La Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) presentó ayer una propuesta de reformas a la Ley de Telecomunicaciones que fue elaborada en un inédito ejercicio de diálogo con los principales actores mediáticos del país, quienes -en términos generales- avalan su contenido.

La propuesta cumple con el mandato de la Sala Constitucional de establecer mecanismos de asignación de frecuencias alternos a la subasta y un procedimiento para la renovación de las concesiones, actualiza la ley en varios aspectos técnicos y reconoce a los medios privados comerciales, público/estatales y comunitarios sin fines de lucro, estándar establecido por la UNESCO y la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA.

Otros aspectos relevantes de la propuesta son la garantía jurídica para los actuales concesionarios, disposiciones transitorias para migrar al sistema digital y la redefinición de facultades de la SIGET como ente gestor, administrador y vigilante del espectro radioeléctrico.

Y, desde luego, de primera importancia es el consenso de todos los actores consultados en el proceso de elaboración de la reforma que ayer acompañaron a la Superintendenta Blanca Coto en su presentación en la Asamblea Legislativa.

Estas son razones determinantes para que todos los grupos parlamentarios aprueben esta reforma y desechen la propuesta dictaminada por la Comisión Ad Hoc a inicios de semana, la cual contiene una serie de aberraciones jurídicas y disposiciones restrictivas, discriminatorias y violadoras de la libertad de expresión merecedoras de un contundente veto presidencial o una declaratoria de inconstitucionalidad si fueran aprobadas.

ARPAS y la Red por el Derecho a la Comunicación (ReDCo) respaldan la propuesta presentada por SIGET. Ésta no es toda la reforma integral y democratizadora que necesita el país, pero constituye un buen comienzo en el proceso de cambios al marco jurídico de las comunicaciones que permita la construcción de un modelo de medios más diverso, plural y democrático.

ARPAS y ReDCo llaman a toda la ciudadanía democrática a estar vigilantes y exigir la aprobación de esta reforma. Transparentar y democratizar el ámbito comunicacional es clave para la deliberación democrática, el desarrollo inclusivo, la gobernabilidad, etc.; por tanto, debe ser de interés común el debate legislativo de los próximos días.