranjeros (ver nuestra nota del 2013 titulada: "ICSID and Latin America Criticism, withdrawal and the search for alternatives". Cada una de estas demandas significa una presión indebida ejercida sobre el aparato estatal, y obliga a los Estados a sufragar los gastos de defensa ante el CIADI por varios años: se estima un costo aproximado promedio de 8 millones de US$ en gastos de honorarios para la defensa de un Estado para cada demanda planteada en el CIADI (y ello independientemente del resultado final). En esta nota sobre el reciente laudo arbitral en caso de Pacific Rim, se lee que: "El hecho de que Pacific Rim – ahora Oceana Gold – haya podido demandar a El Salvador cuando nunca tuvo licencia alguna para operar es un abuso del proceso,” dice Manuel Pérez Rocha del Institute for Policy Studies en Washington. “El que estas demandas se lleven a cabo al margen de un sistema judicial independiente y transparente demuestra por que nos oponemos al Acuerdo Transpacífico (TPP por sus siglas en inglés) y otros, así llamados, tratados de libre comercio”.


Texto del comunicado oficial de prensa del Ministerio de Ambiente y de Recursos Naturales de El Salvador

CIADI resolvió a favor del Estado Salvadoreño en arbitraje contra la empresa minera Pacific Rim

La empresa Oceana Gold -propietaria de Pacific Rim- deberá pagar $8 millones al estado salvadoreño por costas procesales. La decisión de los tres árbitros fue unánime.

“Nos sentimos muy satisfechos con el veredicto a favor del Estado Salvadoreño”, expresó la ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Lina Pohl luego de escuchar el resultado del laudo que este día dio a conocer el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial, en torno a la demanda de Pacific Rim Corporation de Canadá en contra del Estado salvadoreño por no permitir inversiones en el rubro minero en el departamento del Cabañas.

Luego de siete años de litigio, la resolución absolvió al Estado salvadoreño de pagar una millonaria suma a la compañía Oceana Gold -empresa minera que compró a la transnacional Pacific Rim-, la cual interpuso una demanda formal ante la CIADI en 2009.

La información la hizo pública el fiscal salvadoreño, Douglas Meléndez a la 1:00 p.m. (hora El Salvador, 3:00 p.m. en Washington) en compañía del abogado Luis Parada del bufete Foley Hoag, representante de El Salvador en el litigio contra la empresa minera ante en el tribunal arbitral del CIADI.

“Nuestro país ha ganado este arbitraje de una forma contundente y muy positiva, principalmente en este momento donde el estado salvadoreño tiene problemas fiscales. El tribunal arbitral desestimó todo los reclamos de Pacific Rim “, expresó Meléndez.

La ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Lina Pohl dijo que: “nosotros como país queremos atraer las inversiones pero lo más importante es que estas inversionistas sean respetuosos de la institucionalidad de los países a donde llegan. Eso es un tema fundamental”.

Pohl expresó que el MARN realizó una Evaluación Ambiental Estratégica de la minería metálica, que determinó que las condiciones actuales el país no eran las adecuadas para el desarrollo de la actividad minera, ya que se comprometían los recursos naturales, en específico el agua.

Otros aspectos que surgieron en el Evaluación Estratégica era que los yacimientos mineros atraerían empresas pequeñas que no manejan estándares de alto nivel; la debilidad de la institucionalidad en torno a la supervisión y regulación de la minería metálica y el nivel de conflictividad en los territorios.

“Definitivamente nos sentimos satisfechos y muy orgullosos de este laudo arbitral. Esta gran victoria no es solamente de orden jurídico, esta victoria es para el pueblo salvadoreño. Desde un principio, el pueblo tanto como el estado y el gobierno, hemos trabajado en la defensa de este caso, comento el Fiscal.

El tribunal arbitrario determinó que la empresa deberá pagar 8 millones de dólares por costes procesales. Uno de los puntos más importantes destacados por el fiscal es que fue una decisión unánime de los tres árbitros.

El tribunal destacó que el estado de El Salvador siempre trató a este inversionista extranjero de una forma generosa y benevolente, pero que Pacific Rim no cumplió estrictamente con los requisitos de las leyes del país.

Pacific Rim inició operaciones en El Salvador a principios del 2000, cuando la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Economía le autorizó explorar en la zona de El Dorado, en San Isidro, Cabañas, y en otras regiones del país con potencial de metales preciosos.

Posterior al hallazgo de oro y plata en Cabañas, el abogado Parada dijo que el tribunal determinó que el Salvador no tiene las condiciones para desarrollar una actividad minera.

El Fiscal reflexionó que aunque con el resultado positivo para El Salvador, “este caso nos deja un mensaje y nos recuerda que los estados, y en este caso el Estado de El Salvador, están expuestos a este tipo de demandas multimillonarias. Por lo tanto, se debe trabajar en el fortalecimiento de la institucionalidad del país en defensa del medio ambiente”.

También hizo énfasis en la necesidad del Estado de atraer la inversión, pero resaltó la importancia de que “las empresas y las transnacionales se sometan a nuestras leyes en defensa de la población y del medio ambiente”.


Texto del comunicado oficial de Oceana Gold

14 October 2016 - ICSID TRIBUNAL FINDS IN FAVOUR OF GOVERNMENT OF EL SALVADOR IN ARBITRATION PROCESS

(MELBOURNE) OceanaGold Corporation (TSX/ASX/NZX: OGC) (the “Company”) has been advised that the arbitration tribunal constituted by the World Bank’s International Centre for Settlement of Investment Disputes (“ICSID”) has found in favour of the Government of El Salvador (the “Government”) in its dispute with an OceanaGold indirect subsidiary company, Pac Rim Cayman LLC. ICSID granted an award of US$8 million to the Government of El Salvador to cover its legal fees and costs.

OceanaGold inherited the arbitration process when it acquired Pacific Rim Mining Corp. in November 2013 and the Company has stated from the beginning that its goal was to reach an amicable resolution of this matter which would benefit all parties.

Whilst disappointed, OceanaGold will review the ICSID’s ruling in detail before evaluating the next steps related to its El Salvador business unit. The Company believes that a modern resource industry that operates in a safe and sustainable manner and within internationally recognised best practices has the potential to unlock a sustainable and multi-decade development opportunity for the Republic of El Salvador. However, the Company recognises that the Government will need to take positive and definitive steps towards establishing a stable business environment if it wishes to attract foreign investment to establish this opportunity.

As a world class producer for over two decades, Canadian-Australian mining company OceanaGold has been a valued member of the communities where it operates, including environmentally sensitive areas such as New Zealand, the Philippines, and the United States. Over this time the Company has formed a strong track record of establishing itself as a partner and employer of choice that works in a spirit of cooperation and respect with its stakeholders in a sustainable and ethical way.

http://derechointernacionalcr.blogspot.com/2016/10/caso-pacific-rim-contra-el-salvador.html