Son las 6:30 de la tarde. El último whatsapp de un sábado normal. Media hora más tarde, el cuerpo empieza a sentir la oscilación del departamento. Siempre creemos que estamos preparados para las catástrofes, que todo lo que leímos será suficiente para saber cómo se escapa de un edificio cuando sus cimientos parecen venirse abajo. Son las 7:00 de la tarde y en una marea humana de evacuación por las escaleras de emergencia, la pantalla de Twitter en el celular muestra que estamos en presencia de un terremoto de 7, 8 en la Escala de Richter, la catástrofe de la naturaleza más fuerte que ha enfrentado el Ecuador desde el sismo de 1949, en la ciudad de Ambato.

Minutos después, la tragedia desborda los sistemas de gestión de emergencias. Es imposible negarlo. Existen protocolos de riesgos y mecanismos de contingencia listos para activarse. Pero no hay quién lidere tal emergencia. El presidente Rafael Correa se encuentra cumpliendo agenda en Roma tras ser invitado para la conmemoración del primer cuarto de siglo de la Encíclica Centesimus Annus. Y tras 9 años de gestión de gobierno de la Revolución Ciudadana, somos incapaces durante las primeras horas de ponernos a la altura de la catástrofe y de diseñar una estrategia de respuesta inmediata. Fue suficiente con ver al Presidente días después trapeando el piso de un hospital, o en el helicóptero descargando bidones de agua, o con el megáfono corroborando que nadie se quedara sin su ración de comida, para entender que aún con la estructura de los ministerios funcionando a pleno, la única persona capaz de cargarse sobre sus hombros la gestión de la crisis humanitaria es el propio Presidente.

Pero no es menos cierto que rara vez un país está preparado para una tragedia como tal. Y si bien no hubo capacidad de respuesta inmediata, conforme pasaron las horas, el Gobierno nacional pudo desplegar en los territorios afectados las brigadas de rescate y los equipos de voluntarios. Que tal distribución de funciones quedó empantanada por la misma dinámica de un año preelectoral -donde los conflictos y el armado de facciones al interior de un movimiento político parecieron poner sobre la mesa el dilema respecto a quién capitaliza- no caben dudas.

La gestión de la tragedia humanitaria

El terremoto tuvo como epicentro la ciudad de Pedernales. En el paisaje de escombros conviven casas de adobe intactas con mega casas construidas sobre columnas, donde descansa el peso de dos o tres pisos. Según el cálculo oficial preliminar, 6.998 edificaciones resultaron destruidas y otras 2.740 quedaron afectadas¹. 113 personas fueron rescatadas con vida, 130 permanecen aún desaparecidas, hay 659 fallecidos y 29. 067 personas alojadas en albergue². Además de las víctimas mortales, heridos y pérdidas en infraestructura, a consecuencia del terremoto se han dejado de exportar $ 4 millones de dólares diarios desde Manabí y $ 100 mil dólares diarios desde Esmeraldas.

El primer decreto firmado por el presidente, Nro. 1001, procedió a declarar el estado de excepción en las provincias afectadas, Esmeraldas, Manabí, Santo Domingo, Los Ríos, Santa Elena y Guayas a la vez que dispuso la movilización nacional en las provincias afectadas ordenando al Ministerio de Finanzas que situara los fondos públicos necesarios para atender las situaciones de excepción, pudiendo utilizar todas las asignaciones presupuestarias disponibles, salvo aquellas destinadas a salud y educación. Inmediatamente después, el ministro de Finanzas, Fausto Herrera, anunció la transferencia de 43 millones de dólares a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) manabitas. Además Ecuador cuenta con el fondo para desastres naturales de 600 millones de dólares derivados de líneas de créditos firmados con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

La sociedad ecuatoriana ha estado acostumbrada a que en otras catástrofes se quitara los subsidios, se elevara el precio de los combustibles o se recortaran los recursos en salud, educación y vivienda. Por ejemplo, tras el terremoto de 1949 que destruyó la ciudad de Ambato se decidió aumentar los tributos a los licores, los cigarrillos y los espectáculos para hacer frente a los gastos de reconstrucción. De igual manera, la reconstrucción del sismo de 1987 se hizo a través de la emisión de dinero sin respaldo, además del incremento de los precios del combustible y la suspensión del pago de la deuda externa³.

Por el contrario, el presidente Correa anunció cinco medidas para afrontar la tragedia. Esto en tanto la reconstrucción no será solamente una cuestión de solidaridad ni de filantropía, que luego del aumento del 12 al 14 % al IVA parece haber disminuido significativamente, sino que constituye un proceso que contempla la ardua tarea de rescatar vidas, evacuar zonas, dinamitar las denominadas “Zonas cero” y planificar y edificar las nuevas construcciones . En este proceso de reconstrucción deberá necesariamente participar el sector privado, también con el objetivo de reactivar la economía. Desde el Ministerio Coordinador de la Producción se analiza la reestructuración y flexibilización de los pagos de deudores, la condonación de intereses y créditos -tanto en la banca pública como privada- la entrega de fondos para la reactivación productiva, y varias medidas de incentivos tributarios para las empresas. Por su parte, uno de los personajes de la oposición, Guillermo Lasso, propuso la creación de un fideicomiso con donaciones locales e internacionales para la reconstrucción de viviendas.

Las medidas anunciadas por el presidente Correa incluyen:

• el incremento de 2 puntos al Impuesto al Valor Agregado (IVA) por un año pasando del 12 % al 14 %, manteniéndose Ecuador en el grupo de países con el IVA más bajo de América Latina.

• la contribución por una sola vez del 3% adicional a las utilidades,

• el pago por una sola vez del 0,9% para las personas naturales con patrimonio superior al millón de dólares,

• la contribución de un día de sueldo para los trabajadores públicos y privados que ganan más de 1.000 dólares; dos días de sueldo para quienes ganan 2.000 dólares (distribuidos en dos meses) hasta quienes perciban salarios de hasta 5.000 dólares que en este caso harán una contribución de un día de sueldo al mes durante cinco meses,

• la venta de activos que posee el Estado ecuatoriano.

Pese a la necesidad de estas medidas económicas urgentes, el terremoto parece haber colocado sobre la mesa la clásica dicotomía entre Estado y sociedad, argumentando que la demora en la respuesta oficial sólo pudo ser sobrellevada por la solidaridad de la sociedad ecuatoriana, que parece movilizarse por causas humanitarias pero que se declara contraria a aceptar cualquier tipo de medida económica que signifique cuestionar sus intereses individuales.

Hasta la Organización de Naciones Unidas (ONU) reconoció favorablemente la gestión gubernamental ecuatoriana en materia de rescate de personas atrapadas por los escombros de edificios derrumbados, la entrega de asistencia a las víctimas y la activación de los centros de evacuación. El Coordinador humanitario de las Naciones Unidas en Ecuador, Diego Zorrilla, señalo que el terremoto es el mayor desastre en la región desde el terremoto de Haití en el año 2010 y felicitó al Gobierno de Ecuador “por la rapidez” con la que se tomaron medidas para habilitar los sistemas necesarios para que pueda canalizarse la ayuda humanitaria local e internacional al tiempo que destacó los avances en el restablecimiento de los servicios básicos en las zonas más afectadas.

Las críticas de la oposición

La catástrofe sirvió para que los sectores de oposición al Gobierno nacional no sólo movieran sus estructuras emprendiendo grandes campañas de donaciones y solidaridad, sino también para actualizar sus críticas respecto al excesivo gasto público y las fallas en la gestión pública, en un país en el cual es costumbre decir que todo es “culpa de Correa”. Respecto a lo primero, este espíritu solidario se observó en las calles de todo el país y, en especial, en los centros de acopio, pequeños espacios desbordados de donaciones que llegaban desde todos los puntos del Ecuador, incluso acompañados con mensajes de ánimo y fuerza para los damnificados en la costa. El fortalecimiento de lo público rebasó aquí. Desde los adultos sentados en una silla que ayudaban a escribir las cajas, hasta los jóvenes que bajaban cargamentos de agua, pasando por hombres y mujeres que sin conocerse, sin saber el nombre, el partido político, gritaban al son de la cadena humana “sale alimentos”, “sale ropa costa”, “entra agua”.

Este desborde ciudadano fue rápidamente capitalizado por los tradicionales líderes de oposición al Gobierno nacional, los mismos que no pueden solucionar los problemas de sus ciudades pero que parecen dar ejemplo de gestores de las donaciones.

El caso más destacado de capitalización política de la tragedia es el Alcalde de Quito. Para abril de 2015 -según mediciones de Perfiles de Opinión-, su popularidad se ubicaba en el 55 % para luego, a partir de mayo, comenzar a decaer hasta alcanzar el 40 % desde julio a octubre. Tras una subida durante los meses de noviembre, diciembre y enero, volvió a declinar en febrero de este año. A comienzos de abril se observó un nuevo repunte, lo cual es probable que se acentúe aún más después de su puesta en escena durante la tragedia.

La oposición también insistió en la lenta reacción del Gobierno nacional, que “desnudó la inequidad de un Estado operado desde la centralidad burocrática”⁴ además de criticarse que la gestión de la crisis no estuvo a cargo de las autoridades locales sino que fue “retaceada entre funcionarios del poder central”⁵, trayendo otra vez a la palestra el debate nunca cerrado en Ecuador entre los regionalismos y el poder central, y el recurrente argumento de la oposición del hiper-presidencialismo y centralismo burocrático del gobierno de la Revolución Ciudadana. Un hiper-presidencialismo que fue refrendado en diez contiendas electorales por la ciudadanía.

Lo cierto es que en menos de 72 horas se había recuperado el 72 % de la capacidad eléctrica en Manabí. El servicio de agua potable fue más lento en restablecerse pero, transcurridas las primeras 72 horas, ya alcanzaba el 57 %. Y el sistema de servicio móvil (voz, texto y datos) era del 71% en catorce cantones de la provincia. El sector hidrocarburífero no sufrió prácticamente alteraciones y la distribución de combustible se dio en forma normal; la refinería de Esmeraldas operó al 85% de su capacidad operativa.

