En fechas recientes la Fundación Pazos Kanki, que dirige el ex funcionario de USAID Diego Ayo y es financiada por Unidad Nacional, el partido de Samuel Doria Medina, ha presentado una publicación titulada “La verdad sobre el Fondo Indígena. Un modelo vicioso de gestión pública[1]”. Dicha publicación se suma a la campaña de mentiras y descalificaciones lanzada desde la oposición boliviana y que intenta contrarrestar la campaña positiva en favor del Sí a la repostulación de Evo Morales Ayma y Álvaro García Linera en el referéndum constitucional del próximo 21 de febrero.

El Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas, Originarios y Comunidades Campesinas (FDPPIOYCC) fue creado mediante el Decreto Supremo Nº 28571 el 22 de diciembre de 2005, al término de la era neoliberal y un mes antes de la asunción de Evo Morales como Presidente. No es hasta 2009 que inicia sus actividades de manera formal aprobando su Estatuto Orgánico y durante el periodo 2010-2014 se gestionan 3.177 proyectos de desarrollo productivo, social y de fortalecimiento, de los cuales solamente 1.100 llegan a recibir al menos un desembolso de recursos económicos.

A finales de 2014 es la Contraloría General del Estado, y no la oposición boliviana, la que tras revisar casi 500 proyectos determina indicios de tipo penal en 153 proyectos, concluyendo que ni los directores ni el personal del Fondo habían realizado las tareas de administración, seguimiento, evaluación y monitoreo de los proyectos financiados, conducta que dio lugar a que dichos proyectos no se hubieran ejecutado conforme a lo previsto ni se hubiera producido la necesaria rendición de cuentas de los mismos.

A partir de ese informe de la Contraloría, el gobierno boliviano dispuso la intervención del Fondo Indígena mediante el Decreto Supremo Nº 2274 del 24 de febrero de 2015.

De acuerdo al informe[2] final de intervención del Fondo Indígena, firmado por Lariza Fuentes, el monto total de los 1.100 proyectos aprobados fue de 1.092.308.017 bolivianos. De ese monto total se realizaron transferencias desde el FDPPIOYCC por 729 millones de bolivianos, correspondiendo el 55% de ese monto a transferencias realizadas durante las gestiones 2013-2014, años en los que el FDPPIOYCC estaba dirigido por Marco Antonio Aramayo, actualmente encarcelado por este caso.

Hay que destacar que para la elaboración del informe final de la intervención del FDPPIOYCC se desarrolló un trabajo de campo que implicó la visita de campo de los 1.100 proyectos por un equipo multidisciplinar formado por ingenieros agrónomos, ambientales y civiles, arquitectos, abogados, economistas y administradores de empresas. En función del trabajo de campo sobre estos 1.100 proyectos se elaboró una clasificación de los mismos en función de 4 categorías: proyecto inexistente, proyecto vigente, proyecto no vigente y proyecto cumple o no cumple. El informe identifica entre los 1.100 una cantidad de 30 proyectos inexistentes, el 0’27% del total, que recibieron una cantidad de 14.514.349 bolivianos, un aproximado de 2 millones de dólares nominalmente malversados (el resultado de la verificación de campo es que no fueron evidenciados o no fueron ejecutados en el lugar de emplazamiento del proyecto, daño económico no calificado en tanto la autoridad jurisdiccional se pronuncie).

Fuente: Informe de la interventora Lariza Fuentes

Por otro lado la intervención facilitó los mecanismos para que beneficiarios de transferencias pudieran devolver los recursos económicos no ejecutados, habiéndose recuperado hasta el 25 de agosto de 2015 un importe superior a los 17 millones de bolivianos. Al mismo tiempo y al margen de los proyectos denunciados por la Controlaría, la Intervención presentó 52 denuncias a nivel nacional ante el Ministerio Público en ese mismo plazo.

Si se revisan las conclusiones del informe final de intervención del Fondo Indígena, podemos encontrar 2 elementos principales para entender porque se ha producido una mala gestión de los recursos económicos del Fondo Indígena, llegando en algunos casos a actos de corrupción, y también identificar algunas responsabilidades:

• En primer lugar la visita de campo a los 1.100 proyectos indican como factores relevantes a) la falta de capacitación para la ejecución del proyecto por el personal técnico del FDPPIOYCC b) falta de acompañamiento en la ejecución del proyecto c) falta de orientación para la compra de bienes y servicios d) falta de asesoramiento legal para la ejecución de los proyectos.

• El informe también indica que se han emitido informes por presuntos indicios de responsabilidad pública en contra de ex servidores públicos del FDPPIOYCC, pero no solo eso, también indica que el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras como órgano rector en función del Decreto Supremo 28571 no ejerció el control ni la tuición sobre una entidad descentralizada pero dependiente del Ministerio, recomendando además la liquidación del Fondo Indígena.

