La Mesa de Unidad Democrática lanzó su plan desestabilizador con la “Toma de Caracas”. Supuestamente iba a poner allí un millón de personas. Quedó abajo de ese número. Y sobre todo, no pudo asestar un golpe de nock out al presidente.

La excusa de la movida opositora venezolana era presionar al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que apure el plebiscito que podría revocar el mandato de Nicolás Maduro. En el fondo, lo que se jugaba la MUD este jueves era asestar un golpe mortífero a aquél y forzar su renuncia o más directamente poner en colapso a su gobierno para que caiga. Si de relleno se podían apurar los tiempos del revocatorio, tanto mejor.

Y a primera vista, los resultados no han sido los mejores para ese conglomerado variopinto. Allí conviven elementos de derecha como el gobernador de Miranda y dos veces derrotado candidato presidencial, Henrique Capriles, junto con otros ubicados más a su derecha, como el socialdemócrata Henry Ramos Allup, titular de la Asamblea Nacional desde el 5 de enero pasado; Jesús “Chuo” Torralba, secretario ejecutivo de la MUD, y los más violentos, algunos presos con causas judiciales, como Leopoldo López, de Voluntad Popular y el ex alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, de Bravo Pueblo.

No alcanzaron sus mayores objetivos. La multitud que esperaban reunir, superior al millón de personas, no fue tal. No es por menospreciar su capacidad de movilización, que por cierto la tienen, pero la cosecha fue menos de la mitad de aquella cifra. Y no pueden echarle la culpa al gobierno, que por supuesto movilizó a los sectores que lo apoyan e hizo su acto en el centro de la Caracas.

La oposición marchó desde todo el país y entró por tres avenidas a la capital, lógicamente con controles policiales y militares, pero pudo realizar su acto sin represión. Torralba leyó un documento consensuado donde insistieron en el reclamo del plebiscito y aseguraron que volverían a marchar el 7 de setiembre hacia la sede del CNE para exigir celeridad en aquel mecanismo constitucional.

No reunieron todas las voluntades y no pudieron alegar represión gubernamental. Leopoldo López habrá visto lo ocurrido desde el penal de Ramo Verde. Capriles se quedó en Miranda. Ramos Allup se habrá enterado que Maduro prometió denunciarlo penalmente por su campaña en favor de la violencia. Y Torralba tuvo su minuto de fama leyendo la proclama. Si esperaban generar actos de violencia y dar pie a la represión de la Guardia Nacional Bolivariana, con lo cual acumular material para invocar la intervención norteamericana y de otros países, patrocinada por la OEA, no lo consiguieron.

Maduro realizó un acto masivo en el centro de la capital. Denunció las maniobras golpistas y entre otras novedades aportó el desbaratamiento de un grupo de paramilitares colombianos en cercanías del palacio de Miraflores listo para cometer atentados. Reiteró que está haciendo consultas pero tiene listo el decreto para quitar la inmunidad de los legisladores, un derecho que sólo debe existir para su labor política, pero no para atentar contra la Constitución.

Las truchadas

En Argentina se las llama “truchadas”. Es lo que la MUD hizo con las firmas para reclamar el revocatorio. Ese derecho, vale la pena reiterarlo, fue establecido en la Constitución parida por Hugo Chávez y permite que transcurrida la mitad del mandato del presidente se pueda pedir su alejamiento si se reúne determinada cantidad de firmas del padrón. Si se juntan las cantidades estipuladas antes de cumplirse los cuatro años del mandato presidencial, se debe llamar a nuevas elecciones. Y si se logran después de cumplidos esos cuatro años, entonces no hay nuevos comicios sino que el presidenta que deja el cargo nomina al vicepresidente para completar mandato.

La oposición siempre fue alentada por la ley que votó contra Venezuela el Senado norteamericano en diciembre de 2014 y validó Barack Obama en marzo de 2015 y otra vez en 2016. Se calificó al gobierno bolivariano como una “amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de EE UU”. Venezuela era responsable de “la erosión de las garantías de los Derechos Humanos, la persecución de opositores políticos, la restricción de libertades de prensa, el uso de violencia y las violaciones y abusos de derechos humanos en respuesta a manifestaciones antigubernamentales, el arresto y las detenciones arbitrarias de manifestantes antigubernamentales”.

Como podrá apreciarse, las acusaciones son idénticas a las que formulan la MUD, la patronal Fedecámaras y los medios privados desde Caracas, Luis Almagro desde la OEA, Mauricio Macri desde el gobierno argentino, la Sociedad Interamericana de Prensa desde Miami y los diarios afiliados, como Clarín y “La Nación”.

El manejo de la oposición fue fraudulento. La ley les exigía entregar en primer término 195.000 firmas, el 1 por ciento del padrón. Y en junio logró que la CNE le diera por válidas 399.412. Pero el 2 de mayo había entregado 1.959.000 firmas, de lo que se ufanaba. Sin embargo, la CNE le validó en junio 1.350.000 firmas porque detectó que 600.000 eran truchas. A continuación, ese Consejo presidido por Tibisay Lucena habilitó las máquinas busca huellas para comprobar la identidad de los firmantes. Y sólo 399.412 estaban bien. Además de las 600.000 inventadas, habían metido fallecidos, menores, encarcelados y otras personas no válidas.

Para que el lector advierta la enormidad de la maniobra: de 1.959.000 firmas presentadas en mayo, en junio quedaban, limpias y válidas, algo menos de 400.000. Si eso es transparencia de procedimientos, entonces la MUD puede equiparse con Simón Bolívar.

Dos carreras contra reloj

La oposición pro norteamericana tiene dos carreras contra reloj.

La primera es que necesita que el plebiscito sea convocado y se vote antes del 10 de enero de 2017, cuando se cumplen cuatro años del mandato de Maduro. Si lo consigue antes, tendrá nuevas elecciones. De lo contrario, y suponiendo que consiga el plebiscito y vencer, Maduro no se iría a su casa sin antes nominar a su vicepresidente, Aristóbulo Istúriz.

La MUD tiene que cumplir con el segundo requisito constitucional: el 20 por ciento del padrón, 4 millones de firmas, para que se llame al plebiscito. Entre el 9 y 11 de setiembre quieren habilitar las mesas para reunirlas. Y por eso llaman a una segunda Toma, ahora de Venezuela, para el 7/9, ante la CNE. Esto podría degenerar en violencia como sucedió con sus guarimbas o disturbios en 2014, con un saldo de 43 muertos.

Para terminar con esta historia de números, resta decir que para ganar el plebiscito la oposición necesita 7.587.532 votos, más uno, la cosecha de Maduro en 2013.

La oposición se pone violenta pero es quien provoca las demoras. La CNE le dio por válidas 400.000 firmas iniciales, pero ordenó investigar 1.326 fraudes con firmas y eso demora todo. El gobierno bolivariano y su partido sostén, el PSUV, denunció ese fraude del procedimiento. El alcalde de Caracas y dirigente chavista, Jorge Rodríguez, dijo que el plebiscito está muerto legalmente.

La otra carrera opositora es contra sí misma, pues si hubiera elecciones anticipadas se desatará una durísima pulseada por ver quién es el candidato. No le será fácil a Capriles ser el aspirante por tercera vez. El titular de la Asamblea Nacional, Ramos Allup, querrá estar allí. Y quien se viste con las ropas de “mártir”, López, querrá terciar o al menos colar a su mujer, Lilian Tintori.

Carrera de Maduro

Los medios afines a la SIP difunden encuestas de Delphos donde Maduro sólo tiene el 25 por ciento de popularidad. Dicen que si se votara el plebiscito, él perdería con el 65 por ciento en contra. Son estimaciones a tomarse con pinzas, pero después de la derrota oficialista en diciembre tampoco pueden descartarse a la ligera, con un optimismo cándido, a lo Pangloss.

La situación económica es difícil, por la caída de los precios petroleros, renglón principal de los ingresos del Estado. Lo social está delicado, por la inflación del 500 por ciento anual, que el FMI proyecta hasta el 720 por ciento este año, y por el desabastecimiento que provocan los empresarios.

Maduro ha propiciado remedios que hasta ahora han dado resultados módicos, aunque pueden mejorar, como la Gran Misión Abastecimiento Soberano, en manos del general Vladimir Padrino López, ministro de Defensa. Busca atacar el desabastecimiento y evitar las colas para adquirir alimentos y otros bienes de primera necesidad, que escasean. Y algunos golpes se vienen dando a empresarios de Fedecámaras, presidida por Lorenzo Mendoza. El dueño de la cadena alimentaria Polar se quejó que en un procedimiento en locales suyos el gobierno le había incautado 14.000 kilos de mercaderías.

El gobierno tiene que curar, y no es nada fácil, el burocratismo que socava sus bases de sustentación. El presidente lo puso como blanco en su discurso del 1 de setiembre. Es un enemigo interno y corrosivo, alimentado por la boli-burguesía, o sea la burguesía que posa de bolivariana pero especula como la que más.

Si no conjura la inflación y la escasez, y si no logra un mejor funcionamiento de su gobierno, Maduro podría sufrir derrotas, electorales o golpes. La ola conservadora en la región muestra combinaciones fatales de recetas que el “gran chef” Washington viene probando con éxito.

http://www.laarena.com.ar/opinion-oposicion-queria-golpe-de-nocaut-y-no-lo-consiguio-1078643-111.html