SAN JUAN, Puerto Rico, 23 de febrero de 2016 (NCM) – La declaración ante el tribunal del jefe de una pandilla que saqueaba millones de dólares de diversas agencias del Estado que involucra directamente al presidente de la Cámara, Jaime Perelló, como figura clave en la trama corrupta en el Capitolio, ha pasado hasta ahora sin provocar mucho interés público.

La cotidianidad que ya exhiben los casos de corrupción se produce en medio del torrente de la catarata de la historia, que hace casi oficio de adivinadores cualquier pronóstico sobre la suerte que correrá el dominio colonial de Estados Unidos sobre esta pequeña nación isleña.

Ni siquiera está claro por qué esa noticia de la implicación del jefe de la bancada oficialista en la Cámara de Representantes en el principal caso de corrupción del cuatrienio fue pasada por alto, cuando en la sala del Tribunal de Distrito de EEUU había reporteros. Máxime, que la confesión del empresario delincuente fue leída en alta voz y el documento no se mantuvo bajo sello de confidencialidad.

El momento clave de eso fue cuando se leyó que el acusado que aceptaba culpabilidad, el empresario Anaudi J. Hernández Pérez, “reconoció que él y sus cómplices llevaron a cabo el esquema imputado a través de un proceso corrupto de subasta en el que (su empresa), la 3 Comm Global, Inc, recibió una ventaja competitiva basada, al menos en parte, en el vínculo estrecho entre él, sus cómplices, y el Congresista A”, es decir, el legislador Perelló.

La necesidad pública de aclarar el vínculo del poderoso legislador debería ser obvia, en un caso en el que está involucrado también el Palacio de Santa Catalina con una pandilla que logró extender su zona de operaciones a muchas agencias del Estado. Además, se trata del incremento de una epidemia de corrupción que ha agobiado la institucionalidad política del país durante años.

Se conocen corrientes y hechos económicos, sociales y políticos que se han combinado en la formación del torrente y que han servido de base material al fenómeno de la corrupción generalizada.

El régimen autonomista –denominado Estado Libre Asociado- mediante el cual EEUU ha gobernado esta colonia desde mediados del siglo XX, comenzó en tiempos de un acelerado crecimiento económico, que llevó a un crecimiento sostenido del producto nacional bruto a través de las décadas. Por ejemplo, calculado a precios constantes desde 1964, subió desde 1.910 millones de dólares hasta 7.350 millones en 2006 con crecimiento anual sostenido.

Durante ese tiempo, el PNB sólo se contrajo por un par de años a principios de los ochenta y durante poco más de un año en 2002. Pero tras el cierre parcial del Gobierno y el final del período de eliminación de la exención tributaria de EEUU para sus empresas que invertían en Puerto Rico, ambos en 2006, se desató el descalabro.

Al cumplirse 50 años desde 1964, en 2014, el PNB había bajado a 6.391 millones, una reducción de 13 por ciento que barrió todo el crecimiento de la economía durante el nuevo siglo y con una tendencia a seguir bajando. Dos generaciones de políticos y burócratas, que no vivieron la gesta autonomista y se criaron opulentas y con la creencia de tener derechos propietarios sobre el tesoro público, se combinaron con la imposibilidad de encontrar en las pasadas experiencias ejemplos que repetir ante una crisis prolongada como la presente.

A los problemas estructurales de deterioro económico y falta de conocimiento útil, se sumó el tercer factor del extrañamiento en el centro imperial de lo que ocurre en la colonia. Dicho distanciamiento llegó al extremo de que cuando el Presidente Barack Obama proclamó un plan para atender la situación económica, en 2011, propuso convertir a Puerto Rico en país exportador de etanol usando los excedentes de la caña de azúcar, una industria agrícola que desapareció hace más de 30 años.

Con el endeudamiento progresivo del Estado, que comenzó a crecer desde que, con la reforma de 1984 de la Ley de Quiebras de EEUU, Puerto Rico se convirtió en paraíso de préstamos malos de Wall Street porque era el lugar impedido de quebrar. Ese cuarto factor ha llevado a que la brecha fiscal –el cálculo entre deudas totales y haberes del Estado- ya sea equivalente a más del 72 por ciento del PNB a precios corrientes, según las estadísticas provisionales no auditadas.

También calculada a precios corrientes, la deuda pública admitida en documentos oficiales es de al menos 146.000 millones de dólares. Pero la publicación de esa cifra llevó a que el gobernador, Alejandro García Padilla, tildara de “demagogos” a los que lo dijeron, sin que se diera cuenta de que quien había confirmado oficialmente la información a la prensa era su propio secretario de Asuntos Públicos, Jesús Manuel Ortiz. El episodio puso de manifiesto el quinto factor, que es la poderosa operación de propaganda desde el Palacio Rojo, que trata de controlar la información que publican los medios noticiosos y desacreditar todo informe que parezca no conviene a las jefaturas del Estado.

El sexto factor es la disposición ya manifiesta del Gobierno de entregar en prenda hasta las propiedades de los ciudadanos como garantía para más empréstitos en Wall Street, lo que se hizo explícito en el acuerdo con los acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica y que fue detenido, por el momento, en la Legislatura, pero con enmiendas de ley de dudosa validez constitucional.

El séptimo factor es la incertidumbre por el choque de dos fuerzas opuestas.

La presión latinoamericana, ratificada de forma unánime en la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC) en Ecuador en enero pasado, impulsa que EEUU se retire de Puerto Rico y le reconozca su condición de nación latinoamericana. Esa presión tiene su contrapartida en Washington, que evalúa imponer una junta de control para regir la cosa pública y la economía por encima de las instituciones democráticas.

La combinación de los siete factores puede resultar muy volátil.