“Si hay que resumir la esencia del golpe, se trata de una dictadura del capital sobre el trabajo.  La ruptura de la democracia se da porque, en democracia, los trabajadores y sus organizaciones tienen mejores condiciones de defenderse, de luchar por sus derechos, de garantizar sus intereses”, señala Emir Sader al referirse al golpe parlamentario que culminó con la destitución de la presidenta Dilma Rousseff en Brasil[1].

Y es que más allá de los fuegos de artificio lanzados por los actores en el escenario legislativo (donde 61 senadores de 81 -entre los cuales 41 se encuentran involucrados en procesos legales por corrupción- condenaron a la Presidenta sin prueba alguna de culpabilidad), en el trasfondo fueron gravitantes las corporaciones empresariales (internas y externas) que movieron los hilos y recursos para precipitar tal desenlace.

Resulta que ahora, con el golpe, la propuesta neoliberal derrotada en las urnas cobra vigencia para abrir todas las puertas a las corporaciones transnacionales.  En esta dirección va el paquete de 32 proyectos de infraestructura anunciado por el gobierno Temer para entregar a la empresa privada, junto al desmantelamiento y eventual privatización de Petrobras, la principal empresa estatal, que comenzó con la apertura al capital internacional en la explotación del Pré Sal (campos marítimos con significativas reservas petroleras).

En esta misma línea, en el país vecino, Argentina, el gobierno neoliberal de Mauricio Macri optó por abrir una especie de subasta para poner en venta el patrimonio nacional con un evento llamado “Foro de Inversión y Negocios en la Argentina”, realizado del 12 al 15 de septiembre, prometiendo a los futuros inversores apertura económica, liberalización financiera, libre movimiento de capitales, etc.

En uno y otro caso, lo que está de por medio es que tales propuestas precisan establecer democracias de excepción (vía golpe o subterfugios legislativos o judiciales) para poder degradar, cuando no anular, derechos y conquistas sociales y económicas, comenzando por lo que consideran el “problema mayor”: el acumulado organizativo en el plano laboral, bajo la premisa de que hace falta la necesaria “flexibilidad” en este campo.  Y en tal perspectiva se apunta a futuras reformulaciones del rol del Estado.

Como se trata de los dos países con más peso en la región, que contribuyeron a impulsar procesos de integración soberana, particularmente con la reactivación del Mercosur y la creación de Unasur, hacia adelante se anticipa un giro hacia la Alianza del Pacífico como un trampolín para el futuro ingreso al Tratado Trans Pacífico (TTP), que impulsa Estados Unidos para conformar una gran área geopolítica hegemónica.

Es justamente en torno a este Tratado que las grandes corporaciones vienen negociando en secreto con el propósito de consolidar y blindar su poder en los más diversos campos, buscando igualar a la baja las normas medioambientales, financieras, sociales, sanitarias y laborales, entre otros aspectos.

En este contexto, cobra particular importancia el llamado a la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo que movimientos sociales de Nuestra América están impulsando para el 4 de noviembre de 2016.

- Osvaldo León, comunicólogo ecuatoriano, director de la revista América Latina en Movimiento.

Artículo introductorio de la edición 517 (septiembre 2016) de la revista América Latina en Movimiento de ALAI, titulada “El poder transnacional y los nuevos TLCs”.  http://www.alainet.org/es/revistas/517