La Mesa de conversaciones de paz de La Habana entra a la parte final para la superación definitiva del conflicto social armado. La organización y preparación del plebiscito por la paz, iniciativa del gobierno, en el que probablemente participarán cerca de 10 millones de ciudadanos, debe ser un escenario que permita la promoción de la Asamblea Constituyente popular y soberna.

Tanto el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos como las FARC/EP, preparan el trabajo y las condiciones para abordar el tema crucial del fin del conflicto armado y  el del mecanismo de refrendación de los consensos suficientes alcanzados a lo largo de los diálogos de paz.

Por supuesto son dos campos sociales ampliamente condicionados por diversas racionalidades políticas y por múltiples formas de constructivismo social discursivo en el contexto de lo que se denomina marcos de análisis o conceptos con que cada agencia aborda el diseño de un nuevo ciclo político nacional sin la feroz y letal incidencia de las armas y la violencia.

Conviene destacar que en los temas señalados se resume el principal desafío de la Mesa de diálogos. Tres años de encuentros y acuerdos entre las partes, permitieron establecer que lo más importante consiste en superar la violencia como instrumento de resolución de conflictos en la formación social, que es lo que desafortunadamente ha ocurrido durante más de medio siglo a raíz del asesinato del caudillo liberal Jorge Eliecer Gaitán, de la atroz violencia de los años 50 y de la autodefensa agraria armada ubicada en el ámbito de la acción guerrillera tanto por las condiciones específicas del antagonismo social como por las consideraciones ideológicas y tácticas que se desprenden de cierta interpretación de la teoría revolucionaria.

Igualmente es pertinente advertir que el nuevo escenario delineado para los primeros meses del año 2016 en materia de paz, se da en el marco de una exacerbada crisis económica y fiscal con los efectos inevitables en el auge de la movilización popular anti sistémica y en el quiebre de la legitimidad y gobernabilidad de las castas que controlan el Estado y el gobierno.

Por supuesto, las nuevas subjetividades políticas que surjan en el marco de la desmovilización de las Farc, tienen grandes retos para asumir. Como quiera que la hipótesis que animara su militancia política se oriente a convocar un gran bloque nacional popular como alternativa al modelo de dominación oligárquica, hay diversos problemas a resolver en la perspectiva de la construcción de un sujeto  que ofrezca una nueva posibilidad de organización sociopolítica democrática y justa para la Colombia del siglo XXI. En ese sentido, una reflexión atinada debe trascender el mero análisis estructural (de estructura y superestructura) conocido, para establecer una cadena de equivalencias en la injusticia que permita establecer un “significante vacío” (¿Paz con tierra, pan, empleo, salud, techo y educación?),  como punto de convocatoria popular, más allá del simple llamado de clase obrero.

Lo que hay que entender es que un cambio profundo del Estado y la nación no será el resultado de meras alianzas electorales de aparatos ni de simples y mecánicas “acumulaciones de fuerza”, como lo propone el viejo esquema dogmático y sectario de una izquierda que se quedó estancada en los años 60 del siglo XX. Una izquierda autoritaria y minoritaria que dejo de convocar a las masas empobrecidas y a las clases medias arruinadas.

La construcción de un nuevo bloque histórico que sirva de fundamento a una nueva hegemonía popular debe ser el resultado de un amplio trabajo cultural en el seno de la sociedad civil (medios de comunicación, iglesias, escuelas),  para generar nuevos consensos y legitimidades.

Estos son temas para abordar en análisis más detallados y ponderados, de los que modestamente nos ocuparemos en otros trabajos que publicaremos próximamente en estas páginas, sobre los movimientos sociales y la hegemonía popular.

Por el momento digamos que el tema del fin del conflicto armado suma diversas facetas que deben ser consideradas con toda la ponderación y celeridad correspondiente.

La extinción de la guerra debe abordarse, como proceso integral y simultaneo, según el Acuerdo general de La Habana en los siguientes espacios: a) Cese al fuego y de hostilidades, bilateral y definitivo; b) Dejación de las armas. Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil – en lo económico, lo social y lo político –, de acuerdo con sus intereses; c) El Gobierno Nacional coordinará la revisión de la situación de las personas privadas de la libertad, procesados o condenadas, por pertenecer o colaborar con las FARC EP;  d) En forma paralela el Gobierno Nacional intensificará el combate para acabar con las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, incluyendo la lucha contra la corrupción y la impunidad, en particular contra cualquier organización responsable de homicidios y masacres o que atente contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos; e) El Gobierno Nacional revisará y hará las reformas y los ajustes institucionales necesarios para hacer frente a los retos de la construcción de la paz; f) Garantías de seguridad; g) En el marco de lo establecido en el Punto 5 (Víctimas) de este acuerdo se esclarecerá, entre otros, el fenómeno del paramilitarismo; g) La firma del Acuerdo Final inicia este proceso, el cual debe desarrollarse en un tiempo prudencial acordado por las partes.

La refrendación de un pacto general aún no se define pero las partes han planteado iniciativas puntuales que bien pueden converger en un momento determinado. Me refiero a las hipótesis del plebiscito, que ya tiene un largo camino recorrido en el Congreso de la Republica y en los sentidos que el Presidente Santos le quiere imprimir y también a la convocatoria de una Asamblea Constituyente popular y soberana, conformada mediante el recurso de acciones afirmativas que garanticen la adecuada representación de segmentos sociales afectados por el ventajismo clientelar y electoral de los gamonales de la política oficialista. No es cierto que una Constituyente con asignación de cupos específicos a los campesinos, indígenas, trabajadores, intelectuales y otras minorías, mediante acciones afirmativas, sea puro corporativismo nazifascista. Ese es un argumento trasnochado de la ultraderecha uribista que cada vez está más arrinconada porque defiende la continuidad de la guerra.

De abrirse paso el plebiscito por la paz, como ya está ocurriendo, será inevitable utilizar los espacios de la movilización ciudadana, para explicar y promover entre los 10 millones de personas que lo votaran por el sí, las bondades de una Asamblea constituyente popular y soberna que coloque una base sólida al nuevo ciclo político del post conflicto armado.