Gustavo Castro, miembro de la asociación civil sin fines de lucro “Otros Mundos”, nos explica en esta entrevista la complejidad del fenómeno de la minería extensiva en Chiapas. Defensor de alternativas medioambientales y acompañante de los ejidos y comunidades en sus procesos por la defensa del territorio, Castro nos propone un recorrido que comienza con la definición de minería, su significación en el contexto de la reforma energética, las inversiones y expropiaciones para Chiapas, así como las terminologías para el despojo detrás de las propuestas. Castro nos habla también de las alternativas y contextos de riesgo y violencia que implica el desarrollo de este sector. 

La minería como actividad de ‘utilidad pública’ y la reforma energética

A penas comienza la charla y Gustavo Castro, con inteligencia elocuente, ya cuestiona la definición de la “minería”. Para él, ésta incluye no sólo la extracción de petróleo y de gas, sino también la de materiales de construcción como piedras, calizas, gravas y graveras. Desde su visión, lo que diferencia a los recursos que se extraen es la forma en que se regulan: “en México, lo que es petróleo, gas y uranio se regula con otras leyes por ser materiales estratégicos. En el caso de la minería según la Ley Minera, aquellos materiales de extracción pétrea y de construcción pueden ser concesionados por cada entidad y por los municipios, sólo cuando sean para la construcción a nivel local”.

Al cuestionársele sobre el contexto actual de extracción minera en Chiapas y sobre lo que va a cambiar con la reforma energética, Castro asegura que el cambio se da en el espíritu de lo que antes se especificaba en el Art. 6 de la Ley de Minería, como una actividad “de utilidad pública”. Antes los municipios tenían que facilitar la acción para que las empresas pudieran extraer del subsuelo el mineral concesionado, ahora con el cambio “la inversión minera sigue siendo de utilidad pública –lo  que es un título muy perverso– pero en realidad se va privatizando, ya que facilita que sea el privado quien se lleve el material que quiera”, asegura.

En su opinión, la Reforma Energética, es una forma en la que el gobierno va privatizando aquellos recursos estratégicos que están incorporados al mercado como energía, agua, petróleo, gas, “sólo que antes, si había una concesión minera para sacar oro en un ejido, el gobierno sólo estaba dando la concesión de ese territorio donde se ubica el oro (…) El problema es que faltaba pedir la licencia social, las canchas de lixiviación, el tendido eléctrico, el camino para pasar, el derecho de paso, el beneficio y todo eso implicaba más territorio que el terreno en donde está el oro, sino también el de ejidos contiguos para instalarse y extraer”. Lo que ha sucedido, continúa Castro, con la resistencia a las mineras es que se compra la voluntad de los ejidatarios: “la Procuraduría Agraria ha divido y presionado para que los bienes comunales se conviertan en ejidos y luego se vendan. Han hecho asambleas amañadas en donde hasta resucitan a los muertos, violan los padrones ejidales con tal de justificar que las autoridades ejidales ya aprobaron el proyecto en una asamblea”.

En la opinión de Castro, para que Peña Nieto pudiera tener el control energético del todo el país era clave ganar las elecciones municipales pasadas (de 2014), dado que son los municipios los que facilitan el cambio de uso de suelo: “una empresa minera tiene que solicitar al cabildo que modifique el uso de suelo si tienen una concesión ahí (…) Lo que ha pasado es que un ejido contiguo les diga ‘no les doy permiso de pasar el tendido eléctrico sobre mi ejido’, o que otro  ejido de a un lado, les diga ‘yo no acepto que uses mi pozo’, o ‘no te doy derecho de paso y no voy a rentarte para que hagas las cachas de lixiviación” como sucedió hace poco con el ejido Morelia en Chicomuselo contra la Blackgold”.

Inversiones con “obras asociadas” y garantías con “seguros de inversión”

Adicionalmente a las concesiones, Castro agrega que lo que implica la reforma energética es que el gobierno le asegure a las empresas la infraestructura mediante la forma de “obras asociadas”. Tal es el caso del reforzamiento del Puerto Chiapas, para que éstas puedan mover al mercado los minerales que extraen: “Aseguran el agua con el Plan Hídrico, y las carreteras con el Plan de Infraestructura, para que haya carreteras, puertos, agua, y sobre todo las empresas tengan aseguradas sus inversiones”.