El otro terremoto político. La falta de regulación y control en las construcciones

La destrucción generada por el terremoto pone sobre el tapete los errores y la falta de control en las construcciones, a pesar de la existencia de un Código Ecuatoriano de la Construcción, que rara vez se aplica en su totalidad. El Código de Organización Territorial establece en su Capítulo III Artículo 54 que es función de los Gobiernos Autónomos Descentralizados “regular y controlar las construcciones en la circunscripción cantonal, con especial atención a las normas de control y prevención de riesgos y desastres”, algo que evidentemente en la práctica no ha sucedido. Un elemento para comprender dicho “olvido” es indagar la dinámica política de la provincia de Manabí y en especial de la elección de sus autoridades locales, sabiendo que Manabí es la tercera provincia del Ecuador en importancia electoral, luego de Pichincha y Guayas. Es decir, que para ser presidente en Ecuador alcanza con ganar solo en estas tres provincias.

Como lo muestra el cuadro que sigue a continuación, en la elección presidencial de 2006, el entonces candidato a la presidencia Rafael Correa perdió frente a su contendiente. Considerada en el conjunto del territorio del Ecuador, Manabí resultó ser la provincia en donde el movimiento político del presidente Correa, Alianza PAIS obtuvo la menor cantidad de votos. El Partido Renovador Institucional Acción Nacional (PRIAN) tenía un fuerte arraigo en lo local, alcanzando un porcentaje cercano al 50 % en la mayoría de las dignidades sometidas a elección. Por ese entonces, Alianza PAIS solo logró dos concejalías en el total de la provincia. Aunque esta tendencia logró ser revertida en la Asamblea Constituyente cuando de un total de ocho escaños, se obtuvieron cinco Asambleístas Constituyentes para el oficialismo.

En las elecciones de 2009 Alianza PAIS se impuso con el 53 % de los votos. En segundo lugar se ubicó el Partido Sociedad Patriótica (PSP) con el 29,29 % de los votos desplazando al PRIAN que obtuvo el 12, 54 %. En lo que respecta a la Asamblea Nacional, de los ocho escaños que estaban en juego, Alianza PAIS obtuvo tres. En las elecciones presidenciales de 2013, Alianza PAIS obtuvo el 62, 81 % de los votos mientras que el PRIAN descendió a tan solo el 5,36 % y el apoyo que había logrado el PSP quedó debilitado al 4,45 %⁶. En el caso de la Asamblea Nacional, de los nueve escaños sometidos a votación, ocho fueron para Alianza PAIS.

Sin embargo, pese a estos resultados y a la creciente penetración electoral de MPAIS en Manabí, a nivel local la dinámica política presenta otras características: en las elecciones seccionales de 2009, de 22 alcaldías que estaban en juego, el Movimiento Alianza PAIS obtuvo seis mientras que Movimiento Municipalista obtuvo nueve y otras organizaciones se dividieron el resto. Para las elecciones seccionales de 2014, MPAIS obtuvo solo siete al igual que AVANZA, SUMA cinco y el Partido Socialista, tres. Es decir, el crecimiento electoral que ha experimentado Alianza PAIS desde 2006 en Manabí no ha logrado trasladarse a las instancias provinciales y locales. Esto explica, en parte, por qué las regulaciones planificadas y elaboradas por el Estado central aún tienen resistencias para aplicarse en los territorios de la provincia. El terremoto es, nuevamente, una prueba de la tensión que existe entre lo nacional y lo local, entre las autonomías territoriales y el Estado central.

Por otra parte, el desplome de numerosos edificios públicos e instalaciones turísticas urge a proseguir con el debate sobre el proyecto de Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Aprovechamiento del Suelo, iniciativa que se encuentra actualmente suspendida en la Asamblea Nacional y que prevé la creación de una superintendencia con el objetivo de vigilar tanto al gobierno central como local para que cumplan y apliquen la norma vigente en cada construcción. La tragedia se convierte ahora en una nueva oportunidad para construir edificios más seguros, alejados de las zonas de riesgo, como es el caso del cantón Muisne en la provincia de Esmeraldas

El terremoto nos deja lecciones. Duras de asimilar y procesar porque, como toda catástrofe natural, es imprevisible, pero existen formas de mitigar sus efectos devastadores. Nos demuestra que a, pesar de la existencia de una Ley de Comunicación, aún los medios de comunicación tanto públicos como privados tienen serias deficiencias para construir narrativas y para informar a la ciudadanía. Muestra también los límites de la construcción política y evidencia, una vez más, la fuerza de la figura del presidente Rafael Correa. Ello a 10 meses de las próximas elecciones presidenciales. El cómo se gestione de ahora en adelante esta tragedia podría ser la clave del próximo resultado electoral.

Flor Pagliarone/CELAG

@floripa_2012

http://www.celag.org/16a-el-dia-que-la-tierra-temblo-y-el-escenario-politico-se-sacudio-por-maria-florencia-pagliarone/