San Juan, Puerto Rico, 29 de abril de 2016 (NCM) – A dos años de haber comenzado la ofensiva financiera para estabilizar el dominio colonial de Puerto Rico, basada en quitarle a los puertorriqueños la capacidad de resistir económica y políticamente, se acumulan errores que conducen a los propios Estados Unidos hacia una encerrona en el noreste del Caribe.

Pero en Washington se sigue intentando salvar la estrategia y no se nota mucho interés en la evaluación de los eventos que se han sucedido desde mayo de 2014, que permitirían revisar si el objetivo estratégico es alcanzable o si es hora de tomar otro camino.

Esa acumulación de errores y de obsesión por seguir adelante provoca que EEUU enfrente la posibilidad de salir derrotado, tanto si gana la desigual batalla de guerra financiera como si la pierde. Como ha ocurrido en tantas ocasiones con estrategias fallidas estadounidenses, el camino errado comenzó con una propuesta desde la comunidad de inteligencia dada a las preocupaciones en Wall Street.

Corría el mes de mayo del año 2014.

Luego de que en febrero el crédito de Puerto Rico había sido degradado al nivel “basura” o especulativo, la intervención del gobierno autonómico contra el Banco Doral –que al final fue liquidado por las autoridades financieras estadounidenses- levantó alarma en inversores de Wall Street. Se desató una campaña intensa que denunciaba al gobernador colonial como un dictador corrupto latinoamericano.

Entró en escena el economista y analista internacional Arturo Porzekanski, de reputación en los mercados financieros y que ha tenido vínculos de asesoramiento al sector militar y a los servicios de inteligencia a través del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales. En un estudio monográfico, Porzekanski hizo un llamado urgente a la Casa Blanca y pidió acción para poner en cintura al gobierno puertorriqueño por el caso Doral, lo que concretizó luego, en octubre, con la propuesta de que se impusiera en Puerto Rico una “junta de control” a la manera en que se hizo en el Distrito de Columbia en 1995.

Diversas instituciones civiles que recibían fondos de Wall Street propagaron con intensidad la propuesta hasta que en abril de 2015 el influyente periódico The New York Times apoyó que la misma fuese estudiada. Días después, la propuesta fue planteada formalmente ante el tribunal de apelaciones del Primer Circuito de Boston por abogados que defendían bonistas en el caso en que se paralizó la nueva ley de quiebras de Puerto Rico, caso pendiente aún en el Tribunal Supremo de EEUU.

La propuesta fue recogida el 19 de junio, en una carta a todos sus colegas del congreso por Jeff Duncan, miembro del subcomité de asuntos hemisféricos. Duncan afirmaba que Puerto Rico se había salido de la ruta de la descolonización y que había que corregir su rumbo con la imposición de la junta.

Ese mismo mes de junio de 2015, el portavoz de prensa del presidente Barack Obama evitó contestar si la Casa Blanca apoyaba la imposición de la junta en el caso de Puerto Rico y se concentró en otras alternativas para atender su descalabro económico y fiscal. La evasiva se tradujo que en que medios noticiosos interpretaron que Obama descartaba la junta, pero la realidad era otra y se conocería públicamente varios meses después.

El 8 de julio se hizo pública la posición de la Unión Nacional de Contribuyentes de EEUU, a favor de imponer la junta y cuatro días después, la presidenta del Banco Gubernamental de Fomento, Melba Acosta, anunció en una reunión con bonistas en la sede de Citicorp en Nueva York que el gobierno autonómico puertorriqueño acogía la idea. La propuesta, cuyos detalles se conocerían en un plan que se hizo público en septiembre, fue que la junta fuese impuesta por el propio gobierno puertorriqueño, que aboliría así su propia democracia, pero reservaría poderes al gobernador, lo que resultó inaceptable para algunos vinculados a Wall Street.

Aún con esas objeciones, el gobernador Alejandro García Padilla reunió varias veces a los legisladores oficialistas para convencerles de que la junta era ya un hecho inevitable y que si Puerto Rico no la aprobaba, la impondría Washington. En esas reuniones, se llegó a decir que había que recordar que EEUU era capaz de invadir países para imponer su voluntad.

De hecho, poco después la Casa Blanca hizo pública su “hoja de ruta” sobre Puerto Rico y se incluyó la imposición de la junta por parte del Congreso, cuyos miembros se designarían en Washington. Ya en agosto, el Congressional Research Service había tomado nota de que se estaba planteando la designación federal de tal organismo.

En noviembre, las cámaras legislativas puertorriqueñas aprobaron la junta y el gobernador la convirtió en ley en diciembre, con lo que formalizó el derrocamiento oficial del sistema republicano de separación de poderes y gobierno electo, aunque hasta el día de hoy no ha designado a los miembros del nuevo organismo. Así pues, la ley sigue durmiendo, mientras en el Congreso se han presentado –desde ese mismo mes de diciembre- varios proyectos de ley para implantar la referida junta y la nueva posición pública del gobierno de Puerto Rico es que “los que plantean que se puede lograr la restructuración de la deuda sin algún tipo de junta, están vendiendo sueños”.

Los medios noticiosos en Puerto Rico han desatado por su parte una fuerte campaña sobre la junta, que se considera inevitable y sobre la que se asegura tiene el apoyo de la inmensa mayoría del país, aunque no se ha presentado una sola encuesta ni se ha producido consulta alguna al electorado. La campaña periodística, en la que se evita hablar de “dictadura”, es la otra cara de la moneda de la que se ha desatado en los propios EEUU en contra de la junta y de las demás medidas propuestas en el Congreso para atender la crisis de Puerto Rico.

La propuesta ha fracasado en tres intentos en el Congreso y ya se forma oposición popular en Puerto Rico.