Mientras Keiko se esfuerza en jurar y perjurar –ha firmado incluso un “compromiso de honor”-que no intentará enquistarse en el poder, como otrora lo hiciera su padre, el propio núcleo duro del fujimurismo, la familia, le ha jugado una mala pasada: su hermano y el candidato a congresista más votado, Kenji, se auto-postuló vía twitter como candidato de su partido para las elecciones de 2021. Sin duda, el hecho generó un gran revuelo y las posteriores declaraciones de Keiko no pudieron enmendar la sospecha del deseo de eternizar el clan en el poder.

En vigencia de la Ley Orgánica de Elecciones (si es que algo importan las leyes a la dinastía) la candidatura de Kenji sería inválida si su hermana, Keiko, llegará a ganar las elecciones del 5 de junio, por ser familiar directo. Una de dos, apuesta a la derrota o considera que la Constitución puede ser modificada como lo hizo su padre a tan sólo dos años de haber asumido el gobierno. Es que Alberto Fujimori “perdió la paciencia” con el Congreso, y decidió realizar un autogolpe el 5 de abril de 1992. Así instauró el “Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional”. Fujimori criticaba lo que tildaba de “democracia pusilánime”, básicamente cualquier mecanismo de control de poderes que se opusiera a sus planes de poder absoluto. Desde entonces, comenzaría a extender sus tentáculos por sobre el resto de las instituciones disolviendo el Congreso, neutralizando sus opositores políticos, suspendiendo la Constitución de 1979 y promulgando una nueva a su medida, que también incumpliría.

 Keiko a diferencia de Kenji, a quien muchos señalan como el histórico vocero de su padre, ha intentado distanciarse en una estrategia comunicacional del gobierno de padre. Sin embargo, su esencia es autoevidente, denomina “errores” los crímenes por los que “papi” cumple una condena de 25 años por crímenes de lesa humanidad. El Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación afirma que “al menos desde la masacre de Barrios Altos, la camarilla presidencial-militar del gobierno desarrolló una serie de actividades de violación premeditada y sistemática de los derechos humanos, con un nulo control democrático sobre la contra-subversión”[i]. La propia CIDH cuestionó la falta de un debido proceso en muchos casos de terrorismo, lo que implicó la prisión ilegal de inocentes y la práctica habitual de la desaparición forzada de personas. La respuesta del Chinochet peruano, lejos de amedrentarse, fue intentar separar al Perú del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.

De ganar Keiko en la segunda vuelta, tendrá el camino allanado en el Congreso ya que cuenta con 71 de las 130 bancas parlamentarias. El balotaje presenta un gran dilema. Especialistas de gran prestigio, como el sociólogo y antropólogo Julio Cotler, advierten sobre el riesgo de elegir democráticamente, a quien podría instaurar lo que cataloga como un régimen sultánico, en alusión a una eventual victoria de Keiko Fujimori. 

Populismo punitivo. Ayer terrorismo, hoy inseguridad ciudadana

Tanto Keiko, como Alberto comparten más que un apellido, y militantes heredados de Fuerza 90.También la lógica política que legitima su accionar siguen en continuum. El fujimorismo de segunda generación, ha logrado canalizar una demanda por mayor seguridad ciudadana, desempolvando las mismas recetas: involucrar a las Fuerzas Armadas en actividades de competencia policial y la vehemente promesa acerca de “la construcción de prisiones a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, donde no haya señal telefónica”. La lideresa promete restaurar la pena de muerte –para abusadores de niños menores de 7 años- a pesar de que la Constitución reserva exclusivamente este tipo de castigo para el caso de terrorismo aunque no se aplique de hecho, ya que Perú adhiere a la Convención Americana sobre Derechos Humanos por medio del Pacto de San José. Así, la campaña pone énfasis en respuestas “drásticas” en una cruzada contra la delincuencia. “Ponerse los pantalones” como alusión a un deber de virilidad es incongruente a simple vista con la imagen de Keiko.

Sin embargo, sus propuestas no son novedosas. En 1998, Vladimiro Montesinos elaboró una estrategia para mejorar la imagen decadente del gobierno: refrendar la legitimidad de la aplicación de la “mano dura”, por medio de los decretos legislativos de “terrorismo agravado”. Básicamente suponía homologar el modelo penal empleado contra la subversión frente a la creciente inseguridad. Amparado en la facultad de legislar en materia de “seguridad nacional”, legalizó la participación del Servicio de Inteligencia Nacional –SIN- en el combate a la delincuencia. Este organismo que funcionó como una estructura paralela empleando agentes de inteligencia y personal militar de operaciones especiales, fue célebre por sus “trabajos sucios” como ajustes de cuentas con narcotraficantes, represalias particulares a través de amenazas, chantajes, sobornos y actos terroristas contra oficiales disidentes u opositores políticos.

Por otra parte, si el SIN con Montesinos a la cabeza fue el grupo de tareas por excelencia del fujimorato, las “cárceles tumba” constituyeron sus templos. Las prisiones funcionaron como verdaderos dispositivos de asesinato y tortura. La estrategia, en pocas palabras, era encerrar el mayor número de personas y mantenerlas incomunicadas en situaciones deplorables. El ingreso de las FFAA a los penales, con “poderes discrecionales” fue por decreto y la resistencia a los traslados el pretexto para la matanza que eliminó a altos dirigentes senderistas.

 A modo de conclusión

Alberto Fujimori cumple una condena de veinticinco años. El habeas corpus presentado por la defensa fue rechazado por el Tribunal Constitucional por seis votos en contra y uno a favor en torno a la nulidad de la condena por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta.

La reelecta congresista de Fuerza Popular Cecilia Chacón, núcleo duro del fujimorismo, afirma que Fujimori deberá salir de prisión “por la puerta grande”. Chacón quien tenía una causa por enriquecimiento ilícito, por la cual fue condenada y apeló, quedando nulo el fallo. Aunque la Corte Suprema declaró improcedente el pedido de nulidad que presentó fiscal supremo José Peláez, el caso aún no está cerrado. Ese mismo poder judicial sería el último bastión de la oposición frente a un fujimorismo con mayoría en el Congreso, en el caso de resultar electo. La solidez de la democracia peruana será puesta a prueba el 5 de junio, luego de 16 años.

Todas las opciones son de derecha, pero no todas las derechas son iguales. Keiko parece estar dando algunos giros en consideración del cálculo electoral: Si en septiembre de 2015, en un evento realizado por el Centro para Estudios Latinoamericanos David Rockefeller de la Universidad de Harvard en Boston había afirmado estar a favor de la Unión Civil en lo que se refiere al respeto de los derechos patrimoniales y al aborto terapéutico para salvar la vida de las madres, ocho meses después, al presentar su plan de gobierno ante la Comunidad Cristiana del Perú manifestó su rechazo a la Unión Civil, a la adopción de niños de parte de parejas del mismo sexo y al aborto.

[i]http://www.cverdad.org.pe/ifinal/pdf/TOMO%20III/Cap.%202%20Los%20actores%20polIticos/2.3%20LA%20DECADA%20DEL%2090.pdf

Bárbara Ester y María Florencia Pagliarone/CELAG)

http://www.celag.org/peru-juego-de-tronos-y-carceles-tumba-por-barbara-ester-y-maria-florencia-pagliarone/