Fuente: Informe de la interventora Lariza Fuentes

Mientras tanto, la oposición boliviana vio en el caso del Fondo Indígena un filón con el que poder atacar y desgastar el proceso de cambio. A pesar de haber sido el mismo gobierno quien destapara una práctica sistemática de mala gestión y en algunos casos de corrupción, comenzó a construir un relato distinto a la realidad, del que la publicación del empleado de Samuel Doria Medina, Diego Ayo, es el mejor ejemplo.

Es por eso que entre todas las manipulaciones de “La verdad sobre el Fondo Indígena”, hemos identificado 10 mentiras en las que han incurrido los señores Ayo y Doria Medina.

10 mentiras sobre el Fondo Indígena

1ª mentira: Diego Ayo y Samuel Doria Medina intentan hacer de una mala praxis en una entidad descentralizada del Estado y algunos hechos aislados de corrupción, un problema estructural de corrupción.

Realidad: Ni Diego Ayo ni Samuel Doria Medina pueden sentenciar un daño económico y menos ninguna responsabilidad, debido a que ningún proceso iniciado en el ámbito del control gubernamental o por la vía penal a través del Ministerio Público, ha determinado, y menos comprobado, responsabilidad ejecutiva, civil o penal, ni mucho menos daño económico o delito penal. Hasta el momento todo se encuentra en proceso de investigación.

2ª mentira: En la primera página (5) del Resumen Ejecutivo de la publicación de Ayo y Doria Medina se afirma: “De acuerdo a la investigación de Unidad Nacional, el 67,5%, de los proyectos aprobados por el Fondo tiene distintas irregularidades. Son 1.032 proyectos, lo que implica el despilfarro y desfalco de 1.258.871.000 bolivianos o 182.709.869 dólares.”

Realidad: Las mentiras comienzan desde la primera página pues fueron 1.100 proyectos los que recibieron al menos un desembolso, por un total de 729 millones de bolivianos.

3ª mentira: En la página 7 se señala que “la denuncia proviene de un indígena: el diputado Rafael Quispe”.

Realidad: Además de omitir que Rafael Quispe es Diputado de Unidad Nacional, este hecho es falso pues los procesos y las acciones para la intervención a la entidad fueron realizados por la Contraloría General del Estado y la denuncia presentada a la Fiscalía por esa instancia.

4ª mentira: En la página 6 se asevera: “¿Por qué entonces se ha entregado esta plata? Porque los “ingenuos” e “inexpertos” dirigentes la exigieron como botín de guerra, con propósitos claramente corruptos. Por eso se sacó de en medio a las ONG y a los municipios, que eran las instituciones naturales para llevar a cabo la obra del Fondo.”

Realidad: En la página 16 queda clara la contradicción: “El 22 de diciembre de 2005, el presidente Eduardo Rodríguez Veltzé promulgó el Decreto 28571, creando el denominado Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas, Originarios y Comunidades Campesinas. Fue un verdadero logro social, un triunfo de los pueblos indígenas.” Es decir, la publicación opositora asume que el FDPPIOYCC fue creado en la etapa final del neoliberalismo pero después intenta atribuir sus posibles errores de funcionamiento al proceso de cambio.

5ª mentira: En la sección “Una evaluación general del fondo desde la gestión pública. Un decálogo de deficiencia”, en el numeral 6 enuncia “Los recursos fueron entregados en función a criterios de lealtad, no en función a criterios de necesidad de los pueblos indígenas […] La prueba más sólida de lo dicho la encontramos el día 20 de diciembre de 2010. ¿Qué sucedió este día? Ese día se depositaron 1.259 millones de bolivianos, sin plan de por medio, ni proyectos aprobados, a cuentas de las organizaciones indígenas y campesinas mencionadas. ¿La razón? Simple: apoyar la aprobación del Decreto 748 del 26 de diciembre que fue conocido popularmente como el “gasolinazo”. El gobierno actuó a favor de las empresas transnacionales con la certeza de contar con el apoyo de los sectores sindicales más leales.”.

Realidad: Tal como lo presenta el autor, en la gestión se habrían desembolsado Bs 1.259 Millones a favor de organizaciones sociales, en concordancia con lo dicho precedentemente en el mismo numeral y en el marco de las deficiencias de gestión del Fondo. Eso no sucedió nunca, en la gestión 2010 a esta cuenta ingresó Bs 303,80 Millones y se transfirieron Bs. 242,70 Millones a favor de los proyectos. El ingreso acumulado hasta la gestión 2010 fueron Bs 1.372,90 Millones y el egreso acumulado fue de Bs 312,95 Millones. Ninguna cifra coincide ni se aproxima a lo aseverado por Ayo. Las cifras oficiales respecto a los recursos ingresados y egresados del FDPPIOYCC, registradas en el Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa – SIGMA, están consignadas en el Informe Final presentado por la Interventora y se reflejan en el cuadro siguiente. Una vez más, Ayo omite tendenciosamente su consideración y funda sus hipótesis de trabajo y sus conclusiones en cifras proporcionadas por el Diputado Quispe y su abogado.

