Las amenazas inferidas el sábado por Raúl Pineda, Alcalde de San Francisco de Ojuera en contra de los participantes en la marcha del pueblo Lenca, en contra de la hidroeléctrica Agua Zarca, la que pretende construir la compañía DESA en una nueva ubicación, en el río Gualcarque (Honduras); no difiere del acoso policial padecido por Ricardo Miranda, dirigente comarcal del pueblo Ngäbe Buglé, el que fue hostigado y amenazado por elementos de la policía panameña el pasado 14 de febrero en Tolé (Panamá).

Buena parte de los 59 pueblos indígenas en Centroamérica se encuentran hostigados por las fuerzas de seguridad de sus países, encargadas de reprimir las protestas sociales surgidas como respuestas a la imposición de planes de “desarrollo” inconsultos que van desde represas hidroeléctricas pasando por proyectos de minería, explotación de hidrocarburos, bioprospección y un futuro no muy lejano los proyectos de supuestas protección del bosque en el marco del programa REDD.

El caso de los pueblos Ngäbe Buglé y Lenca es similar al que atraviesan la mayoría de los pueblos indígenas del continente, los que ven a los estados-nación confabularse con organismos financieros y el capital trasnacional, para apropiarse de sus territorios. Existen varios denominadores comunes entre las pesadillas impuestas en Agua Zarca y el Barro Blanco, entre ellas el financiamiento del Banco Holandes FMO.

En una carta dirigida por el pueblo Lenca al Banco FMO, del primero de abril del año 2014, solicitan frenar el empréstito a la compañía DESA, destinado a la construcción de la hidroeléctrica Agua Zarca, ante los daños materiales que causarán la represa. La misiva señaló que “Nuestro pueblo ha rechazado este proyecto en cabildos abiertos y reuniones, hemos hecho manifestaciones y otras actividades para exigir que no se construya el proyecto Agua Zarca y ahora a un año de resistencia a la imposición ilegal de este proyecto hidroeléctrico Agua Zarca exigimos que no financien a DESA y su proyecto de muerte”.

El cinco de mayo de 2014 los Ngäbe Buglé, presentaron una queja ante el Banco FMO, por no haber asegurado una Consulta, Previa, libre e Informada con las comunidades que sería afectadas por la represa. En el reporte presentado por el Mecanismo Independiente de Queja del FMO y del Banco alemán DGA, emitido en mayo 20 de 2015, incumplieron normas ambientales y de derechos humanos al financiar la represa Barro Blanco en Panamá.

El 8 de mayo de 2015, el diario La estrella de Panamá, publicó un artículo sobre las presiones del Banco Centroamericano de de Integración Económica, FMO y el KFW, los que financiaron a GENISA, empresa constructora de la represa Barro Blanco, propiedad del hondureño Luis Kafie. Los Bancos enviaron una nota dirigida a la vice presidenta de Panamá, Isabel de Sain Malo, tras la suspensión del proyecto, amenzando que ese hecho “podría pesar en contra del país en futuras decisiones de inversión y perjudicar el flujo de inversión de largo plazo”.

El chantaje de los bancos suele ser muy efectivo en la versión de las “repúblicas mafiosas” en que vivimos. La repartición de las cuencas hidrográficas entre las familias de la elite de poder en Honduras no difiere de la piñata efectuada por los allegados de Martinelli en Panama.

El colmo de las contradicciones existente en relación a la supuesta energía limpia, la que el cambio climático convierte en un simple espejismo, farsa asumida por naciones Unidas a través de su programa de Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL), el que desconoce los derechos humanos de los pueblos indígenas. La gran mayoría de represas hidroeléctricas en territorios de los pueblos indígenas se encuentran incluidas en el índice de proyectos de MDL.

En octubre 9 de 2015, la OFRANEH se sumó a 98 organizaciones e individuos que enviamos una carta al MLD, solicitando establecer un mecanismo independiente de transparencia en relación a los proyectos del MDL, además que se adopten salvaguardas enmarcadas en el derecho internacional. Posteriormente el Relator de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, John Knox, envió un carta al MDL ratificando la petición efectuada por Carbon Watch.

La ausencia de compromisos con los derechos humanos de los afectados por las represas promovidas por el MDL, siembra una enorme desconfianza sobre las falsas soluciones al climático. Las megarepresas en zonas tropicales, se convierte en grandes productoras de metano, revertiendo  los supuestos beneficios de la energía hidroeléctrica, al mismo tiempo que micro represas sellan la muerte de ríos y riachuelos que se ven afectados por el Fenómeno ENSO (Niña-Niño).

El controvertido MDL, es un presagio del rotundo fracaso al que nos conduce Naciones Unidas con el programa REDD (Reducción de las Emanaciones y Degradación del Bosque, por sus siglas en inglés) el que apenas iniciado ha sido salpicado por una serie de violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas, los que se ven desplazados de sus territorios ancestrales, a través de políticas represivas de los estados-nación.

Tanto Panamá como Honduras han sido condenados por la Corte Interamericana de Derechos humanos en relación a sus pueblos indígenas, demarcación de territorios y el derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI). Las sentencias fuero emitidas en diciembre de 2014 y 2015 respectivamente, a favor de los pueblos Embera, Kuna (Caso Madugandi) y Garífuna (Casos Triunfo y Punta Piedra). No obstante tanto el gobierno de panmá como el de Honduras insisten en desconocer los derechos que poseen los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales, además de obviar el CPLI.

La lucha emprendida por el pueblo Lenca y Ngäbe Buglé por la defensa de sus ríos y territorios, forman parte de un proceso de resistencia en pleno siglo XXI, en contra del colonialismo interno practicado por las élites de poder cuestionadas por su corrupción y falta de visión en el manejo de los bienes comunes que para los pueblos forman parte de su cosmovisión y sobrevivencia como culturas diferenciadas.

Sambo Creek, 22 de Febrero del 2016

Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH