El año pasado fuimos invitados por la exsenadora y líder afrodescendiente Piedad Córdoba y  la organización Poder Ciudadano a una discusión sobre el proceso de paz en Colombia y la necesidad de incluir en dicho proceso a dos sujetos étnicos afectados por más de medio siglo de guerra: afrodescendientes e indígenas. Colombia es el segundo país, después de Brasil, que tiene la más alta tasa demográfica de afrodescendientes. También su población indígena es extensa. Ambas etnias están ubicadas en lugares estratégicos como el Océano Pacífico biogeográfico, rico en etnobotánica, reservorios de aguas, oxígeno y una gran riqueza minera. Ese conflicto, entre el ejército oficial regular del Estado colombiano, bajo la asesoría del Comando Sur de Estados Unidos, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las legendarias Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), produjo un desplazamiento de casi seis millones de colombianos, como pudimos ver las cifras en el Museo de la Memoria de Bogotá donde se realizó ese importante evento. “Las cicatrices que han dejado más de 50 años de conflicto armado y de disputas por la tierra se reflejan en los territorios: en 1.114 municipios de Colombia se han registrado casos de desplazamiento forzado. Lo anterior significa que en el 99% de la geografía nacional, por lo menos una persona ha sido expulsada de manera violenta, según los datos consolidados por el Registro Único de Víctimas”, según un informe del Centro Nacional de la Memoria, que expresa que en ese periodo han asesinado a más de 250 mil personas.

El informe expresa que “... los habitantes de las regiones de Urabá, del Andén Pacífico Sur, del Oriente antioqueño, del Atrato, de la Sierra Nevada de Santa Marta, del norte de Cauca y de los Montes de María, son las más afectadas por este tipo de violencia. Tan solo en ellas se concentra el 61% de las expulsiones que se registraron en el país hasta el 31 de diciembre de 2014.  Estas regiones son “…zonas marginales de colonización, marcadas por procesos de luchas agrarias, donde han sido reconocidos territorios colectivos de comunidades afrodescendientes y resguardos indígenas, donde existen polos de desarrollo económico importantes para la economía nacional y una alta concentración de la propiedad rural”, y que además han sido “duramente afectadas por el conflicto armado debido a prolongadas disputas por su control, marcadas por la presencia temprana de actores armados, la incursión de nuevos actores y su confluencia en un mismo periodo de tiempo”.

Defensa de las tierras afro indígenas

Cuando cumplía labores de asesoría en derechos humanos en el Parlamento Andino, estábamos en Puerto Ayacucho cuando una gran parte de la población de Caujarito (Colombia) atravesó el Orinoco para refugiarse en esta ciudad del Amazonas antes un fuerte enfrentamiento entre las FARC-EP y el ejército de Álvaro Uribe Vélez. Lo mismo pasaba con miles de desplazados colombianos hacia las fronteras de los estados Zulia y Apure donde el Gobierno Bolivariano por orden del presidente Hugo Chávez se les brindó todo el apoyo, que el presidente Uribe les negaba. “Entre 1980 y agosto de 2013, casi 2,5 millones de familias tuvieron que abandonar sus cultivos, lo que equivale, según el organismo Dana, al 11,5 por ciento del empleo total del país”.

El desplazamiento forzado fue declarado como delito en el año 2000. “Cada vez se devela con mayor claridad que detrás del desplazamiento forzado se dieron unos intereses económicos muy claros. El papel del narcotráfico ha sido muy importante, pero los empresarios, tanto nacionales como extranjeros, han desconocido los impactos de la guerra y han resultado aprovechándose de lo que fue el abandono y el despojo de los territorios”. En tiempos de posconflicto ahora los afro e indígenas están reclamando jurídicamente la restitución de sus tierras que suman un total de más de dos millones de hectáreas y además se opusieron a los proyecto mineros que afectarían ecológicamente sus territorios. La Corte Constitucional de Colombia, por presión de los movimientos sociales afroindígenas ordenó la paralización del proyecto Mandé Norte de la Muriel Mining Corporation en el norte del Chocó, así como a la multinacional Británico Australiana Río Tinto, coparte en el proyecto, ya que estaban ubicado en una zona de fragilidad ecológica.

¿Cuál es la propuesta afroindígena para la paz?

 Según el líder afrocolombiano Aiden Salgado, el pasado mes de junio las FARC-EP y el Gobierno colombiano llamaron al diálogo, en La Habana, al Consejo Nacional de Paz Afrocolombiana (Conpa),  la Coordinación Nacional de Organizaciones y Comunidades Afrodescendientes (Conafro), también participaron las organizaciones de la Asociación de Pequeños y Medianos Mineros del Chocó (Asomichoco), las Comunidades Construyendo Paz en el Territorio (Conpaz), Chao Racismo, y Poder Ciudadano, junto a quienes estuvieron acompañando el proceso como la Federación de Profesores del Chocó (Fedemichoco). Las partes en la mesa escucharon con mucha atención; la delegación del Gobierno Nacional en cabeza de Humberto de la Calle se comprometió a analizar las propuestas y que darían respuesta. Por su parte las FARC-EP, según Aiden Salgado, en voz del miembro del Secretariado y negociador Pastor Alape, se comprometió a que “ellos defenderían e impulsarían nuestras propuestas”.

Lo que esperamos se materialice

Propuestas: Primero, la necesidad de hacer a las comunidades afros partícipes de este proceso y para ello se solicitó la institucionalización de un espacio de las comunidades para acompañar la revisión, la implementación y verificación de los acuerdos con el fin de garantizar su beneficio; segundo, la paz se construirá desde lo local con las comunidades en sus territorios y, tercero, que lo acordado y su implementación no puede ir en contra de los derechos ya alcanzados por las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, y se debe tener la posibilidad de ampliar los procesos, con acciones como la reglamentación de los capítulos que hacen falta de la Ley 70 de Comunidades Negras y  con ello las trasformaciones de las instituciones con una visión para la paz con enfoque territorial, étnico-racial y de género.