6ª mentira: En la sección “Una evaluación general del fondo desde la gestión pública. Un decálogo de deficiencias”, el numeral 8 enuncia: “No hubo control en la ejecución de los proyectos, lo que derivó en una sorprendente ineficacia en la gestión: De acuerdo al abogado Eduardo León[3], de los más de 3.400 proyectos, 1.340 están en proceso de ajuste, 592 bajo proceso de cambio de nombre, 894 están en plena ejecución y apenas uno fue concluido.”

Realidad: La base de datos de proyectos del Ex – FDPPIOYCC consigna más de 5.000 proyectos en diferentes situaciones, entre ellas las mencionadas por el autor. Sin embargo, en la línea de la objetividad material solo 1.100 proyectos recibieron recursos para su ejecución, desde la gestión 2010, y ello representa un desembolso total de Bs 729,13 millones, por lo que cualquier otra consideración a estas alturas deja de ser oportuna, carece de objetividad y es contraria al principio de materialidad en el ámbito del análisis contable financiero. Para decirlo claro, si lo que se pretende es especular y confundir, la referencia es “válida”. Si, por el contrario, lo que se busca es esclarecer lo sucedido, el informe incurre en deliberada y tendenciosa omisión de información pública, transparente y verificable. Por tanto no son 894 proyectos en ejecución de los cuales apenas uno fue concluido (entendiendo por ello cerrado). En un alcance indefectiblemente técnico son 1.100 proyectos de los cuales 193 recibieron el 100% del financiamiento convenido, es decir solo el 17.64% de los proyectos, pero ninguno ha sido cerrado rigurosamente hablando

7ª mentira: Continúa en esa misma sección: “En el informe oficial no existe información sobre el estado de los 636 proyectos restantes. Eso da la pasmosa cifra de 0,03% de culminación (un solo proyecto concluido) como resultado final. Como se ve, no hubo seguimiento alguno a la ejecución de estos proyectos ni a aquellos que ni siquiera aparecen.”

Realidad: En relación a los proyectos que recibieron transferencias por el 100% del monto convenido, estos ascienden a una cantidad de 193. Lamentablemente 6 de ellos se han tipificado como inexistentes, 175 se encuentran no vigentes y 12 se encuentran vigentes. De ésta cantidad de proyectos, 87 están preparados para su cierre administrativo e inmediata remisión a auditoría.

8ª mentira: En la sección “Los indicios más claros de la corrupción: el desvío de recursos del estado a cuentas particulares”, el autor toma como fuente lo declarado el Diputado de Unidad Nacional Rafael Quispe y su abogado Eduardo León y referencia en el pie de página lo siguiente “La Constitución Política del Estado, las Leyes del Presupuesto General del Estado 2010, 2011, 2012, la ley 1178 SAFCO, la Ley 004 y el Reglamento de Transferencias del Fondo Indígena prohíben el traspaso de recursos públicos para beneficio privado.”

Realidad: Diego Ayo parece desconocer que la normativa del Estado[4] permite que el Órgano Ejecutivo realice transferencias público privadas e, incluso, a partir del año 2013, regula que tales transferencias pueden efectuarse en efectivo y/o en especie e inversiones productivas

9ª mentira: En el cuadro que aparece en la página 28 del ya panfleto denominado "La verdad sobre el Fondo Indígena", Diego Ayo señala como fuente del mismo "Informe de la Interventora Lariza Fuentes".

Realidad: l cuadro al que hace referencia el autor no está consignado en el Informe de la Interventora, por lo que al atribuirle un cuadro de elaboración propia el autor ha incurrido en falsedad Ideológica alterando datos de la Intervención. El cuadro que se consigna en la documentación de la Intervención es el contenido en la página 12 del informe, público, y puede verificarse en la página web www.fondioc.gob.bo

10ª mentira: Todo el panfleto de Ayo y Doria Medina está sustentado sobre mentiras y manipulaciones con el único objetivo de erosionar la imagen del Presidente y del núcleo duro del proceso de cambio, el movimiento indígena originario campesino, y especialmente su dirigencia intentando construir un relato de una gran trama de corrupción que va del gobierno a las organizaciones sociales.

Realidad: La responsabilidad en el depósito de dineros para la ejecución de los proyectos, mediante transferencias público-privadas, era de responsabilidad exclusiva de los servidores públicos del FDPPIOYCC, quién tenían la obligación de verificar los requisitos en los depósitos y supervisar los proyectos además de dar la asistencia adecuada. La responsabilidad estructural recae sobre los responsables técnicos del ex Fondioc, la responsabilidad puntual sobre los dirigentes corruptos ya procesados, especialmente los responsables de los 30 proyectos inexistentes por un valor de 14 millones de bolivianos, y más bien es necesario destacar la responsabilidad del gobierno persiguiendo la corrupción por medio de la Contraloría y la irresponsabilidad de la oposición que ante la ausencia de proyecto propio intenta cualquier manipulación que le pueda dar redito político de cara al referéndum constitucional del 21 de febrero.