El Parlamento de la Argentina autorizó al gobierno de Mauricio Macri a tomar deuda pública por 12.500 millones de dólares para el pago a los inversores holdouts, entre los que destacan los fondos buitre. Sin embargo, el Ministro de Economía, Alfonso Prat Gay salió a colocar bonos de la deuda por la suma de 15.000 millones de dólares.

En rigor, los acuerdos negociados a cancelar en las próximas horas podrían alcanzar entre los 8.000 y los 10.500 millones de dólares. Todavía resta para cancelar toda la deuda en cesación de pagos. Aun así, el poder ejecutivo demanda deuda por la totalidad de lo autorizado, resultado de un acuerdo entre parlamentarios del oficialismo y de la oposición, incluidos legisladores del espacio kirchnerista.

Queda claro que ese amplio espectro político se niega a la auditoria de la deuda. Se perdió la ocasión de hacerlo con la bicameral dispuesta por la ley de pago soberano entre 2014 y 2015 y no se asumen las investigaciones judiciales, especialmente la sentencia de junio del 2002, derivada de la causa impulsada por Alejandro Olmos sobre la deuda en tiempos de la dictadura. En esa tendencia se prueba el carácter fraudulento de la deuda.

La diferencia entre lo que se abonará y el máximo autorizado engordará por un tiempo las reservas internacionales, con un oneroso costo financiero, hasta tanto se negocie con el conjunto de acreedores que explican la continuidad del default iniciado en 2001. Claro que también podrán crecer litigios de quienes ingresaron a los canjes del 2005 y 2010 y se ven perjudicados por las nuevas ofertas de pago a especuladores y buitres,

Igual, los 2.500 millones de dólares más allá de la autorización por 12.500 millones de dólares del “partido de la deuda” serán aplicados a financiar el enorme déficit fiscal, problema que comparten las provincias y la Nación.

Vale mencionar sobre el partido de la deuda, un bloque político, que siendo opositores u oficialistas siempre acuerdan privilegiar a los acreedores externos por sobre la deuda social con millones de argentinos. Pueden discutir sobre diferentes aspectos, pero en lo esencial cumplen con su papel funcional a los objetivos de las clases dominantes.

En rigor, el camino del endeudamiento público asumido hipoteca al pueblo argentino y aleja posibilidades de satisfacer necesidades con recursos fiscales, los que se orientarán a satisfacer la cancelación de intereses. Es una situación que se acompañará de renovaciones recurrentes de los vencimientos de capital para reincidir en el cuento de nunca acabar con una deuda vieja que se recompone con nuevo endeudamiento. La deuda pública obliga a pagos futuros, imposibilitando demandas de millones de argentinos, por salud, educación, empleo, salarios, jubilaciones, y otros derechos.

Nuevo negociado por deuda

Casi 27 millones de dólares se pagarán en comisión para 7 bancos transnacionales: J P Morgan, HSBC, Deustche Bank, Santander, Citigroup, BBVA y UBS que colocan los 15.000 millones de dólares desde la próxima semana. Los primeros cuatro actúan en el armado del negociado, definiendo las características de los bonos. Los otros tres se suman como colocadores en el ámbito mundial.

Casi siempre se menciona a los fondos buitre como los grandes beneficiarios del negociado en cuestión, sin embargo, sin la banca sería imposible la circulación de papeles de la deuda de los diferentes países. El Sistema financiero mundial festeja la orientación de los recursos públicos de la Argentina hacia acreedores en default, pero también por una nueva oportunidad de rentabilidad bancaria en tiempos de crisis capitalista.

El FMI, cabeza del sistema financiero mundial, celebra los acontecimientos y se apresta a desembarcar en el país para auditar las cuentas nacionales e intervenir sin mediaciones en la formulación de políticas de Estado.

La tasa de interés que alegra al equipo económico, a los profesionales de la deuda y a la prensa afín es usuraria, entre el 7 y algo más del 8%, cuando otros países de la región se endeudan a tasas entre el 4 y 5%. Festejan la reducción de tasas superiores a dos dígitos, obviando que siendo Argentina un recurrente pagador de deuda, el riesgo país se mantiene elevado.

El paquete de bonos a ofrecer en estos días para pagar vieja deuda nos hipoteca con títulos a 5, 10 y 15 años, lo que supone el compromiso de destinar parte importante del trabajo social local al pago de intereses y la recurrente renovación del capital.

Violencia de la deuda

Se trata de una gigantesca bola de nieve que se acumula en un ciclo de deuda pública iniciado con el terrorismo de Estado hace cuatro décadas y que se proyecta por años.

La deuda tiene que ser investigada, y mientras suspender los pagos. Hay que seguir argumentando a favor de la investigación de la deuda pública y la suspensión de los pagos. Algunos preguntan si eso es posible y nosotros decimos que sí, que se puede y se debe, ya que el pueblo no es deudor, sino acreedor de una deuda varias veces cancelada.

Fue la deuda uno de los mecanismos para favorecer la libre circulación de capitales, que junto al libre comercio, constituyen hoy la esencia del programa de los capitales más concentrados.

En el origen está la violencia de la deuda en tiempos de dictadura cívico militar y la afectación de los derechos humanos, y hoy como ayer continúan violentados los derechos de la mayoría de la población.

Buenos Aires, 15 de abril de 2016

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Julio C. Gambina

Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP

Ciudad de Buenos Aires.

www.juliogambina.blogspot.com