Insistentes versiones de diplomáticos regionales señalan que en Brasilia se están tejiendo acuerdos entre la oposición socialdemócrata (Psdb) y el Pmdb –hasta ahora parte del gobierno- para un eventual gobierno que presidiría el actual vicepresidente, Michel Temer. Eso sería posible, de lograrse la renuncia de la presidenta Dilma Rousseff o su destitución por juicio político.

Los últimos informes hablan de un cronograma ya acordado: El miércoles 29 de marzo el PMDB anunciará oficialmente su salida del gobierno, pero recién el martes 12 de abril el partido abandonará los siete ministerios y los centenares de puestos de relieve que ocupa en la estructura del Estado. Para el domingo 17, está previsto que la comisión de diputados encargada de analizar la apertura de un juicio político para destituir Dilma Rousseff de la presidencia anuncie su veredicto.

No llama la atención la nueva traición del PMDB, y en la muy posible eventualidad de la votación en el pleno de la Cámara por el juicio político (o impeachment, como le gusta decir a Globo), Rousseff necesitará contar con el apoyo de 171 de los 513 diputados. Hasta hace un mes, seguramente lo lograría: hoy ella misma lo duda.

Se precisan dos tercios de la Cámara para destituirla, cifra solo alcanzable si el Pmdb se pliega a la conspiración. Pero el proceso de juicio político es largo y hay urgencias en la derecha. La crisis se reencendió cuando Dilma y el PT decidieron que Lula asumiera como Jefe de Gabinete, para articular desde allí las salida de la crisis. Carta Maior señala que Dilma designará como asesor –no ministro- a Lula, para que asuma un papel protagónico en el gobierno

En estos días, tanto el Mercosur como Unasur tratarán de meterse en el conflicto. Se están realizando consultas entre los cancilleres para ver la modalidad de esa intervención. Entre los funcionarios cercanos al mandatario argentino Mauricio Macri circula el dato que éste debatió el tema con el presidente estadounidense Barack Obama.

La idea que maneja el Departamento de Estado es que se busque una salida “lo más institucional posible”, lo que no quiere decir que Dilma continuará en su cargo. Su actual vicepresidente aparece como la figura clave en esa perspectiva: esa es la intención estadounidense: un golpe parlamentario en nombre de la preservación de la democracia.

Semana a semana se habla de la profundización de la crisis brasileña. La designación de Luis Inácio “Lula” da Silva, como una especie de jefe de gabinete, quedó en un limbo legal. Luego de varias idas y venidas, el Supremo Tribunal de ese país la dejó “en suspenso”. Como para demostrar que Lula no tendrá paz, un Juez ordenó el allanamiento al hotel donde éste se hospedaba en Brasilia.

Ya no es sólo el juez Sergio Moro el que –con la activa participación de unos medios cartelizados- arremete contra el ex presidente brasileño, sino la mayor instancia judicial del país, donde muchos de los magistrados fueron nombrados bajo los gobiernos del PT.

No le fue mejor a la presidenta Dilma Rousseff. El mismo Supremo Tribunal autorizó la continuidad del juicio político, mientras el Ejército manifestó su apego a la institucionalidad. El general Eduardo Vilas Boas citó el artículo 142 de la Carta Magna, que asegura que las Fuerzas Armadas operan bajo la autoridad suprema del Presidente. No hay que olvidar que en las protestas opositoras, se pidió incluso una intervención militar. De todas formas, en la primera quincena de abril habrá una decisión parlamentaria. Nadie sabe muy bien qué podrá pasar a partir de ese momento.

En una entrevista con la prensa extranjera, Dilma advirtió que no renunciará a la presidencia y denunció que el proceso abierto en la Cámara de Diputados para tratar de destituirla es un golpe blando. “Si hoy hubiera un golpe en este Brasil democrático sería un tipo de golpe institucional (…) Les recomiendo que se pregunten a quiénes beneficia esto, muchos de los cuales ni siquiera han aparecido aún”, declaró Dilma.

La construcción de un ambiente de persecución de enemigos ideológicos, de estigmatización de corrientes políticas, de discriminación racial, de odio, intolerancia y de mistificación y manipulación de la realidad, junto a la perversión de los valores democráticos y morales y de banalización de esta misma perversión es parte de la narrativa que se pretende imponer este concubinato del poder fáctico, empresario, jurídico, mediático y policial.

El intento de destitución de la Presidenta es producto de este ambiente, haciendo caso omiso de que fue electa por más de 58 millones 500 mil ciudadanos: es un atentado criminal contra la democracia, más allá de un desatino jurídico, administrativo, constitucional. Nada que parta de la destitución de una presidenta constitucional tendrá legitimidad y solo servirá para incendiar el Brasil. El pueblo tiene derecho a insurgir contra el atentado a la Constitución, la voluntad popular, el estado democrático de derecho.

En este ambiente de “consultas”, sorprende la declaración del secretario general de la Oea, el uruguayo Luis Almagro, en contra de las actuaciones del juez Moro. “El Estado de derecho exige que todos seamos responsables e iguales ante la ley. Nadie, y quiero decir nadie, está por encima de la ley: ningún juez está por encima de la ley que debe aplicar y de la Constitución que garantiza su trabajo. La democracia no puede ser víctima del oportunismo, sino que debe sostenerse con la fuerza de las ideas y de la ética”, dijo.

La Operación Lava Jato lleva arrestadas a 133 personas, entre ellos algunos de los más poderosos empresarios del país, pertenecientes a 16 compañías -como Camargo Correa, Oas, Utc, Odebrecht, Mendes Junior, Engevix, Queiroz Galvão, Iesa y Galvão Engenharia-, y a políticos de partidos oficialistas y opositores por igual (entre ellos PP, PT, Pmdb, Psdb y Ptb).

Nadie puede creer en las acusaciones contra el gobierno de políticos de la derecha, en especial del Psdb, muchos de ellos de acusados de varios delitos: todo indica que la Operación Lava Jato no tiene como meta terminar con la corrupción sino liquidar al PT y al gobierno, lo que avala la tesis de que se está desarrollando un golpe.

Hay, sin duda, un problema racial y social: Según la encuestadora Datafolha el 77 por ciento de los manifestantes opositores en Sao Paulo eran blancos y profesionales o empresarios, y el 63%, con promedio de 45 años, con ingresos superiores a cinco salarios mínimos.

Pero en esta guerra de disparates, el premio mayor se lo lleva el juez federal Catta Preta Neto, quien derogó el nombramiento de Lula como ministro. En su perfil de Facebook subió fotos suyas y de su familia en las manifestaciones contra el gobierno, el 7 de marzo, y escribió: “Ayude a derribar a Dilma y vuelva a viajar a Miami y Orlando. Si ella cae, el dólar bajará”.