Otro elemento son los marcos normativos de los Tratados de Libre Comercio cuyas cláusulas incluyen un “seguro de inversión”: “ninguna empresa va a llegar a invertir millones de dólares a otro país sin que estén seguros o tengan una garantía de su inversión ante cualquier posibilidad de que la gente afectada les pueda bloquear el proyecto”. Por ello, asegura que la reforma energética “no sólo es en cuestión de petróleo, sino de todo un grupo de leyes que van asociadas para la inversión como el caso del agua. En sí, la reforma es darle garantías legales, jurídicas, políticas, de tenencia de la tierra a las empresas”.

Cuando se le pregunta sobre el efecto del incumplimiento de estas garantías de inversión, Castro responde enfático: “la empresa demanda al gobierno por una indemnización. Hay un Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial que es un mecanismo de disputas entre empresas y gobiernos ante el problema con las inversiones. Entonces si el gobierno le dice a la empresa ‘te vas porque estas destruyendo mucho’, el CIADI dirime cómo el gobierno le va a pagar a la empresa las supuestas ganancias que iban a tener con su inversión”.

Aunque México no es formalmente miembro del CIADI está sujeto mediante un “mecanismo de flexibilización” vinculante con acuerdos del Banco Mundial: “Se van adecuando las reglas de tal forma que en los tratados de libre comercio se pueden ir flexibilizando y ampliando las facilidades a las empresas para invertir, para comprar lo que quieran y hacer negocio dentro del país”.

El tema de la inversión es tan asimétrico, comenta Castro, porque las empresas que no cuentan con las garantías de su inversión pueden demandar por una “expropiación de las inversiones” al gobierno: “Es decir, que si una comunidad, ejido u organización les bloquea una carretera, la empresa demanda por “expropiación indirecta (…) También pueden hacer una demanda por expropiación indirecta ante una Ley que perjudique sus inversiones (…) en sí, todas las empresas que vienen a invertir a México lo hacen con un seguro, y los gobiernos como el de Peña lo que hacen es asegurarles a toda costa, las condiciones para que no pierdan su inversión”.

Ley agraria y proyectos en la Selva

Al preguntarle a Gustavo Castro sobre la nueva Ley Agraria, indica que “bajo la ley actual, una comunidad mediante una asamblea en la que tengan el 50% más uno a favor, pueden decidir si quieren o no explotaciones mineras, sin embargo, ahora lo que va a cambiar es que la empresa minera puede exigir a los ejidatarios que vendan, y si éstos no lo hacen, la empresa puede exigir al gobierno para que les expropie sus tierras”.

Recientemente la Secretaría de Energía publicó un plan quinquenal de exploraciones para el Campo Nazareth en Ococingo y Altamirano, se le cuestiona sobre las áreas de interés minero en zonas zapatistas a lo que Castro responde, “ya está anunciada la licitación de la Selva Lacandona para la siguiente ronda, entonces si dictan una expropiación de los terrenos zapatistas de la selva, eso puede llegar a ser un asunto muy delicado. Las consecuencias para las comunidades zapatistas serían intentar dividirlos y expulsarlos. Si el gobierno hace un concurso de licitación, y alguna empresa lo obtiene, entonces el gobierno pondrá las condiciones para que la empresa ejecute su licitación”.

“Parte de las licitaciones son los campos de la parte norte de Chiapas, hacia Reforma, Pichucalco, donde ya se tienen ‘reservas probadas’. El gobierno busca a las empresas que puedan cumplir con los requisitos para hacer la licitación. En sí hay tres modelos de licitaciones: 1) Se pueden comprar la licitación; 2) el gobierno y una empresa privada pueden acordar producir conjuntamente; y 3) que la empresa produzca y se dividan las ganancias con el gobierno. Será hasta el próximo año cuando empiecen las licitaciones para los pozos de Nazareth (…) Hay un manto gigante debajo de la reserva de la biosfera de la selva del Petén, que llega a Ocosingo y a Belice”.

Zonas libres de minería

Al discutir sobre el modelo de minería ideal y sobre la propuesta concreta de “Otros Mundos”, Castro señala la necesidad de que cada organización plantee su propia estrategia de incidencia: “Muchas veces la gente dice ‘no pasará la mina’ y no pasa; otra veces se busca mediante la incidencia política en torno a las leyes”. Recuerda su experiencia al respecto: “Nosotros decidimos no entrarle a esa lógica de cabildear y de generar modificaciones porque es una pérdida de tiempo. Nuestra propuesta fue “vámonos a los territorios a blindarlos mediante las asambleas ejidales y que sean los núcleos agrarios quienes definan en términos legales lo que quieren hacer con sus territorios (…) En México hemos logrado que varios municipios (en Morelos, Cuetzalan, otro en Puebla, en Chihuahua y dos en Chiapas) se declaren como ‘Municipios Libres de Minería’. Esto sucede cuando un municipio libre y soberano se declara libre”, concluye.

