I. La Comisión Europea es algo así como el Poder ejecutivo de la Unión Europea, aunque también con amplias facultades legislativas (directrices) espacio en el que tiene la iniciativa en las cuestiones fundamentales.

La función principal de la Comisión es proponer y poner en práctica las políticas de la Unión Europea, vigilar la aplicación de los tratados europeos y tiene el cuasi monopolio del derecho de iniciativa en el llamado «primer pilar» de la Unión Europea, que son sobre todo los temas económicos básicos, lo que le permite pesar en las decisiones del Parlamento y del Consejo de Ministros. Incluso el artículo 250 del Tratado Constitutivo de la Unión Europea requiere un voto unánime para que el Consejo de Ministros modifique una propuesta de la Comisión.

Pero, como pequeña compensación, el Parlamento y el Consejo de Ministros pueden pedir a la Comisión que adopte normas en alguna materia.

En los llamados segundo y tercer pilar la Comisión comparte el derecho de iniciativa con el Consejo de Ministros.

Existe lo que se llama el procedimiento de codecisión (Comisión, Consejo y Parlamento) pero en los hechos quien orienta la política de la Unión Europea es la Comisión, por razones institucionales y también porque las tendencias neoliberales y privatizadoras son compartidas por los Gobiernos conservadores, socialistas y de coalición conservadores-socialistas de los países de la Unión Europea, que juntos tienen el control total de las instituciones europeas.

Prueba de ello es que desde que se introdujo el procedimiento de codecisión en 1995, el Parlamento rechazó hasta 2004 dos proyectos sobre 420. Los 418 restantes se aprobaron en primera o en segunda lectura o después de un procedimiento de conciliación.

Así es como la política de la Unión Europea es consecuentemente ultraliberal y al servicio del gran capital y su ejecutante es la Comisión Europea.

Cuando algunos reclaman un diálogo abierto entre América Latina y el Caribe y la Unión Europea con participación de la “sociedad civil” hay que comenzar por interrogarse sobre quién es el verdadero interlocutor del otro lado del Atlántico, es decir qué es realmente la Unión Europea y sobre todo su Comisión Europea, que tiene, de hecho y de derecho, el poder de decisión en los asuntos europeos.

La Comisión Europea no es otra cosa que la correa de transmisión de los intereses de las grandes sociedades transnacionales europeas.

Éstas, agrupadas en la UNICE -Unión de las Confederaciones Industriales y de Empleadores de Europa- controlan estrechamente a la Comisión Europea y los 39 miembros de la organización patronal mantienen representaciones permanentes en Bruselas y un verdadero ejército de « lobbystas » para influir sobre las decisiones de la Comisión.

Pero un grupo más restringido de grandes transnacionales europeas, la Mesa Redonda de los Industriales Europeos – European Round Table- ERT (entre ellas  Volvo, Olivetti, Siemens y Unilever) trabaja prácticamente en equipo con la Comisión Europea y, entre otras cosas, están llevando a término el despojo del patrimonio público de los Estados europeos: el transporte, la energía, las telecomunicaciones, las comunicaciones electrónicas y los servicios públicos esenciales, que son progresivamente privatizados.

El caso más grave y evidente es lo que está ocurriendo ahora con Grecia

II. Cabe preguntarse qué eco puede tener en un interlocutor europeo de esas características el reclamo de una verdadera participación de la sociedad civil en las discusiones para un acuerdo América Latina y el Caribe - Unión Europea cuando en el mismo continente europeo los grandes lineamientos de la política se deciden sin participación alguna de la «sociedad civil ».  Por lo menos tal como entienden el concepto de « sociedad civil » los que de buena fe reclaman su participación en el diálogo, es decir la participación de los ciudadanos comunes, de los trabajadores del campo y de la ciudad, de los profesionales, de las mujeres, los indígenas, etc. y de sus organizaciones. En una palabra, de los que sufrirán las consecuencias de los posibles acuerdos entre ALC y la Unión Europea.

 Porque cuando se habla en las declaraciones oficiales de la participación de la sociedad civil, en realidad se está pensando en la participación –directa o indirecta – de las grandes empresas y no de los ciudadanos comunes.

III. La Unión Europea ha celebrado y continúa negociando una serie de acuerdos regionales de asociación económica, llamados EPA por sus siglas en inglés, con países pobres. Los EPA son convenios de preferencias comerciales recíprocas en el marco del llamado Pacto de Cotonu, entre la UE y el grupo de 77 países que fueron enclaves coloniales europeos en África, el Caribe y el Pacífico (ACP). La UE, en sus propuestas de acuerdos comerciales, exige a los países del Sur que abran sus mercados a las empresas europeas, amenazando así empleos, industrias y servicios públicos en las naciones más pobres.

La UE sostiene que los EPA integrarán a los países ACP a la economía mundial, promoverán el desarrollo sostenible y contribuirán a la erradicación de la pobreza.

Pero la realidad es completamente diferente.

Dos organizaciones no gubernamentales, Traidcraft de Gran Bretaña y EcoNews Africa, de Kenia, señalaron en un informe que en países como Kenia la liberalización económica y comercial de los últimos años produjo situaciones extremas, incluyendo altos índices de criminalidad y de prostitución, deterioro de la educación e incluso suicidios y que el número de personas pobres aumentó de 11 a 17 millones, más de la mitad de la población keniata.

 IV. El objetivo actual de la Unión Europea en América Latina y el Caribe es seguir las huellas que va dejando Estados Unidos.

 La UE negocia con subregiones o país por país, como ha hecho Estados Unidos después de fracasar con el ALCA.

La UE se concentra en lo que puede ser el eslabón más débil en la región, Centroamérica, para obtener de ésta la colocación de  sus productos, servicios  y  capitales prácticamente sin contrapartida, comprar en la región los productos primarios que necesitan a precios ínfimos y explotar al máximo el bajo costo de la mano de obra local. Es lo que ya obtuvo Estados Unidos en dicha subregión con el CAFTA.

Y el otro caballo de Troya con que cuenta la UE en la región latinoamericana y caribeña son los tratados comerciales bilaterales   que existen entre Estados de ALC   y Estados europeos[1].

 V. No cabe esperar gran cosa de los Gobiernos de la región, que tienden a ceder ante las exigencias del gran capital transnacional. Y todos ellos carecen de una legislación adecuada en materia de inversiones extranjeras tendente a proteger el interés nacional y los derechos de los pueblos. Al contrario, todos tienen una legislación ultraliberal en esa materia. Y prácticamente  todos están atrapados en una red de tratados comerciales bilaterales.

 VI. La respuesta de los pueblos de todos los continentes y países debe ser la lucha conjunta y solidaria contra el poder económico transnacional.

Es decir oponer la solidaridad internacional a la competencia forzada entre los trabajadores impuesta por las sociedades transnacionales.

Nota

[1] Varios países europeos han firmado acuerdos bilaterales de inversión con países de ALC. Los Acuerdos para la Promoción y Protección de las Inversiones dotan a las transnacionales de una serie de cláusulas que las alientan a desentenderse de las regulaciones nacionales y de los derechos humanos. En última instancia, los APPRI facilitan que una empresa pueda demandar directamente a un Estado o poder retirar sin contratiempos su capital de un país. Los países centroamericanos han firmado unos cincuenta acuerdos bilaterales de inversión (APPRI) con países europeos. Los Países Bajos, Francia, España y Alemania han sido los más activos en este terreno.