Un enjambre organizativo vinculado al controversial inversor George Soros se ha dado a la tarea de promover que Puerto Rico acepte un costoso sistema de control de toda información pública por parte del Estado que constituye un asalto contra las libertades de expresión y prensa, además de un ensayo peligroso con potencial de amenaza a nivel regional.

Disfrazado de proyecto de ley para promover la “transparencia”, la medida en realidad lo que hace es establecer como política pública que el Estado controle toda la información pública y todo documento, para lo cual se establecería un sistema en el que todos los empleados del gobierno tengan que enviar a un programa computarizado único toda información que pase por sus manos, inclusive anotaciones y conversaciones sobre dicha información. Mediante dicho sistema se podría rastrear en tiempo real cualquier filtración no autorizada, pero además y tal vez más grave, las jefaturas del Estado podrían conocer detalles de quién pueda estar pidiendo informaciones en cualquier punto del país.

Ese sistema de terror sobre todos los empleados públicos y los que intenten obtener informes públicos se complementaría con una especie de tribunal administrativo de un puñado de comisionados y un solo procurador, que atendería las querellas por negativa de entregar información que puedan generarse en todo el país, lo que debería haber hecho levantar las cejas a los legisladores que tuvieron a su cargo evaluar semejante fantasía totalitaria.

A menos que aparezca un inversionista, un magnate que aporte el dinero, Puerto Rico ciertamente no tiene los recursos para sufragar por sí mismo ese experimento en momentos en que no tiene ni para pagar la deuda pública o sostener bien los servicios públicos. Lo que no hay millones de dólares que puedan pagar es el daño a la democracia de Puerto Rico y la región que esa propuesta entraña.

No sólo los periodistas, las comunidades y la ciudadanía en general resultarían defraudados con la propuesta, sino que el sistema propuesto tiene el peligro adicional de un efecto dómino en toda una serie de aspectos poco discutidos públicamente hasta ahora sobre los informes y documentos custodiados por diversas entidades públicas. La libertad de cátedra de los profesores universitarios del sistema público se vería afectada por la obligación ineludible de poner en ese sistema único toda la información de sus estudiantes, lo mismo que pasaría con otras profesiones de servicios delicados tales como la salud o el bienestar social y familiar.

No sería la primera vez que en Puerto Rico se ensayan sistemas con potencial dañino para la libertad y la democracia que luego son puestos en práctica en otros países. La propuesta es tan peligrosa que debería ser abandonada por la institucionalidad política puertorriqueña, pero además debe ser objeto de escrutinio internacional.

(NCM Editorial)