Castro aborda el tema de la conciencia ecológica en lo local para que las asambleas no se vendan. Explica lo difícil de esta labor: “cuando se logró que en la asamblea del Triunfo, en Escuintla, se decidiera por acta un ‘no a la mina’, llegó una empresa China y les ofreció mil dólares a cada ejidatario para que dijeran que ‘sí’ en la Asamblea. Entonces dijeron que sí”. Castro argumenta que son precisamente las capacidades de decisión autónomas de las asambleas “lo que Peña Nieto quiere romper con la Reforma Agraria. El cambio a la Ley Agraria les va a permitir que el ejidatario no tenga que pasar por la asamblea para vender su tierra. Muchas asambleas decidieron que no le entraban a la minería pero cuando se llevaba el acta al Registro Agrario Nacional (RAN), la institución no aceptaban las actas basándose en estrategias legaloides”. Además, agrega “la gente está muy dividida, y es muy fácil que llegue el gobierno y les ofrezca láminas o pollos, y divida a los ejidos. También pasa lo típico que es corromper al comisariado ejidal y que éste haga actas amañadas que la asamblea no firmó”.

Asimismo el blindaje de los territorios no es suficiente: “Nosotros blindamos los territorios con la conciencia sobre todo en la prevención. Muchas regiones no conocen la minería, no la han visto, entonces es una cosa que decidimos es que si a un ejido ya le llegó una mina, pues no íbamos a meter todo el esfuerzo ahí. Lo hemos hecho pero mientras estamos en ese proceso aparecen otras 30 concesiones nuevas. Entonces lo que queremos es hacer prevención en las otras 29 comunidades a donde se vienen más proyectos. Lo hacemos mediante información visual y apostando por el intercambio de experiencias (…) Incluso llegábamos a hacer varias visitas y resistencias de gente que están en otros estados para ir a conocer la mina de Carrizalillo de la Goldcorp en Guerrero, ahora ya no se puede pasar después de lo de Ayotzinapa”…

Carrizalillo y los 43 normalistas. La violencia

A la pregunta de que si el caso de los 43 desaparecidos pudiera haber existido por algún conflicto entre la normal de Ayotzinapa y la minera de Carrizalillo, Castro nos explica: “creo que se juntó el hambre con la necesidad. Los normalistas son una conciencia presente y peligrosa para los narcos y para el poder local, pues se junta con el problema que hay bien cerquita de esta la mina con las dos bandas del crimen organizado que están involucrados en la masacre de los 43. Los ‘Guerreros Unidos’, quienes controlaban a la mina de Carrizalillo y le cobraban a los trabajadores, al municipio, a los ejidatarios, a todos incluida a la mina. Es ahí donde entran ‘los Rojos’ a apoderarse de esa plaza y sacan a los otros. Pero el ejército apoyaba a unos y la marina apoyaba a los otros y entonces hay también un conflicto entre ellos porque se llevan mucho dinero. Entonces ahí se junta el hambre con la necesidad porque todo ese corredor está lleno de intereses de todo tipo…

El papel que juega la violencia es fundamental para entender la imposición de los proyectos mineros y el control del territorio “en la medida en que las organizaciones y las comunidades deciden defender sus territorios la violencia va aumentando. Hay mucha impunidad y el narcotráfico va tomando interés en proyectos redituables. Su manera ilegal de ganar dinero es meterse ahí, mañana que estén los pozos petroleros van a cobrar derecho de paso, le van a cobrar a los petroleros, le van a cobrar a la comunidad y a todo mundo. O como sucede en Colombia, que dicen ‘si tú quieres que yo Chevron proteja tus tierras, se les da lana y grupos armados ligados al narcotráfico”.

Según Castro, los intereses se van mezclando “aquí hay una complejidad bien difícil, porque anteriormente los movimientos sociales tenía como referentes y su interlocutor natural al estado: Las políticas, los servicios, las empresas estatales. Al moverse el Estado y ser ahora las empresas privadas las que asumen ese papel de darle comida, carreteras, salud, agua, gasolina a la sociedad hay un ‘corrimiento’. Ahora los movimientos tienen que organizarse con las empresas, y además hay otro actor que entra en juego que es el narco”.

Hoy por hoy, concluye “los movimientos en defensa del territorio no sólo deben enfrentarse con el Estado o con la empresa, sino que también tienen que lidiar con el narco. Parece que estamos ante una disputa armada por el territorio”.