Recientemente el destacado economista chileno, Ricardo Efrench-Davis, ha reafirmado que la economía chilena no anda bien, y que necesita, entre otras acciones o intervenciones de política económica, aumentar el gasto de inversión pública y hacer verdaderas alianzas del gobierno con el sector privado.

Y tiene porque saberlo. Fue formado en la Universidad de Chicago, pero se desmarcó del “mote” de chicago boys”, los asesores de Pinochet, cuyos enfoques conceptuales y orientaciones de políticas públicas han estado vigentes en este país y en gran parte de países latinoamericanos, incluso después de tomar el poder gobiernos de concertación política y aquellos tipificados como socialistas del siglo XXI.

Esta dinamización de la inversión pública y privada debe operar como política contra cíclica, es decir para no alimentar la caída del empleo y el producto, en momentos donde los seguidores de Friedman y el Fondo Monetario Internacional (FMI) recomiendan mayor austeridad, reducción de gastos y aumento de impuestos. Esta dinamización de la Inversión Publica (gasto) para estimular la demanda y capacidad productiva solo la puede hacer el gobierno, destinando mayores recursos públicos (provenientes en su mayor parte del aumento de los impuestos) a proyectos de impacto directo en los ingresos de las personas.

Las declaraciones de Efrench-Davis son perfectamente aplicables a países de la región centroamericana, y Honduras en particular, con programas de estabilización económica con el FMI. Se ha dicho que el país debe crecer a tasas mayores del 6% (promedio anual) para aspirar a reducir los niveles de desempleo, subempleo y pobreza, sin embargo, los funcionarios del gobierno están contentos con tasas menores de 3.0% (promedio), pero que son suficientes para el FMI ya que observa una reducción acelerada del déficit fiscal y se está al día con el pago del servicio de la deuda externa.

El fuerte ajuste económico ejecutado por el gobierno de Juan Orlando Hernández ha afectado el gasto de inversión pública, con lo cual el ritmo de crecimiento de sectores productivos como agroalimentario, forestal, industrial y construcción ha disminuido, pero también se ha precarizado el empleo, con lo cual el impacto en las familias hondureñas es doble: aumento del desempleo y trabajos precarios (por hora, bajos salarios en sectores de escasa productividad y desprotección social), que hace de la economía hondureña un sustento para perpetuar la pobreza y acelerar la expulsión y migración de la población.

Desde la Academia, en la cual el gobierno no cree, debe generarse líneas de investigación que permitan analizar los impactos negativos en la economía y sociedad hondureña de las políticas de estabilización de corte neoliberal, ya que al parecer se acepta sin más que el sacrificio del pueblo con el ajuste económico y los aplausos del FMI duran poco, y a largo plazo todos estaremos mejor. Una línea de investigación sugerida es la puesta en práctica de políticas alternativas al ajuste ortodoxo sustentadas en enfoques neo keynesianos y desarrollistas, en tanto el desempleo y pobreza son dos (2) de los principales problemas a resolver.

Entre estas políticas alternativas destaca la de establecer un techo al monto de la inversión pública productiva que el Estado debe garantizar para estimular el empleo y los sectores productivos, a efecto de aumentar el producto nacional e ingreso de las personas. Esta base puede dar paso a aumentos progresivos a futuro, tal como ha sucedió en Bolivia donde para 2016 más del 45% de la Inversión Publica se destinará a los sectores productivos frente a 14% en 2005, por encima incluso de la inversión social (20%) e Infraestructura (30%). Los montos reales de la inversión pública total en Honduras son menores del 5%/PIB en 2015, pero podría definirse una base progresiva partiendo de 15%/PIB para la inversión productiva.

Una segunda política alternativa es aceptar que el dogma monetario de la baja inflación es un factor explicativo del aumento del desempleo y baja producción. En la coyuntura actual de bajo ritmo de crecimiento del PIB y aumento del desempleo y subempleo, una inflación de menos de 5% no tiene sentido, al menos que se crea que la inflación cero atraerá en forma masiva Inversión Extranjera (IE) a los sectores productivos, sin considerar los problemas colaterales como la baja productividad de la mano de obra, conflictos sociales, violaciones de derechos humanos y violencia interna. El seguir con esta política de baja o nula inflación, ata la economía e introduce un sesgo en contra de la población deseosa de trabajar y pobre, pero también encarece la demanda de importaciones en tanto se acompaña de mayor flexibilidad en la tasa de cambio.

El gobierno de la República ha usado la inversión pública ya realizada para concertar alianzas con el sector privado, pero todavía no existen garantías reales de que los inversionistas aumentarán la inversión en el monto requerido, frente a una disminución de los ingresos captados por el Estado al desprenderse de uno o varios servicios públicos. Un caso que ha sido denunciado por dirigentes de partidos de oposición es la concesión de la carretera CA-5 para el cobro del peaje adjudicado a la empresa COVI, que según voceros del gobierno ha invertido 1,600 millones de lempiras pero que la oposición y el pueblo en general creen que en su mayor parte los fondos salieron del cobro del mismo peaje.

El manejo del endeudamiento es también tema de preocupación. La deuda de Honduras camina a ser insostenible (ICEFI, 2016), ya que superará el umbral de 50%/PIB en 2017 y todavía el gobierno se resiste a eliminar las exoneraciones fiscales a un grupo de empresas que ya gozaron como las maquilas y comidas chatarras y otras nuevas como la creadas por las alianzas publico-privadas. El monto de la deuda pública superará los 10,500 millones de dólares a finales del año, y aumentará en más de 500 millones de dólares en 2017, con lo cual se genera una presión desmedida sobre las finanzas publicas por el aumento del servicio de la misma. Mucha de esta deuda es ilegitima, se aceleró después del golpe de Estado, pero todavía el gobierno se resiste a contratar una auditoria independiente de la misma con apoyo de ONGs internacionales y locales.

Lo peor que puede pasar es no actuar, o sea seguir a “pie juntillas” lo que dicta la ortodoxia neoliberal y el FMI. La coyuntura política (elecciones el próximo año) es propicia para generar un amplio debate sobre el diseño y ejecución de las políticas de ajuste, sus impactos en la economía y población. La Academia y organizaciones de sociedad civil deben promover un debate amplio sobre estos y otro temas, igual aprender de la experiencia de otros países.

Para Efrench Davis en el caso de Chile, “Hoy, cuando los fantasmas de las vacas flacas comienzan a sembrar terror y todos hablan de recortar gasto, se recomienda una jugada ‘contra cíclica”

En el caso de Honduras esta jugada es más que urgente.

Tegucigalpa, DC, octubre 9 de 2016