Con el acuerdo arribado para cancelar la sentencia de la Justicia estadounidense con los “fondos buitres”, se consuma un nuevo fraude a la sociedad argentina.

Esta vez por 15.000 millones de dólares, que es el monto a pagar en efectivo a los acreedores, y que se obtendrán de una nueva colocación de títulos de la deuda pública, que alcanzaría un stock de deuda por 300.000 millones de dólares, y habilita a nuevas rondas de préstamos que agravará la hipoteca de nuestro pueblo.

Los especuladores financieros (buitres) compraron bonos depreciados en plena cesación de pagos de la Argentina, y ahora cobrarán con una renta increíble que oscila, según sea cada título, entre 400 a 1.000%. Más que un gran negocio, se trata de una estafa gigantesca.

Una estafa convalidada bajo un gobierno constitucional, ratificando la reiterada lógica de todos los turnos gubernamentales desde 1983, quienes renegociaron la deuda pública surgida de manera ilegal, ilegitima y odiosa en tiempos de la dictadura genocida.

En rigor, se viene escamoteando la investigación sobre la deuda, un tema que logró incluirse en la ley de pago soberano que ahora pretenden derogar para habilitar el acuerdo con los buitres y la justicia de Nueva York. La comisión bicameral incumplió con la presentación de un informe a fines del 2015.

Nuestro país legaliza en cada turno de gobierno el endeudamiento espurio y se niega a auditar las deudas, desconociendo, incluso, fallos de la justicia local (sentencia de Ballesteros, del año 2000) y otros procesos judiciales en curso.

Ahora se celebra el fin del default asumiendo más deuda, con la convicción de que será punta de partida de un crecimiento que reproduce la lógica de producción, distribución, intercambio y consumo para beneficio de la élite empresarial que usufructúa el trabajo social.

Es curioso como ayer se celebraba el desendeudamiento y ahora se continúa con pagos y nuevas rondas de deuda. Son relatos de la alegría para profundizar la pérdida de soberanía a 200 años de la independencia.

Además, las deudas de hoy se exigirán pronto y restarán recursos fiscales para satisfacer derechos sociales de alimentación, salud, educación, energía, entre muchas necesidades insatisfechas. La nueva deuda es una de las caras del ajuste, aunque el tema se presente como única salida que convoca al consenso de toda la población.

Ganar en conciencia social movilizada para suspender los pagos, mientras se audita la deuda, sería un camino alternativo.

Buenos Aires, 1 de marzo de 2016

- Julio C. Gambina es Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP